5.5.2017
De la masacre del Parque Indoamericano, a la avanzada con plomo sobre las avenidas del microcentro porteño, pasando con topadoras sobre el Borda a los balazos contra el barrio de la Boca que terminaron con la vida de Claudia Ovejero, la gestión del macrismo (ayer PRO, hoy Cambiemos) configura un esquema donde, hablando de represión, nada se pierde y todo se transforma. Por Juicio a la Metro
En la noche del 12 y primeras horas del 13 de marzo del 2013, la Policía Metropolitana disparó con balas de plomo contra los activistas y comunicadores que acompañaban la lucha y el acampe de la Sala Alberdi. A horas de comenzar el juicio contra los tres agentes involucrados y sindicados como autores de las heridas contra Esteban Ruffa y Germán de los Santos, comunicadores populares de la RNMA, y un activista que se encontraba en el lugar, las denuncias contra José Potocar por el cobro de coimas, denotan la constitución de la "nueva" Policía de la Ciudad con respecto a las fuerzas que se unificaron para dar su nacimiento.
En noviembre de 2016, cuando a horas de su inicio, el poder judicial pospuso por seis meses el comienzo del proceso que llevaba al banquillo a los tres policías metropolitanos, denunciamos cómo, a la vez que se silenciaban las responsabilidades gubernamentales por la represión en las inmediaciones del Centro Cultural San Martín, se tiraba la pelota afuera de la cancha hasta una fecha en la que la fuerza involucrada ya no existiría más, subsumida ya en la Policía de la Ciudad.
Uno de los imputados es Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa, ex policía federal que, apenas incorporado a la Metropolitana, participó en la represión conjunta que llevaron a cabo ambas fuerzas en el Parque Indoamericano, el 7 y 8 de diciembre de 2010. Bernardo Salgueiro, Rosemarie Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez fueron asesinados. En ese ataque, comandado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y la presidenta Cristina Kirchner, Pereira de la Rosa salió impune. Como el resto de los policías involucrados, sigue, al día de hoy, sin juzgamiento alguno. Tres años después, su nombre volvió a resonar con las balas de plomo que se descargaron sobre quienes luchaban junto a la Sala Alberdi. Impunidad, pretendida y construida incluso, con el juzgamiento tardío a los agentes de una fuerza que virtualmente ya no existe.
La flamante Policía Metropolitana venía a subsanar la imagen pública desgastada del aparato represivo, que acuñó a lo largo de los años la Policía Federal. Con horizontes similares, la Policía de la Ciudad desembarcó en la ciudad en 2017. Pero los ploteos sobre los patrulleros y los cambios de vestuario, no modifican el porqué y para qué del aparato represivo.
Guillermo Calviño, era jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la Policía Federal en 2013, durante la represión a la Sala Alberdi. Desde el inicio de la causa por los baleados con plomo en esa represión, se lo señaló por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores", ya que, a sabiendas de la presencia de heridos con balas de plomo, no adoptó ninguna medida al respecto. Hoy es parte del entramado que terminó con el comisario Potocar detenido por el cobro de coimas a negocios y manejo de "trapitos" durante su gestión en la Dirección General de Comisarías, que comenzó con la denuncia en la zona de la comisaría 35ª y se extendió a toda la ciudad. El último año, como parte de la cúpula de la PFA, Calviño jugó sus cartas para sostener el mando de la nueva fuerza policial porteña en manos de la Federal, pero las denuncias por encubrimiento de barrabravas de Boca acusados de secuestros extorsivos y por el asesinato de dos hinchas en las peleas entre facciones del club, cobro de coimas en allanamientos en 2013, cobro de coimas y extorsión en un operativo de tránsito en 2015, el encubrimiento del ataque de la patota que destrozó las oficinas de Tiempo Argentino en 2016, entre otros hechos que tomaron resonancia pública cuando su rostro giró en los medios como posible titular de la nueva fuerza porteña, condicionaron su impostura como jerarca policial. Un escalón abajo, José Potocar presumía un legajo un tanto más discreto. A la luz de los últimos movimientos, de Calviño para abajo, muchos engranajes ponían (y ponen) en marcha la criminalidad policial.
En el período de existencia de la Policía de la Ciudad y de gestión de Potocar, federales y metropolitanos -con o sin sus vestuarios bordó y turquesas- reprimieron y detuvieron a manifestantes tras la marcha del 8 de marzo; balearon junto a la Policía Bonaerense viviendas en La Boca el 21 de marzo en una persecución y reprimieron a quienes protestaban por el asesinato de Claudia Ovejero y las graves heridas de otra vecina en ese raid; reprimieron a militantes en las movilizaciones del 6 de abril, en el contexto del Paro General; reprimieron a docentes que armaban la Escuela Itinerante en Congreso, el 9 de abril; intimidaron a estudiantes y docentes de la Escuela Normal Mariano Acosta, entre otros hechos que se acompañan de las razzias, detenciones arbitrarias y casos de gatillo fácil que acontecen a diario en la metrópolis porteña.
Igual que Calviño, el comisario de la Policía Federal Pedro Carnero fue señalado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautoría en el ataque de la Metropolitana en la represión a la Sala Alberdi. Hoy dirige la Dirección General de Comisarías de la Policía de la Ciudad, cargo homónimo de Potocar en la Policía Federal, cuando era el número 2 de dicha fuerza, después de Calviño.
El próximo 10 de mayo, se juzgará a los agentes de una fuerza que en términos concretos ya no existe. Pero los hechos demandan su revisión concreta, porque el cambio de uniformes no quita la esencia de todo aparato represivo, ni su función política en contextos de ajuste y vaciamiento. No es un Potocar, no es un Calviño, no es un Pereira de la Rosa, no es un policía, es toda la institución.
