Red de radios

26.10.2017

El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió procesar y embargar a 22 de las 31 personas detenidas luego de la represión del 1º de septiembre en Plaza de Mayo en la movilización en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

A otras 7, les dictó falta de mérito y 2 fueron sobreseídas.  Las imputaciones, que se hicieron esperar hasta el resultado de las elecciones legislativas, son  fundamentalmente por "intimidación pública" y "resistencia a la autoridad" y, en todos, sin prisión preventiva y embargos de hasta 5 millones de pesos.

El procesamiento recayó sobre Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofía Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Hugo Medone, Juan Mourenza, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios e Iván Meza.

25.10.2017

Por Revista Jallalla

Ayer se convocó a medios de comunicación de la colectividad boliviana para que reproduzcan una normativa que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires considera “exitosa” para el Aya Marcay Quilla 2017.

El 2 de noviembre es una fecha importante para culturas como la de los diaguitas, calchaquíes, quechuas y aymaras que celebran el Aya marcay Quilla o Fiesta de los muertos.
Aunque para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la cuestión indígena quiera tratarse al mismo nivel que una colectividad extranjera, cuando no es así ya que hay una normativa nacional e internacional que le da un tratamiento diferencial.
Tratar una práctica mortuoria desde el ámbito del Ministerio de Seguridad ya tiene un sesgo marcado. Se lo compara con cualquier otro evento como un partido de fútbol y se quiere proceder como si tal cosa. Por eso el cacheo a la entrada de todos los que van al cementerio, el control de alcoholemia, la requisación de cualquier bebida, y hasta las hojas de coca.
Tratar de “organizar” una actividad a poco más de una semana de realizarse, es por lo menos: improvisado.
Aunque en realidad los “invitados” servimos para justificar que “dialogaron” con los bolivianos y los periodistas teníamos el rol de difundir las lúcidas directivas que ellos tenían para nuestra comunidad. Además, gratis.
Sabemos que si hay algo en lo que gasta el gobierno porteño es en difusión, pero como es la comunidad boliviana “háganlo ustedes y difúndanlo”, como se puede ver en el videíto dirigiéndose Lilia Camacho, periodista de nuestra colectividad.
Nunca antes había visto un operativo policial para una rito mortuorio que venimos siguiendo desde hace por lo menos 10 años lo que la gente del Ministerio de Seguridad considera un éxito son medidas represivas que al habilitar una sola entrada y una salida (hay 3 ingresos) y como la gente aparece después de las 14:00 se produce un cuello de botella impresionante, colas de 400 metros, ya que se les revisa minuciosamente, hasta las muelas.
Vi hace 2 años como un policía de la Ciudad incautaba hojas de coca en estado natural como si se tratara de droga y un gendarme salteño dejó escapar una especie de queja porque el mismo consume la hoja de coca en Salta.
Obviamente eso genera malestar en la gente (no solo los que tienen esta práctica) sino los que van solo a dejar una flor. El año pasado mucha gente quedó afuera sin la posibilidad de hacer su rito ante la tumba de un ser querido, y querían entrar de cualquier manera y a algunos se los llevaron preso.
Desde el Ministerio de seguridad se hace una interpretación de la Ley vigente, como si esa fuera la directiva al respecto cuando en realidad falta su reglamentación.
Así el Director General de Cementerios, ante los peros que se empezaron a poner por parte de los que estábamos para obedecer, amenazó en que iba a cerrar el Cementerio asegurando que lo podía hacer.
Desde ese Ministerio se ideó regular la cantidad de panes que se tiene que llevar para que no exceda la capacidad del cementerio, como si se llevaran toneladas y la cantidad de tiempo que debería quedarse cada familia. “¿Por qué quedarse toda la tarde si podrían estar media hora? ¿Por qué no instruyen a su gente?”
Teniendo en cuenta que no es ningún feriado para los indígenas urbanos a diferencia de otras culturas como la de los judíos o musulmanes que se les respeta sus celebraciones religiosas. Muchos aymaras y/o quechuas tienen que hacer malabares un día de semana para llegar al cementerio antes de las 16:00 porque si bien la entrada es hasta las 17:00, las colas impresionantes dejan afuera a cientos de personas.
La reunión fue cerrada por la Secretaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, Valeria Sikorski, prometiendo una próxima reunión porque los “afectados” aseguraban que excedía a la competencia de ese ministerio. 

24.10.2017

La agrupación Inquilinos Agrupados advirtió que el Gobierno de la Ciudad no realiza “ningún tipo de control” de la aplicación de la nueva ley de alquileres que entró en vigencia hace más de un mes y que las empresas continúan cobrándole comisiones a los inquilinos, a pesar de que está prohibido.

La normativa había sido impulsada por el propio Ejecutivo porteño, que tomó parcialmente un proyecto elaborado por las organizaciones sociales, preocupadas por la multiplicación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires y de los abusos de las inmobiliarias. “La ley se votó por la presión de los inquilinos y ahora el Gobierno no sabe cómo hacerla cumplir porque tiene que multar a parientes, amigos y socios”, denunció Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados (IA).

Además de prohibir el cargo de gestiones, la ley 5859 ordena que el pago de las comisiones sea responsabilidad del dueño y no del inquilino. También le dio competencias al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para llevar a cabo el control de su aplicación. Sin embargo, hasta ahora, el IVC sólo abrió una sección en su web para consultas legales, cuya respuesta suele demorar varios días.

IA también denunció que si un inquilino se dirige a las oficinas del IVC para denunciar a una inmobiliaria, el sistema pide que previamente solicite turno en el 147. “Una vez que se llama a ese número, quien contesta no está interiorizado sobre el tema, no carga la denuncia telefónica y no deriva la consulta al IVC sino a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, indicaron. IA denunció, además, a más de 20 inmobiliarias que “sistemáticamente incumplen la ley”.

Tras la denuncia, el IVC habilitó un mail (asesorialegal.alquileres@buenosaires.gob.ar), al que hay que escribir para solicitar un turno para radicar la denuncia en sus propias oficinas. Muñoz, por último, reclamó que el Gobierno controle la aplicación de la ley “con el mismo ímpetu que tiene para desalojar una familia de La Boca”.

24.10.2017

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

No requiere inscripción previa ni haber asistido a las anteriores clases

Te invitamos a participar del Seminario Gratuito y Abierto al público Organizado por La Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) denominado "Procesos de (Re)Urbanización e Integración Socio-Urbana de villas y asentamientos informales"

Clase 11. (25 de octubre)
TEMARIO

Análisis de los procesos de integración socio-urbana implementados desde el 2016 en los barrios Playón de Chacarita, Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), Villa 20 y Ramón Carrillo en relación a las obras de infraestructura (provisorias y definitivas).

Nuevos requerimientos de la empresa prestadora AySA para operar el servicio de agua y cloaca en los barrios populares (Resolución N°26 del APLA).

Experiencias comunitarias para mejorar las condiciones sanitarias en Villas de la CABA.

Experiencias autogestivas en la construcción de infraestructura.

Epidemiología Sanitaria Comunitaria.

Profesora: Inga. María Eva Koutsovitis

Miércoles 25 de Octubre de 2017 a las 19 hs.
Facultad de Ingeniería. Sede Las Heras N° 2.214, 2° piso, Aula N° 205.

No requiere inscripción previa ni haber asistido a las anteriores clases

Consultas a hidrau@fi.uba.ar o al mevakoutsovitis@yahoo.com.ar
(Miércoles de 19 a 21 hs) durante un cuatrimestre.

Coordinadores:
Inga. María Eva Koutsovitis.
Ing. Matías Goyeneche.

Profesores:
Dr. Cristina Reigadas. Profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Ing. Virgilio Gregorini. Organización TECHO
Franco Armando. Frente Territorial Salvador Herrera – CTA
Arq. Beatriz Pedro. Taller Libre de Proyecto Social (TLPS)
Dr. Jonatan Baldiviezo. Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Dra. Sandra Inés Sánchez. Arquitecta. Investigadora del CONICET.

Cronograma Restante:

Clase 11. Diseño y desarrollo de la Infraestructura Hídrico-Sanitaria en los asentamientos informales. Metodología de diseño y constructiva. Estudio de casos. 25 de Octubre.
Clase 12. Epidemiología Sanitaria Comunitaria. Técnicas de Mapeo comunitario. Indicadores de desigualdad. Experiencia de formación e intervención de Promotores Sanitarios Comunitarios en barrios informales. 1 de Noviembre.
Clase 13. Abordaje Territorial.
Clase 14. Abordaje Territorial.
Clase 15. Taller Grupal.
Clase 16. Puesta en común de las intervenciones territoriales. Entrega de Monografía Grupal. Evaluación. Cierre. 29 de Noviembre.

23.10.2017

Este lunes se realizaron las acusaciones por parte de la Fiscal Gabriela Baigún por la ocupación de la Comisaría 24 de La Boca, en 2014, tras el asesinato del militante social Martín “Oso” Cisneros en 2004. En esa ocasión numerosos vecinos del barrio de La Boca acusaron a la policía de encubrir al asesino de Cisneros y reaccionaron entrando a la comisaría para exigir que busquen al culpable.

Después de varios meses de escuchar a innumerables testigos y acumular “pruebas” que poco y nada aportaban la Fiscal Baigún resolvió que tanto Lito Borello, referente de la Organización  Los Pibes y Secretario de DDHH de la CTEP, y Luis Bordón  no iban a ser acusados de los hechos que se les imputaban, por falta de pruebas fehacientes-

Sin embargo, generó indignación la acusación al ex diputado y dirigente social Luis D’Elía.

La fiscal se ensañó con él y unificó dos causas, la de la ocupación de la comisaría y otra en la que D’Elía, junto a otros militantes populares marchó a Plaza de Mayo en respuesta a una algarada provocada por sectores derechistas vinculados a la oligarquía agrícola-ganadera y al actual gobierno de Mauricio Macri. Este episodio ocurrió durante el gobierno kirchnerista cuando se produjo un virtual levantamiento de la Sociedad Rural y otros organismos similares por la aplicación de retenciones.

En su argumento condenatorio, la fiscal Baigún apuntó a la protesta y la organización popular cuando persigue objetivos de justicia social para los sectores populares.

Poniendo la mira en D’Elía lo acusó de innumerables delitos, la mayoría de ellos surgidos de la necesidad de una condena política disciplinadora, justamente el día después en que la derecha venció en las elecciones. De esta manera, solicitó una condena de 4 años y 8 meses de prisión para D’Elía, y esto provocó un gran descontento en la sala. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 30, donde se escucharán los alegatos de la defensa.

Los tres acusados por luchar, fueron acompañados en esta ocasión por numerosos militantes del campo popular, entre ellos Esteban ·Gringo” Castro, de la CTEP, el poeta y escritor Vicente Zito Lema, la referente de izquierda Vilma Ripoll, el dirigente de Resistir y Luchar, Roberto Perdía, Roberto Carrica, Sec. de DD HH de ATE, Norman Briski, actor,  Jorge Falcone, documentalista, Rafa Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad, Belén Rozas y Pablo Puebla, de la OLP-Simón Bolívar, Jonathan Thea, de la Organización Seamos Libres, Carlos Aznárez, periodista, Diana Kordon, de EATYP, Graciela Rosemblum y José Schullman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Juan Marino, de la TPR, Marcelo Langieri, profesor universitario, Carina López Monja, del Frente Popular Darío Santillán, Cristina Mena, del MTR 12 de Abril, Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados, y muchos más que se acercaron a los Tribunales de la calle Comodoro Py, en Buenos Aires, para testimoniar su solidaridad con Borello, D’Elía y Bordón.