5.6.2017
Por Nicolás Eisler
El gobierno porteño autorizó la construcción del complejo Puerto Retiro en terrenos que solo permitían edificios públicos.
El gobierno porteño habilitó la construcción de un gigantesco emprendimiento privado en un terreno que solo permitía edificios públicos. Se trata del "Distrito Quartier Puerto Retiro". El proyecto estará emplazado al lado de la Villa 31 del mismo barrio, que ahora la comuna quiere urbanizar, luego de haberse resistido por más de un lustro a aplicar la ley que ordenaba el proceso. Los terrenos son la base del viejo Hospital Ferroviario que, hasta el año pasado, pertenecieron al amigo presidencial Nicolás Caputo. Compañero de colegio de Mauricio Macri, "Nicky" cuadruplicó su inversión con la venta de la parcela. Así lo hicieron la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que atesoraban predios comprados a bajo precio: la ley de Sinceramiento Fiscal 27.760 dio luz verde para la creación de fideicomisos que permiten zafar de los impuestos especiales del 5%, 10% o 15% sobre los montos blanqueados. Esa ley, como contó Tiempo en su edición del 22 de abril, dejó una ventana abierta para evitar el gravamen: la inversión de esos fondos en ladrillos mediante fideicomisos. El que explota los terrenos del viejo Hospital Ferroviario es el segundo fondo que se registró luego de esa ruleta y está conformado por el consorcio Argencons – Allaria. Además, para la alegría de Caputo, el 9 de mayo pasado, cinco meses después de la inscripción de ese fondo en el Mercado de Valores, el Ministerio de Desarrollo Urbano autorizó 54.441 metros cuadrados de obra y, tan solo nueve días después, aumentó a 56.570 metros cuadrados.
"El Gobierno de la Ciudad concretó lo que advertimos. Revalidó la autorización que le había dado hace nueve años a Caputo. No solo vamos a tener oficinas privadas donde solo podía haber edificios públicos sino que el Estado hace todas la inversiones y ampara la apropiación por parte de las empresas amigas que hacen especulación inmobiliaria", apuntó la legisladora kirchnerista Paula Penacca.
El Distrito Quartier Puerto Retiro está a cargo de la empresa Argencons, perteneciente a Luis Camps. Ernesto Allaria es otro de los socios del emprendimiento y, además, titular del Merval. Hasta hace pocos meses Caputo fue vicepresidente del Mercado de Valores porteño. Y también sería socio en el desarrollo del conjunto de edificios que requerirá una inversión final de 215 millones de dólares. En abril este diario contextualizó la figura de Allaria: se trata del actual titular del Merval, cuya gestión es acompañada por "Nicky" Caputo como vice.
Además de haberse visto favorecidos por los 2.000 millones de dólares que invertirán para la urbanización de la Villa 31 dentro del barrio de Retiro tanto la Nación como la Ciudad, los socios del Quartier fueron beneficiados, en una maniobra inédita, por el gobierno porteño.
El terreno del Hospital Ferroviario que había sido adquirido por Caputo y otros socios solo permitía el emplazamiento de edificios públicos. Sin embargo, en 2008 Nicky consiguió que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano cambiaran la zonificación de la parcela. Como si se tratara de un pase de magia desde la Dirección General de Interpretación Urbana asimilaron una zona de localización de edificios públicos al desarrollo de una "Oficina Comercial", "Hotel" y "Auditorio". Con esa disposición multiplicaron por cuatro la ganancia de "Nicky".
Casi diez años después, los socios del Quartier Retiro mantienen intacto su poder de fuego. El 9 de mayo pasado, mediante la Resolución Nº 193/GCABA/SSREGIC/17 el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se basó en aquellas irregulares resoluciones que datan de 2008 para habilitar el nuevo proyecto. Incluso desde Desarrollo Urbano, a cargo de Franco Moccia, elogiaron el proyecto de Argencons. "Desde el punto de vista urbanístico, es meritorio destacar la propuesta de recuperación de la escala peatonal del conjunto edilicio en su totalidad", escribió Rodrigo Cruz, subdirector de Interpretación y Catastro.
Claro que Cruz cometió un error. En vez de habilitar 56.570 metros cuadrados, habilitó 54.441 metros cuadrados, una diferencia que, con una valuación de 3.500 dólares el metro podía haber significado casi 7 millones de dólares de pérdida para los socios del Quartier. Para tranquilidad de Allaria y Camps (y tal vez de Caputo), el gobierno corrigió el expediente con velocidad. Una maniobra que puede llevar entre tres y seis meses se llevó a cabo en tan solo nueve días, dentro de una dinámica que la comuna se había comprometido a ejecutar con los "emprendedores" que decidieran invertir en proyectos con más de cinco años de ejecución, uno de los plazos clave para esquivar todos los gravámenes que establecía la ley de blanqueo.
