Red de radios

5.5.2017

Empleados de uno de los locales de la cervecería están denunciando maltratos, discriminación por género y precarización por parte de la empresa. Por Lucía Alegría

Seis empleados del local de la cadena Cervelar ubicado en Pedro Goyena comenzaron a reclamar hace una semana por las condiciones de trabajo de la empresa. Tres de ellos fueron despedidos a causa de esto. Las denuncias son múltiples, desde precarización hasta acoso.

Según una de las ex trabajadoras, Emilse, el convenio para empleados gastronómicos establece el pago de $80 la hora o más, en caso de horario nocturno, mientras que a ellos se les pagaba alrededor de $40. Es en base a esta precarización, sostienen, que la empresa pudo crecer de la forma en que lo hizo. Así mismo, denuncian un plan de hostigamiento y maltrato para favorecer la rotación de empleados así como evitar el reclamo de ellos. Fundamentalmente el acoso era sufrido por mujeres, teniendo en cuenta que mayormente se contrataban empleadas. La discriminación por cuestiones de género es otro de los puntos de denuncia, según mencionó Emilse, ya que en la contratación de las empleadas “se buscaba ciertas características físicas, era excluyente tener ciertos parámetros físicos que encajaran dentro de lo que ellos buscaban” además de que ninguna ocupaba puestos jerárquicos. Asimismo, una de las empleadas sufrió hostigamiento por quedar embarazada, se la bajó de puesto, se le daba a entender que si decidía continuar con su embarazo la empresa no tendría lugar para ella y se la criticaba cuando sufría malestares por el embarazo diciéndole que “exageraba y no quería trabajar”. Finalmente esta empleada perdió el embarazo y fue lo que motivó la reacción de varios empleados más de comenzar con las denuncias.

Emilse misma señala que recibió comentarios agraviantes por parte de su encargado y cita una situación en la que al verla comer le dijo “¿qué pasa que comés tan desaforada? ¿Tu novio no te da bien de comer en tu casa?”. También difundieron capturas de pantalla de conversaciones en las que el encargado, Lucas, realizó comentarios machistas. Desde la mirada de Emilse esto no se trata solamente de un individuo particular sino que es una bajada de línea de la empresa ya que comunicaron lo que sucedía a los jefes y no dieron respuesta alguna.

Por último, denuncian que en una oportunidad el local fue fumigado con productos muy tóxicos estando los empleados dentro, por lo que algunos tuvieron problemas de salud como sangrado nasal. Según relató una de las empleadas el fumigador preguntó si había gente en el local y el encargado respondió “no, gente no hay” aún sabiendo que se encontraban todos los camareros dentro.

Al momento son seis los agrupados pero están al tanto de que en otros locales también se aplican las mismas prácticas. Según cuenta Emilse no cuentan con ayuda de su sindicato ya que responde a la patronal pero sí con el amparo de la CIS-CTA.Roman","serif"'>En este sentido, Molina tanto como la Corriente Villera Independiente tienen una posición tomada, pero no todos los atacados: "Algunas de las compañeras hicieron la denuncia, nosotros creemos que sí. Más allá de que se difunda en los medios y las organizaciones sociales también. Otras no quisieron porque tenían miedo a la represalia y es entendible. Nosotros no podemos obligarlas a hacer algo que no quieren", finalizó.

5.5.2017

Un comunicado de la ministra Soledad Acuña explica que en ese horario se recuperarán horas de clase perdidas por los paros docentes.

El mismo mes en que se cuenta una muerta por día por femicidio y se informa que el

48, 2% de las asesinadas son adolescentes, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, decidió levantar las jornadas destinadas a trabajar contenidos de Educación Sexual Integral y la Jornada de Prevención y erradicación de la violencia de género. 
Las cuatro jornadas de Espacio para la Mejora Institucional y las dos jornadas de Educación Sexual serán utilizadas para “dictar clases en los horarios habituales de cada establecimiento educativo”. La justificación que da la ministra es que ese tiempo se utilizará en recuperar los días de clase perdidos “debido a los paros“. 
La información llegó a las escuelas en el Comunicado 81, firmado por Acuña, el pasado 17 de abril. 
Mariana Scayola, secretaria de prensa del gremio Ademys, señaló: “Mientras en nuestro país muere una mujer cada 18 horas el gobierno decide eliminar estas jornadas sumamente necesarias para la prevención de la violencia hacia las mujeres y la educación con perspectiva de género. De hecho una de las jornadas surgió luego del masivo #NiUnaMenos en el año 2016 y es ley. El gobierno debe dar marcha atrás en esta decisión. Llamamos a la ministra Acuña a reflexionar sobre esto y anular el Comunicado 81“. 
En el mismo sentido, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) emitió un comunicado en el que señala que “es totalmente retrógrado asociar la educación de calidad sólo a la cantidad de horas de clase. Si hay algún elemento necesario para mejorar la enseñanza son precisamente los espacios que permiten el intercambio de experiencias y reflexiones entre docentes. La educación no es únicamente el momento de la clase. Si no se mantienen los ámbitos para el trabajo institucional toda apelación al discurso de la calidad resulta simple demagogia o atrasa décadas en el debate educativo”. 
Y agrega: “el Gobierno propone reducir las jornadas de Educación Sexual Integral a dos encuentros de 40 minutos cada uno. Esto demuestra que la gestión Pro no sólo atrasa 40 años en materia pedagógica sino también en términos de Educación Sexual e Igualdad de Género. Transformar una perspectiva educativa transversal en una ‘clase alusiva’ pone de relieve la incomprensión del tema por parte de las autoridades educativas de la ciudad en momentos en que la sociedad asume la dimensión educativa de una problemática social que tiene entre sus consecuencias más graves los múltiples casos de feminicidios. 
Este mes el Ministerio efectuó descuentos salariales compulsivos a los docentes por las medidas de fuerza.

5.5.2017

De la masacre del Parque Indoamericano, a la avanzada con plomo sobre las avenidas del microcentro porteño, pasando con topadoras sobre el Borda a los balazos contra el barrio de la Boca que terminaron con la vida de Claudia Ovejero, la gestión del macrismo (ayer PRO, hoy Cambiemos) configura un esquema donde, hablando de represión, nada se pierde y todo se transforma. Por Juicio a la Metro

En la noche del 12 y primeras horas del 13 de marzo del 2013, la Policía Metropolitana disparó con balas de plomo contra los activistas y comunicadores que acompañaban la lucha y el acampe de la Sala Alberdi. A horas de comenzar el juicio contra los tres agentes involucrados y sindicados como autores de las heridas contra Esteban Ruffa y Germán de los Santos, comunicadores populares de la RNMA, y un activista que se encontraba en el lugar, las denuncias contra José Potocar por el cobro de coimas, denotan la constitución de la "nueva" Policía de la Ciudad con respecto a las fuerzas que se unificaron para dar su nacimiento.

En noviembre de 2016, cuando a horas de su inicio, el poder judicial pospuso por seis meses el comienzo del proceso que llevaba al banquillo a los tres policías metropolitanos, denunciamos cómo, a la vez que se silenciaban las responsabilidades gubernamentales por la represión en las inmediaciones del Centro Cultural San Martín, se tiraba la pelota afuera de la cancha hasta una fecha en la que la fuerza involucrada ya no existiría más, subsumida ya en la Policía de la Ciudad.

Uno de los imputados es Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa, ex policía federal que, apenas incorporado a la Metropolitana, participó en la represión conjunta que llevaron a cabo ambas fuerzas en el Parque Indoamericano, el 7 y 8 de diciembre de 2010. Bernardo Salgueiro, Rosemarie Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez fueron asesinados. En ese ataque, comandado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y la presidenta Cristina Kirchner, Pereira de la Rosa salió impune. Como el resto de los policías involucrados, sigue, al día de hoy, sin juzgamiento alguno. Tres años después, su nombre volvió a resonar con las balas de plomo que se descargaron sobre quienes luchaban junto a la Sala Alberdi. Impunidad, pretendida y construida incluso, con el juzgamiento tardío a los agentes de una fuerza que virtualmente ya no existe.

La flamante Policía Metropolitana venía a subsanar la imagen pública desgastada del aparato represivo, que acuñó a lo largo de los años la Policía Federal. Con horizontes similares, la Policía de la Ciudad desembarcó en la ciudad en 2017. Pero los ploteos sobre los patrulleros y los cambios de vestuario, no modifican el porqué y para qué del aparato represivo.

Guillermo Calviño, era jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la Policía Federal en 2013, durante la represión a la Sala Alberdi. Desde el inicio de la causa por los baleados con plomo en esa represión, se lo señaló por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores", ya que, a sabiendas de la presencia de heridos con balas de plomo, no adoptó ninguna medida al respecto. Hoy es parte del entramado que terminó con el comisario Potocar detenido por el cobro de coimas a negocios y manejo de "trapitos" durante su gestión en la Dirección General de Comisarías, que comenzó con la denuncia en la zona de la comisaría 35ª y se extendió a toda la ciudad. El último año, como parte de la cúpula de la PFA, Calviño jugó sus cartas para sostener el mando de la nueva fuerza policial porteña en manos de la Federal, pero las denuncias por encubrimiento de barrabravas de Boca acusados de secuestros extorsivos y por el asesinato de dos hinchas en las peleas entre facciones del club, cobro de coimas en allanamientos en 2013, cobro de coimas y extorsión en un operativo de tránsito en 2015, el encubrimiento del ataque de la patota que destrozó las oficinas de Tiempo Argentino en 2016, entre otros hechos que tomaron resonancia pública cuando su rostro giró en los medios como posible titular de la nueva fuerza porteña, condicionaron su impostura como jerarca policial. Un escalón abajo, José Potocar presumía un legajo un tanto más discreto. A la luz de los últimos movimientos, de Calviño para abajo, muchos engranajes ponían (y ponen) en marcha la criminalidad policial.

En el período de existencia de la Policía de la Ciudad y de gestión de Potocar, federales y metropolitanos -con o sin sus vestuarios bordó y turquesas- reprimieron y detuvieron a manifestantes tras la marcha del 8 de marzo; balearon junto a la Policía Bonaerense viviendas en La Boca el 21 de marzo en una persecución y reprimieron a quienes protestaban por el asesinato de Claudia Ovejero y las graves heridas de otra vecina en ese raid; reprimieron a militantes en las movilizaciones del 6 de abril, en el contexto del Paro General; reprimieron a docentes que armaban la Escuela Itinerante en Congreso, el 9 de abril; intimidaron a estudiantes y docentes de la Escuela Normal Mariano Acosta, entre otros hechos que se acompañan de las razzias, detenciones arbitrarias y casos de gatillo fácil que acontecen a diario en la metrópolis porteña.

Igual que Calviño, el comisario de la Policía Federal Pedro Carnero fue señalado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautoría en el ataque de la Metropolitana en la represión a la Sala Alberdi. Hoy dirige la Dirección General de Comisarías de la Policía de la Ciudad, cargo homónimo de Potocar en la Policía Federal, cuando era el número 2 de dicha fuerza, después de Calviño.

El próximo 10 de mayo, se juzgará a los agentes de una fuerza que en términos concretos ya no existe. Pero los hechos demandan su revisión concreta, porque el cambio de uniformes no quita la esencia de todo aparato represivo, ni su función política en contextos de ajuste y vaciamiento. No es un Potocar, no es un Calviño, no es un Pereira de la Rosa, no es un policía, es toda la institución.

4.5.2017

Hoy se estrena Ni un pibe menos. Un documental sobre el asesinato del niño de nueve años Kevin Molina, en 2013 en Buenos Aires. La lucha de su familia, la organización La Poderosa y el rol criminal de las fuerzas de “seguridad”.

Celina Demarchi

 “La vida de los pibitos que viven en las villas también vale. Porque si un pibe se nos muere, se nos muere a todos”

El 7 de septiembre de 2013, en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires, dos bandas de narcotraficantes se disputaban una boca de expendio de drogas. Como es habitual, la zona había sido liberada por la Prefectura y la Gendarmería, fuerzas instaladas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para dar supuesta “seguridad” al vecindario (aunque en verdad es para aumentar el control policial sobre la población trabajadora y pobre)

Se dispararon 105 proyectiles de armas de guerra durante tres horas de tiroteo. Una de esas balas ingresó por la ventana de la casa de los Molina y mató a Kevin de 9 años que estaba escondido con sus hermanos debajo de una mesa.

El barrio Zavaleta (catastralmente denominado Villa 21-24) fue creado hace 45 años. Pero en el GPS o en la Guía T, figura como una gran mancha blanca o roja. Es un barrio donde viven miles de personas que sufren a diario la persecución de las fuerzas del “orden” a las cuales temen y de las cuales escapan. Fuerzas que están al servicio de los secuestros, del negocio de las drogas, del encubrimiento de femicidas, de la trata de personas y de la desaparición y muerte de chicos de diversos barrios en todo el país.

A través de los testimonios de sus seis hermanos y hermanas, de su mamá Roxana y su papá Claudio, de su mejor amigo Javi, de gente del barrio y de la maestra, quien mire el documental conocerá su vida y la de los habitantes de Zavaleta. De la mano de la cámara, camina por sus calles, visita casas, comedores y entra a la Garganta Poderosa, el vehículo por el cual se comunican con el resto del mundo quienes viven allí.

La cámara también refleja cómo la Prefectura está adentro del barrio y sus efectivos se niegan sistemáticamente a identificarse, aún cuando quienes acumulan vasta experiencia sobre el rol de esas fuerzas se lo exigen

Lucha es la palabra que más se hace presente en este documental del italiano Antonio Manco (coproducido por Mascaró Cine Americano, Cultural Video Production y Taozern Film y auspiciado por el Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli). Y la lucha se ve reflejada en cada acción y en cada relato.

A Kevin lo mató la bala de una banda narco. Pero en realidad lo mató la acción consciente de las fuerzas de “seguridad” que están al servicio de las patronales y la desidia de la justicia burguesa. A tres años y ocho meses de su asesinato, esas fuerzas y esa justicia continúan reprimiendo y matando con total impunidad.

El Estado, en toda esta situación, no está ausente. Está presente, como refleja la cámara, articulado en sus fuerzas represivas, como la Prefectura, que está adentro del barrio y que como dice el padre de Kevin “los tengo acá en la puerta y no sé para qué. No sé cuándo me van a entregar”. Ninguno de los efectivos tiene identificación.

El crimen vil de Kevin se produjo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y entre las imágenes del documental que ilustran el accionar de Prefectura y Gendarmería se puede ver, además de los patrullajes en Zavaleta y otros barrios, las represiones a luchas obreras y populares en cortes de calle y en autopistas a cargo de Sergio Berni. Esto con Macri no cambió ya que las fuerzas del “orden” siguen con sus horas extras custodiando las bandas narco y dejando a su suerte a miles de niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres de los barrios más pobres.

“Ni un pibe menos” relata, también, el proceso de organización de La Poderosa, que con su revista La Garganta Poderosa y su plan de control de las fuerzas de seguridad denominado “Vecinos sin gorra” se convirtió en un espacio de denuncia implacable y de desenmascaramiento de la mentira de un Estado nada comprometido con los pobres y la clase trabajadora.

Kevin era parte de La Poderosa. Como sus hermanas y hermanos. ”Ni un pibe menos” habla de su asesinato pero también de cómo siguen en pie quienes compartieron con él sus nueves años de vida.

Hoy se estrena el documental en el cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Rivadavia 1635) a las 14.15 h (y a las 20 h) y en todos los espacios Incaa. Será, seguramente, tarea de todos difundirlo hasta el último rincón de América Latina y del mundo.

Ficha Técnica
Guión: Antonio Manco
Producción: Omar Neri, Antonio Manco, Mónica Simoncini
Director: Antonio Manco

2.5.2017

El hostigamiento callejero, los maltratos, las golpizas, las coimas y el armado de causas; las paradas extorsivas en las comisarías, las torturas y hasta las desapariciones son parte de la violencia policial.

Por Santiago Asorey

La problemática de los abusos policiales es uno de los aspectos de la violencia institucional recurrente en los barrios informales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos barrios, también denominados barrios populares -más precisamente en el Bajo Flores-, los docentes de la Escuela de Educación Media 3 del Distrito Escolar 19 de la zona analizan que los jóvenes desarrollan un vínculo con la muerte más cercano que el resto de la Ciudad, ya sean aquellos que fallecen muy jóvenes o quienes pierden a sus amigos y seres queridos a muy temprana edad. Desde la Secretaría de DD.HH. de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata aseguran que “la policía actúa en los barrios más vulnerables como un ejército de ocupación y no como una fuerza al servicio de la comunidad”.

Griselda, docente de teatro en esta escuela, reflexiona en el extenso comedor escolar de la escuela, donde recibe a la cronista: “La relación con la muerte se vuelve casi cotidiana, porque tienen familiares muertos, amigos muertos, primos muertos, conocidos muertos. Nosotros tenemos en lo que va del año una seguidilla de muertes tremenda: la muerte de Cristian y antes estuvo toda la esquina del fondo donde estuvo Yiyo, Lucas, Luquitas, ahora hace 10 días mataron a otro pibe, a Huesito y a otro pibe que también subieron las fotos en facebook y aparecieron en Crónica”. Por la ventana se puede observar los grupos de adolescentes -mujeres y hombres- en el horario del recreo, charlando entre sí. Cada tanto se escuchan algunas risotadas estrepitosas.

Según la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional “en los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad; el 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”. Otra estadística realizada por la agencia de noticias Paco Urondo declara que en lo que va del año 2016 fueron asesinadas diez personas en manos de agentes de la policía en casos considerados de gatillo fácil: Cristian Orellana (18) en el Bajo Flores (CABA), Brian Darío Romero (25) en Soldati (CABA), Diego Rivadero (33) en la Isla Maciel Avellaneda, Víctor González (37) en San Martín, Héctor Santiago Garialdi (38) en La Pampa, Víctor Emanuel González (17) en La Plata, Lionel Zacarías (20) en Berazategui, Roberto Ávalos (27) en Mar del Plata, Gustavo Germán Gerez Bravo (28) en Santa Cruz, Sebastián Daniel Briozzi (20) en Entre Ríos, entre muchos otros casos.

La violencia institucional se manifiesta en el abuso de poder, físico o psicológico, que ejercen las instituciones del Estado sobre personas o instituciones de la sociedad civil. La violencia policial es una de las maneras de ejercer la violencia institucional, con prácticas abusivas, violentas y discriminatorias. Tal como expresa el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, este tipo de accionar responde a un “control de las clases sociales perjudicadas por la política del gobierno”. Los casos de violencia policial abarcan desde el gatillo fácil, hasta las demoras por averiguación de antecedentes sin motivo. “La relación con la policía es jodida, si te tienen que matar te van a matar. Si te ven haciendo algo malo o si te ven bardeando te van a dar. Cuando empezaron a aparecer los gendarmes en el barrio, nos agarraban y nos verdugueaban, nos pegaban por atrás, nos ponían contra la pared y nos tacleaban, o nos tiraban al piso y nos pateaban de a tres”, cuenta Facundo**, de 20 años, quien vive con su padre y su hermanito de 8 años en el Bajo Flores. Según relata, su rutina de todos los días es ir al colegio, estar en la calle, más precisamente en la esquina, para luego volver a su casa a estudiar y dormir.  Para él, estar en la esquina es estar ahí parado sin hacer nada. “Te voy a ser sincero, cuando era chiquito, a los 13, bardeaba con unos amigos. A uno lo perdí hace poco. Era como un hermano para mí. Se llamaba Cristian”, expresó Facundo, con una mirada de tristeza al recordar a su amigo muerto.

Precisión de GPS: el Bajo Flores.

El Bajo Flores se encuentra ubicado al sur de Flores, barrio porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos aires y está delimitado por las avenidas Perito Moreno, Asturias, Varela, Castañares, que lo hacen vecino del barrio Nueva Pompeya. Sin embargo, el Bajo Flores es un barrio informal para el Gobierno de la Ciudad. Está conformado por el Barrio Municipal Presidente Rivadavia, el Barrio Presidente Illia y la Villa 1.11.14, habitados mayoritariamente por personas de bajos recursos. Allí, también se encuentra el conocido estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, denominado “Nuevo Gasómetro”. El barrio cuenta con el tercer cementerio abierto de CABA, denominado San José de Flores. 

Según un estudio realizado en el año 2015 por el Ministerio Público Fiscal a través de distintas Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs), aproximadamente el 6,5% de la población de CABA reside en villas de emergencia. La población de los barrios más pobres presenta una estructura demográfica diferente respecto del conjunto de la ciudad, ya que, por ejemplo, es mucho más joven. El 65% de los habitantes en asentamientos o núcleos habitacionales transitorios tiene menos de 30 años, mientras que en CABA este grupo representa menos del 40%. 

La muerte como algo natural: problemáticas que atraviesan los jóvenes en los

barrios populares

Los docentes y vecinos identifican que las principales problemáticas que atraviesan a la población que habita el Bajo Flores son la pobreza, la violencia institucional y el narcotráfico, profundamente relacionadas entre sí. Griselda remarcó que “lo primero que hay que discutir es el tema de la pobreza, después hay que discutir el tema del narcotráfico. En una comunidad que tienen manzanas enteras controladas por el narcotráfico, ¿cuál es la lectura que hace la clase política de esto, o la clase dirigente, o la clase judicial?, ¿por qué somos los militantes los únicos perejiles que estamos hablando de esto?”. La juventud que habita este barrio se encuentra atravesada por estas problemáticas que los definen, los configuran y los predestinan y que suele tener como destino final a la muerte, a temprana edad o la pérdida de familiares o allegados. “Los únicos mártires de la guerra entre el narcotráfico y el barrio son los pibes chorros, porque todos los demás brillaron por su ausencia; no hay política pública que lo haya abordado, no hay organización que se haya metido, no está la policía, no está la justicia”, agrega Griselda. 

El hostigamiento callejero, los maltratos, las golpizas, las coimas y el armado de causas, las paradas extorsivas en las comisarías, las torturas y hasta las desapariciones son parte de la violencia policial. “A Cristian lo mató la Policía. Fue a robar y mientras lo estaban corriendo, le dispararon y le dieron en la espalda. Me contaron que le pegaron un tiro y cuando llegó a la esquina, se subió a una moto rápido y se fue para el hospital. Pero no llegó, se cayó de la moto y murió”, relata Facundo y, mientras lo cuenta, tiene cabeza gacha y la mirada perdida. Evita hacer contacto visual y la tristeza le quiebra un poco la voz. Quizá sea una de las pocas veces que pudo expresar lo que sintió al perder a su amigo, y aunque la cronista es alguien extraña para él, relata con cierta confianza aquella pérdida que tanto lo marcó. Para Griselda, “la muerte acá se percibe como natural, no es la excepción. También hay una cuestión de ofrenda al muerto, de mucho respeto, porque la mayoría de los pibes que se mueren, que lo mata la cana o el narcotráfico, de algún modo se han jugado, han echado la carta. Algo de lo heroico aparece acá. Entonces se despiden con esos honores y con mucho dolor”.

Esteban Rodríguez Alzueta, docente, investigador e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, expresó en su nota para la revista La Tecl@ Eñe que “si es joven masculino y morocho, una persona está más expuesta a la denuncia social y la violencia institucional a que si es blanco; peor aún si es joven morocho y viste ropa deportiva con gorrita. […] Los prejuicios de la ‘vecinocracia’ referencian a estos jóvenes como peligrosos por el solo hecho de tener determinados estilos de vida y pautas de consumo. […] No hay brutalidad policial sin prejuicio vecinal. Los prejuicios de la ‘vecinocracia’ referencian a estos jóvenes como peligrosos por el solo hecho de tener determinados estilos de vida y pautas de consumo”. En este sentido, se plantea que la problemática de la violencia institucional en los barrios populares no es producto únicamente de la violencia policial, sino también de la discriminación y estigmatización que sienten los jóvenes que habitan estos barrios, entre otros condicionantes. Para Darío**, estudiante de la E.E.M 3 DE 19 y residente del Bajo Flores hace sólo 4 años, “usando gorra fuera del barrio te ven como un negro, no te ven como te ven adentro del barrio, saliendo es otro mundo. Son dos mundos distintos, y afuera no se ven las mismas cosas que  se ven acá”. 

En este marco, se produce un antagonismo social, que separa a esta “vecinocracia” de sectores medios de los habitantes de los barrios populares como el Bajo Flores y fundamenta la violencia policial y la violencia institucional. Las prácticas estigmatizantes  que se generan por parte de esta “vecinocracia” van desde el vocabulario que se utiliza para nombrar a los jóvenes de estos barrios, hasta los programas estatales como el denominado “Plan Unidad Cinturón Sur”, el cual consiste en el despliegue de 3000 efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en el sur de la ciudad de Buenos Aires, generando un tipo de cinturón retórico compuesto por las fuerzas de seguridad, que rodean y separan al sur del resto de los barrios porteños, compuestos mayoritariamente por la clase media-alta de la sociedad. De esta forma, se genera un consenso por parte de una porción de la sociedad sobre la necesidad de la violencia ejercida por la policía. “El tratamiento discriminatorio de las fuerzas de seguridad encuentra en los prejuicios de la vecinocracia un punto de apoyo. No hay olfato policial sin olfato social”, explica el integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica,

Los medios también construyen su aporte a la mirada estigmatizante. El diario La Nación publicó, el 24 de noviembre de 2016, una nota que ejemplifica lo mencionado: “Jóvenes y armados: cómo son los delincuentes bonaerenses”. Luego, describe: “Cometen el 85% de los delitos en el Conurbano; muchos toman drogas”, “A algunos de ellos parece ya no importarles nada. Y lo pagan sus víctimas.” Para Facundo, “nos ven como una basura. Los comentarios que hacían cuando los canas viralizaron las fotos de Cristian en la morgue decían: ‘hay que matar a todas esas ratas’ ¿sabes que bronca tenía cuando leía eso? Nos ven muy diferentes. Somos una sociedad de mierda. No podes decir que sos del barrio, tenes que mentir y decir que sos de otro lado porque si no te ven como un villero más”. Por su parte, Rodríguez Alzueta sostiene que “los jóvenes, por el solo hecho de ser jóvenes, siguen siendo uno de los actores más vulnerables para sacrificarlos y purgar nuestras culpas y resentimiento. Los ‘pibes chorros’ son las víctimas favoritas de una sociedad que no quiere mirarse de frente y sigue buscando la paja en el ojo ajeno”, cierra el investigador.

** Los nombres de los jóvenes fueron cambiados para resguardar su identidad.