Red de radios

9.6.2017

Se trata de la empresa CCR SA, consultora de mercado, despidió a la totalidad de sus empleados sin indemnización, mientras abre empresas paralelas

La empresa CCR S.A. una consultora de Mercado, ubicada en Blanco Encalada 3202, CABA, hace un mes atrás, vació sus oficinas y presentaron quiebra.

El juez, en un principio, rechazó por ser una quiebra fraudulenta. Los trabajadores desde entonces estuvieron realizando ollas populares junto al Sindicato Único de la Publicidad, pidiendo que no se perdieran los puestos de trabajo y además exigiendo el pago de los salarios adeudados.

La quiebra se frenó unos días con la presentación de algunos empleados de un inicio de formación cooperativa en el Boletín Oficial, ésta resultó inviable. La representación legal de CCR S.A. a partir de la quiebra es a través de tres Síndicos puestos por el juez laboral,⁠⁠ que lleva acabo el expediente de la causa (que recayó en el Juzgado Comercial Nº10, Secretaría 19) y priorizaban el pago a acreedores, a AFIP por ejemplo es uno de los principales acreedores de CCR, y éstos días trabó un embargo, contra la empresa, aún sabiendo que los patrones ya se fueron, de hecho, una medida que va en contra de los derechos de los trabajadores y cualquier intento de preservar la fuente de trabajo.

Con el cierre de CCR quedaron en la calle 250 trabajadores, la mayoría con más de 15 años de antigüedad, varios de ellos trabajando en distintas provincias del país, mientras la empresa mantiene diferentes sucursales en Latino América (CCR Paraguay, CCR Uruguay, CCR Perú, entre otras).

Hubo un tibio acompañamiento del sindicato desde hace tiempo, ya que la irregularidad en ésta empresa fue histórica, con los CEO anteriores y los actuales.

Uno de los que vació la empresa fue Felix Ureta, que ya volvió a su país natal, Perú, y el CEO era Ricardo Fitz Simmons, quien ahora se encuentra en una empresa paralela, donde se desviaron fondos de CCR: ITS Tecnollogy S.A, perteneciente al mismo grupo, el mismo dueño. Arcor, Sancor, Serenísima y Unilever, fueron clientes de CCR y ésta última empresa se negó a pagar por trabajos ya entregados después de que se fueron los dueños.

Alessandra, trabajadora y una de las delegadas sindicales explicó: “Los empresarios se acomodan a cada gobierno de turno, nunca van presos, vacían y quiebran empresas y dejan un tendal de gente en la calle, con lo cual los empresarios no tienen ideología, la única ideología es ganar plata a costa de la gente”

Por su parte, otro trabajador de CCR denunció: “Tengo 63 años. Pensé que iba a jubilarme acá… con mi esposa que cobra una jubilación mínima y unos pesos que me hago trabajando de remisero los fines de semana, estuvimos tirando en estos meses que no cobramos los sueldos…”

“Tanto esfuerzo para hacer los trabajos de empresas como Danone, meternos a las villas para conseguir la información de los comercios que nos pedían, llegamos hasta a arriesgar nuestra vida trabajando, ¿para qué?” C, auditora de campo.

“A veces nos enfermábamos porque nuestro trabajo incluía viajar aún con lluvia o frío, las horas extras que rara vez se pagaban, nos pedían los últimos meses seguir trabajando, aún cobrando después del 20 los sueldos. Y los jefes, esos que ocupaban cargos jerárquicos, nos apretaban para que no hiciéramos paro. Nos dejaron en la calle y encima el estado embarga poniéndonos entre la espada y la pared, haciendo inviable la posibilidad de hacer cooperativa o incluso de cobrar los sueldos e indemnizaciones ¿Recién ahora que los patrones se fueron, los síndicos se dan cuenta de la deuda que tenían con el Estado argentino?…” R, auditora de campo.

El miércoles 07 de junio el juez se expidió y definió la quiebra indirecta, la Sindicatura debe comunicar qué pasa con los contratos de trabajo. Al cierre de ésta nota aún los trabajadores no contaban con información certera al respecto.⁠

8.6.2017

Así lo indicó un documento del gobierno porteño. En el primer trimestre de 2017 se verificó un derrumbe del 15,7% en el consumo.

La crisis económica bajo la gestión del gobierno de Mauricio Macri sigue sin encontrar fin y la recesión se profundiza con el declive del consumo. Según un informe de la Dirección General de Estadística y Censo del GCBA, la caída del consumo en el primer trimestre de 2017 fue de 15.7%. Además, se verificó un pronunciado derrumbe en las ventas de los supermercados con precios más accesibles.

Además, el documento detalló que entre octubre y diciembre del año pasado las ventas de alimentos en supermercados sufrieron un desplome del 6,1% en el mismo período del 2015.

Por otro lado, el estudio estadístico registró también un declive en el rubro gastronómico. Según el informe los restaurantes tuvieron una caída del 1,8% entre enero y marzo de este año en relación al mismo período del año pasado. El informe fue elaborado con datos fiscales provenientes del primer trimestre de 2017.

Otro de los rubros que verificó una caída fue el de ventas de equipos de telefonía móvil. En ese rubro la baja fue del 2,2% en la medición interanual del primer trimestre. Únicamente las jugueterías y los locales de comida rápida registraron un incremento del 4,3% y 5,5%, respectivamente.

8.6.2017

Este martes, un día antes del Día de las y los Periodistas, se conoció la sentencia a los tres efectivos de la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) que quisieron asesinar a nuestros compañeros Esteban Ruffa y Germán Darío de los Santos para que no se diera a conocer la brutal represión durante el desalojo de la Sala Alberdi la noche del 13 de marzo de 2013.

La sentencia informada por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Rofrano y Gustavo Valle, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, fue una clara y contundente muestra de complicidad con la impunidad: la absolución otorgada a Miguel Ledesma y Nelson Acosta, dos de los policías represores, y una condena leve de apenas tres años en suspenso para Gabriel Pereira de la Rosa, mientras la querella solicitaba 20 años por el delito de intento de homicidio calificado por ser integrantes de fuerzas de seguridad. Para los jueces, los policías no tuvieron intención de matar, aunque dispararan contra comunicadores con balas de plomo, conociendo su poder letal.
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos enérgicamente la decisión claramente cómplice de la Justicia, que avala la represión, la censura y el silencio mediático sin importar las consecuencias. El Tribunal no solo dictó una sentencia judicial. Sentó un precedente para la restricción a la libertad de prensa, haciéndose eco del discurso del gobierno de Mauricio Macri que intenta legitimar el antidemocrático e inconstitucional “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, que pretende imponernos a comunicadores y comunicadoras un “corralito” informativo que atenta contra nuestro derecho a informar y el de la población a informarse.
Lamentamos también haber visto que en las páginas de algunos grandes medios tradicionales hubo escasas noticias sobre este juicio y, en los casos que tomaron el tema, lo hicieron justificando la represión, en la vereda de los represores, en la que quieren parar – en general con éxito – a sus lectores y lectoras. No esperábamos otra cosa, pero no podemos dejar de denunciar que allí también hay complicidad.
A este juicio no llegamos solos/as. Durante el juicio recibimos un gran apoyo y acompañamiento por parte de quienes se informan y comunican a través de nuestros medios alternativos, comunitarios y populares, como así también de diversas organizaciones del campo popular. Asimismo, junto a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y el Movimiento Juvenil Hagamos lo Imposible (HLI), dimos cátedra sobre cómo unificar fuerzas y coordinación para llevar adelante un juicio contra las fuerzas represivas del Estado.
Por nosotrxs y por ellxs vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Y como se cantó ayer: ¡¡Adonde vayan los iremos a escrachar!!
 

7.6.2017

El periodismo alternativo recibió ayer un mensaje de impunidad por parte de la Justicia. Compañeros reporteros gráficos de ANRed y DTL, en 2013 fueron heridos por policías con balas de plomo mientras realizaban una cobertura periodística. En su veredicto, el Tribunal sostuvo que los uniformados no tuvieron “intención de matarlos” y que sólo hubo “abuso de armas y lesiones”. Por Liliana Giambelluca.

“No les basta con que acá haya jóvenes con balas todavía adentro de su cuerpo para reconocer que fue una tentativa de matarlos. No nos podrán matar. Seguiremos adelante con nuestras luchas populares. No nos vencerán”, dijo ayer Nora de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los jueces Gustavo Rofrano, Gabriel Vega y Gustavo Valle absolvieron a los oficiales de la ex Policía Metropolitana (hoy policía de la Ciudad) Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta y condenó por “abuso de arma” a 3 años de prisión en suspenso al oficial mayor Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa por herir con balas de plomo a los reporteros gráficos de medios alternativos Esteban Ruffa, de ANRed, y Germán de los Santos, de DTL, mientras realizaban la cobertura del violento desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, la noche del 13 de marzo de 2013. El manifestante Mario Fumaroni también fue herido pero no formó parte de la querella, aunque fue convocado para declarar.

Durante las audiencias del juicio, la abogada de la querella, María del Carmen Verdú, además de testigos aportó registros de imágenes y videos donde se encontraban los tres policías en el momento que cayeron los heridos. Una de las balas de plomo que recibió Esteban Ruffa, aún se encuentra alojada en su pierna.

La pericia de Gendarmería confirmó que los tres acusados integraban el grupo que avanzó por avenida Corrientes esa noche. El argumento de la defensa es que no se pudo identificar de dónde provenían los disparos y quiénes los efectuaron.

Durante los alegatos, la querella solicitó para los tres policías imputados 20 años de prisión por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado” por integrar una fuerza de seguridad y porque “tiraron a matar”. Como pena accesoria, también pidió la inhabilitación de los policías.

Por su parte, el fiscal Oscar Ciruzzi solicitó tres años y tres meses para el oficial mayor Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa por “abuso de armas e incumplimiento de sus deberes”. Consideró que los disparos “no fueron continuos”, por lo cual, “no puedo decir que hubo intencionalidad de matar”, sostuvo.

Las defensas pidieron la absolución de los acusados, quienes en la actualidad pertenecen a la Policía de la Ciudad en servicio pasivo a la espera de los argumentos del Tribunal, que se conocerán el 13 de junio.

Luego del veredicto, la querella y referentes de organismos defensores de derechos humanos que acompañaron el proceso, manifestaron su indignación. “Esto es una vergüenza. No administran en lo absoluto justicia. Acá se juzga y aprieta a los descalzos y a los que vienen bien vestidos no se los juzga. Esta es la lucha del pueblo. No se sientan solos”, dijo Pablo Pimentel, referente de la APDH La Matanza.

La abogada Verdú, al frente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dijo que “Esta sentencia nos dice que fue un hecho aislado, que fue un loquito suelto, que fue una manzana podrida, y no que fue el liso, llano y directo ejercicio de la política represiva estatal. Aún con esta sentencia de mierda, es un triunfo de la organización y la lucha. Sin organización, no llegábamos hasta acá; sin lucha, no llegábamos al juicio” y anticipó que apelará ante el tribunal de Casación la sentencia de los jueces del TOC N° 7.

Durante las audiencias, además de compañeros de prensa que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y realizaron la cobertura, entre ellos ANRed, acompañaron a los comunicadores populares baleados, Nora de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- La Matanza), los legisladores Néstor Pitrola y Marcelo Ramal (PO-FIT), Juan Carlos Giordano (IS-FIT), Myriam Bregman (PTS-FIT) y el delegado de la Línea B de Subtes y Premetro, Claudio Dellecarbonara, entre otros.

7.6.2017

El Tribunal resolvió condenar a Gabriel De La Rosa a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Inhabilitación especial por 4 años para ejercer la función pública por ser autor del delito de abuso de armas, agravado por haber sido cometido por un miembro integrante de una fuerza policial.

A su vez, absolvió a Miguel Ledesma y a Maximiliano Acosta.

El juicio iniciado el 10 de mayo pasado, tuvo a estos tres policías de la entonces flamante Policía Metropolitana acusados de haber disparado y herir con balas de plomo a Esteban Ruffa y Germán de los Santos (ambos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos), cuando cubrían fotográficamente el violento desalojo de la Sala Alberdi la madrugada del 13 de marzo de 2013.
El miércoles 24, cuando fue momento de los alegatos de la querella, la fiscalía y la defensa, la abogada querellante solicitó 20 años de prisión por intento de homicidio agravado por ser miembros de fuerzas de seguridad. Por su parte el fiscal solicitó 3 años y tres meses de prisión por abuso de armas e inhabilitación por cuatro años por ser funcionarios públicos. Por su parte, las dos defensas policiales solicitaron la absolución de los tres efectivos.

Tras la sentencia, la abogada querellante, María del Carmen Verdú señaló que: "La sentencia absuelve a la policía de Macri de su responsabilidad en la represión con balas de plomo, se condena a un solo agente individualmente mientras se reconoce que fue un operativo organizado y dirigido desde el gobierno de la Ciudad".

Además aseguró que este fallo “intenta allanar el camino para que el gobierno pueda avanzar en su política de represión y criminalización de la protesta social en momentos que el ajuste que lleva adelante empuja a la calle a cada vez más sectores populares".

Y finalizó: "Daremos la pelea por revertir este fallo en los tribunales pero, fundamentalmente como hasta ahora, reforzando la organización y movilización popular contra la impunidad”.