7.5.2016

Dos integrantes de "Boca es pueblo" apuñalados por una patota

Dos vecinos de la agrupación “Boca es pueblo”, fueron atacados a puñaladas por una patota del PRO durante una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4. Fernando Abal Medina y Matías Scinica sufrieron heridas cortantes, uno de ellos con un corte en la garganta.

El hecho ocurrió cuando los vecinos fueron convocados a la sede comunal para discutir la posible venta de los terrenos de Casa Amarilla por parte del Gobierno de la Ciudad y en el cual el único oferente era el Club Atlético Boca Juniors. El predio son 3,2 hectáreas del barrio de La Boca, en él se iban a construir viviendas para familias de escasos recursos.

La agrupación emitió un comunicado que reproducimos:

Apuñalan a militante de Boca es pueblo

En el marco del Consejo Consultivo de la comuna 4, al que acudimos como organización y vecinos de La Boca, para exigir que se legitime el Consejo convocado con anterioridad el 16/3 en el que se rechazó la venta de los terrenos de casa amarilla, sucedió un grave episodio.

Al momento de intentar plantear este tema, una patota que responde a un puntero del PRO (y no integrantes de la barra como informan los medios) comenzó a agredirnos física y verbalmente. Uno de ellos sacó un objeto cortante con el que hirió gravemente en la garganta a un compañero de Boca Es Pueblo. Además a un militante del barrio le dieron un culatazo en la cabeza dejándolo inconsciente. Ambos constituyeron claros intentos de homicidio.

Denunciamos la existencia de una zona liberada por parte de la policía dado que no se explica su ausencia en un evento de estas características llevadas a cabo en un edificio público.

Hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de le integridad física de nuestros militantes. Exigimos que aporte las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido (cámaras de seguridad, registro de los participantes, etc.).

A las organizaciones, vecinos e hinchas les pedimos que se mantengan en estado de alerta y movilización.

BOCA ES PUEBLO
"El presente es de lucha, el futuro Es nuestro"

GRAVE HECHO DE VIOLENCIA POLÍTICA EN UNA SEDE DEL GOBIERNO PORTEÑO

LA ÚNICA HIPOTESIS ES QUE LA PATOTA RESPONDE AL PRO

En la tarde del miércoles 4 de mayo, en el marco de una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, una patota agredió violentamente con armas blancas a vecinos e integrantes de organizaciones sociales y políticas, lo que ocasionó heridas que pusieron en riesgo la vida de Matías Scínica de Boca es Pueblo y de Fernando Abal Medina de la Agrupación Peronista Descamisados, en un claro intento de homicidio. Los hechos ocurrieron en el marco de una reunión que ya desde su mesa coordinadora, digitada por la Junta Comunal, limitó la participación de los vecinos, impidiéndoles tomar la palabra y generando situaciones de violencia verbal. Concretamente la patota agresora del PRO amenazaba y amedrentaba continuamente a quienes planteaban la problemática ligada a la venta fraudulenta de los terrenos de Casa Amarilla al Club Boca Jrs. Ese tema fue tratado en la Autoconvocatoria de Consejo Consultivo de la Comuna 4, realizada el 16 de marzo pasado y cuya acta se buscaba legitimar en esta nueva reunión de vecinos.
Los agresores estaban participando desde el inicio de la reunión y comandados por un conocido puntero del PRO de la zona, Rodolfo “El Cordobés” Corzo. Esta persona es, además, empleado de la Comuna 4 en el cargo de Agente de Poder de Policía Comunal y responde políticamente al jefe de la Junta Comunal Jorge Apreda (PRO). Casualmente, Apreda decidió ausentarse de la reunión y dejar la presidencia provisoria de la Comuna en manos de Diego Weck, quien proviene de la alianza entre el radicalismo y el PRO.
Los miembros de la patota al mando del Cordobés son parte de la Cooperativa Solidaria, que trabaja en tareas de mantenimiento del espacio público en el barrio de La Boca, contratados por el Gobierno de la Ciudad.

Todos ellos pueden verse claramente en las filmaciones y fotografías tomadas por los participantes y los medios de comunicación comunitarios. Además, había en la sede de la Comuna varias cámaras de seguridad que registraron las agresiones dentro de la sala.

Denunciamos la existencia de una zona liberada por parte de las Fuerzas de Seguridad, ausentes en un evento con más de 200 personas en un edificio público. En el mismo sentido, responsabilizamos además al jefe de la Junta Comunal 4, Jorge Apreda, por los hechos ocurridos dentro del espacio gubernamental a su cargo. Fue en sus oficinas donde durante media hora los vecinos permanecieron rehenes amenazados por la patota que ya se encontraba afuera y con nuevas armas blancas para continuar las agresiones. Exigimos al Gobierno porteño que aporte las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido, como las cámaras de seguridad -tanto dentro de la sede comunal como de la vía pública- y las listas de asistentes.
Cuando la demanda es la defensa del espacio público, el Gobierno de la Ciudad ve un negocio. Cuando los vecinos y organizaciones vemos un espacio de participación ciudadana, el Gobierno de la Ciudad ve enemigos.

Sin lugar a duda, esta forma de violencia política llevada a cabo por el partido de Gobierno (PRO-Cambiemos), no es anecdótico y pone a toda la sociedad en alerta. Hacemos responsable al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a las autoridades judiciales locales por la integridad física de todos los vecinos y militantes de organizaciones sociales y políticas de la Comuna 4. Intimamos a que se haga efectiva la detención de los agresores. Y decimos que la única hipótesis es que quien perpetró el intento de homicidio es una patota agresora que responde al PRO.

6.5.2016

El legislador porteño por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Marcelo Ramal participó de la conferencia de prensa realizada en la Legislatura por el ataque de una patota  a vecinos y militantes, en la sede de la Comuna 4. En la conferencia,  fueron presentadas las fotos tomadas por los vecinos que presenciaron los hechos.

Ramal afirmó que “las imágenes son concluyentes, acá no hubo un enfrentamiento ni  “incidentes”, sino una zona liberada para el accionar de una patota criminal. La patota estuvo comandada por Rodolfo Corzo, funcionario de la Comuna 4 que responde al jefe comunal Jorge Apreda del PRO”.

“Esta acción criminal organizada desde el Estado fue en defensa del negociado con las tierras públicas de Casa Amarilla, urdido entre el Gobierno  y Angelici. A través de este acuerdo, se han enajenado tres hectáreas que estaban destinadas a vivienda popular y espacio público, a favor de un proyecto de estadio-shopping”.

“Los testimonios y fotos de los vecinos no sólo colocan en el banquillo a los funcionarios del PRO involucrados, comenzando por el jefe comunal Apreda que debe ser apartado de inmediato de su cargo.  Se trata de toda una orientación social que privilegia los negocios inmobiliarios por encima de la necesidad de vivienda y espacio público de los vecinos de la Ciudad y que mediante sucesivos pactos han llevado adelante el PRO y el FPV en la Legislatura”.

6.5.2016

Marcelo Ramal denunció en la sesión de la Legislatura que el ataque a los jóvenes de "Boca es Pueblo" fue perpetrado por punteros que responden al PRO que actuaron en defensa de un negociado urdido entre Angelici y el gobierno de la Ciudad en pos de la venta de las tierras de Casa Amarilla para la construcción de un Estadio-Shopping, donde debería haber viviendas." 

Y dijo que "Como en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra por parte de una patota de la Unión Ferroviaria, el Gobierno de la Ciudad armó una zona liberada en la sede comunal para tercerizar la represión a los vecinos y agrupaciones que se oponen al Estadio-shopping a través de una patota.”

Ramal explicó que: “Las 4 manzanas de tierras de Casa Amarilla pertenecían al IVC y tenían como destino la construcción de 4000 viviendas, de las cuales el PRO sólo construyó 400 y sólo luego de una orden judicial.  La entrega de tierras públicas se ha llevado adelante a través de sucesivos pactos entre el PRO y el kirchnerismo en el marco de los cuales se votó en diciembre último la primera lectura de la Agencia de Bienes en la Legislatura, que hoy no consigue los votos para su segunda aprobación por la enorme lucha de los vecinos que defienden el patrimonio público”.

“Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del ataque” cerró Ramal.

2.5.2016

Por Fuente: Cosecha Roja

La Policía Metropolitana lo hizo otra vez. Montó un show que los medios transmitieron en vivo y en el que la estrella fue un joven de 20 años, acusado de subirse las notas de una materia que cursó en la UADE. En 2013, ya habían allanado su casa en búsqueda de equipos que lo involucraran en transferencias bancarias ilegales: la noticia se difundió dos meses después como si hubiera sido en tiempo real. Hoy, el “super hacker” volvió a ser la tapa de los portales de noticias. La historia de una farsa que se repite como farsa.

El combo se armó con las medidas de la policía y la cobertura mediática exagerada. Para allanar la casa de Christian Cámara en San Cristóbal, la fuerza metropolitana usó dos drones y dejó sin luz a toda la cuadra. Tenían temor a que el joven borrara todos los registros de su computadora, a pesar de que no alcanzan unos pocos minutos para hacerlo. “La información digital es muy difícil de borrar de forma segura, puede llegar a tardar de 9 a 12 horas dependiendo del disco”, explicó el periodista Ariel Torres en La Nación. En el allanamiento encontraron también cuatro celulares, una tablet, un par de módems y reproductores de CD.

Esta vez, la justicia acusó a Cámara de alterar las calificaciones en el portal Mi UADE y de acceder al sistema de la empresa de telefonía Claro. La investigación había comenzado con la denuncia de un profesor que se dio cuenta de la diferencia en las notas en febrero de este año. Cámara no quedó detenido, pero según el delito que se le imputa podría tener una condena de un año de prisión. La fiscal Daniela Dupuy contó a los medios que la denuncia la presentaron las autoridades de la universidad y a partir de allí “se elaboró una estrategia de investigación” en conjunto con la Policía Metropolitana. “El material y las computadoras secuestradas nos van a permitir determinar los accesos que se realizaron al sistema”, dijo la titular de la Fiscalía de Delito Informático.

Los medios, entonces, lo convirtieron en un delincuente de alta peligrosidad: especialistas invitados a los paneles de los programas de la tarde lo confundieron con un hacker, exageraron los números y hasta mezclaron los términos informáticos. El estudiante, en cambio, “saltó de usuario en usuario” hasta llegar a los administrativos y meterse en el perfil del decano. “La aplicación a la que acceden los alumnos de la UADE para ver sus calificaciones es vulnerable”, dijo a Cosecha Roja el periodista Darío Laufer, que sigue de cerca la causa hace más de dos años. En otras palabras: no es necesario demasiado conocimiento en el tema para alterarla, cualquier persona con un poco de picardía podría hacerlo. Cámara no fue tan astuto: dejó demasiadas huellas para ser un profesional del delito informático. Su abogado Manuel Romero Victorica aseguró que su defendido considera a la acusación como un “disparate”.

La noticia se esparció de la misma manera que en 2013, a través de la Policía Metropolitana como única fuente. Tres años atrás, Cámara había sido acusado de interferir en cuentas bancarias y servidores de juego. Los investigadores creen que a través de la instalación de un virus lograba convertir a las computadoras en “zombies” y así robaba pequeñas cantidades de dinero. En su momento, el Jefe de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal, Walter Enrique Bernal, aseguró que desviaba US$ 50.000 por mes hacia cuentas personales. Según fuentes judiciales, el análisis de los equipos electrónicos secuestrados en el allanamiento nunca se dio a conocer. “El peritaje sigue, pero la causa está congelada”, confirmaron.