Red de radios

30.4.2017

SUTPA denunció una actitud discriminatoria por parte de la empresa AUSA que pertenece al Gobierno de la Ciudad.

Trabajadoras de concesiones viales agrupadas en el Sindicato de Peajes (SUTPA) denunciaron este pasado jueves 28 de abril una “política de discriminación” por parte de la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), por realizar descuentos en los haberes a las mujeres que se adhirieron al paro de mujeres del 8M.

El reclamo fue realizado frente a las oficinas administrativas del peaje Parque Avellaneda de la Autopista Perito Moreno y las mujeres que pacíficamente se manifestaban fueron recibidas por la policía de la ciudad en una clara actitud intimidatoria por parte de AUSA, empresa que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto ha sido denunciado por el gremio que presidía el diputado nacionalFacundo Moyano frente a las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 8 de marzo pasado las trabajadoras afiliadas al SUTPA de la empresa (AUSA) adhirieron al Paro Internacional de Mujeresen sus lugares de trabajo al igual que el resto de sus compañeras en todo el país. Como respuesta la empresa llevó adelante los descuentos desconociendo incluso la Constitución Nacional que garantiza el derecho a huelga.

“Este tipo de proceder de parte de AUSA se enmarca dentro de las medidas discriminatorias que ha tenido desde hace más de siete años esta empresa respecto de los compañeros afiliados a nuestro Sindicato en contraposición con la connivencia absolutamente funcional con sus intereses que ha demostrado con el Sindicato de Comercio”, expresó el SUTPA en un comunicado.

28.4.2017

Así se desprende de una resolución firmada por el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y virtual jefe de la Policía de la Ciudad tras la caída en desgracia de José Potocar. El funcionario alegó que “no resulta conveniente” dar precisiones sobre quién empuñará las cuestionadas armas ni en qué circunstancias.

Luego de varias idas y vueltas, D´Alessandro emitió una resolución en la que especifica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.

Tal como informó Tiempo en la edición del domingo 15 de abril, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé gastar $ 127.500.000 de acuerdo al proceso de compra 2900-1398-LPU16 denominado “Adquisición de equipamiento antidisturbio” que contempla abastecer a la flamante policía porteña con 1600 cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos.

Pero lo que más inquietó a los organismos de Derechos Humanos y a algunos legisladores opositores fue la compra de una importante cantidad de "less lethal weapons" o "armas menos letales" como carabinas y lanzadores calibre 68 "para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos" que dispararán postas de pintura, goma y gas pimienta.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), había presentado a principios de febrero, un pedido de informe para que el Ejecutivo precise el “uso específico para el cual están destinadas estas armas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará y cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas”.

“El Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos”, explicaron en un comunicado desde el ODH.

Como si fuera poco, aún no se sabe qué empresas pujaron por quedarse con el negocio, o si directamente alguna ya se adjudicó la licitación, dado que los plazos están vencidos. En principio, el 24 de febrero se realizó la apertura de los sobres con las propuestas, pero por razones que se desconocen la página web de la Ciudad dejó de informar la suerte del expediente. 

27.4.2017

Por Alejandro Marinelli

El juez Ricardo Farías investigaba una causa de corrupción policial en la ciudad de Buenos Aires cuando ordenó allanar la seccional 35 en el barrio de Núñez. A fines de agosto, llegó al edificio de la calle Cuba al 3100 acompañado por el fiscal José María Campagnoli: iban a verificar si ese era el escenario del video en el que unos policías explicaban cómo repartir los “trapitos” en las cercanías de la cancha de Ríver. Al abrir cajones del despacho del comisario Norberto Villarreal encontraron un cuaderno naranja espiralado marca América: tenía las anotaciones del reparto de coimas que les pedían a los comerciantes de la zona para darles “seguridad exclusiva”. En los punteos a mano estaban las siglas de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) y la Dirección General de Comisarías (DGC), antes liderada por el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar. A la luz de lo encontrado, lo de los trapitos se convirtió en una anécdota y Potocar quedó detenido (ocho meses después).

El video fue una de las primeras pruebas que recibió Campagnoli durante la investigación. En el expediente que alimenta desde abril del año pasado hay recibos, listas con los montos entregados por los locales del barrio, los cuadernos con los repartos y testimonios de policías que detallan los procedimientos de recaudación e incriminan a varios comisarios. El fiscal elaboró una lista de los comercios y pudo identificar que pagaban entre 700 y hasta 900 pesos semanales.
Ahí aparecen todos los hoteles alojamientos de la zona, un Carrefour express, Tienda de Café, Boutique de Pizzas, un gimnasio Megatlón, la heladería Chungo y el Club Náutico Buchardo (frente a la ex Esma), entre decenas de comercios. En el local de Chungo, ubicado a cinco cuadras de Puente Saavedra, los empleados llevaban una contabilidad interna con los pagos a proveedores. Uno de los rubros decía: “Policía Federal Argentina”. Hasta marzo de 2016, entregaban 2.300 pesos y desde entonces, 3.000. En el outlet de ropa de montaña Salomon y Wilson, la recaudación era de 25.000 pesos. Ese fue el monto mayor encontrado por Campagnoli.
En cada una de esas recorridas semanales, los policías en patrullero y los de la Brigada de Investigaciones de esa seccional (que son también los que aparecen en el primer video) recibían su pago y entregaban un recibo categoría “C” a nombre de la “Asociación de Amigos de la Comisaría 35 de la PFA”. Bajo la línea de puntos para poner la cifra recaudada un leyenda decía “agradece a usted la inestimable colaboración” y otra remarcaba que es un “concepto de adhesión voluntaria”. Todo quedó sellado con fecha y bajo la palabra “contabilizado”. A cambio de la “seguridad”, los comisarios y subcomisarios también recibían vouchers o tarjetas para consumir en los locales.
En el cuaderno naranja están manuscritos desprolijos las leyendas “Sub” – se sospecha que aluden al subcomisario de la 35- y “Gorda” -que parece señalar a la comisario inspector Susana Aveni de la Circunscripción VII, acusada de ser la líder de esta asociación ilícita. Ahí también aparecen la SSM y la DGC, a las que supuestamente se le asignan cinco y cuatro mil pesos respectivamente. Allí están registradas dos personas que se llevaban 20.000 pesos. Uno de ellos de apodo “Gusano”.
En la causa hay dos subcomisarios imputados, Marcelo Stefanetti y Hernán Korvacevich, quien explicó que Villarreal llegó en la 35 por orden de Potocar y Aveni, y que había que aumentar la recaudación. Por eso subieron la cuota para dejar trabajar a los “trapitos” los días de partido. Para no levantarles contravenciones, les pedían 500 pesos a cada uno. Un cabo primero que declaró en la causa como testigo confirmó que el dinero recaudado lo llevaban a “los distintos organismos superiores”, entre ellos la mencionada DGC, Asuntos Internos y la Circunscripción VII, de Aveni.
Potocar quedó detenido esta mañana cuando se presentó en los Tribunales, ocho meses después del allanamiento. El fiscal Campagnoli sospecha que es el líder de una asociación que exigía dinero a los comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra a cambio de protección y de seguridad. El ahora suspendido jefe de la flamante Policía de la Ciudad tiene 58 años. Lo presentó a fines de diciembre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Con una trayectoria de 35 años y con vínculos cercanos a las comisarías, era la apuesta del oficialismo en el lanzamiento de la nueva fuerza.
El día de la asunción, Rodríguez Larreta destacó su perfil de graduado en la Academia del FBI y su maestría en Criminología. Duró cuatro meses en el cargo pero no es la primera vez que el hombre fuerte de una fuerza seguridad en un gobierno macrista debe ser separado. En las cercanías del gabinete de Larreta ayer aún recordaban con trauma lo que sucedió con “el Fino” Palacios, designado como primer jefe de la Metropolitana, que no llegó a asumir. El ex comisario estaba acusado de encubrimiento de sospechosos del atentado a la AMIA.

26.4.2017

El Bloque Frente de Izquierda en la Legislatura Porteña convoca para este miércoles 26 de abril, a las 18, a una audiencia pública para debatir la “ley  de Autarquía y el vaciamiento del Teatro Colón. Será en el Salón Perón del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Perú 160.

Reproducimos convocatoria:
“La Ley de Autarquía del Teatro Colón  ha sido el sustento de una política privatizadora. Esta ley fue pactada por los bloques mayoritarios de la Legislatura y sirviéndose de ella, el PRO ha transformado al Teatro en una sala de alquiler multipropósito”, afirmó el legislador porteño del Frente de Izquierda Marcelo Ramal, convocante y organizador de la audiencia.
“Esta Ley ha servido no sólo para desnaturalizar la función cultural y  producción propia del Teatro, sino que la contrapartida necesaria de esta orientación es el vaciamiento de sus cuerpos artísticos, el deterioro edilicio, la precarización de sus trabajadores y los ataques a su organización gremial”, afirmó el legislador.
“Desde  el Bloque Frente de Izquierda realizamos esta audiencia como continuación de distintas iniciativas que hemos impulsado para denunciar esta situación y apoyar a sus trabajadores. Desde conciertos en la Legislatura de la Ciudad y el Congreso Nacional hasta repudio a los despidos y distintos pedidos de informes”.
Finalmente Ramal anunció: “Allí presentaremos una iniciativa para derogar la Ley de Autarquía y una campaña para recuperar el Teatro de producción propia, orientado al fomento de la cultura lírica en la población trabajadora de la Ciudad. Esta orientación social para el Teatro es inescindible del reconocimiento de todos los derechos laborales de sus trabajadores”.

25.4.2017

Miércoles 26 de abril a las 11hs.

Legislatura de la Cuidad de Buenos Aires – Perú 130
Salón Jauretche

El Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca presentará este miércoles un Proyecto de ley que declara la Emergencia Habitacional en La Boca. La iniciativa, debatida en asamblea vecinal, busca frenar el aumento abrupto y desmedido de desalojos en el barrio y promover que el Estado porteño garantice una solución habitacional definitiva a la enorme cantidad de familias de La Boca que se encuentran en una situación crítica.

Tras la aprobación de la Ley del Distrito de las Artes (puntapié para la instalación del mayor negocio inmobiliario en la zona) los desalojos se multiplicaron, generando la expulsión de 1.200 vecinas y vecinos, durante el 2016 y lo que va de este año. Actualmente, el Grupo de Vivienda acompaña a 76 juicios de desalojo que, en los próximos meses, dejarán a otras 300 familias en la calle. Es que la mayoría de estos procesos se desarrollan contra vecinos que viven en viviendas multifamiliares, donde habitan hasta 22 familias por conventillo.

Ante este proceso de vulneración de los derechos básicos de gran parte de un barrio, en el que miles de familias habitan viviendas en situación de hacinamiento y con estructuras obsoletas, y donde los recurrentes incendios destruyen hogares y se llevan vidas, principalmente de niños y niñas, es que se tomó la decisión de presentar este proyecto que propone, entre otros puntos, los siguientes:

•     Declarar la Emergencia Habitacional en La Boca, por 5 años desde la fecha de promulgación de la ley y/o hasta que se cumplan sus objetivos.

•      La Emergencia Habitacional incluye a: habitantes de casas o edificios que estén en proceso de desalojo; ocupantes de viviendas en situación de hacinamiento, inhabitables u obsoletas; alojados en hoteles y pensiones; personas en situación de calle o en riesgo de estar en esa situación; habitantes de asentamientos, villas y Núcleos Habitacionales Transitorios.

•       Para todos estos casos, se suspenden los desalojos en inmuebles que pertenezcan al Gobierno de la Ciudad. Y en los casos de desalojos de inmuebles que tramiten ante la Justicia Nacional o Federal, el Gobierno porteño deberá presentarse en el marco de la causa judicial para solicitar la suspensión del desalojo o el trámite en curso; proponer una solución habitacional definitiva y ofrecer colaboración para evitar el desalojo forzoso.

•        El GCBA deberá garantizar a cada familia que se encuentre en Emergencia Habitacional una solución habitacional definitiva; todos los gastos relacionados (mudanza, gastos de escrituración, etc.) estarán a cargo del GCBA.

•        No se considerará solución habitacional definitiva la entrega de subsidios habitacionales, el alojamiento en paradores, refugios u hogares ni cualquier otra solución transitoria.

•     Para hacer efectiva la ley, deben realizarse una serie de relevamientos: de grupos familiares y personas que se encuentren en situación de Emergencia Habitacional; de inmuebles ociosos que pertenezcan al GCBA; de inmuebles ociosos dentro del barrio que puedan declararse de utilidad pública y expropiarse; de inmuebles en venta en el barrio; etc. Estos informes deberán ser realizados por el Gobierno de la Ciudad, que deberá hacerlos públicos en el marco de la ley 104 de acceso a la información.

•        Se crea un Fondo para la Emergencia Habitacional, como así también una Comisión de Seguimiento de esta ley, integrada por organizaciones sociales y políticas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, representantes de la Comuna 4, del Consejo Consultivo Comunal, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y del Ministerio Público de la Defensa porteño.

•         La autoridad de aplicación de la ley será el Instituto de la Vivienda de la Ciudad.

El impulso del Estado al mercado inmobiliario, que incluye la venta de tierras públicas como las de Casa Amarilla y que busca transformar a La Boca en una extensión de Puerto Madero, constituye, para las familias que viven en el barrio, la expulsión de sus hogares, ya sea por los desalojos o por el aumento del costo de vida.

Este cuadro de extrema gravedad también es generado por un Estado que la viola las normas que garantizan el derecho a la vivienda en la Ciudad y específicamente en el barrio: desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes locales, como la 2240 (Declaración de Emergencia Ambiental y Urbanística del barrio de La Boca) o el artículo 29 de la Ley 4353 Distrito de las Artes (que obliga a las autoridades a generar políticas que apoyen el arraigo de quienes viven en la zona, dando soluciones habitacionales).

Nos Resistimos a la mala política y al incumplimiento de los deberes de nuestros funcionarios y Proponemos asumir nuestro lugar en la lucha por el derecho a una vivienda digna con la mayor de las responsabilidades. Por eso consideramos que es imprescindible y urgente la aprobación de este proyecto de ley por parte de las y los diputados porteños, representantes de todas y todos los que habitamos el suelo de esta Ciudad.

Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca
Integrante de la multisectorial La Boca Resiste y Propone