Red de radios

2.5.2017

El hostigamiento callejero, los maltratos, las golpizas, las coimas y el armado de causas; las paradas extorsivas en las comisarías, las torturas y hasta las desapariciones son parte de la violencia policial.

Por Santiago Asorey

La problemática de los abusos policiales es uno de los aspectos de la violencia institucional recurrente en los barrios informales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos barrios, también denominados barrios populares -más precisamente en el Bajo Flores-, los docentes de la Escuela de Educación Media 3 del Distrito Escolar 19 de la zona analizan que los jóvenes desarrollan un vínculo con la muerte más cercano que el resto de la Ciudad, ya sean aquellos que fallecen muy jóvenes o quienes pierden a sus amigos y seres queridos a muy temprana edad. Desde la Secretaría de DD.HH. de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata aseguran que “la policía actúa en los barrios más vulnerables como un ejército de ocupación y no como una fuerza al servicio de la comunidad”.

Griselda, docente de teatro en esta escuela, reflexiona en el extenso comedor escolar de la escuela, donde recibe a la cronista: “La relación con la muerte se vuelve casi cotidiana, porque tienen familiares muertos, amigos muertos, primos muertos, conocidos muertos. Nosotros tenemos en lo que va del año una seguidilla de muertes tremenda: la muerte de Cristian y antes estuvo toda la esquina del fondo donde estuvo Yiyo, Lucas, Luquitas, ahora hace 10 días mataron a otro pibe, a Huesito y a otro pibe que también subieron las fotos en facebook y aparecieron en Crónica”. Por la ventana se puede observar los grupos de adolescentes -mujeres y hombres- en el horario del recreo, charlando entre sí. Cada tanto se escuchan algunas risotadas estrepitosas.

Según la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional “en los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad; el 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”. Otra estadística realizada por la agencia de noticias Paco Urondo declara que en lo que va del año 2016 fueron asesinadas diez personas en manos de agentes de la policía en casos considerados de gatillo fácil: Cristian Orellana (18) en el Bajo Flores (CABA), Brian Darío Romero (25) en Soldati (CABA), Diego Rivadero (33) en la Isla Maciel Avellaneda, Víctor González (37) en San Martín, Héctor Santiago Garialdi (38) en La Pampa, Víctor Emanuel González (17) en La Plata, Lionel Zacarías (20) en Berazategui, Roberto Ávalos (27) en Mar del Plata, Gustavo Germán Gerez Bravo (28) en Santa Cruz, Sebastián Daniel Briozzi (20) en Entre Ríos, entre muchos otros casos.

La violencia institucional se manifiesta en el abuso de poder, físico o psicológico, que ejercen las instituciones del Estado sobre personas o instituciones de la sociedad civil. La violencia policial es una de las maneras de ejercer la violencia institucional, con prácticas abusivas, violentas y discriminatorias. Tal como expresa el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, este tipo de accionar responde a un “control de las clases sociales perjudicadas por la política del gobierno”. Los casos de violencia policial abarcan desde el gatillo fácil, hasta las demoras por averiguación de antecedentes sin motivo. “La relación con la policía es jodida, si te tienen que matar te van a matar. Si te ven haciendo algo malo o si te ven bardeando te van a dar. Cuando empezaron a aparecer los gendarmes en el barrio, nos agarraban y nos verdugueaban, nos pegaban por atrás, nos ponían contra la pared y nos tacleaban, o nos tiraban al piso y nos pateaban de a tres”, cuenta Facundo**, de 20 años, quien vive con su padre y su hermanito de 8 años en el Bajo Flores. Según relata, su rutina de todos los días es ir al colegio, estar en la calle, más precisamente en la esquina, para luego volver a su casa a estudiar y dormir.  Para él, estar en la esquina es estar ahí parado sin hacer nada. “Te voy a ser sincero, cuando era chiquito, a los 13, bardeaba con unos amigos. A uno lo perdí hace poco. Era como un hermano para mí. Se llamaba Cristian”, expresó Facundo, con una mirada de tristeza al recordar a su amigo muerto.

Precisión de GPS: el Bajo Flores.

El Bajo Flores se encuentra ubicado al sur de Flores, barrio porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos aires y está delimitado por las avenidas Perito Moreno, Asturias, Varela, Castañares, que lo hacen vecino del barrio Nueva Pompeya. Sin embargo, el Bajo Flores es un barrio informal para el Gobierno de la Ciudad. Está conformado por el Barrio Municipal Presidente Rivadavia, el Barrio Presidente Illia y la Villa 1.11.14, habitados mayoritariamente por personas de bajos recursos. Allí, también se encuentra el conocido estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, denominado “Nuevo Gasómetro”. El barrio cuenta con el tercer cementerio abierto de CABA, denominado San José de Flores. 

Según un estudio realizado en el año 2015 por el Ministerio Público Fiscal a través de distintas Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs), aproximadamente el 6,5% de la población de CABA reside en villas de emergencia. La población de los barrios más pobres presenta una estructura demográfica diferente respecto del conjunto de la ciudad, ya que, por ejemplo, es mucho más joven. El 65% de los habitantes en asentamientos o núcleos habitacionales transitorios tiene menos de 30 años, mientras que en CABA este grupo representa menos del 40%. 

La muerte como algo natural: problemáticas que atraviesan los jóvenes en los

barrios populares

Los docentes y vecinos identifican que las principales problemáticas que atraviesan a la población que habita el Bajo Flores son la pobreza, la violencia institucional y el narcotráfico, profundamente relacionadas entre sí. Griselda remarcó que “lo primero que hay que discutir es el tema de la pobreza, después hay que discutir el tema del narcotráfico. En una comunidad que tienen manzanas enteras controladas por el narcotráfico, ¿cuál es la lectura que hace la clase política de esto, o la clase dirigente, o la clase judicial?, ¿por qué somos los militantes los únicos perejiles que estamos hablando de esto?”. La juventud que habita este barrio se encuentra atravesada por estas problemáticas que los definen, los configuran y los predestinan y que suele tener como destino final a la muerte, a temprana edad o la pérdida de familiares o allegados. “Los únicos mártires de la guerra entre el narcotráfico y el barrio son los pibes chorros, porque todos los demás brillaron por su ausencia; no hay política pública que lo haya abordado, no hay organización que se haya metido, no está la policía, no está la justicia”, agrega Griselda. 

El hostigamiento callejero, los maltratos, las golpizas, las coimas y el armado de causas, las paradas extorsivas en las comisarías, las torturas y hasta las desapariciones son parte de la violencia policial. “A Cristian lo mató la Policía. Fue a robar y mientras lo estaban corriendo, le dispararon y le dieron en la espalda. Me contaron que le pegaron un tiro y cuando llegó a la esquina, se subió a una moto rápido y se fue para el hospital. Pero no llegó, se cayó de la moto y murió”, relata Facundo y, mientras lo cuenta, tiene cabeza gacha y la mirada perdida. Evita hacer contacto visual y la tristeza le quiebra un poco la voz. Quizá sea una de las pocas veces que pudo expresar lo que sintió al perder a su amigo, y aunque la cronista es alguien extraña para él, relata con cierta confianza aquella pérdida que tanto lo marcó. Para Griselda, “la muerte acá se percibe como natural, no es la excepción. También hay una cuestión de ofrenda al muerto, de mucho respeto, porque la mayoría de los pibes que se mueren, que lo mata la cana o el narcotráfico, de algún modo se han jugado, han echado la carta. Algo de lo heroico aparece acá. Entonces se despiden con esos honores y con mucho dolor”.

Esteban Rodríguez Alzueta, docente, investigador e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, expresó en su nota para la revista La Tecl@ Eñe que “si es joven masculino y morocho, una persona está más expuesta a la denuncia social y la violencia institucional a que si es blanco; peor aún si es joven morocho y viste ropa deportiva con gorrita. […] Los prejuicios de la ‘vecinocracia’ referencian a estos jóvenes como peligrosos por el solo hecho de tener determinados estilos de vida y pautas de consumo. […] No hay brutalidad policial sin prejuicio vecinal. Los prejuicios de la ‘vecinocracia’ referencian a estos jóvenes como peligrosos por el solo hecho de tener determinados estilos de vida y pautas de consumo”. En este sentido, se plantea que la problemática de la violencia institucional en los barrios populares no es producto únicamente de la violencia policial, sino también de la discriminación y estigmatización que sienten los jóvenes que habitan estos barrios, entre otros condicionantes. Para Darío**, estudiante de la E.E.M 3 DE 19 y residente del Bajo Flores hace sólo 4 años, “usando gorra fuera del barrio te ven como un negro, no te ven como te ven adentro del barrio, saliendo es otro mundo. Son dos mundos distintos, y afuera no se ven las mismas cosas que  se ven acá”. 

En este marco, se produce un antagonismo social, que separa a esta “vecinocracia” de sectores medios de los habitantes de los barrios populares como el Bajo Flores y fundamenta la violencia policial y la violencia institucional. Las prácticas estigmatizantes  que se generan por parte de esta “vecinocracia” van desde el vocabulario que se utiliza para nombrar a los jóvenes de estos barrios, hasta los programas estatales como el denominado “Plan Unidad Cinturón Sur”, el cual consiste en el despliegue de 3000 efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en el sur de la ciudad de Buenos Aires, generando un tipo de cinturón retórico compuesto por las fuerzas de seguridad, que rodean y separan al sur del resto de los barrios porteños, compuestos mayoritariamente por la clase media-alta de la sociedad. De esta forma, se genera un consenso por parte de una porción de la sociedad sobre la necesidad de la violencia ejercida por la policía. “El tratamiento discriminatorio de las fuerzas de seguridad encuentra en los prejuicios de la vecinocracia un punto de apoyo. No hay olfato policial sin olfato social”, explica el integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica,

Los medios también construyen su aporte a la mirada estigmatizante. El diario La Nación publicó, el 24 de noviembre de 2016, una nota que ejemplifica lo mencionado: “Jóvenes y armados: cómo son los delincuentes bonaerenses”. Luego, describe: “Cometen el 85% de los delitos en el Conurbano; muchos toman drogas”, “A algunos de ellos parece ya no importarles nada. Y lo pagan sus víctimas.” Para Facundo, “nos ven como una basura. Los comentarios que hacían cuando los canas viralizaron las fotos de Cristian en la morgue decían: ‘hay que matar a todas esas ratas’ ¿sabes que bronca tenía cuando leía eso? Nos ven muy diferentes. Somos una sociedad de mierda. No podes decir que sos del barrio, tenes que mentir y decir que sos de otro lado porque si no te ven como un villero más”. Por su parte, Rodríguez Alzueta sostiene que “los jóvenes, por el solo hecho de ser jóvenes, siguen siendo uno de los actores más vulnerables para sacrificarlos y purgar nuestras culpas y resentimiento. Los ‘pibes chorros’ son las víctimas favoritas de una sociedad que no quiere mirarse de frente y sigue buscando la paja en el ojo ajeno”, cierra el investigador.

** Los nombres de los jóvenes fueron cambiados para resguardar su identidad.

2.5.2017

Comunicado de Prensa

Exigimos políticas públicas integrales y un salario igual a la canasta familiar

El miércoles 3 de mayo, los/as trabajadores/as de la Subsecretaría de Promoción Social de la CABA, nucleados/as en ATE, realizaremos un paro de 24 horas contra el deterioro de los salarios y de las políticas sociales. Hace dos semanas, se conoció la paritaria que firmaron los representantes del Sutecba y del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, por medio de la cual se definió el incremento que vamos a cobrar los/as trabajadores/as de planta del Gobierno porteño desde abril. El acuerdo no solo regala el 10% que perdimos en 2016 −cuando los salarios crecieron un 31% y la inflación subió un 41%−, sino que nos expone a una baja real también en 2017.

El documento establece un aumento del 18% en dos cuotas, una del 10% en abril y una del 8% en agosto; un bono de 2500 pesos en mayo; un incremento del 2%, a cuenta de la implementación de la carrera, en septiembre; y una recomposición del 60% en el concepto de antigüedad, que solo va a cobrar una minoría. Además, incluye dos compromisos: reabrir la negociación en octubre si la inflación supera el aumento –aunque sin tomar en cuenta el porcentaje que perdimos en 2016 y en los primeros meses de 2017–, y el de reiniciar los pases a planta transitoria, que ya incumplieron el año pasado.

En marzo, según el área de Estadística y Censos, la canasta básica fue de 14.620 pesos. Con la primera cuota que establece el acuerdo, del 10%, los salarios de la planta transitoria apenas si van a llegar a 12 mil pesos, muy por debajo de los ingresos que precisa una familia para no ser pobre en CABA. En los primeros tres meses del año la inflación ya superó el 6%, y los pronósticos para 2017, incluso los de organismos afines al Gobierno, anticipan un incremento de precios cercano al 25%. En dos años, los sueldos de la planta del GCBA van a sufrir una baja real del 15%.

Debajo de la canasta básica seguirán, también, los salarios de los/as trabajadores/as de la Subsecretaría a quienes, pese a hacer las mismas tareas que la planta, en los mismos horarios y los mismos lugares, el Estado mantiene bajo formas de contratación precarias. Por fuera del acuerdo que firmaron el Ministerio de Hacienda y el Sutecba, el aumento para los contratos de locación, ONG’s y UBA fue del 15%, sobre sueldos de 10.500 y 11 mil pesos a los que, además, hay que descontarles el pago del monotributo.

Al empobrecimiento de los salarios se le suma el empobrecimiento de las políticas públicas de la Subsecretaría. Después de años de un deterioro continuo, las políticas sociales se encuentran en estado de emergencia. En programas que tratan problemáticas sensibles, como la explotación sexual de niñas/os, la falta de personal es alarmante. En los últimos dos años, un tercio de las/os trabajadoras/es del programa renunció, sin que se repusieran los contratos. Más que renuncias son despidos encubiertos, consecuencia de los salarios insuficientes y la falta de derechos básicos.

En la única política pública de inclusión laboral que tiene la Subsecretaría –fundamental para trabajar la autonomía y el egreso de los/as chicos/as que viven en los hogares, bajo la tutela del Estado–, la beca estímulo es de 575 pesos por mes y, desde 2011 hasta hoy, solo se incrementó un 15%. En paralelo, el pasaje de subte aumentó casi un 700% y el salario mínimo, más de un 400%. El deterioro de los presupuestos para las políticas sociales, con aumentos que son ampliamente superados por la inflación, es uno de los mecanismos con los cuales la gestión de Macri –primero– y de Larreta –después– vacía los programas que trabajan con las poblaciones que deberían ser las principales destinatarias del accionar del Estado.

En los hogares, el panorama es igualmente crítico. Hoy, más de 100 chicos/as que no cuentan con cuidados parentales se encuentran a la espera de que se liberen vacantes. Mientras tanto, continúan expuestos a las situaciones por las cuales el Estado porteño definió que debían estar bajo su tutela. Al mismo tiempo, los hogares están sobrepoblados, con 50 niños/as donde, por ley, no deberían vivir más de 30, y en edificios que tienen problemas de infraestructura que ponen en peligro tanto a los/as chicos/as como a los/as trabajadores/as.

Pese a las declaraciones públicas de la Ministra, Guadalupe Tagliaferri, la emergencia de las políticas públicas también incluye a las políticas de género. La Ciudad de Buenos Aires, una de las más ricas de Latinoamérica, cuenta con un solo refugio –50 camas–, para las mujeres víctimas de violencia y para sus hijos/as. Los refugios son un recurso indispensable para romper con el círculo de violencia. En un momento en el que hay un femicidio cada 18 horas, un Estado que no destina recursos para que las mujeres tengan acceso a un ambiente protegido también es responsable de los crímenes. Sin presupuesto, no hay políticas públicas. Sin políticas públicas, no hay #Niunamenos.

El miércoles 3 de mayo, paramos por:

Un salario igual a la canasta familiar.

Aumento del plus ministerial y su aplicación a la planta transitoria.

Implementación de la carrera y el reconocimiento de las funciones.

Fin de los contratos por ONG y UBA.

Pase a planta para todos/as.

Políticas públicas integrales y de calidad.

30.4.2017

SUTPA denunció una actitud discriminatoria por parte de la empresa AUSA que pertenece al Gobierno de la Ciudad.

Trabajadoras de concesiones viales agrupadas en el Sindicato de Peajes (SUTPA) denunciaron este pasado jueves 28 de abril una “política de discriminación” por parte de la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), por realizar descuentos en los haberes a las mujeres que se adhirieron al paro de mujeres del 8M.

El reclamo fue realizado frente a las oficinas administrativas del peaje Parque Avellaneda de la Autopista Perito Moreno y las mujeres que pacíficamente se manifestaban fueron recibidas por la policía de la ciudad en una clara actitud intimidatoria por parte de AUSA, empresa que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto ha sido denunciado por el gremio que presidía el diputado nacionalFacundo Moyano frente a las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 8 de marzo pasado las trabajadoras afiliadas al SUTPA de la empresa (AUSA) adhirieron al Paro Internacional de Mujeresen sus lugares de trabajo al igual que el resto de sus compañeras en todo el país. Como respuesta la empresa llevó adelante los descuentos desconociendo incluso la Constitución Nacional que garantiza el derecho a huelga.

“Este tipo de proceder de parte de AUSA se enmarca dentro de las medidas discriminatorias que ha tenido desde hace más de siete años esta empresa respecto de los compañeros afiliados a nuestro Sindicato en contraposición con la connivencia absolutamente funcional con sus intereses que ha demostrado con el Sindicato de Comercio”, expresó el SUTPA en un comunicado.

28.4.2017

Así se desprende de una resolución firmada por el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y virtual jefe de la Policía de la Ciudad tras la caída en desgracia de José Potocar. El funcionario alegó que “no resulta conveniente” dar precisiones sobre quién empuñará las cuestionadas armas ni en qué circunstancias.

Luego de varias idas y vueltas, D´Alessandro emitió una resolución en la que especifica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.

Tal como informó Tiempo en la edición del domingo 15 de abril, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé gastar $ 127.500.000 de acuerdo al proceso de compra 2900-1398-LPU16 denominado “Adquisición de equipamiento antidisturbio” que contempla abastecer a la flamante policía porteña con 1600 cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos.

Pero lo que más inquietó a los organismos de Derechos Humanos y a algunos legisladores opositores fue la compra de una importante cantidad de "less lethal weapons" o "armas menos letales" como carabinas y lanzadores calibre 68 "para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos" que dispararán postas de pintura, goma y gas pimienta.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), había presentado a principios de febrero, un pedido de informe para que el Ejecutivo precise el “uso específico para el cual están destinadas estas armas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará y cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas”.

“El Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos”, explicaron en un comunicado desde el ODH.

Como si fuera poco, aún no se sabe qué empresas pujaron por quedarse con el negocio, o si directamente alguna ya se adjudicó la licitación, dado que los plazos están vencidos. En principio, el 24 de febrero se realizó la apertura de los sobres con las propuestas, pero por razones que se desconocen la página web de la Ciudad dejó de informar la suerte del expediente. 

27.4.2017

Por Alejandro Marinelli

El juez Ricardo Farías investigaba una causa de corrupción policial en la ciudad de Buenos Aires cuando ordenó allanar la seccional 35 en el barrio de Núñez. A fines de agosto, llegó al edificio de la calle Cuba al 3100 acompañado por el fiscal José María Campagnoli: iban a verificar si ese era el escenario del video en el que unos policías explicaban cómo repartir los “trapitos” en las cercanías de la cancha de Ríver. Al abrir cajones del despacho del comisario Norberto Villarreal encontraron un cuaderno naranja espiralado marca América: tenía las anotaciones del reparto de coimas que les pedían a los comerciantes de la zona para darles “seguridad exclusiva”. En los punteos a mano estaban las siglas de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) y la Dirección General de Comisarías (DGC), antes liderada por el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar. A la luz de lo encontrado, lo de los trapitos se convirtió en una anécdota y Potocar quedó detenido (ocho meses después).

El video fue una de las primeras pruebas que recibió Campagnoli durante la investigación. En el expediente que alimenta desde abril del año pasado hay recibos, listas con los montos entregados por los locales del barrio, los cuadernos con los repartos y testimonios de policías que detallan los procedimientos de recaudación e incriminan a varios comisarios. El fiscal elaboró una lista de los comercios y pudo identificar que pagaban entre 700 y hasta 900 pesos semanales.
Ahí aparecen todos los hoteles alojamientos de la zona, un Carrefour express, Tienda de Café, Boutique de Pizzas, un gimnasio Megatlón, la heladería Chungo y el Club Náutico Buchardo (frente a la ex Esma), entre decenas de comercios. En el local de Chungo, ubicado a cinco cuadras de Puente Saavedra, los empleados llevaban una contabilidad interna con los pagos a proveedores. Uno de los rubros decía: “Policía Federal Argentina”. Hasta marzo de 2016, entregaban 2.300 pesos y desde entonces, 3.000. En el outlet de ropa de montaña Salomon y Wilson, la recaudación era de 25.000 pesos. Ese fue el monto mayor encontrado por Campagnoli.
En cada una de esas recorridas semanales, los policías en patrullero y los de la Brigada de Investigaciones de esa seccional (que son también los que aparecen en el primer video) recibían su pago y entregaban un recibo categoría “C” a nombre de la “Asociación de Amigos de la Comisaría 35 de la PFA”. Bajo la línea de puntos para poner la cifra recaudada un leyenda decía “agradece a usted la inestimable colaboración” y otra remarcaba que es un “concepto de adhesión voluntaria”. Todo quedó sellado con fecha y bajo la palabra “contabilizado”. A cambio de la “seguridad”, los comisarios y subcomisarios también recibían vouchers o tarjetas para consumir en los locales.
En el cuaderno naranja están manuscritos desprolijos las leyendas “Sub” – se sospecha que aluden al subcomisario de la 35- y “Gorda” -que parece señalar a la comisario inspector Susana Aveni de la Circunscripción VII, acusada de ser la líder de esta asociación ilícita. Ahí también aparecen la SSM y la DGC, a las que supuestamente se le asignan cinco y cuatro mil pesos respectivamente. Allí están registradas dos personas que se llevaban 20.000 pesos. Uno de ellos de apodo “Gusano”.
En la causa hay dos subcomisarios imputados, Marcelo Stefanetti y Hernán Korvacevich, quien explicó que Villarreal llegó en la 35 por orden de Potocar y Aveni, y que había que aumentar la recaudación. Por eso subieron la cuota para dejar trabajar a los “trapitos” los días de partido. Para no levantarles contravenciones, les pedían 500 pesos a cada uno. Un cabo primero que declaró en la causa como testigo confirmó que el dinero recaudado lo llevaban a “los distintos organismos superiores”, entre ellos la mencionada DGC, Asuntos Internos y la Circunscripción VII, de Aveni.
Potocar quedó detenido esta mañana cuando se presentó en los Tribunales, ocho meses después del allanamiento. El fiscal Campagnoli sospecha que es el líder de una asociación que exigía dinero a los comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra a cambio de protección y de seguridad. El ahora suspendido jefe de la flamante Policía de la Ciudad tiene 58 años. Lo presentó a fines de diciembre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Con una trayectoria de 35 años y con vínculos cercanos a las comisarías, era la apuesta del oficialismo en el lanzamiento de la nueva fuerza.
El día de la asunción, Rodríguez Larreta destacó su perfil de graduado en la Academia del FBI y su maestría en Criminología. Duró cuatro meses en el cargo pero no es la primera vez que el hombre fuerte de una fuerza seguridad en un gobierno macrista debe ser separado. En las cercanías del gabinete de Larreta ayer aún recordaban con trauma lo que sucedió con “el Fino” Palacios, designado como primer jefe de la Metropolitana, que no llegó a asumir. El ex comisario estaba acusado de encubrimiento de sospechosos del atentado a la AMIA.