Red de radios

7.6.2017

El periodismo alternativo recibió ayer un mensaje de impunidad por parte de la Justicia. Compañeros reporteros gráficos de ANRed y DTL, en 2013 fueron heridos por policías con balas de plomo mientras realizaban una cobertura periodística. En su veredicto, el Tribunal sostuvo que los uniformados no tuvieron “intención de matarlos” y que sólo hubo “abuso de armas y lesiones”. Por Liliana Giambelluca.

“No les basta con que acá haya jóvenes con balas todavía adentro de su cuerpo para reconocer que fue una tentativa de matarlos. No nos podrán matar. Seguiremos adelante con nuestras luchas populares. No nos vencerán”, dijo ayer Nora de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los jueces Gustavo Rofrano, Gabriel Vega y Gustavo Valle absolvieron a los oficiales de la ex Policía Metropolitana (hoy policía de la Ciudad) Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta y condenó por “abuso de arma” a 3 años de prisión en suspenso al oficial mayor Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa por herir con balas de plomo a los reporteros gráficos de medios alternativos Esteban Ruffa, de ANRed, y Germán de los Santos, de DTL, mientras realizaban la cobertura del violento desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, la noche del 13 de marzo de 2013. El manifestante Mario Fumaroni también fue herido pero no formó parte de la querella, aunque fue convocado para declarar.

Durante las audiencias del juicio, la abogada de la querella, María del Carmen Verdú, además de testigos aportó registros de imágenes y videos donde se encontraban los tres policías en el momento que cayeron los heridos. Una de las balas de plomo que recibió Esteban Ruffa, aún se encuentra alojada en su pierna.

La pericia de Gendarmería confirmó que los tres acusados integraban el grupo que avanzó por avenida Corrientes esa noche. El argumento de la defensa es que no se pudo identificar de dónde provenían los disparos y quiénes los efectuaron.

Durante los alegatos, la querella solicitó para los tres policías imputados 20 años de prisión por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado” por integrar una fuerza de seguridad y porque “tiraron a matar”. Como pena accesoria, también pidió la inhabilitación de los policías.

Por su parte, el fiscal Oscar Ciruzzi solicitó tres años y tres meses para el oficial mayor Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa por “abuso de armas e incumplimiento de sus deberes”. Consideró que los disparos “no fueron continuos”, por lo cual, “no puedo decir que hubo intencionalidad de matar”, sostuvo.

Las defensas pidieron la absolución de los acusados, quienes en la actualidad pertenecen a la Policía de la Ciudad en servicio pasivo a la espera de los argumentos del Tribunal, que se conocerán el 13 de junio.

Luego del veredicto, la querella y referentes de organismos defensores de derechos humanos que acompañaron el proceso, manifestaron su indignación. “Esto es una vergüenza. No administran en lo absoluto justicia. Acá se juzga y aprieta a los descalzos y a los que vienen bien vestidos no se los juzga. Esta es la lucha del pueblo. No se sientan solos”, dijo Pablo Pimentel, referente de la APDH La Matanza.

La abogada Verdú, al frente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dijo que “Esta sentencia nos dice que fue un hecho aislado, que fue un loquito suelto, que fue una manzana podrida, y no que fue el liso, llano y directo ejercicio de la política represiva estatal. Aún con esta sentencia de mierda, es un triunfo de la organización y la lucha. Sin organización, no llegábamos hasta acá; sin lucha, no llegábamos al juicio” y anticipó que apelará ante el tribunal de Casación la sentencia de los jueces del TOC N° 7.

Durante las audiencias, además de compañeros de prensa que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y realizaron la cobertura, entre ellos ANRed, acompañaron a los comunicadores populares baleados, Nora de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- La Matanza), los legisladores Néstor Pitrola y Marcelo Ramal (PO-FIT), Juan Carlos Giordano (IS-FIT), Myriam Bregman (PTS-FIT) y el delegado de la Línea B de Subtes y Premetro, Claudio Dellecarbonara, entre otros.

7.6.2017

El Tribunal resolvió condenar a Gabriel De La Rosa a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Inhabilitación especial por 4 años para ejercer la función pública por ser autor del delito de abuso de armas, agravado por haber sido cometido por un miembro integrante de una fuerza policial.

A su vez, absolvió a Miguel Ledesma y a Maximiliano Acosta.

El juicio iniciado el 10 de mayo pasado, tuvo a estos tres policías de la entonces flamante Policía Metropolitana acusados de haber disparado y herir con balas de plomo a Esteban Ruffa y Germán de los Santos (ambos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos), cuando cubrían fotográficamente el violento desalojo de la Sala Alberdi la madrugada del 13 de marzo de 2013.
El miércoles 24, cuando fue momento de los alegatos de la querella, la fiscalía y la defensa, la abogada querellante solicitó 20 años de prisión por intento de homicidio agravado por ser miembros de fuerzas de seguridad. Por su parte el fiscal solicitó 3 años y tres meses de prisión por abuso de armas e inhabilitación por cuatro años por ser funcionarios públicos. Por su parte, las dos defensas policiales solicitaron la absolución de los tres efectivos.

Tras la sentencia, la abogada querellante, María del Carmen Verdú señaló que: "La sentencia absuelve a la policía de Macri de su responsabilidad en la represión con balas de plomo, se condena a un solo agente individualmente mientras se reconoce que fue un operativo organizado y dirigido desde el gobierno de la Ciudad".

Además aseguró que este fallo “intenta allanar el camino para que el gobierno pueda avanzar en su política de represión y criminalización de la protesta social en momentos que el ajuste que lleva adelante empuja a la calle a cada vez más sectores populares".

Y finalizó: "Daremos la pelea por revertir este fallo en los tribunales pero, fundamentalmente como hasta ahora, reforzando la organización y movilización popular contra la impunidad”.

6.6.2017

Por Plenario de Trabajadores de Prensa

Finalizando la jornada del 3 de Junio, por otro Ni Una Menos, la policía que protegía la Catedral Metropolitana, atacó a un grupo de manifestantes con gases e inclusive con balas de goma. Periodistas de diferentes medios fueron víctimas también del ataque que se desató desde atrás de las vallas de la Catedral. Esto repite el accionar de la policía de Macri y Larreta tras la movilización que se realizó el 8 de marzo, en el Día internacional de la Mujer Trabajadora, en donde reprimieron y detuvieron a 30 asistentes en las inmediaciones de la Plaza, en un operativo de inteligencia destinado particularmente contra el colectivo activista lésbico. 

Mientras suceden movilizaciones contra la violencia hacia la mujer y en donde se denuncia la responsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos locales en permitir zonas liberadas, la política de incremento del punitivismo y su responsabilidad en la no búsqueda eficiente de las mujeres desaparecidas,  utilizan a la policía para reprimir una protesta. 

El año pasado este mismo hecho se repitió en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, en donde la policía reprimió la movilización también, para evitar que pase por la puerta de la Catedral local. 

Que la policía haya protegido el edificio de la Catedral no es casual: el Vaticano juega un rol fundamental para aplacar la reacción popular al ajuste. El gobierno sobre actúa una defensa del edificio de la Catedral, que no corre ningún riesgo real por parte de las manifestantes, para sostener la política de la iglesia contra el aborto legal, seguro y gratuito, la libertad sexual y la educación sexual laica y científica. 

6.6.2017

Johathan Kiki Lezcano de 17 años fue fusilado con dos disparos en la cabeza por la policía el 8 de julio del 2009. También murió de un disparo Ezequiel Blanco de 25 años. El principal imputado es el efectivo Santiago Veyga. Los jóvenes fueron filmados mientras agonizaban y se burlaban los uniformados. Sus cuerpos estuvieron desaparecidos dos meses y fueron enterrados sin autorización. Hoy, desde las 9:00, se realiza la primera audiencia en Lavalle 1171.

Se inició la primer audiencia por el caso de “Gatillo fácil” contra Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. El juicio se realiza en una sala donde no dejan entrar a la prensa. En la puerta se realizan actividades de difusión. Las próximas audiencias serán los días 13 y el 26 de junio.

La madre de Kiki Lezcano se expresó en vísperas del juicio, "Nosotros venimos trabajando con los barrios de Zavaleta, de la 1-11-14 y con mucha gente para que pueda estar presente ese día. Para mí es muy importante. No tenemos nada pendiente, dimos todo lo que pudimos, y si hubiéramos podido más lo hubiéramos dado seguramente a través de la lucha y los años. El juicio llegó a esta instancia no sólo por mérito mío sino por haber tenido un buen abogado", destacó. "Primero, hasta hace dos años fue Juan Manuel Combi, él siempre estuvo dispuesto a escuchar a la familia y acompañar. Este juicio llega también por él. No quería dejar de pensar en eso", recordó Angélica.

Además, agradeció más en general: "Por todos aquéllos que levantaron el cartelito de Kiki y los medios alternativos también llegamos a este juicio. Muchos no te dan lugar porque es un pibe de Villa 20 y está instalado que algo habrá hecho, era un negrito".

En relación a los medios, Angélica fue categórica: "Cuando se trata de un pibito del barrio que fue a robar, ahí sí están todos, dan la noticia de la inseguridad, le meten pimienta para que explote. Pero cuando hay un poder policial o de cualquier otra fuerza, no le dan tanta importancia. Tenemos muchos casos de la Metropolitana que salieron un día o dos, y después se borran. Lo que una esperaba es que ellos estuvieran acompañando, pero no fue así". 

5.6.2017

Por Nicolás Eisler

El gobierno porteño autorizó la construcción del complejo Puerto Retiro en terrenos que solo permitían edificios públicos.

El gobierno porteño habilitó la construcción de un gigantesco emprendimiento privado en un terreno que solo permitía edificios públicos. Se trata del "Distrito Quartier Puerto Retiro". El proyecto estará emplazado al lado de la Villa 31 del mismo barrio, que ahora la comuna quiere urbanizar, luego de haberse resistido por más de un lustro a aplicar la ley que ordenaba el proceso. Los terrenos son la base del viejo Hospital Ferroviario que, hasta el año pasado, pertenecieron al amigo presidencial Nicolás Caputo. Compañero de colegio de Mauricio Macri, "Nicky" cuadruplicó su inversión con la venta de la parcela. Así lo hicieron la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que atesoraban predios comprados a bajo precio: la ley de Sinceramiento Fiscal 27.760 dio luz verde para la creación de fideicomisos que permiten zafar de los impuestos especiales del 5%, 10% o 15% sobre los montos blanqueados. Esa ley, como contó Tiempo en su edición del 22 de abril, dejó una ventana abierta para evitar el gravamen: la inversión de esos fondos en ladrillos mediante fideicomisos. El que explota los terrenos del viejo Hospital Ferroviario es el segundo fondo que se registró luego de esa ruleta y está conformado por el consorcio Argencons – Allaria. Además, para la alegría de Caputo, el 9 de mayo pasado, cinco meses después de la inscripción de ese fondo en el Mercado de Valores, el Ministerio de Desarrollo Urbano autorizó 54.441 metros cuadrados de obra y, tan solo nueve días después, aumentó a 56.570 metros cuadrados.
"El Gobierno de la Ciudad concretó lo que advertimos. Revalidó la autorización que le había dado hace nueve años a Caputo. No solo vamos a tener oficinas privadas donde solo podía haber edificios públicos sino que el Estado hace todas la inversiones y ampara la apropiación por parte de las empresas amigas que hacen especulación inmobiliaria", apuntó la legisladora kirchnerista Paula Penacca.
El Distrito Quartier Puerto Retiro está a cargo de la empresa Argencons, perteneciente a Luis Camps. Ernesto Allaria es otro de los socios del emprendimiento y, además, titular del Merval. Hasta hace pocos meses Caputo fue vicepresidente del Mercado de Valores porteño. Y también sería socio en el desarrollo del conjunto de edificios que requerirá una inversión final de 215 millones de dólares. En abril este diario contextualizó la figura de Allaria: se trata del actual titular del Merval, cuya gestión es acompañada por "Nicky" Caputo como vice.
Además de haberse visto favorecidos por los 2.000 millones de dólares que invertirán para la urbanización de la Villa 31 dentro del barrio de Retiro tanto la Nación como la Ciudad, los socios del Quartier fueron beneficiados, en una maniobra inédita, por el gobierno porteño.
El terreno del Hospital Ferroviario que había sido adquirido por Caputo y otros socios solo permitía el emplazamiento de edificios públicos. Sin embargo, en 2008 Nicky consiguió que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano cambiaran la zonificación de la parcela. Como si se tratara de un pase de magia desde la Dirección General de Interpretación Urbana asimilaron una zona de localización de edificios públicos al desarrollo de una "Oficina Comercial", "Hotel" y "Auditorio". Con esa disposición multiplicaron por cuatro la ganancia de "Nicky".
Casi diez años después, los socios del Quartier Retiro mantienen intacto su poder de fuego. El 9 de mayo pasado, mediante la Resolución Nº 193/GCABA/SSREGIC/17 el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se basó en aquellas irregulares resoluciones que datan de 2008 para habilitar el nuevo proyecto. Incluso desde Desarrollo Urbano, a cargo de Franco Moccia, elogiaron el proyecto de Argencons. "Desde el punto de vista urbanístico, es meritorio destacar la propuesta de recuperación de la escala peatonal del conjunto edilicio en su totalidad", escribió Rodrigo Cruz, subdirector de Interpretación y Catastro.
Claro que Cruz cometió un error. En vez de habilitar 56.570 metros cuadrados, habilitó 54.441 metros cuadrados, una diferencia que, con una valuación de 3.500 dólares el metro podía haber significado casi 7 millones de dólares de pérdida para los socios del Quartier. Para tranquilidad de Allaria y Camps (y tal vez de Caputo), el gobierno corrigió el expediente con velocidad. Una maniobra que puede llevar entre tres y seis meses se llevó a cabo en tan solo nueve días, dentro de una dinámica que la comuna se había comprometido a ejecutar con los "emprendedores" que decidieran invertir en proyectos con más de cinco años de ejecución, uno de los plazos clave para esquivar todos los gravámenes que establecía la ley de blanqueo.