Red de radios

19.5.2017

La Cámara suspendió el fallo que revocaba la personería a los Metrodelegados en el ámbito del Subte. Le habían ganado la compulsa de representación a la UTA. Podrán negociar paritarias y definirá al Corte Suprema.

La justicia concedió el Recurso Extraordinario presentado ante la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y como consecuencia de ello, la sentencia que mandaba continuar el trámite de la Personería Gremial, ha quedado suspendida según se interpreta por art. 258 Código Procesal Civil y Comercial.
La Cámara procederá a elevar el expediente para su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que será, muy probablemente, el capítulo final de la batalla por la representación colectiva de los trabajadores del subterráneo que desde hace años mantienen los denominados Metrodelegados, con la UTA.
En los fundamentos, la justicia considera que existe “cuestión federal suficiente” en lo expuesto por la AGTSyP, ya que están en juego los derechos de la libertad sindical establecidos por la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con la señalada concesión del recurso extraordinario, la situación respecto de la Personería Gremial de la AGTSyP vuelve al punto anterior en el que rige la Resolución 1601/15 y, con ello, todos los derechos de la AGTSyP se mantienen vigentes de modo inalterable, entre ellos negociar y firmar paritarias y disponer conflictos colectivos en los términos de las normas constitucionales. Algo que el Sindicato del Subte hizo en los últimos años.
La personería gremial a la AGTSyP, había sido objetada judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández que, tras perder la compulsa de afiliados, objetó “irregularidades formales” en el proceso que contrastó la representatividad de cada gremio.

19.5.2017

El cuarto día del juicio a la policía de Macri por disparar plomo contra dos comunicadores en 2013 fue corto. Por cuestiones administrativas del tribunal y la fiscalía sólo presentaron testimonio los oficiales Luis Eduardo Isla y Javier Esteban Morel, los dos testigos policiales que no habían concurrido la audiencia anterior, pero cuyas declaraciones fueron solicitadas por el fiscal Oscar Ciruzzi por considerarlas “clave”. El viernes 19 declararán los peritos de la Gendarmería Nacional que hicieron las pericias balísticas y las planimetrías con los movimientos de los policías metropolitanos aquella noche, que determinaron que estén sentados en el banquillo los policías Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta. El miércoles 24 presentarán sus alegatos la querella y la fiscalía, y por la tarde la defensa policial, por lo cual se espera que el tribunal fije la fecha de la sentencia. Por Juicio a la Metropolitana

 

“Pereira estaba a cargo”

El primero en declarar fue Luis Eduardo Isla, quien antes era oficial de la Policía Metropolitana y ahora es policía bonaerense. Isla declaró que la noche del 13 de marzo de 2013 (cuando los dos comunicadores de la RNMA fueron baleados con plomo durante el desalojo de la Sala Alberdi) él integró una célula policial de “dispersión” portando solamente una pistola marcadora (similar a las de paint ball), aseguró no recordar quién estaba a cargo del operativo represivo esa noche, pero sí que algunos de sus compañeros portaban una escopeta calibre 12/70.

“Pereira estaba a cargo”, detalló el testigo policial, refiriéndose a la célula que integraba, y que según su relato estuvo integrada por el oficial Ramos (cuya función era de escudero), Pereira de la Rosa (uno de los tres policías acusados de disparar plomo, que portaba una escopeta calibre 12/70) y él (con pistola marcadora), siendo Pereira de la Rosa el uniformado a cargo por tener el rango más alto de oficial mayor.

Sin embargo, ese nivel de detalle en su relato se perdió cuando la abogada querellante, María del Carmen Verdú, le pidió precisiones sobre sus movimientos, el de sus compañeros o si vio heridos aquella noche de 2013 en la zona de Corrientes y Paraná, frente al Centro Cultural Gral. San Martín, donde ambos comunicadores de la RNMA fueron heridos con balas de plomo. La frase “no recuerdo” se convirtió entonces en su muletilla preferida en varias ocasiones, siguiendo con la lista de olvidos y poca memoria que caracterizaron a los demás testimonios policiales a lo largo del juicio.

Finalmente, al oficial Isla se le proyectaron tres videos de aquella noche para que se reconozca a sí mismo e identifique a sus compañeros de célula policial. Pero pudo reconocer poco y nada. Nuevamente la frase “no recuerdo” se repitió.

 

“Escuché dos detonaciones anormales”

 

El segundo testigo de la jornada fue Javier Esteban Morel, que hoy es oficial mayor de la Policía de la Ciudad, y antes estaba en la Metropolitana, quien declaró que aquella noche se encontraban en la base operativa de Chacarita de la Metropolitana, cuando se les solicitó intervenir en el conflicto de la Sala Alberdi, para lo cual detalló que salió para el lugar con los oficiales Ledesma y Acosta.

Relató que una vez allí les solicitaron intervenir en las inmediaciones del Centro Cultural Gral. San Martín, y que su célula policial estuvo integrada por Lichea, Ledesma y Acosta (éstos dos con escopetas 12/70), y él (con su pistola 9 mm. reglamentaria). “Escuché dos detonaciones anormales, que no serían de AT (postas anti tumultos de goma)”, refiriéndose que en el momento donde fueron heridos con plomo los dos comunicadores, aunque indicó no saber qué tipo de detonaciones eran. Sí se reconoció en los videos e indicó en cual se encontraba, aunque aclaró que esas “detonaciones anormales” no provinieron de su célula, sino de la que estaba a su derecha, frente al Centro Cultural Gral. San Martín (donde se encontraba Pereira de la Rosa).

Finalmente, al concluir las declaraciones, el fiscal Ciruzzi solicitó citar a declarar el viernes 19 a los peritos de la Gendarmería Nacional que realizaron los estudios balísticos y planimetrías con los movimientos de las células policiales que actuaron aquella noche, quiénes eran los oficiales a cargo de cada grupo y la ubicación de los damnificados, que son los estudios que determinaron que se individualice y se siente en el banquillo a Pereira de la Rosa, Acosta y Ledesma.

 

Una vez más no estamos solos

 

Como sucede en cada audiencia del juicio, nuevamente la querella de los dos comunicadores baleados de la RNMA estuvieron acompañados por figuras de organizaciones de DD.HH., sociales y políticas. Esta vez estuvieron Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Mariana Katz (abogada del Servicio Paz y Justicia-SERPAJ), Pablo López (diputado nacional por Salta del Partido Obrero-FIT) y Susana Ancarola (de ATE Sur-MULCS). Aunque todo el mundo se quería fotografiar con la inmensa Norita, que ya es la tercera audiencia que presencia del juicio.

Luego, el miércoles 24 desde las 9.30 el juicio entrará en su recta final, cuando tengan lugar los alegatos de la querella y de la fiscalía por la mañana, y el de la defensa policial por la tarde. Afuera del tribunal, en Lavalle y Talcahuano, desde las 14 habrá se realizará una jornada artístico cultural y radio abierta para apoyar a los comunicadores en el fin del juicio. Se espera también que ese día el tribunal fije la fecha de la sentencia.

17.5.2017

En el juicio contra tres policías de la ex Metropolitana, acusados de herir con balas de plomo a tres personas (dos de ellas integrantes de la RNMA) durante el desalojo y represión en la Sala Alberdi, ya declararon prácticamente todos los testigos de las partes. Un efectivo de la ex fuerza ubicó a dos de los acusados en la esquina de Corrientes y Paraná, dónde fueron baleados los heridos. Para la audiencia de este miércoles se esperan los alegatos de la querella y la fiscalía, y el viernes será el turno de la defensa y es probable que también se conozca la sentencia.

El viernes 12, durante la segunda audiencia del juicio contra los policías Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta, acusados de “homicidio reiterado (en tres oportunidades) en grado de tentativa agravado por su carácter de miembros de una fuerza policial, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por herir con balas de plomo a tres personas (dos de ellas comunicadores integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos) durante el desalojo de la Sala Alberdi, en marzo de 2013, se escucharon a varios testigos presentados por la querella que relataron lo sucedido aquella noche-madrugada.

Muchos son comunicadores populares de distintos medios alternativos, por lo que no solo brindaron testimonio con sus palabras sino también con su trabajo. A lo largo de la audiencia, se pudieron ver imágenes del avance de la policía contra los manifestantes y trabajadores de prensa e incluso los momentos concretos en que Esteban Ruffa (fotógrafo de Anred), Germán de los Santos (integrante de Dtl!) y Mario Fumaroni (miembro de una biblioteca popular) fueron heridos con balas de plomo.

Vanesa Spaccavento, comunicadora de Corriendo la Voz, relató cómo debió ingresar en un local de comidas al momento de la represión, desde donde vio la imagen de un “chico corriendo en una pata” (Ruffa), además de corridas, camiones hidrantes, móviles y personal policial. Contó que en la 9 de julio se realizó una asamblea donde se anotaron entre 63 y 68 heridos de bala de goma.

María Belén Revollo, por entonces comunicadora de En Movimiento TV, relató cómo una gran cantidad de policías avanzó por la Avenida Corrientes y luego se proyectaron las imágenes de lo que pudo llegar a filmar, entre los disparos.

Valeria Lachman, que estaba ese día en la Sala Alberdi, contó que recibió balazos de goma en las manos, espalda y pierna en diferentes momentos de la represión, y que todos los disparos provinieron de la Metropolitana. Recordó que ayudó a Ruffa a pararse ya que lo encontró tirado en el piso y sangrando.

María Tisminetzky estaba filmando en el lugar lo que sería un documental sobre el acampe cuando comenzó la represión, entre las imágenes que registró esa noche se ve el momento en que De los Santos recibe el disparo.

Luego fue el turno de los testigos solicitados por la fiscalía. Diego Castillo era inspector de la Metropolitana en 2013 y actualmente se desempeña como subcomisario de la Policía de la Ciudad. En la zona de la Sala Alberdi se presentó como jefe de Destacamento, en apoyo a los oficiales que estaban en el lugar, donde también estaban integrantes de la Brigada de Rápida Intervención (BRI) y el Destacamento de Intervenciones Complejas (DIC). Según relató, el armamento con el que contaban eran escopetas con calibre 1260 y cartuchos anti tumulto de baja velocidad, que se usa para la dispersión. Sin embargo, al responder las preguntas del fiscal, afirmó que cuando se le acabaron las municiones de goma, salieron a buscar P.G (Postas de Guerra). Al darse cuenta de lo dicho intentó corregirse, pero obviamente ya era tarde.

El fiscal también le consultó si todos los efectivos estaban igual de armados, a lo que Castillo respondió que algunos iban con escudos, otros con gas pimienta y otros con escopetas. “¿Si a esas escopetas se les pone cartuchos con balas de plomo, disparan igual?”, preguntó el funcionario judicial. A lo que el testigo respondió afirmativamente, asegurando que esas escopetas pueden disparar P.G (Postas de Guerra).

La abogada querellante, María del Carmen Verdú, quiso saber si hay diferencia en los cascos que usan las secciones BRI y DIC, y Castillo dijo que sí, que unos usan cascos anti disturbios, que el casco opaco es de protección balística y el brilloso es de antitumulto. Esto permite determinar si viendo el material de video presentado en el juicio se puede identificar por los cascos a las fuerzas actuantes.

Otros testigos de la fiscalía, como Johana Soledad Quiridi, por entonces policía, reiteraron una y otro vez no recordar en detalle lo sucedido esa noche, como quiénes daban las órdenes y qué armas se utilizaron.

De todos modos, se corroboró que quien estaba a cargo, al menos de la División de Intervenciones Complejas de la Metropolitana, era el oficial mayor Gabriel Gustavo Canabide, quien declaró también como testigo e indicó que no recordaba si se había cruzado a los acusados en algún momento de la noche del 12 y la madrugada del 13 de marzo de 2013.

 

Acompañamiento

 

En la audiencia del viernes 12 de mayo estuvieron presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), y Susana Ancarola (Encuentro Memoria Verdad y Justicia).

Al finalizar la segunda jornada del juicio, Pimentel destacó la importancia de conseguir una condena ejemplar para dar “un mensaje para el macrismo”: “que sepa que las reivindicaciones del pueblo no se resuelven con represión y mucho menos con balas de plomo”. Agregó que existen pruebas contundentes que demuestran “la fuerte represión y el armamento que tenían y también los videos muestran que había un grupo de chicos que se quería cubrir y el doble de policías que los están persiguiendo con bombas lacrimógenas, y por lo que se está demostrando con balas de plomo”.

En el mismo sentido, Nora Cortiñas se mostró expectante respecto a que “haya sentencia ejemplar contra la policía”: “hay que condenarla, porque es abuso de autoridad y más si hay heridos”.

Cortiñas también estuvo presente en la audiencia del lunes 15 de mayo, al igual que Ancarola. A su vez, asistieron Carlos “Sueco” Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos) y Juan Carlos Giordano (diputado de Izquierda Socialista-FIT).

 

No sabe, no recuerda

 

En la audiencia de este lunes declararon testigos presentados por la defensa que, al igual que quienes testimoniaron en la jornada anterior, aseguraron no recordar nada, ni hechos ni nombres, algunos manifestaron no haber estado aquella noche en la zona del Centro Cultural San Martín y afirmaron no haber utilizado balas de plomo para reprimir.

Sin embargo, algunos brindaron, quizás sin quererlo, información determinante. Uno de los declarantes fue el oficial Gustavo Nicolás Nichea, quien manifestó que la noche del 12 de marzo de 2013 se encontraba en la base en Chacarita, donde Ledesma (uno de los imputados) tomó conocimiento de lo que sucedía en las inmediaciones de la Sala Alberdi. En ese momento, Ledesma separó dos escopetas calibre 12/70 y 4 cajas chicas de cartuchos AT (anti tumultos) de 25 cartuchos cada una, y repartió una a cada uno de los cuatro agentes que estaban allí (Morelia, Acosta, él y el propio Ledesma). Relató que se dirigieron a la zona del Teatro San Martín, caminaron por la calle Sarmiento hasta Montevideo, donde se encontraron con un comisionado de apellido Masulli, que les informó que estaba herido. Ante un nuevo pedido de apoyo, Ledesma fue hasta Montevideo y Corrientes. Luego, los cuatro se acoplaron a una formación integrada por dos sectores de la Metropolitana (la Brigada Rápida de Intervención y el Destacamento de Intervenciones Complejas) y avanzaron hasta llegar al cruce de Corrientes y Paraná. Nichea indicó que allí escuchó detonaciones. Si bien dijo que los disparos habrían provenido de agentes del DIC, recordó que Acosta y Ledesma tenían escopetas y que los había visto disparar.

Otro testigo del día, en este caso pedido por la Fiscalía, fue Juan José Ríos, por entonces comisario general de la Metropolitana, actual superintendente de la Policía de la Ciudad. Se le consultó sobre el armamento utilizado y explicó que su retiro es individual y que tanto el que recibe el arma como quien la otorga firman un acta. Sin embargo, el fiscal le mostró dos fojas donde figuran retiros grupales de armamento realizados en reiteradas oportunidades el día de la represión. Ríos dijo primero que eso es imposible pero ante las pruebas presentadas concluyó que esa jornada él se encontraba de licencia.

 

Complejidad

 

Los jueces Gustavo Rofrano, Gabriel Vega y Gustavo Valle, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, decidieron sumar nuevas audiencias ante lo que consideran “la complejidad del proceso”. Es por eso que este miércoles 17 de mayo, a partir de las 10, será el turno de declarar de dos testigos, de apellidos Islas y Morel, en caso de ser localizados; y luego iniciará el alegato de la querella, a cargo de María del Carmen Verdú. “Ahora tengo todo un día completo para demostrarle al tribunal nuestra denuncia”, remarcó la letrada al conocer el nuevo cronograma. Posteriormente será el alegato de la fiscalía; y el viernes 19 los de la defensa policial. Se espera que ese día se defina la posible fecha de sentencia.

16.5.2017

Los estudiantes secundarios del Mariano Acosta tomaron la rectoría de la institución durante la tarde contra la persecución política en el colegio.

Lourdes Oliverio

El miércoles 10 de mayo, tras haber votado levantar el turno para ir a la marcha contra el 2×1, uno de los estudiantes de la institución recibió agresiones del jefe de preceptores que se oponía a que este salga de la institución. Las autoridades, a su vez, impusieron sanciones por “haber levantado el turno”.

Al día siguiente, el 11 de mayo, la asamblea del centro voto la toma de la rectoría y el 15 de mayo los padres de los alumnos fueron citados a una reunión con el colegio donde se les dijo que sus hijos habían cometido “Actos delictivos” y que les daban como opción “Prohibir la militancia”.

Sol Schmal, militante de la juventud del PTS y de “No´ Vamo´ A Calmarno´ Acosta” nos dice: “Hoy, los estudiantes se vuelven a organizar, hicieron una sentada que culminó en la toma de la rectoría. Luego un policía entró a la institución, como ya vimos que sucedió en el Acosta y en la Técnica 27. No pueden dejarlo pasar, el macrismo está envalentonado. Hay que demostrar que los estudiantes y los docentes – que como ellos, se vienen organizando contra la avanzada macrista- también estamos envalentonados y que somos muchos más y mucho más fuertes.

A partir de este acontecimiento, los estudiantes estuvieron en asamblea permanente hasta finalizado el turno tarde y realizaran un pernoctazo durante la noche de hoy.

 

“Ofrecen como solución la prohibición de militar”

 

Hoy en día parecería loquísimo escuchar a una autoridad de una institución educativa ofrecer prohibir la militancia. Pero, no parece tan loco, si se ponen a pensar en que los estudiantes, sons esa juventud que no le debe nada a este sistema, que van a luchar contra cualquier persecución política o contra cualquier fallo, porque tienen memoria. ¿Quién dejaría que sus enemigos se organicen y estén en mejores condiciones para luchar contra sí mismo? ¡Eso sería loquísimo!

Se enfrentan a un enemigo que es grande, que cuando queremos salir a luchar les manda la policía, que no le importa que se les caigan los techos o que estudiar y viajar en bondi nos salga carísimo, si esa plata (que podría ir para un plan de becas integrales) la puede poner para la represión y asegurarse de gobernar en paz.

 

“Para los empresarios sí, para toda la humanidad no”

 

Este enemigo, excede a un solo político o a los partidos tradicionales, pero bien que cada uno de estos se asegura de mantenerlo a salvo, porque les conviene, porque son ellos y sus amigos los que se enriquecen.

Este enemigo es el sistema, que está pensado para que vivamos para producir las ganancias de los poderosos, de los empresarios y no para satisfacer las necesidades de toda la humanidad.

Ellos tiene herramientas que le aseguran ese fin: La policía es una de estas.
No vamos a dejar que entren a nuestros colegios con total impunidad. No es casual que lo hagan, su objetivo es acabar con nuestra organización. No pueden dejar que se fortalezca esta institución, que también es responsable de las redes de trata y es la encargada de reprimir trabajadores y trabajadoras cuando salen a luchar.

 

Nuestro futuro o su sistema

Este enemigo es gigante, pero si los estudiantes, las mujeres y los trabajadores se organizan, ni un batallón de policías van a poder frenarlos, porque son invencibles.

Son el motor del mundo, los que no quieren un futuro miserable para nuestra vida (ni para la de nadie), los que no van a dejar que entre ni un solo policía a sus colegios, ni van a dejar que amedrenten la organización o que nos prohíban militar. Nuestras vidas valen mucho más que su sistema.

16.5.2017

Ante el desinterés del gobierno por averiguar el verdadero número de personas en situación de calle, decenas de organizaciones coordinaron la realización entre el 8 y el 15 de mayo, del "Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires" para visibilizar la verdadera envergadura de la emergencia habitacional y peticionar por el cabal cumplimiento de la ley N° 3.706.

La ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, fue promulgada en junio de 2011. A casi 6 años de la sanción, “la principal política del gobierno en relación a la vivienda para personas en situación de la calle es la entrega de subsidios habitacionales por 10 meses”, indicó el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Tras dicho plazo, finaliza el subsidio dejando a las familias nuevamente en situación de calle. Esto ha generado una extrema judicialización de este programa, dado que los beneficiarios inician amparos para extender el plazo del subsidio, cuestionando la constitucionalidad y la legalidad de lo transitorio del beneficio.

Al respecto, desde el Observatorio indicaron que “la falta de una solución habitacional definitiva (o permanente) ha llevado a que el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) y la Defensa Pública estén saturados de miles de demandas con un similar objeto. El propio GCBA utiliza la vía judicial como una forma de filtro de beneficiarios al exigirle la presentación del amparo como si fuese un requisito administrativo más para la extensión del plazo del beneficio. Evidentemente este trámite institucional no resulta fácilmente alcanzable para estas familias”.

Asimismo la ley 3.706 prevé la realización de un relevamiento anual que dé cuenta de la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle o en riesgo a la situación de calle. Aquí vale aclarar que la misma ley define como sujetos de derecho no sólo a quienes se encuentran efectivamente en situación de calle sino que incorpora a las personas que se encuentran en riesgo de quedar en situación de calle, como por ejemplo, personas con sentencia de desalojo, o que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento.

Sin embargo el relevamiento que realiza el GCBA no es exhaustivo, alcanza sólo algunos barrios y se realiza  durante un sólo día al año. No releva a las personas que se encuentran en riesgo a quedar en situación de calle ni a las personas que se encuentran viviendo en alojamientos o paradores de la ciudad ni a los/las niños/niñas que están en la calle.

Estas deficiencias fueron detectadas por la Justicia en la causa caratulada “DONDA PÉREZ VICTORIA y otros CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”. Expte. N° A13385-2016/0. En la sentencia de fecha 10 de agosto de 2016 se ordenó cumplir con el relevamiento anual de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 3.706.

Un ejemplo claro de esta situación se visibiliza en el resultado del relevamiento que se realizó en abril de este año, durante un sólo día y con 47 móviles. Este recuento contabilizó cerca de mil personas afectadas por esta problemática, mientras que para las organizaciones sociales que trabajan con esta problemática, las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo son alrededor de 26.000.

Para dar cuenta con claridad de la realidad es que organizaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles, académicas, personas en situación de calle y vecinos independientes, con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia de la Auditoría General – CABA impulsaron el CENSO POPULAR a través de una encuesta que buscará conocer cómo estas personas se autoperciben, su estado de salud, su trayectoria educativa y los tipos y niveles de violencia institucional que padecen.

En este marco, más de 300 voluntarias y voluntarios se reunieron el sábado 29 de abril para capacitarse para encuestar. Durante la capacitación se hizo hincapié en la importancia de lograr que todas las personas puedan ser censadas. Se organizaron los equipos para cada uno de los 48 barrios, que en la semana previa al censo recorrerán las calles informando sobre la necesidad de contestar la encuesta.