Red de radios

19.6.2017

Sigue el juicio por los asesinatos de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, por el que está acusado el policía Daniel Santiago Veyga. La próxima audiencia es el 26 de junio en Lavalle 1171 a las 8:30 (puntual). El debate es, hasta ahora, oral pero no público, pues está vedado el ingreso de la prensa al recinto y hasta quedan afuera parte de las familias damnificadas. Aún hay testimoniales pendientes, por lo que los alegatos y la sentencia probablemente serían en una fecha posterior. Además, el Tribunal practicó un explícito destrato a las familias de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, acusándolos de antidemocráticos y custodiando su ingreso y salida de cada jornada con la policía.  Ángelica Urquiza, mamá de Kiki, lo relató.

 

"Este último fue un martes muy triste. De entrada no nos dejaban instalar nuestras cosas para una radio abierta y una olla y un gacebo (en la calle peatonal y sin interrumpir el tránsito). Nos dijeron que había una orden del Tribunal, que no podíamos hacerlo porque habían hecho un escrito diciendo que el motivo eran los ruidos molestos. Hablamos con la Policía y dijimos que hagamos un acuerdo. Pusieron vallas de fierro altas y nos pusieron un micro con todos los policías", denunció Angélica. "Entramos muy nerviosos a la sala. Con el tema de siempre, que al principio había lugar para periodistas, habían tomado las credenciales. Éramos cinco familiares y cinco periodistas. Al rato, el presidente del tribunal llamó a la secretaria, que hizo una cara… y nos dijo que no había lugar. No quieren decir que es contra la prensa", consideró.

 

Los forenses

 

En la segunda jornada, pudo verse el vídeo del operativo policial. A medida que avanza el relato, Angélica se angustia más: "Empezó el debate con los médicos forenses. Todo este tiempo luché para tener justicia, que se aclare lo que pasó, poder tener un panorama que nunca tuve. Yo no sé mucho, creo que los que están ahí saben mucho más que yo. Cuando la médica del SAME dijo que no recordaba nada, cuando le leen (su declaración anterior) puede recordar, cuando le pasan el video puede recordar ciertas cosas, pero no quién hablaba en el video. Ella, en una parte le dice al policía que está al lado de ella ’¿cuántos tiros tiraste?’ o ’¿acá también tiraste?’", aseguró. "La médica está haciendo el recorrido con el cuerpo mirando donde estaba Kiki. Ella insiste en que no recuerda. Estaba mintiendo", considera Angélica.

"Después se dio otra situación, otro médico forense que declaró también para el caso de Luciano (Arruga). Un médico espectacular que relató cómo había sido el asesinato de Kiki y a qué altura estaba, todo. Habló de que estaba el arma apoyada en la sien de Kiki, y en el caso de Ezequiel, que el disparo fue a muy corta distancia. También dijo que los chicos no habían consumido. Luego, le fueron preguntando y dijo que el corazón cuando uno toma estupefacientes pesa más y que esto pasaba, es decir que habían consumido en la semana u horas antes. Ahí, la jueza preguntó y repreguntó", destacó.

 

Maltrato es poco

 

Es imposible escuchar el relato y no entender el primer factor en juego: la clase. El policía Santiago Veyga, que no tiene plata pero es desclasado, tiene un hijo de la edad de Kiki. Sin embargo, puede disociar perfectamente esa información a la hora de despreciar la vida de un negro de la edad de su hijo.

"Lo que se juzga acá no es si los chicos se fumaron un porro dos horas antes, sino quién los mató. Cada vez que salgo, salgo indignada, porque estas dos juezas y el juez dan esta sensación. Yo creo en la justicia, si no no hubiera llegado hasta acá. Pero lo primero que nos dijo la jueza cuando entramos es que éramos antidemocráticos, como que éramos montoneros, que teníamos que respetar la libre expresión. Eso dicen mientras no dejan entrar a alguien a sacarle una foto a Veyga. Es un día muy triste", insistió Angélica, ya entre sollozos. "Tengo fe y esperanza de que esto se pueda revertir, pero hay un maltrato hacia la familia, a los que la acompañan. Pedimos la sala más grande, no la dieron. Sin querer sonó un celular, y por eso pararon todo para retarnos. Invitaban a mi familia a que salgan del hall, a decirles que no podían permanecer. Es un lugar público donde tenían que estar mis hijos porque no pueden entrar a la sala", planteó sobre la humillación a que son sometidos a diario.

"Luego nos acusaron de que cuando él salió sufrió agresiones verbales porque le decían asesino ¿Qué le podemos decir? El tipo tiene chaleco antibalas ahí, come chicle, tiene su Coca light. Mientras, nosotros estamos muertos de sed. Yo la miraba a la jueza y pensaba si no le corre sangre por las venas. Si es abuela, tía, hermana, madre. Cuando salí, le ordenaron al jefe del operativo que me acompañara ¿A mí? Hace siete años y once meses que vengo por los juzgados. Conozco bien la salida, no necesito que me acompañen. Me invitaban a acompañarme porque tenía que salir el Señor Santiago Veyga. Podrán protegerlo mucho ahí, pero nunca lo va a proteger su propia conciencia. Esa conciencia lo va a acusar toda la vida porque es un asesino, y cuando abrace a su hijo de 17 años no se va a olvidar de que mi hijo tenía esa edad. Le dije todo eso al policía que me respondía que no tenía nada que ver. Entonces que no me acompañe", sugirió desesperada.

"Estamos viviendo lo mismo que hace siete años y once meses con el juez Cubas. Represión, una falta de consideración a la familia, una falta de justicia. Esto sigue en cadena en el mismo Estado. Quieren hacer pasar que los chicos le fueron a robar, pero encima estaban drogados y él se defendió. Están buscando nuestra reacción. Estoy muy indignada y muy triste por todo esto. Porque esperé tanto y encima de todo esto, nosotros los tenemos que cuidar porque cualquier cosita que hagamos", planteó. No es menor la comparación con el juez Cubas que fue quien, mientras negaba información a las familias sobre el paradero de los chicos, que él debía investigar, enterraba como N.N. a Kiki y mandaba a la morgue como N.N. Ezequiel.

 

La tortura

 

"No quieren poner el video, piden que digamos minuto exacto. Sin contar que lo aportó mi abogado, porque el tribunal no lo tenía. No tienen ganas de investigar quién es el que habla ¿Sabés qué dice?: ’Dale, arrancá ahora hijo de puta, la concha de tu madre’". Angélica se refiere a la grabación en que, mientras agoniza, Kiki recibe la última tortura y humillación por parte de la Federal. "Ese es Santiago Veyga, el que está filmando seguramente es su hermano, que también es policía Federal. Nos negaron saber si estuvo, también, en la 52. Necesitamos que en la última audiencia estén los medios, personas especializadas en derechos humanos. Pasamos el video completo sólo una vez pero yo me descompuse y me sacaron para afuera. Ahora ya no lo pueden pasar", dijo, concluyendo, prácticamente sin voz.

16.6.2017

Recibieron una carta documento en la que se los cita a una mediación, como instancia previa a la de un juicio por daños y perjuicios. La causa fue iniciada por la empresa "Establecimientos Campana S.A.", propietaria del predio donde se asienta el Cine Teatro Urquiza.

 

Desde 2013, la Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza viene solicitando a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura, acciones de amparo y manifestaciones ciudadanas que el edificio, ubicado en Avenida Caseros 2826 de la Ciudad de Buenos Aires, no sea demolido, tal como lo pretende la empresa "Establecimientos Campana S.A." para construir allí un edificio de más de 30 metros de altura.

El 16 de enero pasado, la Dirección General de Interpretación Urbanística le comunicó a la compañía que la iniciativa que había presentado no se adecuaba la ley. Le informó además que el Consejo de Plan Urbano Ambiental había desestimado este proyecto por no cumplir con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nacional N° 14.800 y el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.

En su artículo 2, la Ley Nacional N° 14.800 establece que en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario tiene la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida.

A su vez, la Ley N° 4104 de la Ciudad prevé que en los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario deba construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgando la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño.

El proyecto presentado por "Establecimientos Campana S.A." implicaba una construcción de una sola "sala" de 140 espectadores. La superficie original del Cine Teatro es de 1.114,40 m2, mientras que la propuesta sería de tan solo 208,30 m2.

Desde la Asamblea denuncian que “ante el incumplimiento de la normativa y la falta de autorización administrativa para demoler y construir su emprendimiento inmobiliario, Establecimientos Campana S.A. pretende utilizar a la justicia para perseguir judicialmente y amedrentar” a sus integrantes.

Frente a esta situación, desde la Asamblea le solicitan a la Legislatura porteña que apruebe de manera urgente los tres proyectos de ley pendientes de tratamiento y que buscan que el Cine Teatro Urquiza vuelva a funcionar y se proteja el patrimonio cultural.

Desde la Asamblea invitan finalmente a firmar una solicitada en este sentido dirigida al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

16.6.2017

Se trata de los terrenos de Casa Amarilla (La Boca) a los que consideró que son tierras públicas. Compartimos el comunicado dado a conocer por las organizaciones La Boca Resiste y Propone y  el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes presentaron un amparo colectivo

 

Otra vez la Justicia declara que el Pro vendió tierras públicas sin ley [1]

 

En un COMUNICADO e INFORME anterior denunciamos la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la venta de los terrenos conocidos como "Casa Amarilla" al Club Boca Juniors por parte del Gobierno de la Ciudad (acuerdo Macri-Angelici) durante la gestión del PRO, y la intención de construir allí un estadio shopping.

El día 25 de febrero de 2016 se adjudicó la licitación pública al Club Atlético Boca Juniors que implicaba la venta de las tierras de Casa Amarilla y el 14 de abril del mismo año se celebró el respectivo contrato. Las tierras fueron vendidas en 180.600 millones de pesos.

Macri, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad,ordenó a sus funcionarios avanzar en la venta sin aprobación legislativa y en cómodas cuotas[2] de estos terrenos a Boca Juniorscomo parte de su plan de construir en ellos un nuevo Estadio-Shopping y forzar con el endeudamiento queel club se transforme en una sociedad anónima[3].

En virtud de las ilegalidades denunciadas, la Boca Resiste y Propone conjuntamente con el Observatorio del Derecho a la Ciudad[4] presentamos un amparo colectivo.

En fecha 15 de Junio de 2017, el Juez Guillermo Scheibler dictó SENTENCIA[5], y VERIFICÓ VARIAS ILEGALIDADES en la venta de las tierras de Casa Amarilla:

1. Venta de tierra pública sin aprobación de la Legislatura: El artículo 82 de la Constitución de la Ciudad establece una mayoría calificada de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura para aprobar “la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad” (inciso 4°) y que dicho cuerpo colegiado “no puede delegar sus atribuciones” (artículo 84, CCABA). De las constancias de la causa no consta que tal recaudo constitucional hubiese sido satisfecho respecto de los bienes objeto de la causa judicial.  

2. El proyecto no respeta el Código de Planeamiento: Las características del proyecto aprobado (Plan integral urbanístico de interés social, turístico, cultural y educativo[6] en una superficie de 32.545 m²) por el GCBA y para el cual se habrían transferido los inmuebles en cuestión al Club Atlético Boca Juniors, no son compatibles con la zonificación que tienen las manzanas por el Código de Planeamiento (uso residencial con alto grado de densificación).

 

3. No se respetó el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que corresponde a las obras que tienen impacto ambiental Con Relevante Efecto: Los predios se encuentran en un polígono que fue expresamente declarado por el legislador en “Emergencia Urbanística y Ambiental” por medio de la ley N° 2.240 y que el propio contrato celebrado entre la CBAS y el Club Atlético Boca Juniors prevé que queda a cargo de éste “la resolución del pasivo ambiental que pudiera existir” en los inmuebles.

Frente a esta situación se declaró que el proyecto tiene impacto ambiental Sin Relevante Efecto sin tener en cuenta el efecto acumulativo de todas las actividades.

Tampoco se respetó el artículo 13 de la ley N° 123 en tanto dispone que las “actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos” se presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto “las actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas” (inciso m). De esta forma se cercena el derecho colectivo de participación ciudadana en la instancia que a tal fin se prevé (art. 30, CCABA; art. 20 ley 25.675).

Por las ilegalidades e inconstitucionalidades detectadas, el JUEZ ORDENÓ CAUTELARMENTE:

I. LIBRAR OFICIO al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a fin de que proceda a la anotación de la presente litis respecto de los inmuebles objeto de este proceso, quedando a cargo de la parte actora su confección y diligenciamiento.

II. ORDENAR al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que:

a) suspenda el trámite de aprobación de los planos que hubiese presentado el Club Atlético Boca Juniors respecto de los inmuebles objeto de la licitación pública 7/2015 de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., en caso de que ya se hubiesen aprobado,

b) disponga la paralización absoluta de cualquier tipo de tarea de ejecución de dicho proyecto.

 

SENTENCIA COMPLETA AQUÍ

 

La Boca Resiste y Propone en relación al fallo sostiene que: "Hoy nos tocó una gran victoria frente al poder desmedido de algunos que en vez de un barrio y sus vecinos, solo ven oportunidades de negocios. Nos toca ahora seguir luchando para decidir entre todos el destino de esas tierras. Porque creemos que los campitos de Casa Amarilla representan la posibilidad de garantizar los derechos de nuestros vecinos y no los negocios de unos pocos. Las tierras son de los vecinos y somos los vecinos los que debemos decidir qué hacer con ellas. No queremos un estadio shopping ni ningún negociado que deje afuera las necesidades de nuestro barrio. Nos Resistimos la construcción de un Estadio Shopping  y a que no se respete ni se consulte el futuro de nuestro barrio y Proponemos ser nosotros juntos y entre todos los que decidimos el destino de los campitos".

Contacto: La Boca Resiste y Propone Natalia Quinto: (011) 15 3048-9147 /  Observatorio del Derecho a la Ciudad: Jonatan Emanuel Baldiviezo: (011) 15 3266 7008

[1] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=106

[2] El 5% equivalente a 9 millones de pesos dentro de los 10 días corrido de la adjudicación.

El resto (171 millones de pesos) en trece (13) años, en 41 cuotas trimestrales (alrededor de 4 millones) con 3 años de gracia para el capital y de 1 año para los intereses.

[3] Organizaciones internas del Club Boca Juniors también cuestionan la voluntad del Club de construir un nuevo estadio shopping porque va en contra de la identidad del Club y del Barrio y por el peligro de endeudar el Club y de esa forma crear las condiciones para que Sociedades Anónimas se transformen en las propietarias de los clubes, una idea reiterada del Presidente Mauricio Macri acompañado por el Sr. Angelici, presidente del Club.

[4] caratulado “QUINTO NATALIA GIMENA y otros CONTRA CORPORACION BUENOS AIRES SUR S E SOBRE AMPARO”, Expte. N° A4-2016/0,

[5] http://observatoriociudad.org/?s=biblioteca_externa_a&n=56

[6] Plan que abarca la construcción de museo, gimnasio, galería de arte, biblioteca, teatro independiente, playa de estacionamiento, salón de juegos manuales y/o de mesa.

16.6.2017

Por Maia Blacher

Tras revocar la falta de mérito dictada por el juez federal Guillermo Rongo respecto a dos efectivos de la Policía Metropolitana y dos del Cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal (PFA), la sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesó a los efectivos de las fuerzas de seguridad que golpearon a un hombre que protestó contra la detención de un menor de edad en el Parque Saavedra. 

Por su parte, el fiscal nacional Carlos Velarde afirmó que el 26 de febrero de 2015 los oficiales de la Policía Metropolitana, Yanina Yael Campo y Nazareno Nicolás Gómez Pedraza, agredieron a un hombre con una discapacidad motriz. Además, en la investigación colaboró la Procuraduría de Violencia Institucional. La fiscalía especializada consideró ilegal el accionar de los oficiales que agredieron, golpearon y detuvieron al sujeto que se acercó a preguntar por qué detenían a un menor de edad, en el marco de una razzia policial.

Velarde también consideró que Pedraza insertó datos falsos en el acta de detención. Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal, aseguró que los oficiales de la Policía Federal, Héctor Osvaldo Toloza y Leandro Exequiel Barrientos, observaron la secuencia y no impidieron la agresión.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, Guillermo Rongo, había decretado la falta de mérito para sobreseer o procesar a Campo, Gómez Pedraza, Toloza y Barrientos. La decisión fue apelada por Velarde y señaló que “la prueba que obra en la causa da cuenta de que el hecho ocurrió tal como fuere denunciado” por la víctima.
De esta forma, el fallo con la firma de los camaristas Mauro Divito y Mariano Scotto, ordenó procesar, sin prisión preventiva, a Campo y Gómez Pedraza “como coautores del delito de vejaciones” y embargó por la suma de 30 mil pesos a cada uno. Por su parte, en relación a Toloza y Barrientos, se ordenó su procesamiento sin prisión preventiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber presenciado la agresión por parte de los efectivos de la Policía Metropolitana, sin intervenir.

16.6.2017

Ante el cierre de los frentes, y con la perspectiva de un cansancio generalizado con el gobierno de Macri, pero con una gestión macrista más protegida en la Ciudad, asoman diversas propuestas en el escenario capitalino. El crecimiento de la izquierda y la necesidad de nuevos candidatos en el kirchenrismo.

Por Clara Ortiz

 

Finalmente arranca la carrera electoral, que tardó bastante en ponerse en marcha. Recién con el cierre de los frentes electorales que disputarán en las Legislativas, comienza a clarificarse el panorama.

En la Ciudad de Buenos Aires, todo parece indicar que Cambiemos, a pesar de las disputas que hacia su interior planteó Lousteau, tendría un triunfo asegurado. Es que “Lilita” Carrió sigue siendo una “buena candidata” para los sectores conservadores que buscan dar su apoyo al gobierno de Macri, que a pesar de todas las falencias que ha demostrado sigue siendo la única alternativa que vislumbran para impedir el retorno de Cristina.

Pero lo que parece traer un renovado interés en estas elecciones es el papel que juegue la izquierda, y los sectores progresistas, en la elección Legislativa. Según los datos brindados por una encuesta conocida en estos días y realizada por Artemio López, Myriam Bregman se consolida como la cuarta candidata en la Ciudad, con unos nada despreciables 7 puntos. Cuando aún existen muchos indecisos, ese número podría seguir subiendo.

El caso de la militante y abogada del PTS, con una amplia trayectoria en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, indica una cualidad importante en el escenario local: la independencia de la candidata/o ante su propia fuerza. Bregman no crecería tanto por el frente que la impulsa, sino por su propio perfil. Es una referente que a lo largo de los años ha sumado credibilidad a su trayectoria política. En palabras de Artemio López, “si fuera con el FpV es una candidata que no tiene techo, su propia fuerza es la que la limita”.

 

Renovación en el FpV: Unidad Porteña

 

El caso de Bregman plantea el posible escenario que se le presenta al Frente Para la Victoria en la Ciudad: la necesidad de una renovación. Con figuras que ya han transitado numerosas elecciones en el distrito, se hace visible el apremio por nuevas candidatas/os que muestren una renovación que está exigiendo el electorado.  

Los lugares hacia donde puede apuntar esa renovación no escapan de algunas figuras del propio espacio que aún no han tenido mayor apoyo institucional, más allá de alguna relación que comienza a construirse con espacios progresistas que no tienen ninguna figura destacada que eleve el caudal electoral, como es el caso de Ahora Buenos Aires. 

Algunos de los nombres en danza para acompañar a Mariano Recalde en las listas de Legisladores son figuras con una trayectoria ya recorrida, y con posibilidades de ampliar la agenda tradicional del kirchnerismo capitalino. Son los casos de Victoria Montenegro, Pablo Ferreyra y Magdalena Tiesso, por ejemplo.

Montenegro es una referente en Derechos Humanos, que ha sumado una importante labor en la actual lucha de las mujeres por ampliar la consolidación de sus derechos. Ferreyra, que viene de ejercer como Legislador por cuatro años, ha potenciado en la Legislatura los planteos del Bloque FpV en temas poco transitados antes como derechos del colectivo LGTBIQ o una política de géneros amplia y plural. Por su parte Tiesso, quien asumió como Legisladora tras la partida de Jorge Taiana al Parlasur, busca también renovar su bancada luego de ser la legisladora más joven de la Ciudad.

Los días por venir mostrarán cómo queda conformada la lista de unidad del kirchnerismo y el peronismo porteño, y cuánto lugar se le da a nuevas figuras que potencien un espacio más joven y plural, dos de las características más buscadas por el electorado capitalino. De esto dependerá mucho la suerte que corra el frente Unidad Porteña para crecer y disputarle al macrismo de Rodríguez Larreta y Louteau el control de la Legislatura, que en los últimos años tuvo mayoría absoluta del PRO o complicidad opositora para perpetuar sus negociados en la Ciudad.