Red de radios

13.5.2017

Un joven de 17 años cayó de un cuarto piso mientras trabajaba en una obra en la Escuela Homero Manzi de Nueva Pompeya. El presupuesto es multimillonario, los trabajadores precarizados.

Andrea Roques

Un chico de 17 años cayó de un cuarto piso mientras trabajaba en una obra del Gobierno de la Ciudad en la Escuela de Educación Media N°4 Homero Manzi de Nueva Pompeya. Está en terapia intensiva del Hospital Penna en estado crítico. Las clases se dictan desde marzo entre escombros y cables pelados, a pesar de los reclamos por seguridad de los docentes.

Empresas que hacen todo lo que está mal

El jueves alrededor de las cuatro de la tarde, el joven trabajador intentaba bajar unas maderas desde la terraza del edificio en un andamio levadizo, pero la soga que lo sostenía se cortó y cayó de catorce metros de altura, frente a todos los estudiantes. “En la obra los trabajadores están completamente precarizados, sin casco, sin arnés, sin botas con punta de acero, lo peor de lo peor”, denunció Paula Leoz, que es preceptora de la escuela en ambos turnos y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Minutos más tarde, el SAME lo trasladó al Hospital Penna que luego lo derivó a terapia intensiva. Está inconsciente desde el accidente, tiene fractura de cráneo, de brazo y de pelvis. “Cuando le preguntamos a sus compañeros el nombre del pibe ellos no lo sabían porque van rotando. Lo que sí nos dijeron es que tiene 17 años. Es decir que una empresa que le licita al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terceriza a los obreros y llaman a trabajar a menores”, concluyó Leoz. Los familiares del chico no se mueven de la sala de espera de terapia intensiva desde el jueves. Entre lágrimas y con la voz quebrada su abuela se lamentó: “Nosotros somos humildes, somos de Glew. Él trabaja desde los 15 años para ayudar a la familia. Tiene 13 hermanos, es el segundo más grande. El martes cumplía los 18 años”.

Los responsables

Está claro que quien encabeza la lista es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y detrás de él Soledad Acuña, Ministra de Educación. El proyecto y conducción de la obra corresponden a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento de la Ciudad, ahora a cargo de Juan Francisco Freire Aurich, funcionario público con un historial que incluye una condonación de deuda a privados. Quien la impulsó es el actual director del PAMI y ex subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, Carlos Regazzoni. El representante técnico de la construcción es Helmut Kupczyk de la empresa licitadora Planobra S.A. que terceriza a los trabajadores a través de la compañía Cover Constructora S.R.L. Además de no cumplir con las normas de seguridad de sus empleados, la sociedad de responsabilidad limitada tampoco los registra en la AFIP.

Por otro lado, las refacciones tienen un plazo estimado de dos años. Las clases se dictan con normalidad entre escombros, cables pelados y remiten a la negligencia de los funcionarios que en 2002 provocó la muerte de Silvia Roggetti en la Ciudad de Neuquén, una profesora de educación física que se incrustó en un ojo el hierro de una malla de una obra en un colegio. Sólo después de la tragedia, se interrumpieron las clases en la escuela primaria en la que trabajaba. Según Paula Leoz, el lunes pasado demolieron una casilla de material que estaba dentro del establecimiento con alumnos y docentes en clase: “Los compañeros se tiraron al piso, abajo de las mesas, porque pensaban que se derrumbaba el edificio”.

Un reclamo de más de 10 años

En un principio, el edificio de Avenida Sáenz 631 era de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con una población de 30 docentes y 100 alumnos. En 2002 la UTN cedió el espacio al Ministerio de Educación de Capital Federal y fue destinado a la EEM N°4 Homero Manzi, pero para 200 docentes y 600 alumnos.

Los problemas de infraestructura empezaron enseguida y se perpetuaron: un edificio de cuatro pisos con un ascensor que no funciona nunca, aulas sin picaportes, paredes electrificadas, tubos de luz reventando en plena clase, un año sin baño de varones, ausencia de salida de emergencia: “El estado pésimo en el que se encuentran la mayoría de los colegios de la Capital Federal. Ya eso lo veníamos denunciando y pedíamos un predio que queda a cinco cuadras que pertenece al Ministerio de Educación y que lo usan para tirar escombros”, cuenta Leoz y agrega: “Cuando planteamos la situación en infraestructura escolar hace dos años mediante un proyecto, Carlos Regazzoni dijo que eso era imposible, pero que iba a destinar 37 millones de pesos para construir en Av. Saénz. Con esa plata levantás dos escuelas.”

A todo esto hay que sumarle que el verticalismo del sistema educativo en vez de apoyar condena. La conducción del colegio no cuestiona nada y cumple todo lo que se le indica desde el Ministerio. Cuando los docentes se opusieron a la construcción fueron cercenados y ninguneados ante los padres.

El personal de la EEM N°14 Homero Manzi pide en las notas que envía a Educación y a Infraestructura que les acondicionen el predio que habían solicitado en un principio para que puedan trasladarse ahí mientras el Estado construye y que no corra riesgo la vida de nadie. La otra opción es que alquilen un edificio a pocas cuadras de la escuela para poder trabajar tranquilos y que los chicos puedan estudiar.

Los medios no cuentan que en Capital Federal se pierden días de clase porque las escuelas no tienen luz o no tienen gas ni agua. No cuentan que se suspenden las actividades porque hacen demoliciones en pleno dictado de clases o porque se cae un obrero de un cuarto piso, menor de edad y precarizado. Leoz fue determinante: “La gente piensa que los docentes vamos al paro por paritarias que tienen que ver nada más con nuestro sueldo. No. Tienen que ver con condiciones dignas de trabajo también. Nosotros queremos laburar y queremos enseñar -pero en condiciones dignas para los pibes y para nosotros-”.

13.5.2017

Este viernes, el subcomisario José Bocarolo de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal, disparó a quemarropa contra dos menores en la localidad bonaerense de Hurlingam luego de un intento de robo. Allí uno de ellos -de 17 años- murió en el acto. Según informaciones recibidas, el policía se encuentra detenido. Compartimos más información publicada por El Espacio de Niñez de El Transformador

COMUNICADO

Cuando creíamos que terminaba esta semana de #Memoria colectiva, que comenzó con el lunes recordando aquel 8 de mayo en el que la policía bonaerense se cobró la vida de Willy, el Negro y Oscar del barrio de Budge, marcando en nuestra historia un día de lucha en reclamo de justicia contra la #ViolenciaInstitucional y el #GatilloFácil. Y continuando el miércoles en las calles con cientos de miles repudiando el fallo de la Corte Suprema que pretender beneficiar con el #2x1ALosGenocidas y así liberar a los responsables de aquel fatídico episodio de nuestra historia.

Nos encontramos con una historia que nos vuelve a llenar de rabia. En el día de hoy el subcomisario José Bocarolo de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal, disparó a quemarropa contra dos pibes de Hurlingam luego de un intento de robo, allí uno de ellos -de 17 años- murió en el acto. Si bien aún la información no es precisa, ya se ha confirmado que la Unidad Funcional de Instrucción nro. 6 de Morón a cargo de Maria Silvana Bonini y Sergio Di Leo ha encontrado culpable de homicidio agravado -por su condición de miembro de una fuerza de seguridad- a Bocarolo y el mismo se encuentra preso. 

Es desde nuestra práctica cotidiana que confirmamos que este accionar violento contra los pibes y pibas no es un hecho aislado, se trata de un plan sistemático e intencional. Sabemos que, así como criminalizan y acaban con las vidas de nuestros pibes y pibas de las barriadas populares, sostienen el actual contexto de pobreza y ajuste. Es por eso que exigimos justicia para sus familiares y la continuidad de la investigación como así también volvemos a repudiar la instalación de las fuerzas represivas en nuestros barrios quienes en complicidad con las redes narco utilizan la vida de nuestros pibes y pibas para sostener el actual modelo.

12.5.2017

Ayer, una estudiante y docente de la Facultad de Medicina, denunció haber sido abusada en el Hospital de Clínicas.

Samuel López, Consejero Estudiantil de la Facultad de Medicina declaró: “La estudiante, que además es docente de la facultad, nos presentó la denuncia que realizó ante la sector especializado en violencia de género del Ministerio Público Fiscal, en la que denuncia que durante la cursada de Medicina Interna, Hernán Todeschini, actualmente médico de planta del servicio de cirugía abuso de ella y una compañera.”

"Hace solo unos meses la agrupación estudiantil de la Facultad "El Frente" denunciamos maltratos y abusos a residentes del servicio de traumatología, en este momento se está llevando a cabo una investigación sobre esto. El Director del servicio cirugía del Hospital de Clínicas permite que el cuarto de residentes tenga una bola de espejos y una máquina de humo. Exigiremos una respuesta por parte de las autoridades de la facultad, del jefe del Servicio de cirugía Dr. Eduardo Arribalzaga y del director del hospital Dr. Bernardo Bergroth. También la separación de su cargo del médico denunciado, Hernán Todeschini."

10.5.2017

La primera de las próximas tres audiencias comenzó alrededor de las 11 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC 7), en una pequeña sala, lo cual ocasionó varios inconvenientes: un juicio de esta magnitud social ameritaba la designación de una sala adecuada a la cantidad de gente que se acercó a presenciar el juicio y también a las puertas del palacio de Tribunales para solidarizarse. Entre las personalidades que acudieron, se contó con la presencia de Luis Zamora (AyL), Patricio del Corro (PTS), Marcelo Ramal (PO) y Laura Marrone (PTS). Por Juicio a la metropolitana

Una vez que el Juez del tribunal ingresó al recinto pidió disculpas por el retraso a las partes, y fijó un horario de culminación para los alegatos: 17 horas. En ese momento la abogada defensora de los querellantes,María del Carmen Verdú,ante el horario de finalización propuesto por el presidente del tribunal, pidió que fuera antes de ese horario, debido a que gran parte de los concurrentes debían luego participar de la movilización convocada por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas, contra el 2×1 a los genocidas.

Al comienzo del juicio se leyeron las imputaciones a los tres policías, Gabriel Pereyra de la Rosa, Nelson Acosta y Miguel Ledesma, acusados por el delito de homicidio reiterado en tres ocasiones, en grado de tentativa, agravado por el carácter de ser miembros de una fuerza policial.

El juez se dirigió a los acusados y les preguntó si deseaban declarar. Los policías se negaron, y sólo ratificaron sus datos filiatorios, y se remitieron a sus declaraciones realizadas en el año 2014, contenidas en el expediente que realizaron durante estos años de sustanciación del juicio.

Gabriel Pereyra de la Rosarecordó que era cabo primero de la Policía Federal y que en2009 ingresa a la Policía Metropolitana. En la lectura de la declaración Pereyra de la Rosa se justificó diciendo que no había munición de plomo y relató cómo formó parte del operativo represivo que actuó la noche del 12 de marzo del 2013. “Me quedé sin municiones”, alegó el uniformado, quién refirió haberse quedado sólo con “siete cartuchos”. Describió cómo se movilizó por las calles hasta llegar a la primera línea donde se encontraban los manifestantes y ocurrieron los hechos. Sin embargo, fue sorpresiva la explicación de la cantidad de municiones y la variedad de calibres que se encontraron en su casa durante un allanamiento. Asimismo, afirmó no saber quién disparó con balas de plomo.

Nelson Acostaproviene de la Policía Bonaerense y en 2009 ingreso a la Metropolitana como oficial. En la lectura de su declaración describió su participación en los hechos, y afirmó que en el momento de la represión recibió un golpe en su mano que lo inmovilizó: “no me funcionaban las manos y por eso fui trasladado a un nosocomio”.

Luego fue el turno deMiguel Ledesma, quien también aseguró haber utilizado “postas de goma” y no “postas de guerra”, durante el operativo represivo. Ingresó a la Metropolitana en el año 2009 e inició la lectura de su alegato relatando su accionar durante el día del operativo represivo: “fuimos convocados por una herida en la cara de un agente” y luego “nos pidieron dar apoyo a la DIC” (División de Intervenciones Complejas). Tanto Acosta como Ledesma reconocieron haber hecho disparos hacia el piso para dispersar a los manifestantes.

A las 12 se dio lugar al ingreso de los damnificados para dar testimonio. Ambos detallaron su rol como comunicadores populares en el lugar ese día y como fue armándose el escenario represivo.

Evidenciaron, desde su relato y con las imágenes del registro audiovisual (prueba en el expediente) que fueron proyectadas sobre una de las paredes de la sala, el armado sobre la avenida Corrientes de la columna de efectivos de la Metropolitana desde donde se escucha con claridad una detonación que sobresalió sobre las del resto. Se observó el destello y el impacto primero sobre Esteban Ruffa y luego otro video donde es herido Germán de los Santos.Ambos con el dolor en su rostro y rengueando mientras huían de la represión. “Constantemente se escuchaban detonaciones. Siento el disparo y luego una ardor en la pierna”, afirmó De los Santos.

Germánrelató cómo realizaba la cobertura fotográfica con su cámara pocket frente al avance policial, y explicó cómo con sus dos manos sostuvo la cámara, y a través del visor pudo observar como desde la columna de efectivos apuntaban hacia él con armas largas. Frente a esa escena decide alejarse y buscar refugio. Al llegar a la vereda recibe el impacto de bala en la pierna.

Luego, llegó el turno de Esteban Ruffa quien explicó lo sucedido durante la represión policial de la Sala Alberdi. Mostró al tribunal la herida recibida producto de un impacto de bala de plomo que aun hoy tiene alojada en su pierna más precisamente en la base de la tibia. Luego describió la escena cuando llegó al lugar de los hechos y el avance policial hacia los manifestantes.

Por último, declararon los testigos presentados por la defensa de los damnificados: Mario Fumaroni(manifestante que fue el tercer herido con bala de plomo), Martín Sande, Vanesa Sapaccavento y Valeria Lachtman.

La próxima audiencia que dará continuidad al juicio se realizará este viernes 12 de mayo desde las 10 de la mañana. Continuarán los testimonios de la querella, los presentados por la defensa de los imputados y los peritos de parte.

10.5.2017

La seccional porteña de ATE rechazó “la agresión e intimidación con armas de fuego de fuerzas policiales en perjuicio del personal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)”, en el contexto de un reclamo gremial.

La secretaria de Comunicación del sindicato, Valeria Taramasco, explicó que en el marco de protestas gremiales, que los estatales del organismo iniciaron hace una semana en rechazo de la modificación de las condiciones laborales, “fuerzas policiales los intimidaron y agredieron con sus armas”, señala en el comunicado.

La dirigente gremial afirmó que “la agresión se produjo mientras en ese contexto de acciones gremiales los trabajadores reclamaban la apertura de una mesa de diálogo para resolver el conflicto”.

“En medio del tumulto y mientras golpeaban a varios trabajadores, dos efectivos policiales desenfundaron sus armas, lo que implicó un grave episodio de intimidación y un riesgo para su integridad física. Un efectivo no puede empuñar un arma dentro de un edificio público ante ningún tipo de actividad gremial”, señaló Taramasco.

También adelantó que los asesores letrados de la organización gremial presentarán “la denuncia penal correspondiente”.

La sindicalista confió que las autoridades del INPI “se niegan a recibir a los representantes gremiales y a establecer canales de diálogo” y, aunque las medidas de fuerza ya cumplieron una semana, “no hubo ni hay respuestas de los funcionarios”.

Los trabajadores del organismo rechazaron la posibilidad de que se modifiquen de forma “unilateral e inconsulta” las condiciones laborales que, entre otras, cosas incluiría “la imposición de una jornada extendida, revocando un sistema que desde hace más de una década ajusta esas horas a los resultados de productividad”, dijo.

Taramasco también explicó que “se impone que las autoridades abran el canal de diálogo con los representantes de los trabajadores a través de las mesas respectivas y de formación” de la actividad.

“Hay varios sectores (marcas, patentes, información tecnológica) que hace más de diez años se ajustan a un plan de trabajo por productividad, lo que reduce la banda horaria diaria como contraprestación a un canon laboral fijado por las autoridades. La ATE exige que ese plan de tareas continúe”, concluyó la dirigente.