Red de radios

1.6.2017

Por Vivian Palmbaum

El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 358/17 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un relevamiento de villas y asentamientos de todo el país, que alcanza a 4100 barrios. Las organizaciones sociales reconocen allí una gran conquista para los habitantes de los barrios más pobres de nuestro país. Beneficios y la trastienda de una medida en la que los sectores populares se sienten cobijados.

 

RENABAP

 

En un breve comunicado conjunto que emitieron las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Techo se expresa que: “las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Este relevamiento, realizado por los propios vecinos y vecinas,  arrojó el dato escalofriante de 4100 barrios, en donde se alojan millones de personas pobres en la República Argentina”.

No hay un mapa en el que figuren las villas y asentamientos de la Argentina, tal como lo expresan: “somos una mancha”. Y agrega que: “Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia”.

Con el Decreto N° 358/17 se reconoce la existencia de estos barrios y se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público que “legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad”, tal como afirman. Esto permitirá acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.)  y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. Un reconocimiento en donde los sectores populares se sienten reconocidos como ciudadanos, tal como ellos expresan “aunque no tengamos el título de propiedad”. El Certificado facilita el horizonte de la integración urbana, anhelada por los habitantes de los barrios marginales y excluidos de nuestro país.

En el Decreto  se prevé la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente se definan, a los efectos de implementar la regularización dominial. Sin duda que de concretarse es una conquista cuya contracara es la incorporación territorial al mercado del suelo, formal y voraz. La posesión certificada podría permitir transacciones de manera más formal y las disputas que de ello se derivan, que hasta ahora quedaban en la total informalidad.

 

Antecedentes

 

En noviembre de 2016 se publicaba un relevamiento realizado por la Ong TECHO, que había impulsado la Jefatura de Gabinete de la Nación y que arrojaba como dato que 1 de cada 10 personas vive en un asentamiento informal.

Un relevamiento que parece preliminar al total que parece haberse alcanzado en este mes de mayo de 2017. Tal como se expresa en el Decreto: “existen más de CUATRO MIL (4.000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Con este instrumento del Poder Ejecutivo Nacional, se expresa la necesidad de solucionar el déficit habitacional que favorece las condiciones precarias de vida de las personas”.

Una expresión que no se condice con las políticas públicas que cotidianamente empobrecen a la población a la vez que hay sectores que se enriquecen exponencialmente. Mientras muchos pierden pocos ganan, parece la ecuación matemática del momento.

 

Detrás de escena

 

Mientras se anuncia esta conquista de los sectores populares y el gobierno nacional intenta mostrar su iniciativa hacia ellos, en un año electoral el portal del Banco Mundial puede hacernos inferir otras conclusiones.

Tal como puede leerse, las políticas públicas no están impulsadas por el gobierno sino que están promovidas por el financiamiento del Banco Mundial. Así parece indicarlo un documento que está fechado el 27 de febrero de 2017, en Washington. En él se afirma lo siguiente: Más de 110.000 personas en Argentina se beneficiarán del acceso a viviendas económicas y de la transformación de barriadas urbanas gracias a dos nuevos proyectos aprobados hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Con unos US$400 millones, los dos proyectos apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios urbanos desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país.

A nivel nacional, el Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda mejorará el acceso a la vivienda formal a través del primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno (Línea Solución Casa Propia).Simultáneamente, buscará mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales a través de mejor infraestructura, servicios públicos y programas sociales. El proyecto comenzará a ser implementado en cinco grandes áreas metropolitanas (Gran San Miguel de Tucumán, Gran Córdoba, Gran Mendoza, San Salvador de Jujuy – Palpalá y Mar del Plata-Batán). Alrededor de 3000 hogares se beneficiarán de acceso a la vivienda, mientras que unos 18.000 hogares también se beneficiarán de mejores condiciones de vida como resultado de inversiones en infraestructura.

Casualmente el relevamiento del mes de noviembre 2016,  presentado por Techo y difundido por el gobierno nacional, arrojaba cifras para las áreas para las cuales el Banco Mundial dará su financiamiento.

No se puede desconocer que el FMI trabaja en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional lo expresa con gran claridad: “El personal técnico del FMI y del Banco colabora estrechamente en la asistencia a los países y en cuestiones de política económica relevantes para ambas instituciones. A menudo realizan paralelamente misiones a los países, en las que participan funcionarios de ambas instituciones. La evaluación que realiza el FMI acerca de la situación económica general de un país y de su política económica se utiliza como referencia cuando el Banco considera posibles reformas o proyectos de desarrollo. Análogamente, cuando el FMI asesora acerca de la política económica tiene en cuenta asimismo la asesoría del Banco en materia de reformas estructurales y sectoriales”.

Las políticas de endeudamiento y transferencia de recursos al sector financiero global,  en las que avanza la actual gestión de Cambiemos, necesita argumentos sostenibles que lo permitan. El estado de creciente necesidad de los sectores populares y más pobres necesita de políticas activas que los tomen en cuenta. La creación del Registro de Barrios Populares, es una real necesidad  que, de concretarse, garantizará la estabilidad, aunque sea con precarias condiciones de habitabilidad que amenazan con empeorar.

30.5.2017

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2016, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires remitió a la Legislatura porteña el Proyecto de Ley N° 3884-J-2016. Este tiene por objeto destinar alrededor de 7 ha de terrenos ferroviarios, ubicados en el Barrio de Colegiales, para la construcción de un emprendimiento inmobiliario de 100.000 m². [1]

En fecha 18 de mayo de 2017, el Jugado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 9, a cargo de la Jueza Andrea Danas, decidió suspender el tratamiento legislativo del referido proyecto por violación del art. 63 de la Constitución de la Ciudad.

Esta norma establece la convocatoria obligatoria a Audiencia Pública "antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos". 

La acción de amparo fue presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y por Carlos Wilkinson referente del Movimiento Comunero.El amparo tramita en la causa caratulada BALDIVIEZO, JONATAN EMANUEL Y OTROS CONTRA GCBA POR AMPARO – OTROS, Expte. N° A3789-2017/0. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO

1.El proyecto de ley afecta el predio al Distrito de Zonificación U – "Estación Colegiales" y lo destina para la construcción de vivienda colectivas o multifamiliares.

2.La proporción de espacio verde absorbente no será menor al 45% del área total de la propuesta.

3.Superficie Edificable total: 100.000 m².

4.La altura máxima será de 25 m y un Plano Límite de 29 m (9/10 pisos).

5.El Master Plan urbanístico surgirá de la convocatoria a un Concurso Público de iniciativas y proyectos a impulsar por el GCBA.

6.La Junta Comunal tendrá un rol de meramente "observadora". 

 

CUESTIONAMIENTO AL PROYECTO  

1.La Comuna N° 13 es una de las que cuenta con menos espacios verdes en la Ciudad. El Barrio de Colegiales cuenta con 0.7 m² de espacios verdes por habitante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades deberían contar con 15 m² de espacios verdes por persona.

2.Al urbanizar estos predios se pierde una oportunidad única para incrementar los espacios verdes en el Barrio. La totalidad del precio debe ser destinado a espacios verdes y a equipamiento para el barrio.

3.Si se observa la relación entre espacios verdes públicos útiles y la población según proximidad (un radio de 500 m alrededor de cada espacio verde), se advierte que esta zona de Colegiales posee una densidad de espacio verde por habitante aún menor que en otras partes del barrio.

4.La Comuna N° 13 posee una proporción de habitantes por hectárea: de 153,5 habitantes por ha. En tanto la OMS recomienda 93,3 habitantes por ha. Es decir, se encuentra sobre densificada.

5.El Barrio de Colegiales tiene una población de 52.391 habitantes. Si se autoriza este emprendimiento inmobiliario se sumará alrededor de 5.000 habitantes al barrio, un 10 % más.

6.Este predio ferroviario se suma a otros que ya fueron destinados para emprendimientos inmobiliarios de gran densidad y suntuosos: predios ferroviarios de Palermo, de Liniers, de Caballito, Empalme Norte o Catalinas Norte 2.

7. Estos terrenos son nacionales y se incorporarán al Plan Sistemático para vender Tierras Públicas para negocios inmobiliarios impulsado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta [2].  

 

PROYECTOS ALTERNATIVOS PRESENTADOS SOBRE EL MISMO PREDIO  

1. Proyecto de Ley N° 3810-P-2016:Este proyecto presentado por los vecinos destina el predio a Urbanización Parque (Parque Cultural Estación Colegiales) y a un Galpón Cultural. 

2. Proyecto de Ley N° 3936-D-2016:Este proyecto fue impulsado por la Comunera de la Comuna N° 13, Romina Braga y fue presentado en la Legislatura por los legisladores Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica.

Destina el predio en cuestión y otros al  Corredor Verde del Norte. Espacio multifuncional generador de actividades culturales, sociales, educativas, de recreación, emisor de servicios y difusión de programas de la Ciudad y de la Comuna 13.  

[1]En su art.1 dispone: "Desaféctase del Distrito de zonificación Urbanización Futura- UF, del Código de Planeamiento Urbano el polígono delimitado por el eje de la calle Virrey Avilés, eje de la calle Vidal, deslinde con Distrito UP, línea divisoria de las Fracciones A y B de la Manzana 115, Sección 37, Circunscripción 17, eje de la calle Moldes, eje de la Av. Federico Lacroze y deslinde con el área operativa del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, según Plano Anexo I, que forma parte de la presente Ley".

El Artículo 2° establece: "Aféctase al Distrito de Zonificación U N° (a designar) "Estación Colegiales", del Código de Planeamiento Urbano, el polígono delimitado en el Plano Anexo I".

[2] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=122

observatoriociudad.org/?s=noticia&n=130

30.5.2017

En una nueva maniobra dilatoria, el TOC N° 7 suspendió la sentencia prevista para este miércoles 31 de mayo. La nueva fecha será el 6 de junio, con horario a confirmar. Ese día se conocerá el veredicto contra los ex policías metropolitanos, Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta, acusados de “homicidio reiterado (en tres oportunidades) en grado de tentativa agravado por su carácter de miembros de una fuerza policial”, por herir con balas de plomo a tres personas (dos de ellas comunicadores integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos) durante el desalojo de la Sala Alberdi, en marzo de 2013. Más información: https://juicioalametropolitana.com/

 

Reproducimos nota publicada por La Retaguardia:
 

El tribunal postergó la sentencia en el juicio contra la policía por balear a comunicadores de la RNMA

 

El 13 de marzo de 2013 fueron baleadas tres personas en la represión que desalojó a los manifestantes que resistían en la toma de la Sala Alberdi en la Ciudad de Buenos Aires. Dos de las víctimas son comunicadores populares que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. El veredicto se iba a leer este miércoles, pero esta misma tarde, a horas de la cita, el tribunal notificó la postergación hasta el 6 de junio. En Radio La Retaguardia, Fernando Tebele y María Eugenia Otero dialogaron con María del Carmen Verdú, dirigente de CORREPI y abogada de la querella, que solicitó veinte años de prisión por tentativa de homicidio. El fiscal, en cambio, solicitó tres años y tres meses. (Por La Retaguardia)

 

La defensa
 

"El alegato de la defensa institucional de la Policía Metropolitana terminó planteando algo que nos sorprendió a todos porque dijo: '¿Saben quién tiene la culpa de que hayan terminado baleados Ruffa, Fumaroni y De Los Santos? Un loquito suelto'. Treinta años al pedo me he pasado gritando que no es un policía, es toda la institución, no es un loquito suelto, no es un psicópata reclutado por error, es una política de Estado, a las Fuerzas de Seguridad las dirige el poder político de turno, para que este tipo venga a decir que fue un loquito suelto", señaló Verdú con cierta ironía. "Lo que señala este buen hombre es que Ledesma y Acosta sostienen que no dispararon porque eran escalón sanitario. No se entiende por qué aparecen en los videos llevando escopetas si eran enfermeros. Lo que hacen es echarle la culpa a Pereyra de la Rosa, al que sin nombrar tildaron de loquito suelto", informó sobre la estrategia de los defensores de la Policía. "Él dice que no estaba en el lugar, parece que otro estaba con su uniforme, su casco, sus antiparras de silicona, su escopeta 1270 parado en el lugar que le correspondía a él. Se han pasado la pelota, Pereyra dice que fueron Acosta y Ledesma y Acosta y Ledesma, que fue Pereyra", explicó Verdú acerca de los tres acusados que integraban en aquel momento la Metropolitana y hoy son parte de la Policía de la Ciudad.

 

Fiscalía
 

"Desde lo técnico, que se incriminen genera un problema para el Tribunal porque estamos hablando de proyectiles múltiples que no permiten identificar qué arma los disparó excepto que se tenga el cartucho. Acá tenemos a tres heridos y tres tiradores que, como tuvieron que reconocer los abogados de la Policía, iban con las escopetas, estaban en el lugar y no pudieron desmentir que alguien tiró con plomo y no fueron precisamente los manifestantes", aclaró la abogada de CORREPI.
La fiscalía, si bien siguió la línea de la querella en cuanto a qué ocurrió, no calificó los hechos como tentativa de homicidio, por lo que solicitó bajas penas: "La fiscalía no acompañó el pedido de condenar por tentativa de homicidio junto a CORREPI. Vaya uno a saber qué pasó. Lo cierto es que de manera verdaderamente sorpresiva y contrariando toda la prueba que se produjo durante el debate, el fiscal Omar Ciruzzi empezó su alegato, primero apoyándose en todo lo que nosotros dijimos y en los videos que exhibimos y terminó diciendo que no tenía suficientes herramientas para sostener la acusación que había formulado en la instrucción el fiscal que requirió la elevación a juicio, la de homicidio en grado de tentativa calificado por la condición de funcionarios públicos de los tres imputados", definió Verdú sobre el carácter técnico de la acusación. "A nosotros no nos llamó demasiado la atención porque algunas preguntas que había hecho en la primera jornada cuando declararon De Los Santos y Ruffa apuntaban en esa dirección de ir sólo por un abuso de arma y lesiones pero realmente, a juzgar por lo que acreditamos a lo largo del debate y su acuerdo con la descripción de los hechos, deja un olorcito a 'quién te llamó por teléfono y te dijo qué'", analizó y agregó: "El fiscal pidió para los imputados tres años y tres meses. No es ni siquiera el máximo de la pena posible por la figura que eligió de abuso de arma y lesiones que le permitía llegar a cuatro años. Vaya a saber qué cuenta sacó. Nosotros pedimos veinte años que es el máximo posible por la Tentativa de homicidio calificado".

 

La Prueba
 

"La imágenes no dejan lugar a dudas. Se ven claramente los disparos y hasta pudimos demostrar en dos oportunidades inmediatamente después de los disparos que uno de los policías se retrasa en la fila y patea algo hacia un fuego que había en el medio de la avenida y otro se separó, se agachó y levantó algo del piso", informó. "Claramente no les preocupaba que un papelito de caramelo estuviera tirado en el medio de la avenida Corrientes. Además, desgraciadamente alguna experiencia tenemos. Esa escena la vimos el 19 y 20 de diciembre y en Puente Pueyrredón, porque el cartucho permite saber de qué escopeta salió el disparo", explicó la abogada.

 

La expectativa
 

"La pelota está en la cancha de los jueces, que están preocupados. Nosotros dijimos con mucha claridad en el cierre del alegato que este era un juicio histórico. No sólo era la primera vez que la policía Metropolitana llegaba a un juicio oral por un hecho de represión masiva sino probablemente la última y la única porque la Metropolitana no existe más y otros episodios como el Indoamericano, el Borda, el desalojo del Barrio Papa Francisco, están absolutamente congelados e imposibilitados según todo indica de llegar alguna vez a la instancia de juicio y a la posibilidad de castigo", récordó Verdú. "Por eso dijimos, es una oportunidad histórica que tiene el Tribunal para demostrar que un fierro y una chapa no los hacen dueños de nuestras vidas, de nuestra integridad física y mucho menos es un vil de inmunidad para que anden por la vida tirando plomo contra personas desarmadas. De ahí a lo que haga el Tribunal, al que no vi muy tranquilo, de hecho ya nos advirtieron que si bien se fijó la próxima audiencia para el día 31, donde a la mañana sería la formalidad de las últimas palabras de los imputados y a la tarde la sentencia, es posible que esa fecha cambie si no tienen un resultado para ese momento", advirtió sobre la decisión final. "Es decir, la seguimos estirando y cuando la cosa se estira es porque tienen que hacer alguna consulta", explicó.
"Cuando nos propusimos avanzar con esta causa a penas supimos lo que había sucedido con los compañeros, sabíamos que iba a ser muy difícil llegar a juicio, sin embargo lo hicimos. El haber logrado que se realizara este juicio con las enormes dificultades que tuvimos en el camino, con suspensiones con absurdos argumentos como problemas de agenda cuando el inicio del debate estaba fijado hacía nueve meses", destacó Verdú. "En cada una de las audiencias desde el 10 de mayo estuvimos con la presencia de compañeros y compañeras de increíble valor por su representatividad, por lo que significan en la pelea por las libertades individuales, por los derechos de todos y todas, por la lucha por la vigencia de los derechos humanos, por la pelea antirrepresiva como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora, agrupaciones sindicales, políticas, culturales, de todo tipo y el trabajo arduo y permanente de las organizaciones que impulsamos la causa: la Red Nacional de Medios Alternativos, el Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible y CORREPI", enumeró. "Que hayamos tenido sala llena y gente en el pasillo que no pudo entrar en todas las audiencias ya es un triunfo de la movilización y la lucha que puso en escenario este juicio. Entonces, independientemente de lo que resuelvan los jueces acá quedó acreditado que a los compañeros los balearon con plomo, que los únicos que tiraron fueron los policías metropolitanos y que si no hay condena, hay una decisión política de ampararlos y protegerlos", aseguró. En relación a la cobertura de los medios de comunicación, la abogada se pronunció: "Hay un importante blindaje mediático. Hoy tuvimos la alegría de que se acercaran los compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y entre ellos había compañeros y compañeras que han estado difundiendo la causa como los de Tiempo Argentino que sacaron importantes notas, los de Página/12 pero para los medios del sistema está prohibido hablar del juicio a la policía de Macri", consideró.
El veredicto, entonces, será el 6 de junio, siempre y cuando el tribunal no vuelva a postergarlo. Si queda en esa fecha, será una buena ocasión para esperar el día del periodista con una justicia que, ojalá, cuide a quienes trabajamos en las calles cubriendo las noticias.

28.5.2017

LUNES 29/05 – 9AM – Concentramos en Martín García y Defensa

Queremos denunciar que el Gobierno de la Ciudad despide de manera encubierta: desde principios de abril, trabajadorxs cooperativistas de la Secretaría de Integración Social y Urbana y el Instituto de Vivienda de la Ciudad, se encuentran sin contrato. Trabajadorxs que fueron contratados en noviembre del año pasado por seis meses con el compromiso de los funcionarios de Larreta de renovar el contrato, hoy se encuentran ante la incertidumbre de la inestabilidad laboral. También queremos denunciar que se ha paralizado la puesta en marcha de las contrataciones del servicio de recolección anunciadas en la comuna 8 para cooperativas.

Frente a esta situación donde las familias no tienen asegurado el cobro del próximo salario y la continuidad laboral, reclamamos una respuesta urgente y hacemos responsable al Larreta y sus funcionarios de esta situación. En estos días estamos realizando asambleas y reuniones con los compañerxs afectados y otros cooperativistas para discutir un plan de lucha hasta garantizar la firma de los nuevos convenios.

Las organizaciones sociales de la Ciudad, que conformamos el Frente de Lucha, denunciamos que frente al crecimiento de la desocupación y la pobreza en la Ciudad, la respuesta del gobierno de Cambiemos es el cierre de los programas de empleo. En este sentido reclamamos la urbanización real de las villas de la ciudad, la construcción de escuelas en la zona Sur (donde faltan vacantes) y un plan de viviendas populares para generar puestos genuinos de trabajo.

Frente de Lucha de Capital Federal

después del accidente, la empresa Plan Obra quebró por lo que ahora hay que abrir una nueva licitación, lo que puede llevar meses. Mientras tanto, la obra quedará a medias, con los andamios y el pozo abierto en el patio”, se quejó Leoz.

 

La única opción que ofreció el Ministerio de Educación porteño fue dividir a los estudiantes y enviarlos a otras dos escuelas: el CBO Evita, una escuela para adolescentes con diferentes dificultades en el aprendizaje, y la primaria Número 28 Distrito Escolar 5. Según informaron los docentes, la propuesta oficial era que “seis cursos funcionen en cuatro aulas de una de esas escuelas (con la consiguiente fusión de varios grados con distintos horarios y materias) y otros seis cursos funcionen todos juntos en un galpón, sin subdivisiones ni acústica ni condiciones mínimas para una clase en la otra escuela. Las clases prácticas como plástica y música se darían en un centro cultural del barrio”, informaron en un comunicado.

Esta propuesta, que fue rechazada también por los padres y por las comunidades educativas de las otras dos escuelas, no preveía ninguna opción para el jardín maternal que actualmente funciona en el Homero Manzi para los hijos de las alumnas madres. “Incluso nos habían dicho que esa mudanza sería hasta octubre, por eso también la rechazamos”, afirmó la preceptora.

Los docentes del Homero Manzi planean entregarle un petitorio a la ministra Soledad Acuña -que cuenta con la adhesión de dirigentes gremiales y políticos, legisladores y pedagogos- para exigir la construcción de “un edificio nuevo que brinde una solución definitiva al conflicto edilicio” que atraviesa la escuela y, mientras tanto, “una solución transitoria acorde a las necesidades de la comunidad educativa mientras se realiza la construcción del edificio nuevo y definitivo”.

28.5.2017

Por Alejandra Hayon

En la escuela Homero Manzi las clases están suspendidas desde el 12 de mayo, luego de que un operario de 17 años cayera de un cuarto piso de una obra en construcción. Los docentes ya habían denunciado que el establecimiento no estaba en condiciones para la cursada.

 

Hace dos semanas que los estudiantes de la escuela secundaria Número 4 Homero Manzi, ubicada en Avenida Sáenz 631, en Nueva Pompeya, no tienen clases. El viernes 12 de mayo, un operario de 17 años cayó desde un cuarto piso de la obra en construcción para reformar el edificio y quedó en estado de coma. Desde ese día, el Ministerio de Educación cerró el establecimiento para hacer pericias y algunos arreglos y los chicos no volvieron a las aulas. El gobierno porteño ofreció dividir a los adolescentes y enviarlos a otras dos escuelas, pero los padres y docentes se opusieron ya que el espacio ofrecido era muy acotado para la cantidad de jóvenes.

“No sabemos mucho porque no nos dejan entrar. Lo único que sabemos es que están haciendo unos arreglos menores como poner puertas en las aulas, picaportes y taparrollos, cosas que no tienen nada que ver con el problema de fondo que es que no podemos seguir conviviendo con una obra adentro de la escuela”, dijo Paula Leoz, preceptora del colegio y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Según la denuncia de los docentes, la situación de la escuela es límite: el edificio tiene capacidad para 400 alumnos pero son más de 700, no tiene salida de emergencia, el patio está clausurado y el ascensor no funciona. “Estamos esperando que nos digan cuándo retomar las clases pero no sabemos en qué condiciones vamos a volver. Nos dijeron que después del accidente, la empresa Plan Obra quebró por lo que ahora hay que abrir una nueva licitación, lo que puede llevar meses. Mientras tanto, la obra quedará a medias, con los andamios y el pozo abierto en el patio”, se quejó Leoz.

La única opción que ofreció el Ministerio de Educación porteño fue dividir a los estudiantes y enviarlos a otras dos escuelas: el CBO Evita, una escuela para adolescentes con diferentes dificultades en el aprendizaje, y la primaria Número 28 Distrito Escolar 5. Según informaron los docentes, la propuesta oficial era que “seis cursos funcionen en cuatro aulas de una de esas escuelas (con la consiguiente fusión de varios grados con distintos horarios y materias) y otros seis cursos funcionen todos juntos en un galpón, sin subdivisiones ni acústica ni condiciones mínimas para una clase en la otra escuela. Las clases prácticas como plástica y música se darían en un centro cultural del barrio”, informaron en un comunicado.

Esta propuesta, que fue rechazada también por los padres y por las comunidades educativas de las otras dos escuelas, no preveía ninguna opción para el jardín maternal que actualmente funciona en el Homero Manzi para los hijos de las alumnas madres. “Incluso nos habían dicho que esa mudanza sería hasta octubre, por eso también la rechazamos”, afirmó la preceptora.

Los docentes del Homero Manzi planean entregarle un petitorio a la ministra Soledad Acuña -que cuenta con la adhesión de dirigentes gremiales y políticos, legisladores y pedagogos- para exigir la construcción de “un edificio nuevo que brinde una solución definitiva al conflicto edilicio” que atraviesa la escuela y, mientras tanto, “una solución transitoria acorde a las necesidades de la comunidad educativa mientras se realiza la construcción del edificio nuevo y definitivo”.