21.2.2017

Se realizaron acciones con cortes de calle y asambleas. Cientos de docentes se siguen pronunciando por el no inicio de clases, un plan de lucha y en defensa de la educación pública.

En el marco de las capacitaciones docentes impulsadas por el Gobierno de Larreta, desde hace más de una semana los docentes porteños vienen mostrando una enorme fuerza y disposición a debatir en asambleas cómo preparar el no inicio de clases frente una oferta salarial de miseria ofrecida por el gobierno.

En las enormes rondas de docentes se sigue debatiendo, con el acuerdo de resolver con mandatos, sobre cuántos días parar y existe acuerdo en impulsar un paro para el 6, 7 y 8 de marzo en el marco del paro internacional de mujeres.

También se debatió sobre cómo sumar a las familias a los reclamos por la educación, el problema de las vacantes y la necesidad de construcción de jardines maternales que afecta a los docentes y al conjunto de las familias trabajadoras.

En el día de hoy se realizó un corte de calle con asamblea en la sede de Mansilla y un “esquinazo” desde la sede de Acuña Figueroa en Córdoba y Bulnes, donde cientos de docentes se pronunciaron por sus demandas y en defensa de la educación pública. Se impulsó un petitorio de firmas, que fue apoyado por más de 500 docentes, exigiendo a todas las conducciones sindicales que convoquen a una asamblea unificada de toda la docencia. Hoy continúan las acciones en la sede del Bernasconi con difusión en Caseros durante el mediodía y en Corrientes y Medrano a las 16h.

19.2.2017

Ubicada en la porteña Avenida Corrientes al 3500, continúa siendo gestionada por sus trabajadores luego que su dueño, Antonio Dreyer, vaciara el local mientras ellos gozaban de las vacaciones que por ley les correspondía.

El conflicto del tradicional negocio ubicado en Avenida Corrientes al 3500 se inició cuando los empleados regresaron de sus vacaciones y encontraron el local cerrado y prácticamente vacío. Así lo relata la trabajadora Vilma Albornoz, encargada de La Casa del Queso: “nos dieron vacaciones de manera engañosa porque, cuando nos fuimos, el dueño puso un cartel que decía “Cerrado por vacaciones” pero a los tres días lo cambió por otro que decía “Cerrado por reformas”. Ahí fue cuando pintó los vidrios y se dedicó a vaciar el local”.

El dueño es Antonio Dreyer y adujo que no tenía plata para pagar los meses de trabajo que adeudaba, que no iba a abrir más el negocio y que tampoco podía afrontar las indemnizaciones, decisión que puso en peligro las fuentes de trabajo de veinte familias.

Por eso, los trabajadores decidieron hacerse cargo del funcionamiento del local hasta que haya una solución. "Estamos allí, resistiendo. Abrimos el negocio para poder mantener los mínimos gastos que tenemos y no nos vamos nunca, estamos ahí constantemente. Si nos vamos a nuestras casas, vamos y volvemos”, explica Vilma

También cuenta que el pasado 15 de febrero convocaron a una cena solidaria que tuvo gran repercusión: “La idea era poder reunir un poco de dinero para nuestros gastos y nos fue muy bien. Tuvimos exceso de gente, se completaron las reservas y luego vinieron muchísimas más personas. Hubo mucha solidaridad hacia nosotros. Parece que el caso es conocido porque gente que estaba de vacaciones en lugares no muy cercanos se enteró de nuestra situación. La experiencia de la cena fue muy, muy buena”.

Actualmente, los empleados se encuentran a la espera de una reunión con el propietario del local y su abogado, la cual se viene posponiendo. Vilma resalta que lo que piden es “una solución rápida por parte del señor Dreyer y su abogado, el doctor Toquer, que es quien está mediando por él. Queremos que nos pague las indemnizaciones o nos devuelva nuestros puestos de trabajo. Estamos a la espera de una respuesta y veremos qué sucede”.

17.2.2017

Docentes porteños advirtieron que si el Gobierno no convoca a una discusión paritaria nacional no habrá clases en el inicio del ciclo lectivo. “Sin propuesta del gobierno, vamos a un no inicio de clases”, señalaron.

El Secretario General del gremio por la Capital Federal, Norberto Cabanas, indicó que durante la reunión que los docentes mantuvieron este miércoles en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se les solicitó a las autoridades porteñas que se “eleve al Gobierno nacional el pedido para que Esteban Bullrich convoque a la paritaria docente federal para fijar el piso salarial de todo el país”.

En ese sentido, el dirigente advirtió que “de lo contrario, la conducción nacional de UDA ratificó que no iniciará las clases en el mes de marzo realizando un paro de 48 horas los días 6 y 7”. Respecto a la discusión paritaria de los docentes porteños, Cabanas indicó que “no se firmará ningún acuerdo jurisdiccional hasta tanto no se resuelva la situación a nacional”.

Durante la reunión en la sede educativa porteña se abordaron temas relativos a condiciones laborales de los docentes y se convino el llamado a una mesa salarial “urgente”.

Por su parte Jorge Adaro, secretario General de Ademys señaló: “No se le dio tratamiento al tema salarial. Tampoco se dio respuesta a ninguna de las urgentes problemáticas de la docencia”.

Desde Ademys manifestaron que era prioritario abordar el tema salarial así como todas las problemáticas pendientes en educación que realmente interesan a los docentes. Frente a la falta de propuesta salarial concreta, presentaron al ministerio un informe pormenorizado de todos los casos pendientes de resolución en infraestructura y denunciaron la modificación del estatuto del docente implementando la caducidad del puntaje obtenido por capacitaciones.

16.2.2017

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre dio a conocer un informe sobre desalojos de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 elaborado en el mes de noviembre pasado. El informe detalla los casos o intentos de desalojo sucedidos en estos últimos 10 meses de presidencia de Macri, y las problemáticas con estado procesal avanzado de desalojo judicial.

La publicación del  informe vino a colación de haber logrado suspender, el miércoles 15, el desalojo judicial de la Casa de la Calle Cobos (integrantes de la Cooperativa de Viviendas Butteler), junto a diversos movimientos sociales y el equipo jurídico de Vivienda de la Liga encabezado por los Dres. Héctor Trajtemberg y Rosa Herrera.

El objetivo es contribuir al debate de la cuestión de los derechos humanos en la Argentina, en marcha hacia un 24 de marzo en las calles, contra el negacionismo, la impunidad, la represión y por la libertad de los presos por luchar y postulando la alternativa de la lucha y la unidad del campo popular.

De acuerdo a la información manejada por el espacio, plantearon que son 600.000 personas las que se encuentran en emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. De ellos 22.000 personas permanecen en situación de calle (incluyendo en paradores y hotelados) y  275.000 personas viven en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Señalan en su informe que  la grave situación que se presenta hoy se cristaliza en una violenta disputa en el territorio  por el acceso al suelo urbano y a la vivienda,  cuyo sector más débil, el de los trabajadores (incluidos y excluidos del mercado laboral), resultan los mayores afectados.

Esta situación es producto de un modelo de desarrollo urbano  llevado a cabo, tanto desde el ámbito público como el privado que se remonta a la última dictadura cívico-militar.

Indican también que para llevar adelante este tipo de políticas urbanas, de las cuales uno de los puntos de conflicto se verifica en las prácticas de desalojo los sectores especuladores privados, cuentan con el respaldo de los tres poderes del Estado:

El Ejecutivo, con la omisión de llevar adelante políticas públicas de construcción de viviendas para los sectores más postergados.

El Legislativo con la regulación,  por ejemplo, en los códigos procesales (civiles y penales) de construcciones jurídicas que vulneran derechos básicos como el de la defensa y el debido proceso, legalizando el adelantamiento de un desalojo sin que el propietario espere la sentencia definitiva (desalojo anticipado/restitución inmediata del inmueble al supuesto propietario).

Y el Poder Judicial (tanto nacional como el de la Ciudad) sacralizando la propiedad privada, siendo totalmente funcional a la especulación inmobiliaria y de la construcción para sectores de alto poder adquisitivo en desmedro del derecho a la vivienda de varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes, ancianos, personas con  discapacidad, etc.

En función de este modelo de ciudad elitista y de expulsión de los sectores más postergados de la metrópoli que, plantean, remonta su origen en la última dictadura cívico-militar, señalan que se produjeron aumentos de los valores del  suelo urbano y de la construcción, como así también aumentaron los requisitos exigidos  para el acceso a un alquiler para vivienda de manera formal. Esto, sumado a la falta de  intervención Estatal para su regulación, afectó el acceso a la vivienda digna y a un hábitat sano de los sectores populares empujándolos  al espacio de la informalidad para  acceder a un techo. Estas personas y familias se encuentran entonces en peligro permanente en cuanto a la estabilidad en sus viviendas, como a su tenencia (en los casos de los inquilinos formales e informales) y en la posesión de los inmuebles recuperados en su función social (villas u otros inmuebles con poblaciones que data de muchísimos años). Esto los expone a ser enjuiciados por desalojos como así también por desalojos de hecho, generalmente llevados a cabo por quienes dicen ser sus propietarios, juntamente con  patotas.

Finalmente señalan que el macrismo lleva más de ocho años gobernando la Ciudad más rica del país, que es verificable su falta de voluntad política de resolver esta problemática de fondo y que esta situación se agudizó, desde el fortalecimiento de esos lineamientos con la asunción de Mauricio Macri, como  Presidente.

Desde principios de este año, La Liga actúa en el espacio de Asambleas por el Derecho a la Vivienda junto al CIBA (Coordinadora Inquilinos de Buenos Aires), Proyecto Popular, Casa Popular- Patria Grande, MPP, y demás organizaciones  como cooperativas de vivienda Butteler, Moreno, Papa Francisco y distintos inmuebles habitados por compañeros/as afectados a un inminente desalojo.

Informe completo: https://laladh.wordpress.com/2017/02/16/en-defensa-del-derecho-a-la-vivienda-balance-de-nuestra-contribucion-a-una-lucha-popular-que-no-decae/

15.2.2017

En el día de hoy Ademys participó de una reunión en el Ministerio de Educación encabezada por Soledad Acuña en la cual no se le dio tratamiento al tema salarial. Tampoco se dio ninguna respuesta a las urgentes problemáticas de la docencia. Al contrario, siendo ya mediados de febrero, el Ministerio se abocó a festejar los "logros" obtenidos en el último año mediante una presentación digital sin hacer ninguna mención a la cuestión salarial. 

Desde Ademys manifestamos que era prioritario abordar el tema salarial así como todas las problemáticas pendientes en educación que realmente interesan a los docentes. Frente a la falta de propuesta salarial concreta, Ademys ratificó el pliego de demandas de un 40% para toda la escala, sin cuotas y en blanco. Asimismo dimos un informe pormenorizado de todas las demandas pendientes de resolución por parte del Ministerio, a saber:

Denunciamos la modificación de la reglamentación del art. 17 y advertimos sobre el ataque a la estabilidad laboral que conlleva así como incentiva la mercantilización de la capacitación. 

Denunciamos el estado de infraestructura de nuestras escuelas mencionando puntualmente aquellas que tuvieron dificultades el pasado lunes debido a las lluvias. Reiteramos nuestro reclamo histórico de construcción de escuelas, en este sentido denunciamos el caso de la escuela Lorca y la necesidad de abrir canales reales de diálogo entre el gobierno y la comunidad de la misma.

Exigimos la reglamentación urgente del artículo 70 "Y" para casos de violencia de género. Denunciamos la situación vivida por varias compañeras en la sede de capacitación de Lautaro a las que no se les permitió realizar la capacitación por estar con sus niños.

Rechazamos la incorporación de empleados administrativos en las escuelas, proponiendo la ampliación de la POF con más cargos de Maestras/os Secretarias/os. 

Reclamamos la estabilidad laboral de todos los docentes afectados por la NES. 

Por otra parte, el gobierno realizó un balance positivo sobre el funcionamiento de la Coreap. Rechazamos enfáticamente esta posición y reclamamos la restitución inmediata de las Juntas de Clasificación. Respecto a Medicina laboral se denunció el maltrato sistemático de muchos mèdicos y empleados y solicitamos sea de conocimiento público el protocolo que utilizan para la justificación de las licencias.