Red de radios

15.5.2017

La tercer audiencia del juicio a tres efectivos de la Policía Metropolitana por disparar con balas de plomo a comunicadores populares en 2013, que estaba pautada por el tribunal para las 10, comenzó pasadas las 11, nuevamente con una sala llena de figuras que fueron a acompañar a los baleados por comunicar, como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora (que ya se había hecho presente el viernes), Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Susana Ancarola, del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y el diputado Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista-FIT. Esta audiencia estuvo dedicada a los testigos presentados por la defensa de los policías, quienes continuaron con la línea del viernes pasado de declarar que no recuerdan nada, ni hechos ni nombres, que no estuvieron aquella noche en la zona de los hechos, y que no utilizaron balas de plomo para reprimir aquella noche. Por www.juicioalametropolitana.com

 

“Hola, permiso”

 

Con respecto a los testigos, volvieron a desfilar por el banquillo testigos que no recordaban nada, poco o difusamente, en una clara muestra de ocultamiento corporativo de las fuerzas, como ya había sucedido con algunos testigos el viernes pasado. No se presentaron el oficial Javier Esteban Morel, el subinspector Sebastián Andrés Ríos, el cabo Jorge Adrián Molina y el principal Daniel Alejandro Morales. El oficial Luis Eduardo Isla, que también estaba citado como testigo, no se presentó porque ya no pertenece más a la fuerza de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, el fiscal se ofreció a seguir buscándolo porque es un “testigo fundamental”, petición a la que los jueces hicieron lugar.

Por su parte, la defensa de los policías acusados solicitó desistir de los testimonios del subprefecto Daniel Gallián Martínez y los oficiales Javier Esteban Morel y Gustavo Nicolás Nichea, pero como éste último se encontraba en la sala se lo solicitaron igualmente al testimonio. El fiscal solicitó que se incorpore la lectura de lo declarado por el subprefecto Martínez en su primer testimonio.

La ronda de testimonios comenzó con Carlos Abel López, que actualmente es inspector de la Policía de la Ciudad y subinspector en la Policía Metropolitana en 2013. Asimismo, relató que antes de estar en éstas fuerzas pertenecía a la bonaerense. El fiscal le recordó que en la madrugada del 13 de marzo de 2013 se presentó en el Hospital Durand (donde se encontraba Germán de los Santos, uno de los comunicadores heridos con plomo) y le preguntó qué recordaba de aquella noche. “Recuerdo claramente. Era jefe de servicio y fiscalizador de la comuna 15 – relató – Me acerqué al hospital para contactar si había ingresado una víctima con lesiones. El hospital quedaba por fuera de la comuna 15, pero es normal que yo vaya ahí. Cuando llegué hablé con un efectivo de la Policía Federal (no recuerdo su nombre). Discutí porque la Federal me decía que era su distrito. La Federal llegó antes, por eso se hacía cargo porque era procedimiento suyo. Eso era lo común en aquella época”.

El inspector López continuó relatando que se peleaban para ver de quién era el procedimiento, que ingresó a la guardia a ver al herido y solicitó datos para luego informar, aunque no recuerda quién era el herido. Declaró que el herido le pidió los datos a él y lo empezó a insultar, por ser parte de la Metropolitana. También contó que el herido estaba acompañado en el hospital por unas 15 personas en un clima “hostil para con la Metropolitana”. También indicó que como el herido no llegó por ambulancia, la policía no tomó conocimiento de que había un herido de bala de plomo y que él toma conocimiento de que Darío de los Santos había ingresado al hospital en un auto particular. Y volvió a repetir que la Policía Federal se hizo cargo, aunque no recuerda el nombre del oficial de la Federal con el que habló.

Luego se contradijo diciendo que el operador del comando lo desplazó al Hospital Durand para saber si había alguna persona herida de arma blanca o plomo, ya que o estaba enterado o no estaba enterado de que había un herido grave en el hospital. Sin embargo, el entonces subinspector de la Metropolitana insistió con que De los Santos lo “trato mal”, y que tanto el comunicador herido como las personas que estaban afuera insistían con que la Metropolitana lo había herido con plomo, pero dice que hasta ese momento él “lo desconocía”.

La abogada de los dos comunicadores heridos, María del Carmen Verdú le preguntó si habló con algún médico al llegar al hospital, a lo cual respondió afirmativamente aunque aclaró que fue sólo “de rutina, de procedimiento ordinario” sin dar más especificaciones. Afirmó que sólo saludó a los médicos y pidió permiso. Allí el juez intervino repreguntando sobre qué habló con los médicos, y López contestó: “Hola, permiso” (sic), y aclaró que no era necesario hablar más ni pedir diagnóstico. Ante este testimonio la defensa no quiso hacer ninguna pregunta.

 

Fogonazos que ven todos en la sala, menos el testigo

 

El segundo testigo de la jornada fue el oficial Gustavo Nicolás Nichea, oficial mayor de la Policía de la Ciudad, que antes era bombero de la Policía de la Provincia, quien declaró que la noche del 13 de marzo de 2013 se encontraba en la base en Chacarita, y que ahí Ledesma (uno de los imputados) toma conocimiento del conflicto en las inmediaciones del Teatro Gral. San Martín, además de que ellos siguieron lo acontecido desde la TV. Nichea declaró que esa noche Ledesma separó dos escopetas calibre 12/70 y 4 cajas chicas de cartuchos AT (anti tumultos) de 25 cartuchos cada una, y la repartió a cada uno de los cuatro agentes a estaban (Morelia, Acosta, a él y otra se la quedó Ledesma). Informó que sólo habían dos escopetas. Detalló que se desplazaron a la zona del Teatro San Martín. Allí se desplazaron a pie por la calle Sarmiento hasta Montevideo, y se encuentran con el comisionado Masulli, quien informó que estaba herido. Nuevamente escucharon pedido de apoyo, y Ledesma se fue a apoyar al lugar, hasta Montevideo y Corrientes, donde sobre ésta última avenida ven al BRI y al DIC. Se posicionaron del lado izquierdo (sobre la calle Lavalle), detrás del BRI (detalló que los 4 siempre avanzaron juntos), y detalló que allí escuchó tres detonaciones, “una más fuerte que las otras”. Entonces contó que la línea del BRI y el DIC siguen avanzando, y ellos también, que hicieron una formación en abanico hasta llegar hasta el cruce de Corrientes y Paraná, donde se detuvo la línea.

El oficial Nichea indicó que ahí Acosta recibió un piedrazo en la mano, entonces dice que ahí se retiraron los 4 (Acosta, Ledesma, Nichea y Morelia). Dice que escuchó dos detonaciones que hicieron Acosta y Ledesma, y luego vio el piedrazo que recibe Acosta en la mano derecha. Dijo que tenían un contenedor a varios metros que habían prendido fuego.

En ese momento el abogado defensor le preguntó si vio a un herido en bicicleta y afirmó que no, y que luego ellos se fueron al hospital a llevar a Acosta. El fiscal, por su parte, preguntó si el que repartió las balas fue Ledesma y Nichea respondió que sí, y que solamente Acosta y Ledesma tenían las armas, además de que cuando alcanzan la línea y corre la orden de avanzar es cuando escucha tres disparos. Y que que venía del DIC ese disparo más fuerte.

Ante la pregunta de la abogada Verdú, afirmó que el BRI no tenía armas largas y el DIC sí, y que no vio los fogonazos porque a su derecha tenía toda la línea del BRI, que no pueden precisar de qué arma procede el fogonazo del vídeo.

Luego, el tribunal ordenó, a pedido de la Dra. Verdú, pasar el video grabado por Belén Revollo de En Movimiento TV del momento de las detonaciones con las cuales son heridos aquella noche Esteban Ruffa y Germán de los Santos, quienes luego del testimonio concurrieron al Cuerpo Médico Forense para que se les vuelvan a hacer los peritajes de las cicatrices de sus heridas, según lo solicitado el viernes pasado por el fiscal. También, a pedido del abogado policial se le pasó al testigo el video de un domo de la Ciudad de Buenos Aires.

Primero proyectan el video de la cámara domo del gobierno de la Ciudad. El fiscal le pide al testigo identificar lo que ve, a lo cual responde que el escudo lo llevaba Morelia y luego se identifica a sí mismo. Allí Verdú le pidió que precise cuándo son los disparos, a lo cual responde que cuando dan los primeros pasos es cuando los escucha, y que ellos se ubican a la izquierda de la formación, y que quedaron por delante. Dice ver un fogonazo, y a ahí es cuando ellos se repliegan, del lado derecho de la pantalla y se vienen un poco a la izquierda de la pantalla. Dice que el disparo proviene del lado izquierdo de la pantalla donde estaba la célula del DIC, y después de eso se ve a Mario Fumaroni (manifestante también herido con plomo esa noche) verse la herida en el video. Afirmó que los disparos (el primero que escucha fuerte) vienen del lado contrario, del lado donde estaba el DIC, y al disparo que hiere a Fumaroni dice verlo también venir del lado contrario, donde está el DIC. En el vídeo se ven unos fogonazos… Los ven todos y todas en la sala… Pero el testigo dice no verlo. Son unos fogonazos a la izquierda de donde estaban ellos, que se visualizan en el minuto 12.02.35 del vídeo. El policía testigo también declaró que no vio bombas molotovs.

Luego, se proyectó el vídeo de Belén Revollo. Allí el policía testigo se reconoció. Verdú le pregunta por los disparos. El testigo indicó que reconoce que hay una detonación más fuerte que el resto, pero que no logra identificar de dónde proviene.

 

Armas para todos

 

El tercer testigo, en este caso, solicitado por la fiscalía, fue Luis Diego Eduardo González, inspector de la Policía de la Ciudad, antes Jefe de Armamento en la sección de Intervenciones Complejas de la Metropolitana. En la sala el testigo detalló que el proceso habitual de armamento para policías que están cubriendo servicio es asignar armamento de acuerdo al oficio a tienen que desarrollar, y que eso queda asentado en un vale, que incluye hasta las municiones. La asignación se hace individualmente porque cada oficial firma el vale.

Con respecto al armamento en sí, declaró que en ese momento no tenían muchos AT (anti tumulto) y marcadoras, y que esa munición es muy suave. Esos vales se guardaban en una carpeta, indicó, y dice no recordar si ese día del 2013 se realizó ese procedimiento de dejar constancia en la carpeta.

Verdú preguntó si ese tipo de munición puede perforar un muslo o alojarse en un hueso, a lo que el testigo indicó que éstos cartuchos AT a una distancia de 20 metros no pueden perforar ningún muslo ni alojarse en un hueso.

El fiscal repreguntó ya que el testigo dijo en su anterior declaración (fojas 404 y 406 del expediente) que el oficial Castillo retiró cuatro escopetas, o sea que retiró grupalmente, cuando el testigo declara ahora que el armamento se retira individualmente. El testigo dice que no recuerda esa asignación y repite que la asignación era individual, que debe haber una orden superior y que debe haber registro. El fiscal leyó también otra foja del expediente donde el testigo aseguró que Canavide retiró dos escopetas 1270 Mossberg. El testigo insistió que cuando él estaba "el armamento se retiraba hombre a hombre, a su paso eso debe ser por orden superior”.

El último testigo de la tarde, (pedido por la Fiscalia), fue Juan José Ríos, actual superintendente de la policía de la Ciudad, antes era comisario general de la Metropolitana, previo a eso pertenecía a la fuerza Federal. El testigo comienza declarando de una manera muy hostil, se percibía que se encontraba molesto e incómodo ante la situación indagatoria. Manifiesta tener conocimiento de lo acontecido en marzo del 2013, pero levemente. La fiscalia le muestra unas fojas, de declaraciones escritas previas y manifiesta reconocerlas.

Al ser indagado sobre cuestiones relacionadas sobre el armamento utilizado, dice que su retiro es individual y que se firma un acta, tanto el que recibe como el que otorga las armas. Asegura que “es imposible que una sola persona retire armamento grupal… en ningún caso es grupal (SIC)”. El fiscal le muestra dos fojas donde figuran retiros grupales de armamento. Responde que si alguna vez sucede, es solo como excepción, pero el fiscal insiste que en reiteradas oportunidades en ese día se retiró armamento en forma grupal. El testigo concluye que ese día estaba de licencia, por lo tanto, él sólo puede informar de manera general de acuerdo a su cargo.

La Fiscalía insiste que hay que convocar a Morelia, insistir en escucharlo, ya que la defensa quiere desestimar su testimonio.

El Tribunal resuelve que el resto de los testigos se tomen por lectura (lo ya declarado); a excepción de Islas y Morel, van a insistir en su localización porque consideran pertinente su declaración.

La próxima audiencia será el miércoles 17 a las 10hs, donde de ser localizados los testigos Islas y Morel, declararan, y luego de un cuarto intermedio comenzará el alegato de la querella a cargo de la Dra. María del Carmen Verdú.

15.5.2017

El viernes 12 fue la segunda audiencia en el juicio que imputa a tres policías de la Metropolitana por herir con armas de fuego a tres personas, dos comunicadores de la RNMA y el tercero, un joven de una biblioteca popular. Se hicieron presentes en la audiencia para solidarizarse Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), y Susana Ancarola (Encuentro Memoria Verdad y Justicia-EMVyJ), entre otros/as. En esta jornada declaró una decena de testigos de la querella y la sala se vió colmada de personas que querían acompañar a los “baleados de la RNMA”, ocupando los dos sectores de la sala (el de la querella y el de la defensa). Los jueces confirmaron la extensión del juicio hasta el próximo viernes 19 de mayo.

 

“Se diferenciaban las heridas de bala de goma y las de bala de plomo”

 

La segunda y larga audiencia comenzó pasadas las 9.30 hs de la mañana, ya que antes el tribunal tuvo que resolver una probation. Una vez ingresadas todas las personas a la sala, el Fiscal solicitó a los jueces que se realice una revisión médica forense para determinar el tiempo de recuperación de las lesiones. La querella estuvo de acuerdo con el pedido de la fiscalía. La defensa se opuso al pedido del fiscal, porque tiene anotado que el período de recuperación de ambos fue durante un mes. Finalmente, el Juez ordenó el reconocimiento frente al cuerpo médico forense, considerando oportuno el pedido del fiscal, para así determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de curación con comprobación científica. La defensa de las víctimas no puede tener perito de parte ya que “no tenemos plata para perito de parte”, afirma María del Carmen Verdú, la abogada querellante. El lunes por la mañana se realizará la revisión médica forense.

La primera testigo fue Vanesa Spaccavento, comunicadora de Corriendo la Voz. Allí relató que el 12 de marzo del 2013 estuvo en el Teatro Gral. San Martín. Se acercó a la plaza seca minutos antes de que comenzara la represión. Relató que al replegarse se metió en el local de Nac & Pop, y ahí tiene la imagen de un “chico corriendo en una pata” (que luego conocerá como Esteban Ruffa, fotógrafo de ANRed). Vió corridas, camiones hidrantes, muchos móviles y personal policial. Comentó que en la plaza de la 9 de julio se realizó una asamblea y ahí se anotaron entre 63 y 68 heridos de bala de goma. Cuando entabla conversación con un movilero de C5N es cuando se entera que había heridos de bala de plomo. Ahí se enteró que uno de los heridos era de ANRed.

La segunda testigo, María Belén Revollo, en ese entonces comunicadora del canal En Movimiento TV relató que ese día en la avenida Corrientes había una gran cantidad de policías que avanzaba, que los siguió siempre de costado y por detrás ya que estaba como camarógrafa y de esa manera filmó la secuencia: “lo que podía, por los disparos”. Y se pasó el video que realizó esa noche, además de repreguntársele sobre lo mismo que había declarado.

Luego declaró la testigo Valeria Lachman, quien ese día estaba en la Sala Alberdí cuando comenzó la represión. Contó que al salir producto de los gases lacrimógenos vio un cordón policial que avanzaba por Corrientes. Recibió balazos de goma en diferentes momentos de la represión: “los disparos venían de la Metropolitana”, recordó. Cuando corría vio a Esteban Ruffa, que estaba tirado en el piso y sangrando. Lo ayudó a pararse, encontró una canilla y lavaron la herida. También cuenta que improvisaron un torniquete en la pierna y lo cargaron para ayudarlo a caminar. Vieron a mucha gente en la misma situación, se dirigieron al Obelisco porteño, y es allí donde llaman a la ambulancia para que atendiera a Esteban. En el Obelisco recordó que “había mucho caos”. Ella recibió 3 balazos de goma (en las manos, espalda y pierna), y afirmó: “Se diferenciaban las heridas de bala de goma y las de bala de plomo”.

El cuarto testigo fue el ex comunicador de DTL!, Maximiliano Astudillo, quien contó que vio por la TV la represión y luego recibió un llamado telefónico de Germán de los Santos, quien le comentó que suponía que tenía una herida de bala de plomo, que él y otros lo fueron a buscar, y que vieron que tenía una herida muy grande por delante y por detrás de su pierna, por lo que lo llevaron al Hospital Durand.

María Tisminetzky, también testigo de la querella, comentó que estuvo en el Teatro San Martín filmando lo que luego sería un documental sobre el acampe. Cuando comienza la represión se encontraba filmando y después se da cuenta que filma el disparo que recibe Germán De los Santos. Cuando caminaba hacia la calle Parana vió a Germán, le preguntó si estaba bien, y ahí se entera del disparo. Un par de pasos más Germán ya no podía caminar. Luego, se reprodujeron en la sala los videos obtenidos aquella noche por la testigo.

 

El fallido: “Salimos a buscar P.G. (postas de guerra)”

 

El quinto testigo, Inspector Diego Castillo (que fue solicitado por la fiscalía) relató que en 2013 era inspector de la Policía Metropolitana y actualmente subcomisario de la Policía de la Ciudad. Indicó que en la represión fue como jefe de Destacamento, como apoyo a los oficiales que estaban en el lugar, y que estaban en el lugar la Brigada de rápida Intervención (BRI) y el Destacamento de intervenciones Complejas (DIC). Relató que el armamento del que disponían eran escopetas con calibre 1260 y cartuchos anti tumulto de baja velocidad, que se usa para la dispersión. Todas las municiones se encuentran en el destacamento, se puede llevar un back up en el móvil o una iveco o un cuatriciclo. Fue por un móvil de abastecimiento, como recibieron más municiones.

Durante su relato se dio el momento más tenso de la jornada, ya que el actual subcomisario de la Policía de la Ciudad incurrió en un acto fallido ante las preguntas del fiscal, afirmando que cuando se le acabaron las municiones de goma, salieron a buscar P.G (Postas de guerra), y luego intentó corregirse. Luego, este hecho sería remarcado por Pablo Pimentel, de la APDH-La Matanza, quien se encontraba presente en la sala en ese momento, y que fue entrevistado durante un cuarto intermedio. El acto fallido fue remarcado al tribunal también por Verdú.

El entonces inspector de la Metropolitana no dio detalles acerca de las instrucciones y manifestó que al ser un servicio imprevisto los oficiales no saben con lo que se van a encontrar: “sabían que se iban a encontrar con manifestantes alterados, que con el pasar del tiempo juntan piedras y molotovs”. Aclaró que se basaba en la información brindada la prensa en la televisión para saber cómo “venían cargados los manifestantes”, y que cuando llegó al lugar lo comprobó él mismo.

Sin, embargo, ante la pregunta del Fiscal de si todos los efectivos estaban igual de armados, respondió que algunos iban con escudo, otros con gas pimienta y otros con escopetas. Fue entonces que el repreguntó: “¿si a esas escopetas se les pone cartuchos con balas de plomo, dispara igual?”. Y Castillo contestó que sí, que pueden disparar P.G (Postas de Guerra). También comentó que a lo largo de la noche vio a los tres imputados, pero que despues de la represión no los vio más, que pertenecían a diferentes secciones: BRI y DIC. Manifestó no recordar qué armamento tenían ni verlos disparar, pero que tenían prohibido disparar con municiones de plomo, y que sólo incumpliendo sus órdenes lo podían hacer.

Ante la pregunta de la Dra. Verdú de si hay diferencia en los cascos que usan las secciones BRI y DIC, manifestó que sí, que unos usan cascos anti disturbios, que el casco opaco es de protección balística y el brilloso es de antitumulto. Estas preguntas realizadas por la querella fueron para determinar si viendo el material de video se puede identificar por los cascos a las fuerzas actuantes. En ese momento el testigo comenzó a contradecirse afirmando que el DIC podía tener ambos cascos por la escasez de material y que no sab cuál es el reglamento que prohíbe usar los cartuchos PG. Aclaró además que la policía perteneciente al BRI no puede portar armas cuando están en la línea, al menos que sea un jefe de grupo, y que en ese caso sí puede portar la 9 mm reglamentaria.

 

Un desfile de amnésicos de las fuerzas policiales

 

La siguiente testigo, Johana Soledad Quiridi, también solicitada por la fiscalía, comenzó declarando que no es más personal policial y que el día anterior se había dado de baja. Que en el año 2013 estaba en la fuerza y la comisionaron para ir a la Sala Alberdi. Indicó que no recuerda quién estaba a cargo y que no recuerda quién tenía armas, aunque sí recuerda que ella sólo tenía escudo. “Recuerdo poco y nada. Nosotros fuimos para prevención”, declaró, y afirmó que ella no asistió heridos, y que ese día cumplía funciones de escudera.

Sin embargo, luego recordó que el oficial mayor Gabriel Gustavo Canabide era el oficial a cargo y que la habían comisionado a un estacionamiento. El Fiscal le remarcó una contradicción: en la declaración que hizo el día de la represión manifestó que llevaba un arma 9mm con tres cargadores, mientras en ahí en la sala estaba diciendo que sólo cargaba el escudo. Y sólo se limitó a repetir en tres ocasiones que no formaba más parte de la fuerza, para que quedara clara su distancia temporal con su pasado reciente.

El octavo testigo, el subinspector Alejandro Díaz Ballve, quien era el segundo jefe dentro del destacamento durante la represión, manifestó que en su sector (calle Paraná y Sarmiento, donde estaba el acceso a la Sala Alberdi) ninguno de los imputados estaba con él en el lugar que tenía asignado. Afirmó que no estaba con los imputados ni se los cruzo en ningún momento. Advirtió, también, que no se usan cartuchos con plomo por protocolo, pero no tiene idea de la resolución 17, la desconoce.

Luego declaró el oficial mayor Gabriel Gustavo Canabide, quien estaba a cargo de la División de Intervenciones Complejas de la Metropolitana, quien manifestó conocer a los imputados pero que no se acuerda si se los cruzó en el momento porque estaba bajo una situación de hostilidad. Indicó que le dieron municiones AT (anti tumulto) y que no tenían dotación que no sea AT.

Por su parte, el testigo Ariel Zequeira, subinspector de la Metropolitana y ahora inspector principal de la Policía de la Ciudad en la actualidad, declaró que en 2013 se encontraba en la división de intervención de situaciones complejas. Manifiesta haber utilizado escopetas con cartuchos AT y marcadoras. Que en su grupo estaba Pereira de la Rosa y luego se pierde porque se le rompe la escopeta. “No recuerda qué armamento tenía Pereira”, dijo. Antes de pasar por la calle Sarmiento es donde recuerda ver a Pereira. A los otros dos imputados manifiesta no verlos.

Luego declararon los testigos Alejandro Diego Poplyk (quien era Comisionado de la Metropolitana), Osvaldo Oscar Masulli (Comisionado Mayor en la Policía Metropolitana) y Leonardo Manfredi (Inspector de la Policía de la Ciudad hoy, antes oficial mayor de la Metropolitana), quienes indicaron por unanimidad que no pueden aportan datos relevantes sobre los hechos ocurridos durante aquella noche del 2013.

Luis Francisco Ramos, testigo de la defensa policial, antes era oficial de la Policía Metropolitana. Integraba una célula de tres policías, quienes portaban uno un escudo, otro una marcadora y el tercero una escopeta. Pereira de la Rosa era encargado de su célula, pero manifiesta no recordar verlo disparar.

El último declarante de la jornada, el ayudante Nicolás Alberto Orona, testigo de la defensa policial, manifestó no recordar nada, ni siquiera el episodio ocurrido en el año 2013. Por lo tanto no declaró. En el año 2013 servía en la Comisaria 11, zona del barrio porteño de Caballito. No recuerda haber ido a la represión a la Sala Alberdi. El fiscal procede a mostrarle una declaración suya con su firma en la que afirmaba que sí había estado allí, pero dice no recordar haberla visto ni firmado.

La jornada finalizó llegando a las 17, contó con la presencia de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), y Susana Ancarola (Encuentro Memoria Verdad y Justicia-EMVyJ), y docenas de personas quienes estuvieron en el lugar para apoyar y exigir justicia por los comunicadores de la RNMA heridos con plomo durante la represión de la Sala Alberdi.

El juicio continuará el próximo lunes a partir de las 10 (donde terminarán de declarar los testigos) en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 (TOC 7), quien decidió sumar, dada la complejidad del proceso, dos días más: el miércoles 17 (alegatos de la fiscalía y la querella) y viernes 19 (alegatos de la defensa policial, y posible fecha de sentencia).

14.5.2017

Los medios comunitarios, alternativos y populares nucleados en Interredes realizaron el jueves 11 por la tarde un "Microfonazo" frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en reclamo de falta de oportunidades para acceder a los pliegos de licencias y la constante postergación del plan de adecuación, que dejó a los medios comunitarios y alternativos sin protección institucional para encarar el decreto 267 de Mauricio Macri. El acto contó con la presencia de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Red Nacional de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC), Asociación de Revistas Culturales (AReCIA), Asociación mundial de radios comunitarias (AMARC), Red Colmena y Red Com nucleadas en el colectivo Interredes. Por Pablo González

 

La historia comenzó en el año 2009 con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Suscitó dos polémicas vinculadas al poder concentrado de los medios masivos: la entrega de licencias y la cesión de un 33 por ciento del espacio para organizaciones sin fines de lucro.

El primer conflicto estaba vinculado al artículo 89 y su denominación: organizaciones sin fines de lucro. Implica emparentar a la fundación Noble -perteneciente a Clarín- con una cooperativa de cartoneros, por caso.

La ley estipulaba, también, la creación de dos entes: AFSCA y AFTIC. El primero se encargaría del plan de adecuación para los medios que concentren licencias, así como del otorgamiento del espacio radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro. Los meses transcurrieron, así los años y los espacios otorgados a los medios alternativos fueron pocos o inexistentes. Primó el aplazo, los pocos beneficiados lo fueron por contactos partidarios o ideológicos como los medios afines al oficialismo. Las políticas públicas se mantuvieron aletargadas, al menos hasta el cambio de gobierno. La transición llegó, y con ella el macrismo.

El nuevo gobierno arribó con una batería de decretos entre los que figuraba el 267 que derogaba el artículo 161 -entre otros- el cual estipulaba la readecuación de las licencias para impedir la concentración.En conjunto, disolvía AFTIC y AFSCA, creaba el Enacom, un ente con forma de pulpo con injerencia en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y medios masivos (radio y televisión, por ejemplo).

En resumen, la falta de oportunidades para acceder a los pliegos de licencias y la constante postergación del plan de adecuación dejó a los medios comunitarios y alternativos sin protección institucional para encarar el decreto de Macri. La llegada del gobierno desencadenó en una mayor flexibilización de los controles sobre los medios hegemónicos. Como contrapartida, se ha atrasado la financiación a los fondos de fomento para medios alternativos y comunitarios, así como la burocratización de los controles sobre la ejecución de los gastos de los FOMECA.

Frente a este panorama se realizó durante el día jueves 11 por la tarde un "Microfonazo" abierto en el ENACOM. El acto contó con la presencia de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red Nacional de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC), la Asociación de Revistas Culturales (AReCIA), la Asociación mundial de radios comunitarias (AMARC), Red Colmena y Red Com, todas nucleadas en el colectivo Interredes.

Se realizó una radio abierta con presencia de oradores vinculados a todas las organizaciones, se dividió en tres bloques y fue televisado.

Durante el primer bloque, expusieron referentes sindicales y se presentaron los puntos del petitorio. En la segunda instancia, tres oradores integrantes de ANRed, Radio Manifiesta y Antena Negra TV dieron cuenta de los ataques a la comunicación alternativa.

En el caso de Manifiesta, sufrieron el decomiso de sus equipos y la represión durante una radio abierta realizada durante el desalojo definitivo de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín. Su referente dio cuenta de maltratos verbales y golpes propiciados por la Policía Metropolitana. Para cerrar, los referentes de cada organización dieron cuenta del contexto actual y las perspectivas a futuro coincidiendo en la necesidad de continuar la lucha y la resistencia.

El evento fue retransmitido en todo el país, y revistió la característica de ser un acto federal que se replicó en todo el país, como dan cuenta los microfonazos realizados en Córdoba y Mendoza. En las redes durante la franja en que se realizó el evento, desde las 16 hasta las 18, logró ser trending topic en Twitter.

Esteban Ruffa, reportero gráfico de ANRed baleado durante el primer desalojo de la Sala Alberdi, entiende que “las políticas represivas del macrismo continúan en el plano de la comunicación, desarrollando una tendencia autoritaria”, la misma se manifiesta en el ataque hacia los medios alternativos y comunitarios.

En consonancia se manifestó Antonella, referente de Radio La Caterva, quien mencionó que “les adeudan fomentos desde diciembre de 2015” y, además, “han aumentado los controles administrativos” los cuales se caracterizan por una fuerte arbitrariedad hacia el análisis de los registros financieros de estos medios. Respecto a las perspectivas a futuro, ambos coinciden en que es vital la lucha y la resistencia para frenar las arbitrariedades y reforzar el mensaje de los medios alternativos, quienes sostienen un nuevo discurso frente a la estigmatización de los docentes, las clases populares y las mujeres.

Durante la radio también se abordaron otras problemáticas, como:

 Los medios cerrados y decomisados, el ahogo económico por la primero nula y todavía escasa aplicación de las políticas públicas vigentes para medios comunitarios (FOMECA), como en los casos de FM Ocupas, FM Sol y Verde, Antena Negra, EnTV, Canal 45 Corazones de La Plata, Estación Sur de Catamarca y radios de UCAYA)

 Comunicadores despedidos de medios públicos y privados, como el caso de varios trabajadores de prensa del SIPREBA, AGR, medios públicos de Ciudad o Nación.

 Fomento amenazado: el ahogo económico por la primero nula y todavía escasa aplicación de las políticas públicas vigentes para medios comunitarios (FOMECA).

 Los sucesivos decretos que fomentan un mapa mediático cada vez más concentrado y sujeto a las leyes del mercado

 La distribución más arbitraria de la pauta oficial.

13.5.2017

Un joven de 17 años cayó de un cuarto piso mientras trabajaba en una obra en la Escuela Homero Manzi de Nueva Pompeya. El presupuesto es multimillonario, los trabajadores precarizados.

Andrea Roques

 

Un chico de 17 años cayó de un cuarto piso mientras trabajaba en una obra del Gobierno de la Ciudad en la Escuela de Educación Media N°4 Homero Manzi de Nueva Pompeya. Está en terapia intensiva del Hospital Penna en estado crítico. Las clases se dictan desde marzo entre escombros y cables pelados, a pesar de los reclamos por seguridad de los docentes.

 

Empresas que hacen todo lo que está mal

 

El jueves alrededor de las cuatro de la tarde, el joven trabajador intentaba bajar unas maderas desde la terraza del edificio en un andamio levadizo, pero la soga que lo sostenía se cortó y cayó de catorce metros de altura, frente a todos los estudiantes. “En la obra los trabajadores están completamente precarizados, sin casco, sin arnés, sin botas con punta de acero, lo peor de lo peor”, denunció Paula Leoz, que es preceptora de la escuela en ambos turnos y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Minutos más tarde, el SAME lo trasladó al Hospital Penna que luego lo derivó a terapia intensiva. Está inconsciente desde el accidente, tiene fractura de cráneo, de brazo y de pelvis. “Cuando le preguntamos a sus compañeros el nombre del pibe ellos no lo sabían porque van rotando. Lo que sí nos dijeron es que tiene 17 años. Es decir que una empresa que le licita al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terceriza a los obreros y llaman a trabajar a menores”, concluyó Leoz. Los familiares del chico no se mueven de la sala de espera de terapia intensiva desde el jueves. Entre lágrimas y con la voz quebrada su abuela se lamentó: “Nosotros somos humildes, somos de Glew. Él trabaja desde los 15 años para ayudar a la familia. Tiene 13 hermanos, es el segundo más grande. El martes cumplía los 18 años”.

 

Los responsables

 

Está claro que quien encabeza la lista es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y detrás de él Soledad Acuña, Ministra de Educación. El proyecto y conducción de la obra corresponden a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento de la Ciudad, ahora a cargo de Juan Francisco Freire Aurich, funcionario público con un historial que incluye una condonación de deuda a privados. Quien la impulsó es el actual director del PAMI y ex subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, Carlos Regazzoni. El representante técnico de la construcción es Helmut Kupczyk de la empresa licitadora Planobra S.A. que terceriza a los trabajadores a través de la compañía Cover Constructora S.R.L. Además de no cumplir con las normas de seguridad de sus empleados, la sociedad de responsabilidad limitada tampoco los registra en la AFIP.

Por otro lado, las refacciones tienen un plazo estimado de dos años. Las clases se dictan con normalidad entre escombros, cables pelados y remiten a la negligencia de los funcionarios que en 2002 provocó la muerte de Silvia Roggetti en la Ciudad de Neuquén, una profesora de educación física que se incrustó en un ojo el hierro de una malla de una obra en un colegio. Sólo después de la tragedia, se interrumpieron las clases en la escuela primaria en la que trabajaba. Según Paula Leoz, el lunes pasado demolieron una casilla de material que estaba dentro del establecimiento con alumnos y docentes en clase: “Los compañeros se tiraron al piso, abajo de las mesas, porque pensaban que se derrumbaba el edificio”.

 

Un reclamo de más de 10 años

 

En un principio, el edificio de Avenida Sáenz 631 era de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con una población de 30 docentes y 100 alumnos. En 2002 la UTN cedió el espacio al Ministerio de Educación de Capital Federal y fue destinado a la EEM N°4 Homero Manzi, pero para 200 docentes y 600 alumnos.

Los problemas de infraestructura empezaron enseguida y se perpetuaron: un edificio de cuatro pisos con un ascensor que no funciona nunca, aulas sin picaportes, paredes electrificadas, tubos de luz reventando en plena clase, un año sin baño de varones, ausencia de salida de emergencia: “El estado pésimo en el que se encuentran la mayoría de los colegios de la Capital Federal. Ya eso lo veníamos denunciando y pedíamos un predio que queda a cinco cuadras que pertenece al Ministerio de Educación y que lo usan para tirar escombros”, cuenta Leoz y agrega: “Cuando planteamos la situación en infraestructura escolar hace dos años mediante un proyecto, Carlos Regazzoni dijo que eso era imposible, pero que iba a destinar 37 millones de pesos para construir en Av. Saénz. Con esa plata levantás dos escuelas.”

A todo esto hay que sumarle que el verticalismo del sistema educativo en vez de apoyar condena. La conducción del colegio no cuestiona nada y cumple todo lo que se le indica desde el Ministerio. Cuando los docentes se opusieron a la construcción fueron cercenados y ninguneados ante los padres.

El personal de la EEM N°14 Homero Manzi pide en las notas que envía a Educación y a Infraestructura que les acondicionen el predio que habían solicitado en un principio para que puedan trasladarse ahí mientras el Estado construye y que no corra riesgo la vida de nadie. La otra opción es que alquilen un edificio a pocas cuadras de la escuela para poder trabajar tranquilos y que los chicos puedan estudiar.

Los medios no cuentan que en Capital Federal se pierden días de clase porque las escuelas no tienen luz o no tienen gas ni agua. No cuentan que se suspenden las actividades porque hacen demoliciones en pleno dictado de clases o porque se cae un obrero de un cuarto piso, menor de edad y precarizado. Leoz fue determinante: “La gente piensa que los docentes vamos al paro por paritarias que tienen que ver nada más con nuestro sueldo. No. Tienen que ver con condiciones dignas de trabajo también. Nosotros queremos laburar y queremos enseñar -pero en condiciones dignas para los pibes y para nosotros-”.

13.5.2017

Este viernes, el subcomisario José Bocarolo de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal, disparó a quemarropa contra dos menores en la localidad bonaerense de Hurlingam luego de un intento de robo. Allí uno de ellos -de 17 años- murió en el acto. Según informaciones recibidas, el policía se encuentra detenido. Compartimos más información publicada por El Espacio de Niñez de El Transformador

 

COMUNICADO

 

Cuando creíamos que terminaba esta semana de #Memoria colectiva, que comenzó con el lunes recordando aquel 8 de mayo en el que la policía bonaerense se cobró la vida de Willy, el Negro y Oscar del barrio de Budge, marcando en nuestra historia un día de lucha en reclamo de justicia contra la #ViolenciaInstitucional y el #GatilloFácil. Y continuando el miércoles en las calles con cientos de miles repudiando el fallo de la Corte Suprema que pretender beneficiar con el #2x1ALosGenocidas y así liberar a los responsables de aquel fatídico episodio de nuestra historia.

Nos encontramos con una historia que nos vuelve a llenar de rabia. En el día de hoy el subcomisario José Bocarolo de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal, disparó a quemarropa contra dos pibes de Hurlingam luego de un intento de robo, allí uno de ellos -de 17 años- murió en el acto. Si bien aún la información no es precisa, ya se ha confirmado que la Unidad Funcional de Instrucción nro. 6 de Morón a cargo de Maria Silvana Bonini y Sergio Di Leo ha encontrado culpable de homicidio agravado -por su condición de miembro de una fuerza de seguridad- a Bocarolo y el mismo se encuentra preso. 

Es desde nuestra práctica cotidiana que confirmamos que este accionar violento contra los pibes y pibas no es un hecho aislado, se trata de un plan sistemático e intencional. Sabemos que, así como criminalizan y acaban con las vidas de nuestros pibes y pibas de las barriadas populares, sostienen el actual contexto de pobreza y ajuste. Es por eso que exigimos justicia para sus familiares y la continuidad de la investigación como así también volvemos a repudiar la instalación de las fuerzas represivas en nuestros barrios quienes en complicidad con las redes narco utilizan la vida de nuestros pibes y pibas para sostener el actual modelo.