Red de radios

9.1.2017

El agente de la Policía Metropolitana se encuentra procesado por balear a un joven vecino del barrio de La Boca. La Cámara Nacional en lo Criminal ordenó su excarcelación a pesar de la gravedad del delito.

Por Santiago Asorey

El 9 de noviembre del 2015, Lucas Cabello (en ese entonces tenía 20 años), un vecino del barrio de La Boca, volvía a su casa de la panadería a encontrarse con su hija de dos años y su mujer, cuando el agente de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala le disparo tres veces en zonas vitales. El hecho de violencia policial ocurrió tras un intercambio de palabras. El daño por las heridas causadas dejó a Cabello enfrentando una larga recuperación que todavía persiste. El testimonio de los vecinos y familiares permitieron que se conozcan los hechos, a pesar del intento de la fuerza de seguridad de justificar el accionar de Ayala por una situación de violencia de género intrafamiliar que fue desmentida por la mujer de Cabello apenas unas horas después de que sucediera el gatillo fácil. La actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, propagó mediáticamente la versión policial que después fue desechada judicialmente y desmentida por la misma familia de Cabello.

Hace unos meses, tras el planteo de la Procuraduría de Violencia Institucional y la madre Lucas (quien había asumido la querella cuando el joven aún no estaba en condiciones), la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional había calificado el delito como “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad”. Los camaristas habían considerado en su fallo que Ayala “disparó en tres oportunidades contra un individuo desarmado que, en la forma en que los efectuó, evidencia la intención de matarlo.” Al mismo tiempo que se había reconocido que Cabello era víctima de una “grave violación a los derechos humanos.”

Los magistrados ahora ordenaron la excarcelación del efectivo policial generando preocupación en distintos referentes en la lucha por los derechos humanos. Los magistrados argumentaron que el legajo no puede avanzar hacia el juicio oral por lo cual el sostenimiento de la prisión preventiva implicaría un “adelanto de la pena”. Por otro lado, la resolución subraya “el daño irreparable” que el encierro puede producir al acusado mientras Cabello aun se encuentra con graves problemas de salud por las heridas causadas por los disparos del agente policial.

La abogada Gabriela Carpineti, representante de la madre de Lucas (Carolina Vila), afirmó que “lo cierto es que a Lucas lo fusilaron más de una vez, primero este policía, luego los medios, luego los políticos que salieron a avalar la versión policial pero Lucas tuvo la fuerza de sobrevivir a todos esos fusilamientos, tanto en términos materiales y físicos, pero también en términos simbólicos y judiciales porque logramos revertir la versión mediática, la versión policial y después el acompañamiento político por parte de Vidal.”

En relación al fallo judicial la abogada manifestó “nosotros, exigimos juicio oral y público se realice de inmediato, se aceleren los tiempos que vienen siendo muy retrasados por instrucción.” Por otro lado, la letrada destacó también el rol de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre "constituyéndose como querellante, tras el fallo que había considerado el caso como una grave violación a los derechos humanos."

“Lo que más nos preocupa es la doble vara que tiene la justicia, porque hay casos de presos superan los dos años de estar procesados con prisión preventiva y el juicio oral y público no les llega” concluyó la representante legal de la víctima.

Según revelan informes estadísticos del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), entre los años 2011 y 2015 se registraron 28 muertes a manos de la Policía Metropolitana. Nehuen Rodríguez (18), Roberto Autero (16) y Bruno Germán Pappa (26), son algunos de los nombres que forman parte de esa larga lista de víctimas que la fuerza de seguridad cosechó en pocos años de gestión en el área de seguridad

6.1.2017

Ya está en marcha la nueva policía de la Ciudad que nuclea a la Federal y la Metropolitana pero no se han reducido, sin embargo, las postas ocupadas por la Gendarmería y la Prefectura especialmente en los barrios del sur. Por otra parte, es muestra del recrudecimiento de la situación represiva el hecho de gatillo fácil sucedido a plena luz del día en San Cristóbal días atrás contra un joven con las manos en alto. Por Radio La Retaguardia, Alfredo Grande y Fernando Tebele en el programa Sueños Posibles, dialogaron con María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sobre el accionar de las Fuerzas. (Por La Retaguardia)

Reciclados

“La policía que vamos a tener es la misma que venimos teniendo agravada por la forma en que está siendo dirigida por la nueva gestión de gobierno. Esta nueva policía de la Ciudad sólo tiene de nuevo el nombre y el uniforme bordó y celeste con el que salieron a la calle, que estaría bueno saber cuánto ha costado en momentos en que nos anuncian ajustes y recortes por todos lados”, sostuvo la abogada y especuló: “Probablemente hayan sido adquiridos como el 90% del armamento y la logística que viene comprando Macri desde la época de su jefatura de gobierno al Estado terrorista de Israel que tiene legitimada la tortura en su propio territorio. Decimos que es la misma policía porque son los 19 mil y pico de hombres de la Federal transferidos a la Ciudad más los 6 mil y pico de la Metropolitana que tampoco eran nuevos, eran requechos reclutados de la Federal, de la Bonaerense, de la Santafesina, de la Gendarmería, de la Prefectura”, aseguró Verdú. La militante ejemplificó: “Así lo demuestra la causa que esperamos que tenga en mayo el juicio que se suspendió en noviembre por los metropolitanos que dispararon con plomo contra nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos el 13 de marzo de 2013. De los tres grupos de combate de la Metropolitana, dos vienen de grupos de elite de la Federal y uno de un grupo de elite de la Bonaerense”.

Sobran

“No estamos nada lejos de hablar de un ejército de ocupación, lo denunciamos el 2 de diciembre en Plaza de Mayo cuando hicimos el acto de cierre del año con el informe de la situación represiva y la actualización del archivo de casos. Las Naciones Unidas dicen que lo ideal, en términos de lo que consideran óptimo, son algo así como 300 policías cada 100 mil habitantes”, contó. Sin embargo, “son muy pocos los países en el mundo que llegan a esa cantidad. Estados Unidos, sin ir más lejos, tiene entre 200 y 250, México 240, y así sucesivamente. Solamente España, Turquía y Rusia superan esos números. Argentina venía bien arriba con alrededor de 500 cada 100 mil a nivel nacional y ahora en la Ciudad de Buenos Aires rompimos todos los récords con 872 policías cada 100 mil. Es un policía cada 112 personas”, denunció Verdú.
La abogada contó que, además de la Policía de la Ciudad, “en CABA actúan también Prefectura y Gendarmería. No hubo ninguna indicación para que dejen sus lugares, de hecho se sigue ampliando la transferencia de gendarmes y prefectos de otros destinos hacia zonas urbanas para intervenir en el patrullaje territorial. Los últimos traslados son del mes de diciembre. En muchísimos casos, por ejemplo en los barrios del sur de la Ciudad, están instalados con destacamentos y puestos fijos. No vinieron de paseo”, planteó y ejemplificó: “Es como ocurrió en Las Heras después de la militarización de 2005/2006 con el conflicto de los petroleros, donde los 900 gendarmes que mandaron los Kirchner se quedaron a vivir ahí y siguen estando”.

Gatillo fácil a plena luz del día

“Álvaro Nicolás Soriano, el joven de 36 años que recibió el balazo en la cabeza en Jujuy al 900 el 21 de diciembre alrededor de las 16.15, 16.20, está internado. Sigue en coma inducido. Prácticamente su estado no ha cambiado en estos últimos días, lo que, considerando la gravedad del cuadro, es una buena noticia. Está conectado al respirador artificial, no tiene ningún tipo de reacción y no se puede evaluar el daño neurológico que ha sufrido hasta que no recupere la conciencia”, contó. Verdú sostiene que hay posibilidades de obtener resultados positivos: “Ayer, hablando con la mamá y la hermana les decía, no para generar falsas expectativas sino porque es un dato de la realidad, que Elsa Rodríguez, baleada junto a Mariano Ferreyra, estuvo exactamente igual muchos meses. Un día se despertó y hasta hoy no ha parado de mejorar. Si bien tiene gravísimas secuelas, está lúcida, puede comunicarse con dificultad absoluta pero puede deambular. No hay que perder las esperanzas”, insistió.
Sobre el expediente penal, informó: “Efectivamente hemos podido no tomar contacto de forma plena con la causa pero sí al menos hay una primera mirada muy superficial en el momento en que hicimos la presentación como querellantes con Miriam, la mamá de Nicolás, el viernes. Nosotros logramos contactar a la familia en la noche del 27 y el 28 estuvieron todo el día en el hospital y el 29 a primera hora nos presentamos en el Juzgado de instrucción 4, hicimos la presentación formal con partida de nacimiento y todo lo que exige el ritual. Pudimos conocer, por un lado, la identidad del policía, es Sargento de la Federal (Sergio Damián Lucero) que está citado a indagatoria. Vamos a ver después por qué delito lo indagan, pero la noticia es que esa indagatoria se postergó porque se presentaron defensores particulares a asumir el cargo”, contó Verdú. En este sentido, la abogada expresó que esos letrados eran viejos conocidos: “La no sorpresa, al menos para nosotros, es que, otra vez sopa, son los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos y Penales de la Policía Federal. Algunos son empleados de planta del Ministerio, funcionarios porque además suelen tener grado policial, y en otros son contratados pero están bajo la órbita de Seguridad y son parte de un organismo que fue creado hace muchísimos años atrás para asistir a los integrantes de las Fuerzas Federales sometidos a procesos penales por hechos vinculados con su labor”, contó. Para Verdú, “una vez más te muestra el propio aparato estatal por qué decimos que el gatillo fácil o la tortura son políticas de Estado. Es un hecho ‘de servicio’ y por lo tal es el propio ministerio de Seguridad, es Patricia Bullrich, quien con nuestra plata le paga la defensa particular”, denunció.

La institucionalidad 

“¿Para qué harían un golpe de Estado si tienen a su disposición al aparato para hacer todo lo que quieran y con consenso?”, respondió con una pregunta la abogada de CORREPI a una consulta de Alfredo Grande. En relación a los episodios de autoritarismo, consideró: “Han pasado cosas gravísimas hoy, empecemos por la situación en el ministerio de Educación, ocupado militarmente por los cascarudos de los cuerpos especiales de la Policía con el uniforme tradicional azul marino, por cierto, no estaban de celestito. Es notable de qué manera este estilo de gobierno explícitamente represor despierta apoyo en un montón de sectores de la sociedad. Todavía tenemos muchísimo que trabajar hacia la conciencia. Habiendo hablado estos últimos años de grieta, yo veo la grieta ahora a partir de los que contestan los comunicados diciendo ‘vagos de mierda vayan a laburar’ cuando te están denunciando 3000 despidos”, señaló, en referencia a respuestas de lectores en diferentes publicaciones.

5.1.2017

En la madrugada del miércoles 4 de enero comenzó un fuerte operativo policial para desalojar el edificio del antiguo Patronato de la Infancia (ex-PADELAI). Tras 12 horas de negociaciones y con la promesa de subsidios y créditos blandos para viviendas, las familias aceptaron abandonar el inmueble aunque manifestaron sus dudas respecto al cumplimiento de las propuestas oficiales.

La orden de desalojo fue firmada, en plena feria judicial, por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una denuncia por usurpación presentada por el Gobierno porteño contra las más de 60 familias que habitaban el lugar, y entre las que se encontraban más de 80 menores.
Ante la negativa judicial de otorgarles un plazo de 5 días para buscar nuevo alojamiento, y por el contrario darles tiempo hasta las 19 del mismo miércoles, las familias decidieron permanecer en el edificio defendiendo su derecho a la vivienda, ya que a su vez muchas cuentan con títulos de propiedad y hace más de 30 años que viven y mantienen el edificio, ubicado sobre la calle Balcarce.
Más de un centenar de agentes de la flamante Policía de la Ciudad cerraron y vallaron un rectángulo de 300 metros por 200, delimitando un área que comprendía las calles Paseo Colón, Carlos Calvo, Defensa y Cochabamba. Los efectivos estaban acompañados además por un camión hidrante, una autobomba, dos furgones de la División Perros, y al menos 7 carros de asalto de la Metropolitana y media docena de patrulleros.
En declaraciones periodísticas, Sebastián Alanis, abogado de las familias, afirmó: "el edificio ha sido objeto de conflicto desde 2003, desde cuando se discute de quién es. (…) Según el Registro de la Propiedad, está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan. Sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo".
La empresa social San Telmo tenía en trámite un crédito hipotecario para acceder a los fondos necesarios que le permitieran autogestionar la vivienda para las familias.
De todos modos, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación realizaron un censo y mantuvieron negociaciones con las familias. Ofrecieron otorgar subsidios habitacionales y créditos hipotecarios bajos, además de depósitos para guardar elementos de las viviendas desalojadas. 
Sin embargo, el subsidio propuesto es de 8.000 pesos para quienes tienen trabajo en blanco, por lo que un grupo de habitantes no podrá acceder a los créditos para la adquisición de viviendas, y a su vez el monto no alcanza siquiera para cubrir la entrada a un alquiler.
Aunque finalmente el desalojo fue “pacífico”, tras 12 horas de operativo, lo concreto es que muchas familias quedaron en la calle y en situación de incertidumbre.
En este sentido, Tito Vargas, presidente de la Cooperativa San Telmo y representante de los vecinos del ex Padelai, afirmó que “hay desconfianza” en relación a las propuestas del gobierno porteño debido a que ya “ha prometido cosas y nunca ha cumplido”.
Cabe recordar que bajo el mismo argumento del operativo de esta semana, es decir las malas condiciones edilicias, en febrero de 2003 ya se había producido un desalojo en el mismo edificio. En aquella oportunidad hubo casi un centenar de heridos y detenidos, y varios niños pasaron horas incomunicados en la Comisaría 14º.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se refirieron a la situación en el Ex Padelai a través de un comunicado. Allí señalaron: “más allá de la situación puntual de cada familia, no cabe ninguna duda de que la actitud del Estado se asemeja fuertemente a una amenaza coactiva y debe ser repudiada. El pretendido consenso de las familias, obtenido bajo presión, carece de todo valor. Como lo hicimos en numerosas oportunidades, ratificamos nuestra condena hacia los desalojos forzosos, que afectan a las familias más humildes, especialmente cuando son impulsados por el mismo Estado, a quien la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, obliga a garantizar el acceso a la vivienda digna, el art. 31 de la Constitución de la CABA y diversos Tratados Internacionales. Dicha obligación estatal también debe ser acatada por el Poder Judicial, en lugar de ser un auxiliar de aquellos que pretenden desarrollar un modelo de Ciudad elitista, afín al mercado especulativo de inmuebles y que expulsa a los sectores más empobrecidos de la misma. Por ello, y porque además sostenemos que la vivienda es un derecho y no un valor de cambio o de inversión especulativa, llamamos a las organizaciones populares a profundizar la coordinación de las luchas en defensa de las personas y familias sin vivienda o que corren riesgo de ser desalojadas, sin el cumplimiento de las condiciones necesarias que garanticen el acceso a una vivienda y hábitat dignos”.Roman"'>         6) En el total del Ministerio de Educación se sub ejecutó el 12% del presupuesto: Esto son $12.000.000.000 disponibles que NO SE USARON.

5.1.2017

Comunicado de Prensa

La línea C del subte está detenida por falta de condiciones de seguridad e higiene mínimas con motivo de las obras que se están desarrollando en dicha línea.

Los trabajadores denuncian: Un cuarto 5 x 1,5 mts para 40 personas por turno; material inflamable, sin salida de emergencia para los usuarios; olores nauseabundo, baños químicos con derrame de líquidos, sin luz, ni agua para los trabaja.

Hace 3 días que no hay mantenimiento ya que no se traslada el taller a un área que no está en condiciones. Christian Paletti también denunció la reducción de frecuencia que afecta a los usuarios.

Esta situación se suma a la alarmante emergencia de seguridad en el subte luego de la muerte de un trabajador hace menos de un mes la situación de inseguridad permanecen.

Los trabajadores reclaman condiciones dignas de trabajo y permanencia.

LA NARANJA DEL SUBTE

5.1.2017

Durante el anochecer del último lunes de 2016 tomó estado público la muerte de Brian Aguinaco, el chico de 15 años baleado 48 horas antes en medio de un arrebato callejero.

Ricardo Ragendorfer

En aquel preciso instante, se desató el ataque a la comisaría 38ª por una turba de vecinos del barrio de Flores. Tal evento fue televisado en vivo por todos los noticieros hasta la madrugada siguiente. El reclamo de sus hacedores hacia los uniformados era borroso: por un lado, los acusaban de proteger narcos y proxenetas, también por “liberar la zona” y de no ser ajenos a los robos en su jurisdicción; pero, a la vez, exigían de esos mismos policías una mayor presencia territorial y “mano dura” con el verdadero enemigo, los habitantes de la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

De modo que el vandálico show ofrecido por la “parte sana” de la población tuvo un notable objetivo de fondo: peticionar urgentes medidas punitivas contra otro sector de la sociedad civil. Y el martes, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, acordó con los “amotinados” una solución satisfactoria: establecer operativos de “saturación policial”, retenes de tránsito y “controles poblacionales”, así como se les dice a las aparatosas razzias en los barrios populares. Es decir, una auténtica oda al apartheid, en versión criolla.

Ya se sabe que esa palabra alude al sistema de segregación racial que imperó hasta 1992 en Sudáfrica, basado en el acto de “separar” a sus habitantes por motivos socio-epidérmicos. En la Argentina del presente –al igual que en otras partes del planeta– semejante divisoria está trazada por las abruptas fronteras entre la Metrópoli y sus guetos, aquellos inframundos que palpitan a la sombra de la “civilización” como tumores urbanos en pleno desarrollo. Claro que para acuñar su corpus conceptual se requirió una tarea previa: la construcción de un enemigo público; por caso, los “pibes chorros”. Una suerte de Doctrina de la Seguridad Vecinal cuyo blanco predilecto no son exactamente las personas en conflicto con la ley sino los varones pobres de dichos arrabales. Una doctrina cuya autoridad de aplicación es, desde luego, la policía.

Al respecto, bien vale un recuerdo: en junio de 2008, el entonces ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro se ufanó con que la Metropolitana está basada en los Mossos d’Esquadra, como se la llama a la policía autónoma de Cataluña. Cuando se le aclaró que su gran especialidad es la persecución a indocumentados, el funcionario enarcó las cejas, y su respuesta fue: “Bueno, eso es lo que allá la gente pide”. Sinceridad brutal.

A casi nueve años de ello, en el “rechifle” de la comisaría 38ª resaltaban dos consignas primordiales: “Hay un Estado ausente” y “La gente está cansada”.
Para el actual ministro Ocampo, el asunto no pudo ser más inoportuno: justo ese lunes había designado al comisario inspector José Potocar a la cabeza de la flamante Policía de la Ciudad. Esa mazorca –fruto de la unificación de 19 mil efectivos de la Federal absorbidos por el Ejecutivo porteño con los siete mil de la Metropolitana– es sin duda el desafío más osado del macrismo en materia de seguridad. Casi un salto al vacío. Y que ya produjo entre los federales una vidriosa interna en todos sus niveles y jerarquías.

En medio de aquellas circunstancias estalló el ataque vecinal a la comisaría de Flores. Pero al día siguiente, el “compromiso” represivo suscripto en una hoja sin ningún membrete oficial hizo que las iras en el barrio se aquietaran. Y también en el aspecto mediático, puesto que desde entonces las coberturas del caso giraron con suma prontitud –la prontitud del olvido– hacia otro ángulo: la espectacular cacería de los supuestos homicidas.

Tal temática hasta eclipsó otros episodios. Porque en ese mismo momento, un patrullero de la Federal avanzaba a tiros por una calle de Mataderos para así neutralizar un auto que huía con hampones a bordo. Ellos también tiraban. La única baja fatal de la refriega: el mecánico Jonathan Echimborde, quien arreglaba un vehículo en la puerta de su casa. Pero para la audiencia televisiva no hubo tiempo de reparar en ese pequeño contratiempo.

Lo cierto es que por esas horas, otro pibe de 15 años también llamado Brian –un detalle casi literario– se transformaba en el prófugo más buscado del país. Sobre su cabeza ya pesaba un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el crimen del homónimo. Y tras él había brigadas enteras de la División Homicidios de la Federal, efectivos de varias comisarías y unidades de la Metropolitana, junto a investigadores judiciales de la fiscalía a cargo de la causa.

Los flashes informativos irrumpían intermitentemente en las pantallas para difundir los avances de la pesquisa, invocando con prosa quirúrgica la obtención de “valiosos testimonios” (dichos de soplones), junto a un “minucioso trabajo de inteligencia” (la revisión del Facebook de la mamá, quien había subido una foto de su retoño a punto de salir del país). El resto del capítulo fue transmitido por TV como una novela: Brian fue detenido con su padre en Santiago de Chile y entregado a las autoridades argentinas en el paso Cristo Redentor. Su arribo al Aeroparque Jorge Newbery fue apoteótico para los captores. Allí, las cámaras registraron su silueta encapuchada en medio de un espectacular dispositivo que incluía hasta carros de asalto del GEOF. Como si ese atracador adolescente fuera el mismísimo “Chapo” Guzmán.

La exhibición de aquel trofeo humano había logrado opacar el arresto de su posible cómplice, un tipo de 26 años caído en desgracia más por “olfato” que con pruebas. Ambos eran de la villa 1-11-14. En consecuencia, esa ciudadela secreta fue la siguiente escala de la criminología mediática.

Un notable destino turístico para visibilizar el mal ante los ojos del público. Y no sin sacudir la ilusión de una segunda “campaña del desierto”. Con tal espíritu, los safaris de movileros y cronistas se adentraban en el corazón de las tinieblas. Allí solo faltaban Lombroso y el perito Moreno.

Pero nada fue comparable a la labor del enviado por América Noticias. Un sujeto que recorría los estrechos pasillos de la villa con actitud expedicionaria. Y cada tanto, se permitía alguna observación apocalíptica con tonos oscilantes entre el jadeo y la cautela. Aún así, lo más pintoresco de él –increíblemente, un profesional del periodismo– era su indumentaria: el tipo hacía la nota con chaleco antibala y casco de guerra.

Una involuntaria metáfora de los tiempos por venir.