Red de radios

3.8.2016

Juan Martín Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti, recibió del gobierno porteño más de dos millones de pesos en contrataciones directas por “pauta publicitaria” en la revista JOY –sobre restaurantes gourmet– y “organización de eventos” como las “Sparkling Nights” –reuniones para catar champagne en hoteles cinco estrellas.

Así lo denunció el portal Nuestras Voces, de la legisladora porteña Gabriela Cerruti. La empresa de Tonelli facturó esa cantidad hasta el año 2014, según lo que fue publicado en el Boletín Oficial. Sus negocios con el Estado porteño, que el PRO gobierna desde hace más de ocho años, podrían ser aún mayores.

El nombre de Tonelli tuvo una publicidad imprevista en los últimos días, cuando tras conocerse que Michetti había sufrido el robo de 245 mil pesos y 50 mil dólares en efectivo que guardaba en su casa, la vicepresidenta debió explicar el origen del dinero. Aseguró que a los dólares se los había prestado su novio, y que los tenía para regalarle a su hijo una maestría.

Tonelli, que se presenta a sí mismo como un lobbysta (“hago relaciones gubernamentales”, ha dicho al ser entrevistado), desembarcó en el PRO como asesor de la Fundación Crecer y Creer, del presidente Mauricio Macri. La nota de Nuestras Voces lo describe como un emprendedor que organizaba “desayunos de oración” por las mañanas –así conoció a Michetti– y “eventos sobre placeres y vida gourmet” en las noches.

La empresa a través de la que se canalizaron los negocios con el gobierno porteño es Tough Match SRL, que creó con su hermano Carlos. La firma es propietaria de la web PlanetaJoy.com y la revista JOY, organizadoras a su vez de las ferias de vinos espumantes (o Sparkling Nights) en las que las bodegas ofrecen degustaciones de champagne en lujosos hoteles porteños. También hacen eventos de Bienestar Saludable y la feria al aire libre BAM (Buenos Aires Market).

Según la investigación del portal, el gobierno porteño le puso publicidad a la revista por al menos 823.628 pesos. El criterio con el que le dieron estos fondos dista de estar justificado: en la sección sobre salidas nocturnas, junto a una nota sobre variedades de cerveza, por ejemplo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Buenos Aires puso una página destinada a difundir la línea telefónica gratuita 102, destinada a recibir denuncias de los niños.

El portal revela que el Estado porteño también destinó dineros públicos a poner un stand en las Sparkling Nights. En este caso, la participación en el evento “donde famosas top models (y no tanto) se juntan con jóvenes empresarios a degustar vinos de alta gama”, fue realizada por medio de contrataciones directas, evitando licitaciones. “Tonelli facturó al Gobierno de la Ciudad por las noches de burbujas 565.280 pesos, sumando los 110.000 pesos de 2011 a los 455.280 pesos de 2013”.

Otras sumas fueron percibidas por la empresa por los BA Market. Estas ferias itinerantes de alimentos saludables, cuenta el artículo, “nacieron como un evento privado auspiciado por el Gobierno de la Ciudad, que le facilitaba predios y permisos. Pero rápidamente el Gobierno de la Ciudad contrató a la empresa de Tonelli como dueña de la ‘idea original’ del BA Market por 169.400 pesos por fin de semana, sumando un total de 338.800 pesos”. “Sin embargo, desde hace dos años, el Gobierno de la Ciudad a través del Ente de Turismo gira por pago directo, a través de un mecanismo irregular y extraordinario de ‘caja chica especial’ para reconocimiento de servicios prestados, entre trescientos y quinientos mil pesos por fin de semana de feria a la empresa Castropol Comunicaciones por la organización del BA Market.”

A su vez, Castropol Comunicaciones es una empresa que se dedica a intermediar pauta (bolseros) con los gobiernos, y publica suplementos de salud para diarios del interior auspiciados por la Cámara de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), que dirige Tonelli. Como lobbysta, Tonelli acumuló una serie de denuncias en la ciudad de Buenos Aires. Gestionó la colocación de una pantalla LED gigante para una publicidad de Coca-Cola frente al Obelisco, que el juez Andrés Gallardo le ordenó a Macri apagar por considerarla peligrosa. Como titular de Capemvel, consiguió que Macri vetara la ley de la ciudad que adhería a la prohibición nacional de venta de medicamentos libres en kioscos y supermercados.

3.8.2016

En Suárez 1900 vivían 8 familias, entre ellas 11 niños de 2 a 16 años, quienes al regresar de la escuela encontraron todas sus cosas en la calle. Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone, dialogó por La Retaguardia con el programa Tengo Una Idea, y conversó sobre esta nueva estrategia de Ciudad. Por La Retaguardia

Los "desalojos administrativos" son parte de un nuevo método que "no pasa por procesos judiciales en lo civil, sino que se realiza una demanda penal a partir de una clausura previa del inmueble, hecha por posibles problemas estructurales que pudieran traer perjuicios a quienes habitan allí o a terceros. Ante estos supuestos riesgos para las familias, la Ciudad dispone -con aval de un juez del fuero penal- del "desalojo administrativo"", explicó Natalia Quinto.

El jueves 14 de julio a la mañana se llevó a cabo un operativo cargado de ilegalidades: "Nos comunicaron que estaban realizando un desalojo en calle Suárez al 1900, con apoyo de la Policía Metropolitana, a 70 metros de la subsede comunal de Barracas. Ninguno de los compañeros pudo dar cuenta de alguna orden de desalojo o acta aclaratoria. Cuando nos acercamos, pudimos tomar cuenta de que en realidad se trataba de un desalojo administrativo.

De esta manera, aclaró Quinto, la Justicia vela "por la integridad física de las personas, pero no vela por el resto de los derechos como por ejemplo acceso a la vivienda digna, o todos los derechos que avalan a niños y niñas".

En Suárez vivían 8 familias entre ellas 11 niños de 16 a 2 años, quienes al regresar de la escuela no tuvieron a dónde volver: "El operativo se llevó a cabo en horario escolar, por lo general los desalojos administrativos no tienen previo aviso por lo que resulta sorpresivo para las familias", dijo Quinto. Al volver de la escuela, los niños encontraron sus cosas en la calle.

Golpes e ilegalidades

Además de golpear a dos personas durante este procedimiento, no se encontraban presentes organismos que -según acta- deben garantizar el cumplimiento de derechos: "La defensora de Menores se hizo presente ante nuestra demanda, porque en estos operativos juez y Fiscalía disponen de la presencia del BAP; la Defensoría del menor; la Defensoría de Ciudad, y SAME, como para que garanticen los derechos de las familias, ninguno de estos dispositivos estuvo presente hasta el momento en que llegamos, y una vez que manifestamos a los efectivos policiales que debían cumplimentar toda el acta, no sólo la parte en que refería sacar a las familias a la calle, empezaron a llegar", dijo.

Cuando la Metropolitana golpeó a una piba, "a la defensora de menores no le pareció intervenir porque al tener 21 años, no era parte de su tarea, nos refirió. Media hora después de que se retirara, golpearon a otra chica menor de 16, a quien arrojaron escaleras hacia abajo como si fuera un mueble más de la casa".
Este proceso se llevó a cabo arrojando muebles por la escalera, o directamente desde la terraza, hacia la vereda.

Nuevos métodos e intereses particulares

"A modo de ejemplo -explicó Quinto-, nosotros venimos acompañando procesos organizativos donde la guardia de auxilio ya ha hecho clausuras preventivas. Con vecinos organizándose de manera autogestiva, somos quienes tratamos de poder contar con los recursos necesarios para hacer los arreglos estucturales de las viviendas. En los casos en que llegamos a tiempo, hemos descubierto que los peritajes que hacen los arquitectos no se condicen después con los peritos de parte que llevamos nosotros, es decir: en realidad no hay peligro estructural de derrumbe. Por lo tanto, esto se lleva adelante cuando pesa sobre el inmueble algún interés particular para la Ciudad. Porque, de esta manera, además, la Ciudad se ahorra tener que hacer el proceso de desalojo formal.

Surgen interrogantes en un marco de negocios inmobiliarios, por un lado, y ausencia de facilidades o créditos para poder restaurar las viviendas declaradas en riesgo: "Se ponen plazos de los que la Ciudad se desentiende por completo -dijo Quinto. La Boca puntualmente está declarada en emergencia ambiental y urbanística por la Ley 22.240. Los recursos previstos en esta Ley tendrían que posibilitar la refacción de los inmuebles en estos casos. Porque la Ley no se acaba solamente en la declaración de emergencia. En La Boca, la Ley fue incumplida sistemáticamente durante los 8 años de gestión del PRO. Éste sería el noveno año de incumplimiento de la Ley".
El responsable por la Brigada, de la Comuna, presente en el lugar, dijo que el inmueble de Suárez al 1900 habría sido comprado por alguien cercano a la Dirección de Espacio Público, lo cual Quinto afirmó no haber podido constatarlo.

Qué hacer

"Ante cualquier primer cédula de desalojo o de acta de constatación que llegue a una casa -especificó Quinto-, lo principal es contactarse con un abogado o grupo que trabaje esta problemática, como para poder dar respuesta inmediata y evitar que la cosa empeore. En el caso de las clausuras que hace la guardia de auxilio, lo mismo. No se debe confiar en que van a dar los tiempos para arreglarlo. Esto no ocurre así, son mecanismos que utilizan para otros intereses como hacerse de inmuebles de los que ya se ha perdido el rastro de sus propietarios por ser herencias vacantes con dudosa situación dominial en la actualidad", afirmó la entrevistada.

31.7.2016

El diputado porteño Patricio del Corro (PTS/Frente de Izquierda), autor del amparo que frenó el aumento del boleto del subte junto con Claudio Dellecarbonara, afirmó que “la apelación presentada por SBASE ante la justicia porteña no aportó ningún argumento nuevo. Pareciera que están flojos sus papeles para demostrar el tarifazo que quieren imponer sobre los usuarios del subte. De todas maneras, esta semana aportaremos nuevas pruebas para demostrar esta estafa de Metrovías y SBASE contra los usuarios del subterráneo”.

Por su parte, Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) agregó que “los números de los gastos de Metrovías por la concesión del subte siguen sin aparecer y los funcionarios del PRO los cubren. Están decididos a guardar bajo 7 llaves sus libros de contabilidad. Queremos saber cuánto es la ganancia de Metrovías para que se discuta sobre la tarifa con todos los elementos sobre la mesa”.

Del Corro sostuvo además que “no nos van a amedrentar las amenazas del presidente de SBASE Piccardo diciendo que la suspensión del tarifazo empeorará la seguridad y la calidad del servicio. Hace años que aumentan los subsidios y es muy poco lo que se invierte en el subte. Sin ir más lejos, todas las semanas sufrimos cortes por problemas técnicos y escaleras que no funcionan. El problema es que se llevan el dinero que debería ir a mejorar el servicio. Esa debería ser la responsabilidad de Piccardo y si no la puede cumplir que renuncie, pero que muestre los números que corresponden”.

29.7.2016
¡¡EL GRAN HERMANO DE MACRI BULLRICH RETROCEDIO!!

¡¡SACARON LA CAMARA
QUE ESPIABA A LAS ASAMBLEAS DEL PUEBLO!!

Las protestas y reclamos efectuados por las ASAMBLEAS DEL PUEBLO, personalidades y organizaciones amigas han dado como resultado que hoy al mediodía efectivos de la Policía Federal Argentina retiraran la cámara que habían instalado, hace quince días, frente a la sede de nuestra organización. Dicha cámara estaba enfocada, directamente, en la puerta de nuestro local y, en consecuencia el único objetivo posible que podía tener era vigilar nuestros movimientos, amedrentarnos y controlarnos.

En la esquina de Chacabuco y México está, desde hace 15 años, la sede central de las ASAMBLEAS DEL PUEBLO. A la vez, en el mencionado edificio funciona el más importante y concurrido Comedor Popular que sostiene nuestra organización, al que asisten más de 250 compañeros todos los días. Por su parte, allí desarrollan sus actividades, un merendero, una feria de artesanos y micro emprendedores, la redacción de la revista LA MAZA, una escuela de Psicología Social y otras actividades comunitarias, políticas y sociales y son numerosas las organizaciones amigas que se reúnen en nuestro local.

Todas esas actividades quedaron expuestas al ojo espía de la camarita que GRAN HERMANO gubernamental pretendió imponernos. Los humildes que concurren a alimentarse a nuestro comedor debían, además de soportar la humillación del hambre impuesto por el gobierno de Macri, tolerar la vejación de ser observados en vivo y en directo por los espías.

Finalmente el reclamo surtió efecto y, como decíamos más arriba, la cámara fue retirada hoy.

Agradecemos a todos los que nos acompañaron en la protesta y la exigencia de respetar el derecho a la privacidad que, como ciudadanos y como organización, nos está garantizado por la Constitución Nacional. A la vez alertamos acerca de estos procedimientos que está impulsando el gobierno, con sus equipos de hackers, pirateando correos, pinchando teléfonos y manipulado bases de datos que deberían ser resguardadas de la intromisión política.

Contacto: 15-37808378

Email: asambleapueblo@gmail.com

ASAMBLEAS DEL PUEBLOES;mso-bidi-language:AR-SA'>Con cantitos, bombos y pancartas, los vecinos se hicieron sentir entre las 18 y las 20 hs del viernes. Diversas organizaciones sociales se acercaron a solidarizarse, e incluso algunos vecinos por lo bajo compartían la preocupación por su situación precaria en otras viviendas del barrio, así como comentaban que en estos meses varios desalojos se hicieron efectivos, mientras otros lograron ser rechazados con la organización popular.

28.7.2016

Frente a la inminente reforma del Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires y de otros instrumentos de planificación, la Campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad convoca, el próximo lunes 1º de agosto a las 18 hs., al lanzamiento y primer encuentro de la Campaña, a realizarse en el salón San Martín de la Legislatura porteña ubicado en la calle Perú 160 (planta principal).

Se invita a participar de este encuentro y sumarse a la campaña a vecinos, estudiantes, intelectuales, artistas, sindicatos, profesionales, partidos políticos, universidades, cátedras, referentes sociales y culturales, asambleas, movimientos territoriales y organizaciones sociales para la redacción participativa de una carta que será elevada a la Legislatura Porteña.

Esta Carta contendrá los principios, derechos e instrumentos que propondremos para alcanzar una Ciudad para Todos, para concebir una forma alternativa de hacer ciudad. El objetivo es que entre todos los que queremos una Ciudad distinta estructurada y planificada bajo el paradigma del Derecho a la Ciudad, nos organicemos y discutamos una Carta del Derecho a la Ciudad para exigir que los futuros instrumentos de planificación se adecuen a los principios y derechos que colectivamente consensuemos en esta Carta.

La iniciativa impulsada desde más de 20 asambleas y organizaciones[1] propone: fomentar la participación democrática en las decisiones sobre nuestra ciudad, evitar una mayor pérdida de derechos urbanos, atender las necesidades socio-urbanas postergadas, combatir el desplazamiento habitacional por el alza del m2 y alquileres, y accionar frente a la fuerte concentración de la propiedad del suelo en la ciudad, a manos de unos pocos grupos empresarios y  desarrolladores, etc.

La campaña cuenta con un amplio apoyo de organizaciones civiles, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Techo (orientada a combatir la pobreza y exclusión en Latinoamérica), el Frente Territorial Salvador Herrera (abocado a la urbanización de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires), las comunas y vecinos de la ciudad de Buenos Aires, cátedras universitarias, intelectuales y artistas.

 Para mayor información pueden acceder a la página web de la campaña.

www.cartaderechoalaciudad.com.ar<http://www.cartaderechoalaciudad.com.ar>

INSCRIPCIÓN a los eventos y para ADHERIR a la Campaña

http://goo.gl/forms/4UniAp4DP7wLvQP93

[http://i.imgur.com/P9NskAQ.png]

________________________________

[1] Convocan: Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) / Techo / Frente Territorial Salvador Herrera / Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) / Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) – UBA / Movimiento Comunero / Manzana 66 /  Basta de Demoler / Surbanistas / La Alameda / Taller Libre de Proyecto Social – FADU – UBA / Centro de Estudios Socioeconómicos Roberto Carri / Emancipación Sur Corriente Nacional / Cambalache / Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales PIUBAMAS / Grupo de Vivienda y Hábitat en la Boca Resiste y Propone / Asamblea del Parque Lezama / Red Interparques / Asociación Ciudadana x los Derechos Humanos /  Asociación Ambientalista del Partido de Escobar / Asociación Ambientalista Los Talares de Maschwitz.