Red de radios

2.5.2017

Comunicado de Prensa

Exigimos políticas públicas integrales y un salario igual a la canasta familiar

El miércoles 3 de mayo, los/as trabajadores/as de la Subsecretaría de Promoción Social de la CABA, nucleados/as en ATE, realizaremos un paro de 24 horas contra el deterioro de los salarios y de las políticas sociales. Hace dos semanas, se conoció la paritaria que firmaron los representantes del Sutecba y del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, por medio de la cual se definió el incremento que vamos a cobrar los/as trabajadores/as de planta del Gobierno porteño desde abril. El acuerdo no solo regala el 10% que perdimos en 2016 −cuando los salarios crecieron un 31% y la inflación subió un 41%−, sino que nos expone a una baja real también en 2017.

El documento establece un aumento del 18% en dos cuotas, una del 10% en abril y una del 8% en agosto; un bono de 2500 pesos en mayo; un incremento del 2%, a cuenta de la implementación de la carrera, en septiembre; y una recomposición del 60% en el concepto de antigüedad, que solo va a cobrar una minoría. Además, incluye dos compromisos: reabrir la negociación en octubre si la inflación supera el aumento –aunque sin tomar en cuenta el porcentaje que perdimos en 2016 y en los primeros meses de 2017–, y el de reiniciar los pases a planta transitoria, que ya incumplieron el año pasado.

En marzo, según el área de Estadística y Censos, la canasta básica fue de 14.620 pesos. Con la primera cuota que establece el acuerdo, del 10%, los salarios de la planta transitoria apenas si van a llegar a 12 mil pesos, muy por debajo de los ingresos que precisa una familia para no ser pobre en CABA. En los primeros tres meses del año la inflación ya superó el 6%, y los pronósticos para 2017, incluso los de organismos afines al Gobierno, anticipan un incremento de precios cercano al 25%. En dos años, los sueldos de la planta del GCBA van a sufrir una baja real del 15%.

Debajo de la canasta básica seguirán, también, los salarios de los/as trabajadores/as de la Subsecretaría a quienes, pese a hacer las mismas tareas que la planta, en los mismos horarios y los mismos lugares, el Estado mantiene bajo formas de contratación precarias. Por fuera del acuerdo que firmaron el Ministerio de Hacienda y el Sutecba, el aumento para los contratos de locación, ONG’s y UBA fue del 15%, sobre sueldos de 10.500 y 11 mil pesos a los que, además, hay que descontarles el pago del monotributo.

Al empobrecimiento de los salarios se le suma el empobrecimiento de las políticas públicas de la Subsecretaría. Después de años de un deterioro continuo, las políticas sociales se encuentran en estado de emergencia. En programas que tratan problemáticas sensibles, como la explotación sexual de niñas/os, la falta de personal es alarmante. En los últimos dos años, un tercio de las/os trabajadoras/es del programa renunció, sin que se repusieran los contratos. Más que renuncias son despidos encubiertos, consecuencia de los salarios insuficientes y la falta de derechos básicos.

En la única política pública de inclusión laboral que tiene la Subsecretaría –fundamental para trabajar la autonomía y el egreso de los/as chicos/as que viven en los hogares, bajo la tutela del Estado–, la beca estímulo es de 575 pesos por mes y, desde 2011 hasta hoy, solo se incrementó un 15%. En paralelo, el pasaje de subte aumentó casi un 700% y el salario mínimo, más de un 400%. El deterioro de los presupuestos para las políticas sociales, con aumentos que son ampliamente superados por la inflación, es uno de los mecanismos con los cuales la gestión de Macri –primero– y de Larreta –después– vacía los programas que trabajan con las poblaciones que deberían ser las principales destinatarias del accionar del Estado.

En los hogares, el panorama es igualmente crítico. Hoy, más de 100 chicos/as que no cuentan con cuidados parentales se encuentran a la espera de que se liberen vacantes. Mientras tanto, continúan expuestos a las situaciones por las cuales el Estado porteño definió que debían estar bajo su tutela. Al mismo tiempo, los hogares están sobrepoblados, con 50 niños/as donde, por ley, no deberían vivir más de 30, y en edificios que tienen problemas de infraestructura que ponen en peligro tanto a los/as chicos/as como a los/as trabajadores/as.

Pese a las declaraciones públicas de la Ministra, Guadalupe Tagliaferri, la emergencia de las políticas públicas también incluye a las políticas de género. La Ciudad de Buenos Aires, una de las más ricas de Latinoamérica, cuenta con un solo refugio –50 camas–, para las mujeres víctimas de violencia y para sus hijos/as. Los refugios son un recurso indispensable para romper con el círculo de violencia. En un momento en el que hay un femicidio cada 18 horas, un Estado que no destina recursos para que las mujeres tengan acceso a un ambiente protegido también es responsable de los crímenes. Sin presupuesto, no hay políticas públicas. Sin políticas públicas, no hay #Niunamenos.

El miércoles 3 de mayo, paramos por:

Un salario igual a la canasta familiar.

Aumento del plus ministerial y su aplicación a la planta transitoria.

Implementación de la carrera y el reconocimiento de las funciones.

Fin de los contratos por ONG y UBA.

Pase a planta para todos/as.

Políticas públicas integrales y de calidad.

30.4.2017

SUTPA denunció una actitud discriminatoria por parte de la empresa AUSA que pertenece al Gobierno de la Ciudad.

Trabajadoras de concesiones viales agrupadas en el Sindicato de Peajes (SUTPA) denunciaron este pasado jueves 28 de abril una “política de discriminación” por parte de la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), por realizar descuentos en los haberes a las mujeres que se adhirieron al paro de mujeres del 8M.

El reclamo fue realizado frente a las oficinas administrativas del peaje Parque Avellaneda de la Autopista Perito Moreno y las mujeres que pacíficamente se manifestaban fueron recibidas por la policía de la ciudad en una clara actitud intimidatoria por parte de AUSA, empresa que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto ha sido denunciado por el gremio que presidía el diputado nacionalFacundo Moyano frente a las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 8 de marzo pasado las trabajadoras afiliadas al SUTPA de la empresa (AUSA) adhirieron al Paro Internacional de Mujeresen sus lugares de trabajo al igual que el resto de sus compañeras en todo el país. Como respuesta la empresa llevó adelante los descuentos desconociendo incluso la Constitución Nacional que garantiza el derecho a huelga.

“Este tipo de proceder de parte de AUSA se enmarca dentro de las medidas discriminatorias que ha tenido desde hace más de siete años esta empresa respecto de los compañeros afiliados a nuestro Sindicato en contraposición con la connivencia absolutamente funcional con sus intereses que ha demostrado con el Sindicato de Comercio”, expresó el SUTPA en un comunicado.

28.4.2017

Así se desprende de una resolución firmada por el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y virtual jefe de la Policía de la Ciudad tras la caída en desgracia de José Potocar. El funcionario alegó que “no resulta conveniente” dar precisiones sobre quién empuñará las cuestionadas armas ni en qué circunstancias.

Luego de varias idas y vueltas, D´Alessandro emitió una resolución en la que especifica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.

Tal como informó Tiempo en la edición del domingo 15 de abril, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé gastar $ 127.500.000 de acuerdo al proceso de compra 2900-1398-LPU16 denominado “Adquisición de equipamiento antidisturbio” que contempla abastecer a la flamante policía porteña con 1600 cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos.

Pero lo que más inquietó a los organismos de Derechos Humanos y a algunos legisladores opositores fue la compra de una importante cantidad de "less lethal weapons" o "armas menos letales" como carabinas y lanzadores calibre 68 "para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos" que dispararán postas de pintura, goma y gas pimienta.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), había presentado a principios de febrero, un pedido de informe para que el Ejecutivo precise el “uso específico para el cual están destinadas estas armas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará y cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas”.

“El Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos”, explicaron en un comunicado desde el ODH.

Como si fuera poco, aún no se sabe qué empresas pujaron por quedarse con el negocio, o si directamente alguna ya se adjudicó la licitación, dado que los plazos están vencidos. En principio, el 24 de febrero se realizó la apertura de los sobres con las propuestas, pero por razones que se desconocen la página web de la Ciudad dejó de informar la suerte del expediente. 

27.4.2017

Por Alejandro Marinelli

El juez Ricardo Farías investigaba una causa de corrupción policial en la ciudad de Buenos Aires cuando ordenó allanar la seccional 35 en el barrio de Núñez. A fines de agosto, llegó al edificio de la calle Cuba al 3100 acompañado por el fiscal José María Campagnoli: iban a verificar si ese era el escenario del video en el que unos policías explicaban cómo repartir los “trapitos” en las cercanías de la cancha de Ríver. Al abrir cajones del despacho del comisario Norberto Villarreal encontraron un cuaderno naranja espiralado marca América: tenía las anotaciones del reparto de coimas que les pedían a los comerciantes de la zona para darles “seguridad exclusiva”. En los punteos a mano estaban las siglas de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) y la Dirección General de Comisarías (DGC), antes liderada por el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar. A la luz de lo encontrado, lo de los trapitos se convirtió en una anécdota y Potocar quedó detenido (ocho meses después).

El video fue una de las primeras pruebas que recibió Campagnoli durante la investigación. En el expediente que alimenta desde abril del año pasado hay recibos, listas con los montos entregados por los locales del barrio, los cuadernos con los repartos y testimonios de policías que detallan los procedimientos de recaudación e incriminan a varios comisarios. El fiscal elaboró una lista de los comercios y pudo identificar que pagaban entre 700 y hasta 900 pesos semanales.
Ahí aparecen todos los hoteles alojamientos de la zona, un Carrefour express, Tienda de Café, Boutique de Pizzas, un gimnasio Megatlón, la heladería Chungo y el Club Náutico Buchardo (frente a la ex Esma), entre decenas de comercios. En el local de Chungo, ubicado a cinco cuadras de Puente Saavedra, los empleados llevaban una contabilidad interna con los pagos a proveedores. Uno de los rubros decía: “Policía Federal Argentina”. Hasta marzo de 2016, entregaban 2.300 pesos y desde entonces, 3.000. En el outlet de ropa de montaña Salomon y Wilson, la recaudación era de 25.000 pesos. Ese fue el monto mayor encontrado por Campagnoli.
En cada una de esas recorridas semanales, los policías en patrullero y los de la Brigada de Investigaciones de esa seccional (que son también los que aparecen en el primer video) recibían su pago y entregaban un recibo categoría “C” a nombre de la “Asociación de Amigos de la Comisaría 35 de la PFA”. Bajo la línea de puntos para poner la cifra recaudada un leyenda decía “agradece a usted la inestimable colaboración” y otra remarcaba que es un “concepto de adhesión voluntaria”. Todo quedó sellado con fecha y bajo la palabra “contabilizado”. A cambio de la “seguridad”, los comisarios y subcomisarios también recibían vouchers o tarjetas para consumir en los locales.
En el cuaderno naranja están manuscritos desprolijos las leyendas “Sub” – se sospecha que aluden al subcomisario de la 35- y “Gorda” -que parece señalar a la comisario inspector Susana Aveni de la Circunscripción VII, acusada de ser la líder de esta asociación ilícita. Ahí también aparecen la SSM y la DGC, a las que supuestamente se le asignan cinco y cuatro mil pesos respectivamente. Allí están registradas dos personas que se llevaban 20.000 pesos. Uno de ellos de apodo “Gusano”.
En la causa hay dos subcomisarios imputados, Marcelo Stefanetti y Hernán Korvacevich, quien explicó que Villarreal llegó en la 35 por orden de Potocar y Aveni, y que había que aumentar la recaudación. Por eso subieron la cuota para dejar trabajar a los “trapitos” los días de partido. Para no levantarles contravenciones, les pedían 500 pesos a cada uno. Un cabo primero que declaró en la causa como testigo confirmó que el dinero recaudado lo llevaban a “los distintos organismos superiores”, entre ellos la mencionada DGC, Asuntos Internos y la Circunscripción VII, de Aveni.
Potocar quedó detenido esta mañana cuando se presentó en los Tribunales, ocho meses después del allanamiento. El fiscal Campagnoli sospecha que es el líder de una asociación que exigía dinero a los comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra a cambio de protección y de seguridad. El ahora suspendido jefe de la flamante Policía de la Ciudad tiene 58 años. Lo presentó a fines de diciembre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Con una trayectoria de 35 años y con vínculos cercanos a las comisarías, era la apuesta del oficialismo en el lanzamiento de la nueva fuerza.
El día de la asunción, Rodríguez Larreta destacó su perfil de graduado en la Academia del FBI y su maestría en Criminología. Duró cuatro meses en el cargo pero no es la primera vez que el hombre fuerte de una fuerza seguridad en un gobierno macrista debe ser separado. En las cercanías del gabinete de Larreta ayer aún recordaban con trauma lo que sucedió con “el Fino” Palacios, designado como primer jefe de la Metropolitana, que no llegó a asumir. El ex comisario estaba acusado de encubrimiento de sospechosos del atentado a la AMIA.

26.4.2017

El Bloque Frente de Izquierda en la Legislatura Porteña convoca para este miércoles 26 de abril, a las 18, a una audiencia pública para debatir la “ley  de Autarquía y el vaciamiento del Teatro Colón. Será en el Salón Perón del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Perú 160.

Reproducimos convocatoria:
“La Ley de Autarquía del Teatro Colón  ha sido el sustento de una política privatizadora. Esta ley fue pactada por los bloques mayoritarios de la Legislatura y sirviéndose de ella, el PRO ha transformado al Teatro en una sala de alquiler multipropósito”, afirmó el legislador porteño del Frente de Izquierda Marcelo Ramal, convocante y organizador de la audiencia.
“Esta Ley ha servido no sólo para desnaturalizar la función cultural y  producción propia del Teatro, sino que la contrapartida necesaria de esta orientación es el vaciamiento de sus cuerpos artísticos, el deterioro edilicio, la precarización de sus trabajadores y los ataques a su organización gremial”, afirmó el legislador.
“Desde  el Bloque Frente de Izquierda realizamos esta audiencia como continuación de distintas iniciativas que hemos impulsado para denunciar esta situación y apoyar a sus trabajadores. Desde conciertos en la Legislatura de la Ciudad y el Congreso Nacional hasta repudio a los despidos y distintos pedidos de informes”.
Finalmente Ramal anunció: “Allí presentaremos una iniciativa para derogar la Ley de Autarquía y una campaña para recuperar el Teatro de producción propia, orientado al fomento de la cultura lírica en la población trabajadora de la Ciudad. Esta orientación social para el Teatro es inescindible del reconocimiento de todos los derechos laborales de sus trabajadores”.