Red de radios

19.08.2025

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que vecinos y empresas que cobran sus ingresos en moneda virtual pueden pagar impuestos como el ABL o Patentes, al igual que trámites no tributarios como licencias de conducir o multas de tránsito. También se implementarán medidas en beneficio del sector.

En un comunicado, el GCBA señaló que “habrá medidas fiscales para que las empresas vinculadas a las criptomonedas tengan un marco regulatorio amigable dentro de un entorno más ágil, transparente y adaptado a las dinámicas del nuevo contexto económico”. Se explicó que en territorio porteño hay unas 10.000 personas que cobran del exterior vía cripto o PayPal, en tanto crece el uso de PIX como medio de pago (pesos o cripto, según el modelo). Y en la Argentina hay más de 10 millones de cuentas cripto, el equivalente al 22% del volumen de Latinoamérica, según datos de 2024.

“El objetivo es que la Ciudad sea líder mundial en cripto. Ya tenemos el capital humano y ahora estamos generando las herramientas al reducir la burocracia para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y acompañar la llegada de las nuevas empresas que se instalan acá”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el bar The Slow Kale, en Colegiales (Comuna 13), uno de los comercios de la Ciudad que acepta pagos con cripto. Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; y el subsecretario de Inversiones de la Ciudad, Augusto Ardiles.

Del encuentro participaron representantes del mundo cripto como Mario López, presidente de la Cámara Argentina de Fintech/Director & Co-Founder Poincenot Technology Studio; Teófilo Beato, director de Public Affairs en Crecimiento Argentina; Jimena Vallone, directora ejecutiva de la ONG Bitcoin Argentina; Candela Fazzano, Ecosystem Lead Devconnect en Ethereum Foundation / Growth Lead en SEED Latam; Andrés Ondarra, director de Binance para Argentina y el Cono Sur; Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon desde 2021, referente cripto y fintech en América Latina; Julián Colombo, senior director of Policy and Strategy South America – Bitso; Francisco Mayora, CFO de Koibanks; Manuel Beaudroit, co-founder y CEO de BELO; Alejandro Rothamel, director de Legal Affairs de Ripio; y Marco Chacin, manager de Relaciones Internacionales de Bitget.

“Estas medidas generan que el mundo cripto vea que la Ciudad es cada día más amigable. La economía digital nos lleva a actualizarnos y adaptarnos con un Estado moderno, ágil, eficiente e inteligente. Queremos que el talento encuentre un lugar para crecer, innovar y liderar sin obstáculos”, indicó el jefe de Gobierno.

“Estas reformas marcan un cambio en el tratamiento legal e impositivo de los activos digitales. Menos burocracia, mayor seguridad jurídica y reglas claras se traducirán en más inversión”, precisó el ministro Lombardi. Y añadió: “El nuevo nomenclador permitirá determinar y clarificar las actividades de las empresas y de las personas usuarias de criptoactivos, y así evitar retenciones que comprometan el capital de trabajo del sector”.

Cuatro medidas del GCBA:

1) Actualización del nomenclador de actividades económicas
La compraventa de criptoactivos tendrá su propia categoría, simplificando y facilitando la declaración tributaria. El nomenclador, un registro, se usa para clasificar qué tipo de actividad realiza cada persona o empresa cuando presenta su declaración de impuestos. Con esta actualización, se suman nuevas actividades como las vinculadas a los criptoactivos, para que quienes trabajan en estos sectores puedan tener más claridad y simplicidad al tributar, sin costo fiscal y facilitando el cruce de información entre jurisdicciones.

2) Exclusión del régimen de recaudación bancaria de Ingresos Brutos para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
La exclusión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de estos regímenes significará menos burocracia para las empresas del sector cripto. El nuevo nomenclador permitirá identificar a estos proveedores y evitar así retenciones que comprometan el capital de trabajo de las empresas cripto. Esto implica mayor seguridad jurídica y reglas de juego claras para el sector.

3) Base imponible diferencial para la compraventa de cripto
Actualmente, si una empresa compra y vende criptomonedas, tiene que pagar Ingresos Brutos por el monto total de la operación. Por eso, la Ciudad propone un cambio en el cálculo del impuesto para que sólo se pague sobre la diferencia de cotización, dándole así un tratamiento asimilable al de otros instrumentos utilizados como medios de pago o reserva de valor. Esto brinda claridad, fomenta el registro formal de estas empresas y se convierte en un atractivo para desarrollar la actividad en la Ciudad.

4) Pago de tributos y trámites no tributarios con cripto
Mediante un código QR, en la Ciudad ya se puede pagar con criptomonedas tanto los impuestos como el ABL, Patentes o Ingresos Brutos, al igual que trámites no tributarios como licencias de conducir o multas de tránsito. Hasta ahora, sólo algunas billeteras virtuales permiten el pago con cripto. Se está trabajando para que, a través de un agregador provisto por la Ciudad, vecinos y empresas puedan hacerlo desde cualquier wallet, de forma directa, más rápida y más sencilla.

18.08.2025

El peronismo de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un acuerdo de cara a las próximas elecciones nacionales de octubre y confirmaron que Itai Hagman será primer candidato a diputado. Además, el titular del PJ porteño, Mariano Recalde, buscará renovar su banca en el senado.

El dirigente de Patria Grande, Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, dejará anticipadamente su banca (vencía en 2027) para encarar la campaña frente al libertario Alejandro Fargosi, elegido de Javier Milei. La candidatura fue avalada por Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, y terminó de sellar la unidad en la Ciudad.

La lista en CABA se completa con Kelly Olmos, exministra de Trabajo y dirigente de extensa trayectoria en la política porteña, en el segundo lugar; el legislador Santiago Roberto, impulsado por el sindicalista Víctor Santa María, en el tercero; y Lucía Cámpora, secretaria general de la agrupación homónima, en el cuarto puesto.

“El 26 de octubre votamos para ponerle un freno a la motosierra de Milei, a un modelo económico inhumano e insensible. Y para construir una alternativa que ponga a la gente en el centro”, sostuvo Hagman en sus redes sociales.

Y concluyó: “Con mucho orgullo, con excelentes compañeros y compañeras, militaremos esta campaña hablando con cada vecino y vecina de nuestra ciudad para presentar las propuestas de Fuerza Patria”.

15.08.2025

Ordenado por la Justicia, la Policía de la Ciudad este viernes por la mañana procedió al desalojo del inmueble ubicado en Sáenz 1269, en Nueva Pompeya (Comuna 4). El lugar funcionaba como un hotel clandestino y fue restituido a su legítimo dueño tras el operativo, en el que participó personal de los Ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y de Desarrollo Humano y Hábitat.

“Se alquilaban las habitaciones. Había una continua rotación de personas, en tanto una mujer de nacionalidad peruana regenteaba el ex hotel y tenía dos comercios. En el barrio se la conocía como la puntera”, repasa un comunicado del GCBA.

“La vivienda, con dos entradas independientes desde la vereda y habitaciones en planta baja y en un primer piso, estaba ocupada desde 2010 y ahora vivía medio centenar de personas. La orden judicial de desalojo se ejecutó para devolver la propiedad a su dueño, quien quiere habitar la casa, ubicada a unos 400 metros del Puente Alsina”, se explicó.

“La medida se cumplió en el marco de las políticas de seguridad pública que impulsa Jorge Macri para garantizar el orden y el cumplimiento de la ley en la Ciudad y poner fin a situaciones que generan inseguridad y que afectan la calidad de vida de los porteños”, indicó el GCBA.

14.08.2025

El Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) publicó el informe correspondiente al mes de julio y determinó que un hogar compuesto por dos adultos con ingresos y dos hijos menores necesitó una suma mínima de $1.925.468 para ubicarse en el estrato de clase media.

Al mismo tiempo, el informe detalla que para no ser considerado pobre, el hogar tipo debió contar con ingresos iguales o superiores a $1.214.296,22, valor equivalente a la Canasta Básica Total (CBT). A su vez, la línea de indigencia, que se determina a partir del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $651.816,25.

El organismo considera que una familia pertenece a este segmento cuando sus recursos se sitúan entre 1,25 y 4 veces el valor de la Canasta Total, indicador que releva el acceso a bienes y servicios básicos. El cálculo no incluye el gasto en alquiler, por lo que el costo de vida puede ser mayor si la vivienda no es propia.

En paralelo, destacaron que en el segundo trimestre del año, los valores de alquiler de departamentos usados en CABA fueron de $428.536 para unidades de un ambiente, $583.793 para dos ambientes y $870.943 para tres ambientes.

Estas canastas reflejan el gasto mensual necesario para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias mínimas. La CBA incluye alimentos que cubren un umbral calórico y proteico, mientras que la CBT incorpora además bienes y servicios no alimentarios como transporte, vestimenta, educación y salud.

El informe del IDECBA clasifica a los hogares en seis estratos según su nivel de ingresos durante el mes pasado:

Indigencia: menos de $651.816,24

Pobreza no indigente: entre $651.816,25 y $1.214.296,21

No pobres vulnerables: entre $1.214.296,22 y $1.540.374,41

Sector medio frágil: entre $1.540.374,42 y $1.925.468,02

Clase media: entre $1.925.468,03 y $6.161.497,67

Sector acomodado: más de $6.161.497,68

13.08.2025

El plenario de comisiones incluyó a las de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires continúa con el debate sobre dos proyectos clave impulsados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri: la creación de un sistema penitenciario propio para la Ciudad y una nueva Ley de Ejecución Penal. El objetivo de estas iniciativas es establecer un marco legal y operativo que permita a la Ciudad gestionar sus propias instituciones carcelarias, un paso fundamental en la autonomía del distrito.

La discusión se llevó a cabo en un plenario de comisiones, que incluyó a las de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales, con el fin de analizar los proyectos desde múltiples perspectivas. La participación de especialistas y funcionarios en este proceso busca garantizar que la nueva legislación sea robusta, completa y efectiva.

El encuentro contó con la presencia de una variedad de actores del ámbito jurídico y de seguridad. Funcionarios de alto rango del Ministerio de Justicia de CABA, como los subsecretarios Leandro Halperín y Adrián Patricio Grassi, expusieron la visión del Poder Ejecutivo. Además, se sumaron expertos de diversas instituciones, lo que aportó una visión crítica y especializada. Entre ellos se destacaron figuras como Marta Monclús Masó, del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria, y Gabriela Gusis, investigadora en Derecho Penal.

El plenario también contó con la voz de la Justicia nacional, representada por Carla Cavalieri, vicepresidenta de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. Su intervención, junto con la de otros especialistas como Eduardo Villalba, se centró en la necesidad de establecer una ley clara y precisa que evite interpretaciones ambiguas por parte de los jueces. También se escuchó la perspectiva de organizaciones de la sociedad civil, con la participación de Gerónimo Vega, de la Asociación de Pensamiento Penal, y Manuel Truffó, del CELS.

Los expertos y legisladores coincidieron en la urgencia de crear una ley que sea precisa para evitar arbitrariedades judiciales y garantizar la correcta aplicación del sistema. El objetivo central de la nueva normativa es la resocialización, capacitación y el trabajo de las personas privadas de su libertad, pilares esenciales para su futura reinserción en la sociedad. Se discutieron puntos cruciales como la necesidad de una política postpenitenciaria para evitar la reincidencia, la promoción de la oralidad para agilizar procesos, el uso mínimo del encierro, y la búsqueda de alternativas a la prisión.

El proyecto de creación:

El texto impulsado por el jefe de Gobierno porteño fue presentado en marzo y propone crear e instaurar el Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires local “como institución civil armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad”, que actúe “como auxiliar permanente de la administración de justicia” y forme parte del Sistema Integral de Seguridad Pública.

La estructura tendrá como objetivo -en caso de aprobarse la ley- la “custodia y guarda de detenidos, imputados y condenados, que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios de la Ciudad” y que estén “sometidos a ejecución de penas privativas de la libertad” y a disposición del sistema judicial porteño.

Entre sus objetivos figuran “procurar que durante la ejecución de dichas penas el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley”, además de posibilitar “su reinserción social”, tal como indican la Constitución Nacional y su contraparte de la Ciudad, además de organismos y normas internacionales.

El Sistema Penitenciario de la CABA dependerá del Poder Ejecutivo por lo cual su gestión será ejercida por las autoridades civiles que ocupen los cargos administrativos del Gobierno porteño, a través del Ministerio de Justicia. El Instituto Superior de Seguridad Pública se constituirá como “órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente” de quienes integren el Sistema Penitenciario.

El proyecto, enviado al Palacio Legislativo en marzo, propone también habilitar la gestión privada de los establecimientos carcelarios, bajo control público. “Las personas jurídicas de derecho privado podrán construir y/o administrar establecimientos penitenciarios, previa autorización del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que fijará los requisitos específicos para su construcción y gestión”, señala uno de los apartados.