Red de radios

28.5.2017

LUNES 29/05 – 9AM – Concentramos en Martín García y Defensa

Queremos denunciar que el Gobierno de la Ciudad despide de manera encubierta: desde principios de abril, trabajadorxs cooperativistas de la Secretaría de Integración Social y Urbana y el Instituto de Vivienda de la Ciudad, se encuentran sin contrato. Trabajadorxs que fueron contratados en noviembre del año pasado por seis meses con el compromiso de los funcionarios de Larreta de renovar el contrato, hoy se encuentran ante la incertidumbre de la inestabilidad laboral. También queremos denunciar que se ha paralizado la puesta en marcha de las contrataciones del servicio de recolección anunciadas en la comuna 8 para cooperativas.

Frente a esta situación donde las familias no tienen asegurado el cobro del próximo salario y la continuidad laboral, reclamamos una respuesta urgente y hacemos responsable al Larreta y sus funcionarios de esta situación. En estos días estamos realizando asambleas y reuniones con los compañerxs afectados y otros cooperativistas para discutir un plan de lucha hasta garantizar la firma de los nuevos convenios.

Las organizaciones sociales de la Ciudad, que conformamos el Frente de Lucha, denunciamos que frente al crecimiento de la desocupación y la pobreza en la Ciudad, la respuesta del gobierno de Cambiemos es el cierre de los programas de empleo. En este sentido reclamamos la urbanización real de las villas de la ciudad, la construcción de escuelas en la zona Sur (donde faltan vacantes) y un plan de viviendas populares para generar puestos genuinos de trabajo.

Frente de Lucha de Capital Federal

después del accidente, la empresa Plan Obra quebró por lo que ahora hay que abrir una nueva licitación, lo que puede llevar meses. Mientras tanto, la obra quedará a medias, con los andamios y el pozo abierto en el patio”, se quejó Leoz.

La única opción que ofreció el Ministerio de Educación porteño fue dividir a los estudiantes y enviarlos a otras dos escuelas: el CBO Evita, una escuela para adolescentes con diferentes dificultades en el aprendizaje, y la primaria Número 28 Distrito Escolar 5. Según informaron los docentes, la propuesta oficial era que “seis cursos funcionen en cuatro aulas de una de esas escuelas (con la consiguiente fusión de varios grados con distintos horarios y materias) y otros seis cursos funcionen todos juntos en un galpón, sin subdivisiones ni acústica ni condiciones mínimas para una clase en la otra escuela. Las clases prácticas como plástica y música se darían en un centro cultural del barrio”, informaron en un comunicado.

Esta propuesta, que fue rechazada también por los padres y por las comunidades educativas de las otras dos escuelas, no preveía ninguna opción para el jardín maternal que actualmente funciona en el Homero Manzi para los hijos de las alumnas madres. “Incluso nos habían dicho que esa mudanza sería hasta octubre, por eso también la rechazamos”, afirmó la preceptora.

Los docentes del Homero Manzi planean entregarle un petitorio a la ministra Soledad Acuña -que cuenta con la adhesión de dirigentes gremiales y políticos, legisladores y pedagogos- para exigir la construcción de “un edificio nuevo que brinde una solución definitiva al conflicto edilicio” que atraviesa la escuela y, mientras tanto, “una solución transitoria acorde a las necesidades de la comunidad educativa mientras se realiza la construcción del edificio nuevo y definitivo”.

28.5.2017

Por Alejandra Hayon

En la escuela Homero Manzi las clases están suspendidas desde el 12 de mayo, luego de que un operario de 17 años cayera de un cuarto piso de una obra en construcción. Los docentes ya habían denunciado que el establecimiento no estaba en condiciones para la cursada.

Hace dos semanas que los estudiantes de la escuela secundaria Número 4 Homero Manzi, ubicada en Avenida Sáenz 631, en Nueva Pompeya, no tienen clases. El viernes 12 de mayo, un operario de 17 años cayó desde un cuarto piso de la obra en construcción para reformar el edificio y quedó en estado de coma. Desde ese día, el Ministerio de Educación cerró el establecimiento para hacer pericias y algunos arreglos y los chicos no volvieron a las aulas. El gobierno porteño ofreció dividir a los adolescentes y enviarlos a otras dos escuelas, pero los padres y docentes se opusieron ya que el espacio ofrecido era muy acotado para la cantidad de jóvenes.

“No sabemos mucho porque no nos dejan entrar. Lo único que sabemos es que están haciendo unos arreglos menores como poner puertas en las aulas, picaportes y taparrollos, cosas que no tienen nada que ver con el problema de fondo que es que no podemos seguir conviviendo con una obra adentro de la escuela”, dijo Paula Leoz, preceptora del colegio y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Según la denuncia de los docentes, la situación de la escuela es límite: el edificio tiene capacidad para 400 alumnos pero son más de 700, no tiene salida de emergencia, el patio está clausurado y el ascensor no funciona. “Estamos esperando que nos digan cuándo retomar las clases pero no sabemos en qué condiciones vamos a volver. Nos dijeron que después del accidente, la empresa Plan Obra quebró por lo que ahora hay que abrir una nueva licitación, lo que puede llevar meses. Mientras tanto, la obra quedará a medias, con los andamios y el pozo abierto en el patio”, se quejó Leoz.

La única opción que ofreció el Ministerio de Educación porteño fue dividir a los estudiantes y enviarlos a otras dos escuelas: el CBO Evita, una escuela para adolescentes con diferentes dificultades en el aprendizaje, y la primaria Número 28 Distrito Escolar 5. Según informaron los docentes, la propuesta oficial era que “seis cursos funcionen en cuatro aulas de una de esas escuelas (con la consiguiente fusión de varios grados con distintos horarios y materias) y otros seis cursos funcionen todos juntos en un galpón, sin subdivisiones ni acústica ni condiciones mínimas para una clase en la otra escuela. Las clases prácticas como plástica y música se darían en un centro cultural del barrio”, informaron en un comunicado.

Esta propuesta, que fue rechazada también por los padres y por las comunidades educativas de las otras dos escuelas, no preveía ninguna opción para el jardín maternal que actualmente funciona en el Homero Manzi para los hijos de las alumnas madres. “Incluso nos habían dicho que esa mudanza sería hasta octubre, por eso también la rechazamos”, afirmó la preceptora.

Los docentes del Homero Manzi planean entregarle un petitorio a la ministra Soledad Acuña -que cuenta con la adhesión de dirigentes gremiales y políticos, legisladores y pedagogos- para exigir la construcción de “un edificio nuevo que brinde una solución definitiva al conflicto edilicio” que atraviesa la escuela y, mientras tanto, “una solución transitoria acorde a las necesidades de la comunidad educativa mientras se realiza la construcción del edificio nuevo y definitivo”.

27.5.2017

Se trata de tres agentes de la Unidad de Prevención Barrial N°7 que amenazaron a una mujer, golpearon a su hijo y dañaron la casa de la víctima. 

El hecho de violencia institucional ocurrió en febrero del 2015. Se trata de un grupo de efectivos de la Unidad de Prevención Barrial N°7 de las Comisarías N°48 y N°42 de la Policía Federal. Según determinó la investigación del Ministerio Público Fiscal, la agente Radinovich amenazó de muerte a una vecina del barrio “Los Perales”, mientras los efectivos policiales Alagastino e Ysla golpearon en la nuca y empujaron al hijo de la mujer amenazada.

 Además, los miembros de la fuerza de seguridad “rompieron los vidrios de dos ventanas de la vivienda, con sus tonfas reglamentarias, y arrojaron gas pimienta hacia el interior de la casa”, según detalló el sitio fiscales.gob.ar.

“El suceso en cuestión, el cual motivó la intervención inicial del personal de la Unidad de Prevención Barrial N°7 integrada por los imputados y el desplazamiento de al menos 30 efectivos policiales al lugar, no fue asentado en ninguno de los registros oficiales, al igual que sucede con la utilización del gas pimienta, cuyo uso debe dejarse debidamente asentado, nada de lo cual aconteció, lo que en definitiva evidencia la actuación irregular por parte del personal policial imputado”, afirmó el requerimiento impulsado por la titular de la Fiscalía Criminal de Instrucción N°4, Cristina Caamaño. 

De esta forma, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado Criminal y Correccional N°33, que Radinovich, Alagastino e Ysla sean indagados por su accionar delictivo bajo la carátula de vejaciones o apremios ilegales.

27.5.2017

Comunicado de Prensa:

Buenos Aires, viernes 26 de mayo de 2017

UN FUNCIONARIO MACRISTA MARCHÓ CON PANDO Y AGREDIÓ A LOS TRABAJADORES

Desde el Consejo Directivo de ATE Capital repudiamos los hechos violentos protagonizados por grupos pro genocidas, encabezados por Cecilia Pando, hacia trabajadoras y trabajadores estatales organizados en ATE.

El miércoles 24 de mayo, las y los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron agredidos ferozmente por un grupo negacionista que reivindica a los criminales que llevaron a cabo un plan de exterminio desde el Estado durante la última dictadura cívico-militar, comandados por la tristemente célebre Cecilia Pando.

Los trabajadores se encontraban realizando una asamblea en el marco de la Jornada de Lucha convocada desde ATE Capital en rechazo a la penosa paritaria que el Gobierno busca imponer, con una suba salarial del 20% en tres cuotas no acumulativas, condicionando el salario a nuevas imposiciones de presentismo y productividad que violan nuestro convenio colectivo de trabajo.

La infantería de la Policía Federal salió del Ministerio para reprimir con gas pimienta, palos y golpes a los trabajadores, y así garantizar el ingreso de Pando y sus secuaces al Ministerio. Allí fueron recibidos por el ministro Germán Garavano, a quien entregaron un petitorio solicitando la libertad de Emilio Nani, un represor condenado, y la de todos los genocidas presos.

La Asamblea Unificada de trabajadores y trabajadoras de Justicia y Derechos Humanos, además del rechazo de las paritarias, tenía el objetivo de visibilizar los reclamos del personal del sector Maestranza/Servicios Generales, que desde hace más de tres meses exige una equiparación de su salario que los saque de la pobreza, ya que hoy cobran sueldos de apenas 10.000 pesos.

En ese contexto, las y los trabajadores nucleados en ATE Capital fueron ferozmente agredidos por este grupo violento, con el aval de la Policía Federal, que en lugar de desalojar a estos siniestros personajes defensores del genocidio, reprimió a los trabajadores y trabajadoras y amparó a los torturadores.

Entre los adherentes de Cecilia Pando, se encontraba un joven militante del PRO, Segundo Carafí, que filmó las agresiones sobre los trabajadores y trabajadoras, y reivindicó en su cuenta personal de la red social Twitter a los defensores del genocidio, manifestando, en respuesta a Cecilia Pando, que "los terroristas de ATE agreden a los defensores de la República, la Justicia y las instituciones". Según sus redes sociales, este personaje es asesor del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Franco Moccia.

Una vez más, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, demostró el sentido ideológico que marca el rumbo de este gobierno neoliberal, recibiendo a Cecilia Pando y otros negacionistas, quienes entregaron un petitorio a funcionarios del Ministro reclamando la libertad de sus "presos políticos".

Llamamos a las organizaciones sociales, políticas y gremiales, a repudiar este nuevo hecho que atenta contra la democracia y demuestra los profundos lazos que unen a los funcionarios del actual gobierno con los genocidas y torturadores, y que implica un enorme retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que nuestro país ha sabido transitar durante los últimos años, impulsado por la incansable lucha de los organismos de Derechos Humanos.

26.5.2017

Los episodios de violencia policial contra estudiantes lejos de cesar se siguen produciendo. En Callao y Córdoba, dos jóvenes fueron interceptados por dos policías que les pidieron sus documentos, y ante la resistencia de uno de ellos, alumno de la Escuela Carlos Pellegrini (UBA), la respuesta fue una amenaza. “Si no querés que te sigan pasando estas cosas, mejor no andes con eso”, le dijo el policía al ver un pin del Partido Comunista. . Cabe destacar que tanto los padres como sus compañeros reaccionaron con la difusión del hecho y un rotundo repudio realizando un corte de calle en esa misma esquina, en rechazo a la sucesión de ataques policiales contra la comunidad educativa, como la intrusión en el Colegio Mariano Acosta, los casos registrados en Banfield y en Berisso, así como la violación de la autonomía universitaria en Jujuy.

El joven, cuya identidad se mantuvo en reserva por ser menor, salió del Pellegrini y caminaba con un amigo por Callao cuando, antes de llegar a la avenida Córdoba, ambos fueron detenidos por dos policías, que no tenían visibles sus respectivas identificaciones pero exigieron que ellos les mostraran los documentos de identidad. Como no llevaba su DNI, el estudiante que cursa primer año en la escuela comercial dependiente de la UBA le mostró la credencial de la misma y el pase de colectivo. Cuando uno de los policías intentó revisarle la mochila, él se negó con el argumento de que no tenían ningún derecho siquiera a haberlos detenido. Molesto por la respuesta, fue entonces que el uniformado lanzó la amenaza al ver prendedor del Partido Comunista.

La secretaria general del centro de estudiantes del Pellegrini, Victoria Camino, expresó que “esto sucede cada día en los colegios, reprimieron la semana pasada en el ENAM de Banfield, pero nunca se habían animado acá, en Recoleta”. Sin embargo, recordó que durante un acto de repudio tras la represión a los maestros de la carpa itinerante, los estudiantes del Pellegrini que habían cortado Marcelo T. de Alvear fueron vigilados durante toda la protesta por policías. “La Coordinadora de Estudiantes Secundarios va a debatir sobre la respuesta que debemos dar de conjunto ante estas acciones intimidatorias que se repiten”, agregó Camino. Y anunció que ya acordaron cortar mañana Córdoba y Callao para repudiar la “persecución política y policial”. Por su parte, los padres de alumnos y alumnas del Pellegrini manifestaron su alarma en una carta dirigida a las autoridades del gobierno porteño.

Sobre el episodio sucedido en el Colegio Mariano Acosta, cuando un policía ingresó armado con la excusa de haber recibido una denuncia de los vecinos, fue ratificada la acusación contra el gobierno porteño, y además el detalle de lo ocurrido consta en el informe que el Foro por la Libertad de la Democracia entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya delegación se encuentra sesionando en el país.

En tanto, en Berisso habrían desplazado a cinco oficiales por la intervención de la Auditoría de Asuntos Internos, tras la brutal represión a los estudiantes secundarios de la Escuela de Enseñanza Media 1 Raúl Scalabrini Ortiz que se manifestaban frente a la municipalidad de esa localidad para reclamar mejoras edilicias. Las imágenes que circularon en las redes mostraron cómo un policía tomó por el cuello a uno de los jóvenes mientras otros agentes golpeaban al resto.

Además, el Ministerio de Seguridad provincial habría decidido la separación preventiva de cinco policías de la Policía bonaerense que el miércoles pasado, en medio de las elecciones del gremio Suteba, entraron en la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de Banfield y persiguieron a dos alumnos del establecimiento. El viernes, cientos de estudiantes, docentes y padres se movilizaron ante la Fiscalía Juvenil 5 con la consigna “fuera la policía de nuestras escuelas”.