Red de radios

27.4.2017

Por Alejandro Marinelli

El juez Ricardo Farías investigaba una causa de corrupción policial en la ciudad de Buenos Aires cuando ordenó allanar la seccional 35 en el barrio de Núñez. A fines de agosto, llegó al edificio de la calle Cuba al 3100 acompañado por el fiscal José María Campagnoli: iban a verificar si ese era el escenario del video en el que unos policías explicaban cómo repartir los “trapitos” en las cercanías de la cancha de Ríver. Al abrir cajones del despacho del comisario Norberto Villarreal encontraron un cuaderno naranja espiralado marca América: tenía las anotaciones del reparto de coimas que les pedían a los comerciantes de la zona para darles “seguridad exclusiva”. En los punteos a mano estaban las siglas de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) y la Dirección General de Comisarías (DGC), antes liderada por el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar. A la luz de lo encontrado, lo de los trapitos se convirtió en una anécdota y Potocar quedó detenido (ocho meses después).

El video fue una de las primeras pruebas que recibió Campagnoli durante la investigación. En el expediente que alimenta desde abril del año pasado hay recibos, listas con los montos entregados por los locales del barrio, los cuadernos con los repartos y testimonios de policías que detallan los procedimientos de recaudación e incriminan a varios comisarios. El fiscal elaboró una lista de los comercios y pudo identificar que pagaban entre 700 y hasta 900 pesos semanales.
Ahí aparecen todos los hoteles alojamientos de la zona, un Carrefour express, Tienda de Café, Boutique de Pizzas, un gimnasio Megatlón, la heladería Chungo y el Club Náutico Buchardo (frente a la ex Esma), entre decenas de comercios. En el local de Chungo, ubicado a cinco cuadras de Puente Saavedra, los empleados llevaban una contabilidad interna con los pagos a proveedores. Uno de los rubros decía: “Policía Federal Argentina”. Hasta marzo de 2016, entregaban 2.300 pesos y desde entonces, 3.000. En el outlet de ropa de montaña Salomon y Wilson, la recaudación era de 25.000 pesos. Ese fue el monto mayor encontrado por Campagnoli.
En cada una de esas recorridas semanales, los policías en patrullero y los de la Brigada de Investigaciones de esa seccional (que son también los que aparecen en el primer video) recibían su pago y entregaban un recibo categoría “C” a nombre de la “Asociación de Amigos de la Comisaría 35 de la PFA”. Bajo la línea de puntos para poner la cifra recaudada un leyenda decía “agradece a usted la inestimable colaboración” y otra remarcaba que es un “concepto de adhesión voluntaria”. Todo quedó sellado con fecha y bajo la palabra “contabilizado”. A cambio de la “seguridad”, los comisarios y subcomisarios también recibían vouchers o tarjetas para consumir en los locales.
En el cuaderno naranja están manuscritos desprolijos las leyendas “Sub” – se sospecha que aluden al subcomisario de la 35- y “Gorda” -que parece señalar a la comisario inspector Susana Aveni de la Circunscripción VII, acusada de ser la líder de esta asociación ilícita. Ahí también aparecen la SSM y la DGC, a las que supuestamente se le asignan cinco y cuatro mil pesos respectivamente. Allí están registradas dos personas que se llevaban 20.000 pesos. Uno de ellos de apodo “Gusano”.
En la causa hay dos subcomisarios imputados, Marcelo Stefanetti y Hernán Korvacevich, quien explicó que Villarreal llegó en la 35 por orden de Potocar y Aveni, y que había que aumentar la recaudación. Por eso subieron la cuota para dejar trabajar a los “trapitos” los días de partido. Para no levantarles contravenciones, les pedían 500 pesos a cada uno. Un cabo primero que declaró en la causa como testigo confirmó que el dinero recaudado lo llevaban a “los distintos organismos superiores”, entre ellos la mencionada DGC, Asuntos Internos y la Circunscripción VII, de Aveni.
Potocar quedó detenido esta mañana cuando se presentó en los Tribunales, ocho meses después del allanamiento. El fiscal Campagnoli sospecha que es el líder de una asociación que exigía dinero a los comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra a cambio de protección y de seguridad. El ahora suspendido jefe de la flamante Policía de la Ciudad tiene 58 años. Lo presentó a fines de diciembre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Con una trayectoria de 35 años y con vínculos cercanos a las comisarías, era la apuesta del oficialismo en el lanzamiento de la nueva fuerza.
El día de la asunción, Rodríguez Larreta destacó su perfil de graduado en la Academia del FBI y su maestría en Criminología. Duró cuatro meses en el cargo pero no es la primera vez que el hombre fuerte de una fuerza seguridad en un gobierno macrista debe ser separado. En las cercanías del gabinete de Larreta ayer aún recordaban con trauma lo que sucedió con “el Fino” Palacios, designado como primer jefe de la Metropolitana, que no llegó a asumir. El ex comisario estaba acusado de encubrimiento de sospechosos del atentado a la AMIA.

26.4.2017

El Bloque Frente de Izquierda en la Legislatura Porteña convoca para este miércoles 26 de abril, a las 18, a una audiencia pública para debatir la “ley  de Autarquía y el vaciamiento del Teatro Colón. Será en el Salón Perón del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Perú 160.

 

Reproducimos convocatoria:
“La Ley de Autarquía del Teatro Colón  ha sido el sustento de una política privatizadora. Esta ley fue pactada por los bloques mayoritarios de la Legislatura y sirviéndose de ella, el PRO ha transformado al Teatro en una sala de alquiler multipropósito”, afirmó el legislador porteño del Frente de Izquierda Marcelo Ramal, convocante y organizador de la audiencia.
“Esta Ley ha servido no sólo para desnaturalizar la función cultural y  producción propia del Teatro, sino que la contrapartida necesaria de esta orientación es el vaciamiento de sus cuerpos artísticos, el deterioro edilicio, la precarización de sus trabajadores y los ataques a su organización gremial”, afirmó el legislador.
“Desde  el Bloque Frente de Izquierda realizamos esta audiencia como continuación de distintas iniciativas que hemos impulsado para denunciar esta situación y apoyar a sus trabajadores. Desde conciertos en la Legislatura de la Ciudad y el Congreso Nacional hasta repudio a los despidos y distintos pedidos de informes”.
Finalmente Ramal anunció: “Allí presentaremos una iniciativa para derogar la Ley de Autarquía y una campaña para recuperar el Teatro de producción propia, orientado al fomento de la cultura lírica en la población trabajadora de la Ciudad. Esta orientación social para el Teatro es inescindible del reconocimiento de todos los derechos laborales de sus trabajadores”.

25.4.2017

Miércoles 26 de abril a las 11hs.

Legislatura de la Cuidad de Buenos Aires – Perú 130
Salón Jauretche

El Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca presentará este miércoles un Proyecto de ley que declara la Emergencia Habitacional en La Boca. La iniciativa, debatida en asamblea vecinal, busca frenar el aumento abrupto y desmedido de desalojos en el barrio y promover que el Estado porteño garantice una solución habitacional definitiva a la enorme cantidad de familias de La Boca que se encuentran en una situación crítica.

Tras la aprobación de la Ley del Distrito de las Artes (puntapié para la instalación del mayor negocio inmobiliario en la zona) los desalojos se multiplicaron, generando la expulsión de 1.200 vecinas y vecinos, durante el 2016 y lo que va de este año. Actualmente, el Grupo de Vivienda acompaña a 76 juicios de desalojo que, en los próximos meses, dejarán a otras 300 familias en la calle. Es que la mayoría de estos procesos se desarrollan contra vecinos que viven en viviendas multifamiliares, donde habitan hasta 22 familias por conventillo.

Ante este proceso de vulneración de los derechos básicos de gran parte de un barrio, en el que miles de familias habitan viviendas en situación de hacinamiento y con estructuras obsoletas, y donde los recurrentes incendios destruyen hogares y se llevan vidas, principalmente de niños y niñas, es que se tomó la decisión de presentar este proyecto que propone, entre otros puntos, los siguientes:

•     Declarar la Emergencia Habitacional en La Boca, por 5 años desde la fecha de promulgación de la ley y/o hasta que se cumplan sus objetivos.

•      La Emergencia Habitacional incluye a: habitantes de casas o edificios que estén en proceso de desalojo; ocupantes de viviendas en situación de hacinamiento, inhabitables u obsoletas; alojados en hoteles y pensiones; personas en situación de calle o en riesgo de estar en esa situación; habitantes de asentamientos, villas y Núcleos Habitacionales Transitorios.

•       Para todos estos casos, se suspenden los desalojos en inmuebles que pertenezcan al Gobierno de la Ciudad. Y en los casos de desalojos de inmuebles que tramiten ante la Justicia Nacional o Federal, el Gobierno porteño deberá presentarse en el marco de la causa judicial para solicitar la suspensión del desalojo o el trámite en curso; proponer una solución habitacional definitiva y ofrecer colaboración para evitar el desalojo forzoso.

•        El GCBA deberá garantizar a cada familia que se encuentre en Emergencia Habitacional una solución habitacional definitiva; todos los gastos relacionados (mudanza, gastos de escrituración, etc.) estarán a cargo del GCBA.

•        No se considerará solución habitacional definitiva la entrega de subsidios habitacionales, el alojamiento en paradores, refugios u hogares ni cualquier otra solución transitoria.

•     Para hacer efectiva la ley, deben realizarse una serie de relevamientos: de grupos familiares y personas que se encuentren en situación de Emergencia Habitacional; de inmuebles ociosos que pertenezcan al GCBA; de inmuebles ociosos dentro del barrio que puedan declararse de utilidad pública y expropiarse; de inmuebles en venta en el barrio; etc. Estos informes deberán ser realizados por el Gobierno de la Ciudad, que deberá hacerlos públicos en el marco de la ley 104 de acceso a la información.

•        Se crea un Fondo para la Emergencia Habitacional, como así también una Comisión de Seguimiento de esta ley, integrada por organizaciones sociales y políticas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, representantes de la Comuna 4, del Consejo Consultivo Comunal, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y del Ministerio Público de la Defensa porteño.

•         La autoridad de aplicación de la ley será el Instituto de la Vivienda de la Ciudad.

El impulso del Estado al mercado inmobiliario, que incluye la venta de tierras públicas como las de Casa Amarilla y que busca transformar a La Boca en una extensión de Puerto Madero, constituye, para las familias que viven en el barrio, la expulsión de sus hogares, ya sea por los desalojos o por el aumento del costo de vida.

Este cuadro de extrema gravedad también es generado por un Estado que la viola las normas que garantizan el derecho a la vivienda en la Ciudad y específicamente en el barrio: desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes locales, como la 2240 (Declaración de Emergencia Ambiental y Urbanística del barrio de La Boca) o el artículo 29 de la Ley 4353 Distrito de las Artes (que obliga a las autoridades a generar políticas que apoyen el arraigo de quienes viven en la zona, dando soluciones habitacionales).

Nos Resistimos a la mala política y al incumplimiento de los deberes de nuestros funcionarios y Proponemos asumir nuestro lugar en la lucha por el derecho a una vivienda digna con la mayor de las responsabilidades. Por eso consideramos que es imprescindible y urgente la aprobación de este proyecto de ley por parte de las y los diputados porteños, representantes de todas y todos los que habitamos el suelo de esta Ciudad.

Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca
Integrante de la multisectorial La Boca Resiste y Propone

25.4.2017

El fiscal Campagnoli pidió detener al titular de la Policía de la Ciudad por su presunta participación en el pedido de coimas a cambio de protección a comerciantes y vecinos de Núñez y Saavedra.

Daniel Satur

 

El fiscal porteño José María Campagnoli pidió la detención de José Pedro Potocar, el jefe de la Policía de la Ciudad que (a sólo cuatro meses de haber asumido en el cargo) fue separado por Horacio Rodríguez Larreta al estar acusado de liderar una banda uniformada dedicada a recaudar fortunas coimeando a comerciantes y vecinos de los barrios de Núñez y Saavedra.

Potocar está comprometido en la causa donde se investiga el sistema de recaudación ilegal de la fuerza, a través de pedidos de dinero a comerciantes y vecinos de esos barrios a cambio de “protección” y promesas de no sufrir hechos de “inseguridad”.

El nombre y apellido del jefe de la fuerza habría aparecido anotado en un cuaderno secuestrado en un allanamiento a la Comisaría 35 de la Ciudad. Allí se lo involucraría a Potocar como parte beneficiaria de supuestos pagos y cobros de coimas.

Vale recordar que en la causa ya está detenida con prisión preventiva la comisario inspector Susana Aveni, quien ocupaba un cargo relevante en el área de Narcocriminalidad de la Policía porteña. Justamente por estas horas la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó el rechazo de la excarcelación de Aveni que ya había dictaminado el fiscal Mauricio Viera. El fallo de la Cámara se sustenta en que la jefa policial puede eludir la justicia o “entorpecer la investigación, procurando amedrentar testigos”.

 

La “transparencia de la institución”

 

El sábado pasado el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta dispuso a través de un decreto suspender a Potocar con el argumento de “preservar una investigación judicial en la que está mencionado y la normal prestación del servicio de seguridad”. La conducción de la fuerza, mientras tanto, quedará bajo mando de la Secretaría de Seguridad a cargo de Marcelo D’Alessandro.

Ayer el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, dijo que la suspensión de Potocar es “transitoria” y que espera que “aclare su situación en la Justicia y rápidamente vuelva” a desempeñar su cargo.

La separación de Potocar fue “a los efectos de preservar tanto la transparencia de la institución como la posibilidad de que él se pueda abocar a defenderse, si tuviera que defenderse, en esa causa”, afirmó Ocampo ante la prensa.

Pero a juzgar por lo que consta en el expediente, e incluso por los propios dichos del juez de la causa Ricardo Farías, quizás Potocar no vuelva tan rápido a calzarse el uniforme y sentarse en su sillón. Es que a decir del juez los policías investigados “organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35ta., con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente”. Y Potocar está en la cúspide de las sospechas.

 

“No es justo, soy policía, no soy corrupto”

 

En la tarde de ayer Potocar habló desde el living de su casa con el operador político-mediático (decirle periodista es demasiado) Eduardo Feinmann, en el canal de noticias A24.

Con un trato casi amistoso Feinmann le hizo algunas preguntas sensibleras, del tipo “¿José, cómo se siente?” o “¿qué le pasa, José, sabiendo que puede ir preso?”. Y así le dio aire para que Potocar hiciera su descargo.

“Yo quiero dejar claro que hoy no tengo ni arma, ni credencial, ni teléfono, ni nada. Me despojé de todo y me puse a disposición de la justicia”, dijo Potocar.

Y pidió que, por favor, se lo respete en el proceso judicial. “El fiscal hizo allanar mi oficina, todo, y aparezco ahora en el testimonio de dos personas (sobre las que no voy a hacer juicio de valor porque están detenidas y no prestaron juramento de decir verdad), y dijeron una serie de cuestiones que no tienen ningún asidero”, manifestó el comisario. Sin embargo no dijo nada (ni se lo preguntaron) sobre la presencia de su nombre en el cuaderno de recaudaciones de la 35.

“Esto que estoy viviendo no es propio de una república. Todos son trascendidos, comentarios”, se defendió Potocar. Y como creyendo que sus palabras podrían generar algún tipo de simpatía sentenció: “Señores, me nombraron jefe de la Policía, soy una persona honorable. Y hoy veo que soy un monstruo social… Yo toda mi carrera fui policía. Soy policía. No soy un corrupto”.

 

En el mismo lodo…

 

Un dato nada menor en esta trama es que quien pidió la prisión preventiva de Potocar es nada menos que uno de los fiscales mejor considerados por la coalición Cambiemos, de la cuál Rodríguez Larreta, el jefe de Potocar, es uno de los exponentes más reconocidos.

Se recordará la campaña encabezada por Elisa Carrió y Jorge Lanata para que Campagnoli fuera repuesto en su cargo luego de ser suspendido en 2013 por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de Alejandra Gils Carbó. De hecho su vuelta al cargo en 2014 fue festejada por el PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo, Clarín y La Nación como una vendetta contra el kirchnerismo que lo había querido echar del Poder Judicial.

Ahora Potocar culpa a Campagnoli de estar haciéndole una cama que, por añadidura, significaría un ataque al Gobierno que le confió el cargo de jefe de la Policía. Y afirma que para eso el fiscal está utilizando una causa en la que están involucrados varios de sus subordinados, sobre los que, confiesa de todos modos, no puede poner las manos en el fuego.

Algo parecido había dicho en 2010 Jorge “el Fino” Palacios, primer jefe de la Policía Metropolitana elegido por el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, desplazado en medio de escándalos varios y hoy enfrentando un juicio por ser parte de la cadena de encubrimientos del atentado a la AMIA.

No es intención de esa nota proponerle a quien lee tomar partido por Campagnoli o por Potocar. Semejante tarea puede resultar tan difícil (o directamente imposible). Tanto como creer en la “transparencia” de la Policía.

24.4.2017

Marcelo Ramal, legislador porteño por el PO-FIT, se refirió a la suspensión –y posterior pedido de detención del jefe de la policía de la Ciudad. “El gobierno de Larreta sólo decidió la suspensión del comisario Potocar cuando tuvo la certeza de que pedirían su detención, como acaba de ocurrir hoy.  Pero el ejecutivo porteño mantuvo en su cargo a Potocar cuando ya era pública y notoria la existencia de una red de coimas y extorsión a trapitos, vendedores y otras actividades de la calle, que reportaban a la Dirección General de Comisarías”.

Ramal señaló que “se ha confirmado brutalmente lo que nuestro bloque planteó al momento de la creación de la nueva policía porteña, a saber, que estamos ante un reciclado del viejo y sospechado aparato que se entrelazó con el delito organizado, por un lado, y que tuvo en sus manos la represión del Indoamericano y múltiples casos de gatillo fácil, por el otro”. 

“Este accionar se ha confirmado en la corta existencia de la nueva Policía. Primero, con casos de represión y atropellos  a la juventud de los barrios.   Luego,  con la comprobación de que el elenco de comisarios involucrado en hechos delictivos fue asimilado integralmente al nuevo cuerpo de la Ciudad.  Con el pedido de detención a Potocar, asistimos a una implosión de la supuesta ´nueva´ policía y, naturalmente, a una crisis política.  Pero esa crisis abarca a los legisladores kirchneristas y de Lousteau, que en su momento le votaron al macrismo este engendro represivo y corrupto”. 

Ramal anticipó que pedirá que el ministro Ocampo sea interpelado en la Legislatura por la cuestión de Potocar.