30.11.2016
Por Agustín Bontempo
Ayer se llevó a cabo la audiencia pública por el proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia. Repasamos las posiciones sobre una propuesta que afecta a la Villa 31 de Retiro.
Las y los vecinos del Barrio Padre Mugica (conocido como Villa 31), enfrentan un nuevo conflicto que afecta directamente a su derecho a la vivienda. Se trata del proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, en un tramo de más de 1 km que sería desviado, para ya no pasar por el medio del barrio.
La primera lectura del proyecto de ley fue aprobada el 28 de septiembre. Previo al tratamiento de su segunda lectura, ayer se desarrolló la audiencia pública (no vinculante) para ser tratada la propuesta final.
Desde la mañana, cientos de vecinos y vecinas estuvieron cortando la Autopista Illia y luego se movilizaron para participar masivamente de la mencionada audiencia.
¿De qué estamos hablando?
El proyecto para desviar parte de la Autopista Illia nace como propuesta del ejecutivo porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, y que tiene entre sus dos principales impulsores a Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana y a Gastón Macias, Subsecretario de Planeamiento y Gestión Comunitaria.
Según el gobierno, esta es una de las propuestas más ambiciosas en el marco de, lo que ellos dicen, la integración de la Villa 31 al resto de la ciudad. El plan (que aun no cuenta con la aprobación legislativa), ya cuenta con un proceso de licitación avanzado y la toma de crédito para financiar una obra que costará, según dicen, alrededor de 2.000 millones de pesos, cifra que el gobierno no quiere oficializar.
Para promover esta medida, el gobierno no tuvo en cuenta ningún tipo de participación ciudadana, incluidos las y los vecinos de las manzanas 12 y 104, quienes serían afectados ya que la autopista pasaría por donde hoy tienen sus viviendas. Además de anular la mencionada participación, el gobierno se va imponiendo sin explicar cuáles serían los beneficios para un barrio que necesita contar con viviendas dignas, servicios, accesos asfálticos y peatonales, es decir, ser urbanizado.
La situación es más grave aún. Esta medida que viene avanzando de manera express (se había presentado en comisión en la misma semana que llegó al recinto para su aprobación), es ilegal.
En el año 2009 se sancionó la Ley de Urbanización de Villa 31 Nº 3343que, entre sus mandatos, dispone la obligación de hacer participar a una mesa interdisciplinaria, en especial de las y los vecinos del barrio, cuando se avance con cualquier obra de infraestructura, siempre en el marco de la ley.
Sin embargo, hay dos problemas: uno es que si bien el gobierno menciona que se basa en la mencionada norma, no cumple con el requisito mencionado. Por otro lado, prioriza un negocio multimillonario por encima de la obligación por cumplir con el derecho de la vivienda digna. Hay otro punto importante. Mientras el proyecto de la Autopista se sancionó a velocidades siderales, las y los vecinos de la Villa 31 y por medio de distintos legisladores porteños, presentó tres veces el dictamen para reglamentar la mencionada Ley del año 2009. Sin embargo, este paso fundamental ha dormido en la comisión de vivienda desde entonces.
Uno de los delitos más graves que comete el ejecutivo porteño y los legisladores que avanzan con esta nueva ley es faltar a la Constituciónporteña que prioriza la garantía de la vivienda digna en su Artículo 31, así como también el incumplimiento de la Ley 148/98que promueve la atención de la problemática de la crisis habitacional.
Voces en contra de la urbanización
El resultado de la audiencia pública es categórico: de los 97 oradores y oradoras inscriptos, solo 6 apoyaron el nuevo recorrido de la Illia. Aunque esta instancia no es vinculante, sería realmente vergonzoso que, luego de tan certero resultado, la segunda lectura sea aprobada.
Lo más llamativo de estas pocas posiciones es que dos de ellas fueron de referentes del barrio, históricamente vinculados con la lucha por la vivienda. Uno de ellos fue Carlos Cuenca que, luego de hablar sobre su recorrido en el barrio y arremeter contra las organizaciones sociales y políticas “que hacen daño, no viven en el barrio y le mienten a los vecinos”, aseguró que la presente propuesta “mejoraría el tráfico permitiendo una mayor integración a la ciudad”.
Además, cuestionó que se le “pongan trabas a un gobierno que recién empieza” y que en todo caso “hay que ver que hacen y luego criticar”. Al parecer, no contempló que esa espera cuesta 2.000 millones de pesos, que son deudas que pagarán todos y todas las porteñas con sus ajustes tarifarios, así como también la relocalización y posible desalojo de 100 familias.
Por su parte, Teófilo Tapia, quien es reconocido por estar en una de las 33 familias que resistieron los desalojos de la dictadura y que hace poco tiempo fue reconocido como Ciudadano Ilustre por esta Legislatura, lamentó que las organizaciones “en vez de acompañarnos con el conocimiento, nos dan mucha tristeza”, ante la atenta mirada de Gastón Macias. Además, aseguró que “Nosotros nos retiramos porque nos sentimos avasallados por los partidos que no conocen la necesidad del barrio”, en relación a su alejamiento de la Mesa por la Urbanización. Es llamativo, ya que hasta inicios de este año, el histórico referente estuvo fuertemente vinculado a diferentes sectores del kirchnerismo porteño que, tal vez a su pesar, nunca impulsaron el cumplimiento de la Ley N.º 3343 en la Legislatura. Esto no incluye a varias organizaciones con la misma orientación política, pero que mantienen en alto el reclamo por la vivienda digna.
Si bien no hizo ninguna mención de por qué este proyecto ayudaría a la urbanización del barrio, se enojó afirmando que “Si Mugica Viviera los cagaría a patadas”. Y cerró con una frase categórica que dio por el piso la gala de sus años de militancia con la participación vecinal: “Si no es el dictamen, que salga por decreto”. Es decir, cómo y cuándo quiera el gobierno de Rodriguez Larreta.
Voces a favor de la urbanización
Luego de la intervención de Gastón Macias, entre otros funcionarios que justificaban la multimillonaria obra, así como también el apoyo a la urbanización de la Defensoría del Pueblo, se escucha una voz al micrófono que afirma “Este gobierno está hace 8 años. Venimos hace 6 y no nos dan pelota”.
La inmensa mayoría de las intervenciones fue clara. Primero, insistir por la urbanización y el dictamen reglamentario. Segundo, rechazar el nuevo recorrido de la Illia, junto con las falacias promovidas por el gobierno. Tercero, barrer con las críticas a las organizaciones, que están compuestas en su mayoría por vecinos y vecinas del barrio y “Que llevan a cabo ayudas para el barrio, como comedores, escuelitas, deportes. Ellos nos acompañan, nos ayudan”, dice un vecino. “Yo antes me quedaba en mi casa y gracias a las organizaciones entendía que tengo que luchar por mis derechos. Y eso les enseño a mis hijos, para que mañana no dependan de nadie para luchar por los suyos”, aseguró una vecina.
Uno de los oradores fue Lorenzo Martelli, de la Agrupación Lxs Invisibles que hace ya 10 años que está en el barrio. “Nosotros estamos totalmente en contra de la Illia. La Secretaría dice que tienen trabajo participativo, pero no les preguntó a las y los vecinos de las (manzanas) 12 y 104 si quieren una autopista en la cabeza”. Y agregó que “Hoy le dijimos a la Secretaria que volvamos a discutir el dictamen. ¿Saben que hicieron? No nos dijeron nada y presentaron un proyecto”.
Además, Martelli afirmó que “Ellos vienen e imponen. Nosotros no queremos su dictamen. Queremos el nuestro”. Y concluyó su intervención con una definición categórica: “Si la Secretaría no quiere dialogar y hacer participativa a la urbanización, nos va a encontrar luchando en la calle”.
Por su parte, Amalia Aima, referente del barrio, fue contundente: “Si a la urbanización, no a la autopista”, mientras mostraba un cartel con la mencionada frase. Y arremetió diciendo que “La ley por la autopista no fue consensuada. Nos enteramos por los medios”. Además ironizó afirmando que “Este gobierno tiene una manera rara de participar, donde solo ganan ellos”.
En relación a la nueva propuesta, hizo un poco de historia: “Cuando hicieron la maldita Illia, maltrataron y mataron a vecinos y vecinas”. En el mismo sentido dijo que “Nosotros no nos sentamos con ningún gobierno. Defendemos nuestro derecho, nuestra ley”.
Finalmente fue demoledora al afirmar que “Si hoy estuviese Mugica, estaría acá con nosotros. Él nos enseño a defender nuestros derechos y no dejar avasallarnos. Luchaba por la vivienda digna”, en clara respuesta a los dichos de Tapia, quien había omitido lo certero que fue Mugica en su lucha por las necesidades del barrio.
Otro militante de Lxs Invisibles, Sebastián Zubizarreta, destacó que “Estamos discutiendo en una Legislatura que prioriza los negocios inmobiliarios y no las necesidades de los vecinos. Es una coherencia del gobierno desde Mauricio Macri”.
Además, afirmó que “Nos demostraron que lejos de hacer algo participativo y respetando los años de lucha, nos quieren imponer un proyecto”.
En relación a las críticas sobre el lugar de las organizaciones, afirmó que “El rol que jugamos las organizaciones es acompañar los reclamos de las y los vecinos. Y hoy a ellos no les dieron ninguna garantía”.
Entre las decenas de apoyos, se destaca Facundo Di Filippo, quien fuera el responsable de impulsar la Ley de urbanización en la Legislatura, y afirmó que “Si la autopista dividía al barrio, ahora lo va a dividir del resto de la ciudad”. Además, llamó la atención de los legisladores: “Viene la segunda lectura de la Ley y la Legislatura debe dar garantías de que los vecinos tendrán su vivienda”.
Una salida: la urbanización
“Los vecinos estamos integrados a la Ciudad. El barrio no, porque no tiene calles ni salidas”, afirma uno de los vecinos que participa de la Mesa por la Urbanización.
El actual proyecto, sin duda, pone al descubierto las prioridades del gobierno. Como dijo María José Lubertino: “Quiero decir ‘piedra libre’ al plan canje de negocios con las villas”, recordando los conflictos en la Rodrigo Buenoy en la Villa 20de Lugano. No hay intención real de participación, mucho menos de urbanización. Lo que se ve con claridad es el esfuerzo de un gobierno por impulsar una medida que favorece a sectores empresariales. Tanto quienes construirán como quienes endeudarán a la ciudad con el crédito otorgado.
Sin embargo algo quedó claro luego de la audiencia. La inmensa mayoría de las y los vecinos no quiere ningún cambio en el recorrido de la Illia, solo quiere la urbanización del barrio. Si las y los legisladores cumplen con su obligación de respetar y representar la voluntad popular, está claro: este proyecto no debería avanzar. Será momento de evaluar su honestidad y su integridad moral.
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