22.5.2017

Entrevista al Legislador porteño Gabriel Fuks, a partir de su libro Tragedias de un Estado Ausente: de Iron Mountain a Time Warp. “El fracaso de la tarea inspectora del Estado, es el denominador común de ambos casos”.

Por Juan Manuel Ciucci

 

APU: ¿Cómo surge el libro?

Gabriel Fuks: Surge como un intento de aporte, es una vertebración de la demanda que hicimos al Gobierno de la Ciudad sobre el rol del Estado en primera instancia en el caso Iron Mountain, y luego en Time Warp. Comencé a compilar la información compleja y muchas veces hermética que respondió a los distintos pedidos de informes que fuimos haciendo sobre el rol del Estado en el caso Iron Mountain. En ese ínterin sucede la tragedia de Time Warp, y como nuevamente aparecen indicadores y datos comunes, me pareció importante sumarlo a la discusión.

 

APU: ¿Cuáles son esos elementos comunes?

GF: El fracaso de la tarea inspectora del Estado, es el denominador común de ambos casos. El libro no es una investigación periodística, fui uno de los Legisladores que más trabajó el tema, pero no el único. Cuando se produjo el incendio tenía apenas un mes en la Legislatura, recién había sumido, pero venía de trabajar en los temas de gestión de riesgo, fui Presidente de Cascos Blancos durante 11 años. Si bien es un organismo de ayuda humanitaria, una de sus tareas es la gestión de riesgo, que no se la puede discutir desvinculada de aquellas situaciones donde participe la inversión pública o el rol del Estado. El Jefe de Gobierno actual que era el Jefe de Gabinete de Mauricio Macri en ese momento, Horacio Rodríguez Larreta, a los dos días de producido el incendio, cuando todavía duraba el impacto de la muerte de 10 servidores públicos, indicó que no había problemas desde el Estado, que tenían información para mostrar, y que si hubo errores los habían subsanado. Luego hubo 7 pedidos de informes, la citación del entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el nunca bien ponderado Gómez Centurión, información que fueron proveyendo los familiares de las víctimas, que demuestran que el Estado fracasó rotundamente. Es decir, que la fosforo que se tiró en Iron Mountain para iniciar el fuego, fue tirada sobre la paja seca de la ausencia del rol del Estado.

 

APU: ¿Cómo se evidencia esa ausencia?

GF: Como lo expliqué el otro día en la presentación del libro, no es que había algún inspector corrupto, sino que había corrupción estructural por parte del Estado. Porque Iron Mountain no es una empresa tecnológica, pero que fue premiada por el Gobierno de la Ciudad dentro de lo que se llama el distrito tecnológico. Macri y Larreta tiene la idea de exenciones impositivas para el desarrollo y radicación de empresas, con la idea de que eso genera empleo, que el capital circule y que se enriquezca la economía de la Ciudad. Por eso su principal propuesta económica en la Ciudad fue la creación de distritos de exenciones impositivas, temáticos. Como por ejemplo el distrito audiovisual, que ya fue una primera estafa porque fue trazado alrededor de las productoras que ya preexistían, lo que da cuenta de un negocio económico que va de la mano del buen tratamiento que recibe el Gobierno en el producto final de esas productoras. Esto no tiene que ver con el trabajo de los periodistas, pero sí con esa relación con las productoras. Esto no creó empleo, sino que ya existía y lo que hizo fue hacerles un favor. En el caso del Distrito Tecnológico, cuando se presenta lo hacen con el presidente de Iron Mountain presente. Entendiendo que hay dos farsas, porque cuando se presenta ante el Gobierno de la Ciudad, lo hace como empresa de guarda de documentación en papel. Es decir que en su objeto no figura ni el desarrollo ni una relación con nuevas tecnologías. Y por otro lado, de las 84 empresas que se radican, según un informe de la Auditoría, no crearon un solo empleo, sino que migraron el empleo de la Ciudad. Esta política estatal de supuesta creación de empleo y promoción de inversiones, es una farsa.

Y retomando el otro tema, de las 5 agencias que tenían que controlar a lo largo de todo el período de instalación y desarrollo de Iron Mountain, hay unas 30 alertas sobre ese depósito. Que incluso cualquiera de esas alertas hubiera permitido clausurar el lugar. Algo que no se hizo porque se pretende darle una libertad a ese sector del capital para que desarrolle un negocio privado, sin ningún beneficio para los porteños, pero ellos dicen que sí en la teoría. Y no es casual que sea ese mismo proyecto el que hoy a nivel nacional promueve la integración de los CEOs del lado de la estructura gubernamental para manejar en forma personalizada.

 

APU: Mencionaba los pedidos de informes, ¿cuál es la respuesta que recibieron?

GF: Tardaron siete meses en responder la mayoría de los pedidos de informes, lo cual demuestra otros problemas. Que si murieron 10 servidores públicos, incluso algunos de ellos agentes del Estado de la Ciudad, y que si el Jefe de Gobierno dijo que tenían todos los pales en orden, tardaron siete meses cuando la ley dice que deben hacerlo a los 30 días. Luego de la presión pública que pusimos nosotros, los medios, la justicia, los familiares, tardan 7 meses, demuestra la falta de voluntad del Estado. Y abre una puerta de sospecha a cierta connivencia, que no trato de demostrar en el libro que por las relaciones con el HSBC… aunque todos saben que el ministro de entonces había sido funcionario del banco. Se pueden hacer teorías al respecto, pero no es mi intención en el libro, sino que el Estado a sabiendas y a conciencia no respondió a los alertas que existían.

 

APU: ¿Qué se sabe de la utilización o habilitación de ese galpón en Barracas?

GF: Cuando pedimos el expediente de habilitación de ese galpón, se nos contestó que se había perdido. Otro dato de una alta complejidad es esa pérdida. Quien contesta que se perdió era el director de la AGC, Gómez Centurión, contrató a ADEA, la otra empresa de guarda de guarda de documentos, para recuperar ese documento por más de un millón de dólares. Al día de hoy todavía no apareció. Se puede recuperar pidiéndole a la otra parte contratante, una copia del documento. Pero esto no se hizo.    

 

APU: ¿Cómo se relaciona todo esto que comenta con lo sucedido en Time Warp?

GF: Primero, volvió a fracasar la AGC, quizás con un nivel de corruptela personal mayor por parte de los inspectores. Hace años que se discute en la sociedad el problema de las drogas o el agua potable en las fiestas electrónicas, donde ya existía una ley de la Legislatura sobre la obligación por parte de los empresarios de tener agua potable a disposición. Cuando vino el nuevo jefe de la AGC rápidamente a la Legislatura, demostró que no tenía información sobre lo que estaba pasando. Por ejemplo, desconocía esta ley que obliga a los empresarios a suministrar agua, lo que demuestra además la miserabilidad humana de estos empresarios. Que lograron desplazar al fiscal delgado de la causa, por maniobras de Stinfale. Luego dijeron que había 10000 presentes, pero la justicia indicó que había más de 20000. Son todos datos que demuestran la ausencia inspectora del Estado. Es por eso que quienes gestionan el Estado tienen una responsabilidad estructural en lo que pasó, en una ausencia adrede. El estado de la Ciudad no es débil, sino que es muy poderoso. No es que no pueda responder, sino que no quiere hacerlo.

 

APU: En toda esta historia aparece alguien que se hizo más conocido por sus declaraciones negacionistas, Gómez Centurión…

GF: Cuando vino a la Legislatura, dijo que la culpa de lo que había pasado era de la mala respuesta operativa. Es decir, le echó la culpa de la muerte de las 10 personas que murieron, a quien estaba a cargo del operativo, que también murió. No voy a juzgar si además es un negacionista, pero está claro como primera medida, más allá de su situación de salud actual,  que es el peor funcionario que recuerde porque gasta un millón de dólares para no recuperar un documento que él perdió. Y además, le echa la culpa a los muertos, mala persona. Después está todo lo demás que ya sabemos.

 

APU: Luego de todo esto, lo mandan a Aduanas. Es interesante para ver cómo continúan estos funcionarios a pesar de estas acciones que realizan…

GF: Macri se lleva a su equipo fundacional. Incluso Gómez Centurión si no era porque para un sector del radicalismo era un exceso de genuflexión poner de Ministro de Defensa a quien participó de un alzamiento contra Alfonsín, casi lo ponen. En la Ciudad son funcionarios del fracaso, que promueven políticas para favorecer a amigos cercanos.

 

APU: En el libro menciona la cantidad de accidentes que tuvo el macrismo en la Ciudad, y me parecía muy grave la muerte de 8 obreros de la construcción en accidentes.

GF: Sí, es algo muy grave, que tiene muchos elementos para analizar. Es cierto que hubo un hecho que demostró que la capacidad inspectora del estado había fracasado que fue Cromañón. Luego, cuando se supuso que se había refundado eso, con la AGC, hemos vivido muchos accidentes. El caso Beara, el gimnasio Orión, estas muertes en obras, mientras no se cambie la matriz inspectora del Estado, no hay ninguna forma de que esto deje de pasar. Mientras que no tenga que ver con ponerle límites al poder económico, no puede haber un cambio. Algo que también se traslada a los derechos sindicales, que va de la mano de la flexibilización laboral.   

 

APU: En ese marco, con estas críticas, con este accionar, ¿cómo se explica que el macrismo siga ganando en la Ciudad?  

GF: Primero, porque estas críticas las tenemos desde un sector, hay que hacer que nos escuchemos entre todos, no sólo nosotros mismos. Estas son cuestiones que tienen que ver con el debate político, debemos dar la batalla por demostrar esto. Es la matriz por la cual ahogan a un centro cultural de un barrio y le imponen toda la lógica inspectora, y no lo hacen con una empresa que alquila un galpón de fines del 1800. Hay que salir a discutir para convencer a la ciudadanía porteña. Así y todo, la mitad de la población no está de acuerdo, y hay que saberlo. Que no nos voten a nosotros, al peronismo, al kirchnerismo, al movimiento nacional, es cuestión de que no hemos sabido plantearlo en este nivel de discusión. Y que lo único que planteamos fue un blanco o negro sobre el proyecto nacional. Y no nos hemos puesto a discutir el proyecto local, como creo que había que hacerlo. Y en los años que fuimos gobierno, veíamos esta discusión de una manera un tanto altanera, como poseedores de una verdad única. Viene ahora esa cuestión, para dar ese debate. Y hay que abrir la puerta a otros sectores, con los que podamos tener una diferencia de caracterización sobre el pasado, pero que podemos tener acuerdos sobre la caracterización del presente. Y que vamos a ir saldando la caracterización del pasado en la medida en que empecemos a discutir este presente. No me refiero a Massa ni a ninguno de esos actores, sino más bien de centroizquierda, o que se retiraron del kirchnerismo en algún momento, o el propio movimiento obrero, o sectores vinculados a la lógica del Papa Francisco. Lo que la propia Cristina dijo, lo que está pasando ahora hace rever a quienes estaban mejor y quienes están peor.

 

APU: En su caso personal, formó un monobloque en la Legislatura. ¿Cuál es su situación actual, y su relación con el FpV?

GF: A nivel nacional sigo siendo parte del FpV. A nivel local, junto con Daniel Filmus, Mara Brawer y otros compañeros, pertenezco a la Corriente Nacional de la Militancia. Nos sentimos parte del kirchnerismo y del peronismo. Pero dentro del debate somos de los que pensamos que para constituir la herramienta electoral ahora, hay que ganar o intentar ganar. Porque si dejamos que el macrismo se legitime, el 2018 va a ser uno de los peores años de la historia argentina. Porque si con 10000 personas movilizadas el 1 de Abril el gobierno se sintió legitimado, se me eriza la piel de pensar qué puede sentir con un empate electoral, ya no con una victoria. Estamos obligados a optimizar al máximo posible, las herramientas electorales. En la Ciudad la mitad no piensa como ellos, ahora que reapareció Lousteau, debemos demostrar que para construir una mayoría hay que salir a polemizar de cara a la sociedad. Esa herramienta son las PASO. Nosotros trabajamos con muchos compañeros, con Víctor Santamaría, y con otros con los que tenemos un nivel de acuerdo, y que se consideran kirchneristas, porque fueron parte de todas las batallas de esta etapa. Queremos ir a las PASO con aquellos compañeros que piensan que si uno mantiene la centralidad ideológica firme, eso alcanza para que en un momento en que un nuevo ascenso vuelva a plantearse va a buscar esa centralidad ideológica firme naturalmente. Yo pienso que no es así, que hay que construir esto, la historia piensa que no es así. Tenemos diferencias, sobre este tema, no sobre los 12 años, o el papel del Mercosur o la región, o que hay que recuperar un perfil productivo en la Argentina. No tenemos diferencias sobre el rol del Estado, tenemos matices quizás sobre cómo se gestionó tal o cual cosa. Pero tenemos diferencias sobre cómo reconstruir esa etapa, o las herramientas en esa etapa. Son diferencias no cualitativas pero muy importantes, y las PASO son una buena herramienta para superarlas.

 

APU: En ese marco de diferencias o no, ¿cómo ve el rol de Cristina?    

GF: Nosotros no discutimos el rol de Cristina. Es un rol histórico, y es un rol actual. Pensamos que muchas veces el capital político que significa el rol de Cristina es pensado por compañeros que ven también su propio rol casi exclusivamente vinculado a ese. Si Cristina tiene un rol, nosotros tenemos que ser los que salimos a caminar y ampliemos ese horizonte, y ampliemos la base de sustentación de ese rol. Lo que irá a hacer o no, no lo sé, no tengo definición. Es un rol que faltan muchos años para poder certificar cuál es, no sé si volverá a ser presidenta, no lo podemos saber ahora o discutir ahora. Lo que sé es que para cualquier herramienta hay que reconstituir el 50 + 1 de los votos. Porque la forma en que nosotros podamos poner límites a este proyecto va a ser en la calle, pero la forma en que lo vamos a echar va a ser en las elecciones. No hay una sin la otra, no hay calle sin proceso electoral, tampoco hay proceso electoral sin calle. Por eso el rol de Cristina está ligado a este análisis, es imposible discernirlo de este análisis.

20.5.2017

ANIVERSARIO DE POMPEYA

Pompeya en su aniversario. Historias dignas de recordar, ideas dignas de llevar adelante: "nuestras vidas valen más que sus ganancias"

Así es como el famoso tanguero Homero Manzi, describe en su prestigiosa pieza "Sur" a la Nueva Pompeya, viejo regazo de las primeras generaciones obreras de la ciudad de Buenos Aires, dormitorio ayer y también hoy de los que construyen y hacen girar el mundo.

Muchas veces la historia de los barrios están contenidas en algún homenaje artístico, ya sea en nombres de clubes, donde son destacados los personajes que trascendieron de alguna u otra manera lo cotidiano y aportaron su grano de arena a la fisonomía y "personalidad" del mismo. En este caso la mística arrabalera que tienen las calles de Pompeya con sus pesados grises, los hermosos parques y su puente al mejor estilo neocolonial que nos mantiene a una distancia prudente del alguna vez limpio río (que fueron la musa inspiradora de poetas y cantores), los dejaremos de lado para ver la otra cara del barrio que hoy celebramos.

Precisamente porque sería injusto para la historia del barrio, es decir, para la historia de quienes lo construyeron, señalar solamente eso.

 

La historia, los hitos de los trabajadores

 

Es en esta sintonía que cabe recordar en este 121° aniversario, que pone en nuestras pupila la figura del barrio, los hitos de quienes lo levantaron: "La semana trágica", donde el 7 de febrero de 1919 (Cruce de Pepirí y Amancio Alcorta) los obreros pompeyenses de los talleres metalúrgicos de Vasena comenzaron una dura lucha que generaría una represión sanguinaria por parte del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, exigiendo mejores condiciones de trabajo y las nueve horas de jornada.

Una zona con actividad productiva desde sus primero pobladores (mediados de siglo XVII en adelante), vio a principios del siglo XIX ya una clase obrera anclada, mataderos y frigoríficos, metalúrgicas, ferrocarril y una población laboriosa nativa y en su mayoría de inmigración europea como producto de la primera guerra mundial, quienes estaban ligados en menor o mayor medida a organizaciones sindicales anarquistas o socialistas. Los metalúrgicos en este caso fueron la vanguardia de una pelea por mejoras salariales y la reducción de la jornada laboral.

La Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos (SRMU), referenciada en el anarquismo, desde 1918 venía protagonizando la organización de diversas huelgas en el sector, y como parte de ese plan más general, en febrero de 1919, inició la huelga en los talleres de Vasena. El SRMU fue astuto y desarrolló el conflicto ganando el apoyo de los vecinos y trabajadores del barrio que veían esta pelea como propia. Lo mismo sucedió con los trabajadores marítimos y portuarios que, en solidaridad, se negaron a transportar cualquier cosa que ayude a fortalecer la embestida que el empresario Vasena, junto al gobierno como gendarme, se proponía para quebrar a los que luchaban.

Así fue que contrataron rompehuelgas, se constituyeron grupos para-policiales para sembrar el terror como la "Liga Patriótica", jóvenes de la élite más acomodada de barrio norte y recoleta con sed de sangre obrera y nada más ni nada menos que los primeros "pogroms", o grupos antisemitas que cometieron diversos atentados contra sectores de la clase obrera judía en barrios como Almagro y Villa Crespo. Una represión salvaje.

Fue este salvajismo estatal y para estatal, el que planteó la necesidad de la autodefensa obrera, lo que llevó, incluso, al asalto de armerías para detener a los rompe huelgas. Las primeras represiones desencadenaron una ola de indignación en innumerables barrios y establecimientos, con el consecuente apoyo y movilización.

19.5.2017

La Cámara suspendió el fallo que revocaba la personería a los Metrodelegados en el ámbito del Subte. Le habían ganado la compulsa de representación a la UTA. Podrán negociar paritarias y definirá al Corte Suprema.

La justicia concedió el Recurso Extraordinario presentado ante la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y como consecuencia de ello, la sentencia que mandaba continuar el trámite de la Personería Gremial, ha quedado suspendida según se interpreta por art. 258 Código Procesal Civil y Comercial.
La Cámara procederá a elevar el expediente para su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que será, muy probablemente, el capítulo final de la batalla por la representación colectiva de los trabajadores del subterráneo que desde hace años mantienen los denominados Metrodelegados, con la UTA.
En los fundamentos, la justicia considera que existe “cuestión federal suficiente” en lo expuesto por la AGTSyP, ya que están en juego los derechos de la libertad sindical establecidos por la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con la señalada concesión del recurso extraordinario, la situación respecto de la Personería Gremial de la AGTSyP vuelve al punto anterior en el que rige la Resolución 1601/15 y, con ello, todos los derechos de la AGTSyP se mantienen vigentes de modo inalterable, entre ellos negociar y firmar paritarias y disponer conflictos colectivos en los términos de las normas constitucionales. Algo que el Sindicato del Subte hizo en los últimos años.
La personería gremial a la AGTSyP, había sido objetada judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández que, tras perder la compulsa de afiliados, objetó “irregularidades formales” en el proceso que contrastó la representatividad de cada gremio.

19.5.2017

El cuarto día del juicio a la policía de Macri por disparar plomo contra dos comunicadores en 2013 fue corto. Por cuestiones administrativas del tribunal y la fiscalía sólo presentaron testimonio los oficiales Luis Eduardo Isla y Javier Esteban Morel, los dos testigos policiales que no habían concurrido la audiencia anterior, pero cuyas declaraciones fueron solicitadas por el fiscal Oscar Ciruzzi por considerarlas “clave”. El viernes 19 declararán los peritos de la Gendarmería Nacional que hicieron las pericias balísticas y las planimetrías con los movimientos de los policías metropolitanos aquella noche, que determinaron que estén sentados en el banquillo los policías Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta. El miércoles 24 presentarán sus alegatos la querella y la fiscalía, y por la tarde la defensa policial, por lo cual se espera que el tribunal fije la fecha de la sentencia. Por Juicio a la Metropolitana

 

“Pereira estaba a cargo”

El primero en declarar fue Luis Eduardo Isla, quien antes era oficial de la Policía Metropolitana y ahora es policía bonaerense. Isla declaró que la noche del 13 de marzo de 2013 (cuando los dos comunicadores de la RNMA fueron baleados con plomo durante el desalojo de la Sala Alberdi) él integró una célula policial de “dispersión” portando solamente una pistola marcadora (similar a las de paint ball), aseguró no recordar quién estaba a cargo del operativo represivo esa noche, pero sí que algunos de sus compañeros portaban una escopeta calibre 12/70.

“Pereira estaba a cargo”, detalló el testigo policial, refiriéndose a la célula que integraba, y que según su relato estuvo integrada por el oficial Ramos (cuya función era de escudero), Pereira de la Rosa (uno de los tres policías acusados de disparar plomo, que portaba una escopeta calibre 12/70) y él (con pistola marcadora), siendo Pereira de la Rosa el uniformado a cargo por tener el rango más alto de oficial mayor.

Sin embargo, ese nivel de detalle en su relato se perdió cuando la abogada querellante, María del Carmen Verdú, le pidió precisiones sobre sus movimientos, el de sus compañeros o si vio heridos aquella noche de 2013 en la zona de Corrientes y Paraná, frente al Centro Cultural Gral. San Martín, donde ambos comunicadores de la RNMA fueron heridos con balas de plomo. La frase “no recuerdo” se convirtió entonces en su muletilla preferida en varias ocasiones, siguiendo con la lista de olvidos y poca memoria que caracterizaron a los demás testimonios policiales a lo largo del juicio.

Finalmente, al oficial Isla se le proyectaron tres videos de aquella noche para que se reconozca a sí mismo e identifique a sus compañeros de célula policial. Pero pudo reconocer poco y nada. Nuevamente la frase “no recuerdo” se repitió.

 

“Escuché dos detonaciones anormales”

 

El segundo testigo de la jornada fue Javier Esteban Morel, que hoy es oficial mayor de la Policía de la Ciudad, y antes estaba en la Metropolitana, quien declaró que aquella noche se encontraban en la base operativa de Chacarita de la Metropolitana, cuando se les solicitó intervenir en el conflicto de la Sala Alberdi, para lo cual detalló que salió para el lugar con los oficiales Ledesma y Acosta.

Relató que una vez allí les solicitaron intervenir en las inmediaciones del Centro Cultural Gral. San Martín, y que su célula policial estuvo integrada por Lichea, Ledesma y Acosta (éstos dos con escopetas 12/70), y él (con su pistola 9 mm. reglamentaria). “Escuché dos detonaciones anormales, que no serían de AT (postas anti tumultos de goma)”, refiriéndose que en el momento donde fueron heridos con plomo los dos comunicadores, aunque indicó no saber qué tipo de detonaciones eran. Sí se reconoció en los videos e indicó en cual se encontraba, aunque aclaró que esas “detonaciones anormales” no provinieron de su célula, sino de la que estaba a su derecha, frente al Centro Cultural Gral. San Martín (donde se encontraba Pereira de la Rosa).

Finalmente, al concluir las declaraciones, el fiscal Ciruzzi solicitó citar a declarar el viernes 19 a los peritos de la Gendarmería Nacional que realizaron los estudios balísticos y planimetrías con los movimientos de las células policiales que actuaron aquella noche, quiénes eran los oficiales a cargo de cada grupo y la ubicación de los damnificados, que son los estudios que determinaron que se individualice y se siente en el banquillo a Pereira de la Rosa, Acosta y Ledesma.

 

Una vez más no estamos solos

 

Como sucede en cada audiencia del juicio, nuevamente la querella de los dos comunicadores baleados de la RNMA estuvieron acompañados por figuras de organizaciones de DD.HH., sociales y políticas. Esta vez estuvieron Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Mariana Katz (abogada del Servicio Paz y Justicia-SERPAJ), Pablo López (diputado nacional por Salta del Partido Obrero-FIT) y Susana Ancarola (de ATE Sur-MULCS). Aunque todo el mundo se quería fotografiar con la inmensa Norita, que ya es la tercera audiencia que presencia del juicio.

Luego, el miércoles 24 desde las 9.30 el juicio entrará en su recta final, cuando tengan lugar los alegatos de la querella y de la fiscalía por la mañana, y el de la defensa policial por la tarde. Afuera del tribunal, en Lavalle y Talcahuano, desde las 14 habrá se realizará una jornada artístico cultural y radio abierta para apoyar a los comunicadores en el fin del juicio. Se espera también que ese día el tribunal fije la fecha de la sentencia.

17.5.2017

En el juicio contra tres policías de la ex Metropolitana, acusados de herir con balas de plomo a tres personas (dos de ellas integrantes de la RNMA) durante el desalojo y represión en la Sala Alberdi, ya declararon prácticamente todos los testigos de las partes. Un efectivo de la ex fuerza ubicó a dos de los acusados en la esquina de Corrientes y Paraná, dónde fueron baleados los heridos. Para la audiencia de este miércoles se esperan los alegatos de la querella y la fiscalía, y el viernes será el turno de la defensa y es probable que también se conozca la sentencia.

El viernes 12, durante la segunda audiencia del juicio contra los policías Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta, acusados de “homicidio reiterado (en tres oportunidades) en grado de tentativa agravado por su carácter de miembros de una fuerza policial, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por herir con balas de plomo a tres personas (dos de ellas comunicadores integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos) durante el desalojo de la Sala Alberdi, en marzo de 2013, se escucharon a varios testigos presentados por la querella que relataron lo sucedido aquella noche-madrugada.

Muchos son comunicadores populares de distintos medios alternativos, por lo que no solo brindaron testimonio con sus palabras sino también con su trabajo. A lo largo de la audiencia, se pudieron ver imágenes del avance de la policía contra los manifestantes y trabajadores de prensa e incluso los momentos concretos en que Esteban Ruffa (fotógrafo de Anred), Germán de los Santos (integrante de Dtl!) y Mario Fumaroni (miembro de una biblioteca popular) fueron heridos con balas de plomo.

Vanesa Spaccavento, comunicadora de Corriendo la Voz, relató cómo debió ingresar en un local de comidas al momento de la represión, desde donde vio la imagen de un “chico corriendo en una pata” (Ruffa), además de corridas, camiones hidrantes, móviles y personal policial. Contó que en la 9 de julio se realizó una asamblea donde se anotaron entre 63 y 68 heridos de bala de goma.

María Belén Revollo, por entonces comunicadora de En Movimiento TV, relató cómo una gran cantidad de policías avanzó por la Avenida Corrientes y luego se proyectaron las imágenes de lo que pudo llegar a filmar, entre los disparos.

Valeria Lachman, que estaba ese día en la Sala Alberdi, contó que recibió balazos de goma en las manos, espalda y pierna en diferentes momentos de la represión, y que todos los disparos provinieron de la Metropolitana. Recordó que ayudó a Ruffa a pararse ya que lo encontró tirado en el piso y sangrando.

María Tisminetzky estaba filmando en el lugar lo que sería un documental sobre el acampe cuando comenzó la represión, entre las imágenes que registró esa noche se ve el momento en que De los Santos recibe el disparo.

Luego fue el turno de los testigos solicitados por la fiscalía. Diego Castillo era inspector de la Metropolitana en 2013 y actualmente se desempeña como subcomisario de la Policía de la Ciudad. En la zona de la Sala Alberdi se presentó como jefe de Destacamento, en apoyo a los oficiales que estaban en el lugar, donde también estaban integrantes de la Brigada de Rápida Intervención (BRI) y el Destacamento de Intervenciones Complejas (DIC). Según relató, el armamento con el que contaban eran escopetas con calibre 1260 y cartuchos anti tumulto de baja velocidad, que se usa para la dispersión. Sin embargo, al responder las preguntas del fiscal, afirmó que cuando se le acabaron las municiones de goma, salieron a buscar P.G (Postas de Guerra). Al darse cuenta de lo dicho intentó corregirse, pero obviamente ya era tarde.

El fiscal también le consultó si todos los efectivos estaban igual de armados, a lo que Castillo respondió que algunos iban con escudos, otros con gas pimienta y otros con escopetas. “¿Si a esas escopetas se les pone cartuchos con balas de plomo, disparan igual?”, preguntó el funcionario judicial. A lo que el testigo respondió afirmativamente, asegurando que esas escopetas pueden disparar P.G (Postas de Guerra).

La abogada querellante, María del Carmen Verdú, quiso saber si hay diferencia en los cascos que usan las secciones BRI y DIC, y Castillo dijo que sí, que unos usan cascos anti disturbios, que el casco opaco es de protección balística y el brilloso es de antitumulto. Esto permite determinar si viendo el material de video presentado en el juicio se puede identificar por los cascos a las fuerzas actuantes.

Otros testigos de la fiscalía, como Johana Soledad Quiridi, por entonces policía, reiteraron una y otro vez no recordar en detalle lo sucedido esa noche, como quiénes daban las órdenes y qué armas se utilizaron.

De todos modos, se corroboró que quien estaba a cargo, al menos de la División de Intervenciones Complejas de la Metropolitana, era el oficial mayor Gabriel Gustavo Canabide, quien declaró también como testigo e indicó que no recordaba si se había cruzado a los acusados en algún momento de la noche del 12 y la madrugada del 13 de marzo de 2013.

 

Acompañamiento

 

En la audiencia del viernes 12 de mayo estuvieron presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), y Susana Ancarola (Encuentro Memoria Verdad y Justicia).

Al finalizar la segunda jornada del juicio, Pimentel destacó la importancia de conseguir una condena ejemplar para dar “un mensaje para el macrismo”: “que sepa que las reivindicaciones del pueblo no se resuelven con represión y mucho menos con balas de plomo”. Agregó que existen pruebas contundentes que demuestran “la fuerte represión y el armamento que tenían y también los videos muestran que había un grupo de chicos que se quería cubrir y el doble de policías que los están persiguiendo con bombas lacrimógenas, y por lo que se está demostrando con balas de plomo”.

En el mismo sentido, Nora Cortiñas se mostró expectante respecto a que “haya sentencia ejemplar contra la policía”: “hay que condenarla, porque es abuso de autoridad y más si hay heridos”.

Cortiñas también estuvo presente en la audiencia del lunes 15 de mayo, al igual que Ancarola. A su vez, asistieron Carlos “Sueco” Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos) y Juan Carlos Giordano (diputado de Izquierda Socialista-FIT).

 

No sabe, no recuerda

 

En la audiencia de este lunes declararon testigos presentados por la defensa que, al igual que quienes testimoniaron en la jornada anterior, aseguraron no recordar nada, ni hechos ni nombres, algunos manifestaron no haber estado aquella noche en la zona del Centro Cultural San Martín y afirmaron no haber utilizado balas de plomo para reprimir.

Sin embargo, algunos brindaron, quizás sin quererlo, información determinante. Uno de los declarantes fue el oficial Gustavo Nicolás Nichea, quien manifestó que la noche del 12 de marzo de 2013 se encontraba en la base en Chacarita, donde Ledesma (uno de los imputados) tomó conocimiento de lo que sucedía en las inmediaciones de la Sala Alberdi. En ese momento, Ledesma separó dos escopetas calibre 12/70 y 4 cajas chicas de cartuchos AT (anti tumultos) de 25 cartuchos cada una, y repartió una a cada uno de los cuatro agentes que estaban allí (Morelia, Acosta, él y el propio Ledesma). Relató que se dirigieron a la zona del Teatro San Martín, caminaron por la calle Sarmiento hasta Montevideo, donde se encontraron con un comisionado de apellido Masulli, que les informó que estaba herido. Ante un nuevo pedido de apoyo, Ledesma fue hasta Montevideo y Corrientes. Luego, los cuatro se acoplaron a una formación integrada por dos sectores de la Metropolitana (la Brigada Rápida de Intervención y el Destacamento de Intervenciones Complejas) y avanzaron hasta llegar al cruce de Corrientes y Paraná. Nichea indicó que allí escuchó detonaciones. Si bien dijo que los disparos habrían provenido de agentes del DIC, recordó que Acosta y Ledesma tenían escopetas y que los había visto disparar.

Otro testigo del día, en este caso pedido por la Fiscalía, fue Juan José Ríos, por entonces comisario general de la Metropolitana, actual superintendente de la Policía de la Ciudad. Se le consultó sobre el armamento utilizado y explicó que su retiro es individual y que tanto el que recibe el arma como quien la otorga firman un acta. Sin embargo, el fiscal le mostró dos fojas donde figuran retiros grupales de armamento realizados en reiteradas oportunidades el día de la represión. Ríos dijo primero que eso es imposible pero ante las pruebas presentadas concluyó que esa jornada él se encontraba de licencia.

 

Complejidad

 

Los jueces Gustavo Rofrano, Gabriel Vega y Gustavo Valle, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, decidieron sumar nuevas audiencias ante lo que consideran “la complejidad del proceso”. Es por eso que este miércoles 17 de mayo, a partir de las 10, será el turno de declarar de dos testigos, de apellidos Islas y Morel, en caso de ser localizados; y luego iniciará el alegato de la querella, a cargo de María del Carmen Verdú. “Ahora tengo todo un día completo para demostrarle al tribunal nuestra denuncia”, remarcó la letrada al conocer el nuevo cronograma. Posteriormente será el alegato de la fiscalía; y el viernes 19 los de la defensa policial. Se espera que ese día se defina la posible fecha de sentencia.