Red de radios

3.10.2017

Por Prensa del Subte

Días después de los comicios el oficialismo forzará en la Legislatura un proyecto para extender la concesión del operador actual y dejar la futura licitación en manos exclusivas del Ejecutivo.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza de a poco con el diseño de un nuevo contrato para operar el subte y tiene previsto que la Legislatura de la Ciudad le autorice el llamado a licitación luego de las elecciones generales de octubre y que, al mismo, tiempo avale una prórroga de un año de duración para Metrovías, actual concesionaria del servicio.
La Legislatura debatirá el tema durante la última semana de octubre, con una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas y Transporte en la que se buscará emitir dictamen. El oficialismo, junto a los aliados de la Coalición Cívica y Confianza Pública, quiere que el expediente baje al recinto porteño en la sesión del jueves 2 de noviembre para cumplir con los tiempos parlamentarios. El 26 de octubre el edificio de Perú 160 estará afectado a la recepción de urnas utilizadas durante la elección general en territorio capitalino, que custodiarán efectivos de Gendarmería Nacional, a pedido de la jueza electoral María Servini de Cubría.
El texto que se aprobaría recién en la primera semana de noviembre establecerá que Metrovías seguirá al frente de la operación de los subterráneos porteños por un año más, aunque en esta oportunidad se dejará en claro que no será prorrogable. Esta diferencia en el articulado abre un mar de especulaciones, pero la más evidente es que el Gobierno porteño va a fondo con su búsqueda de opciones internacionales.
El contrato de Metrovías, prórroga y ley de emergencia del subte mediante, vence en diciembre de 2017. De esta manera, la Legislatura autorizará una nueva extensión hasta diciembre de 2018. En el Ejecutivo calculan que ese período alcanzará para avanzar con el pliego y los tiempos de la licitación, mientras se abre el proceso para recepción de ofertas.
Como publicó Letra P, la administración porteña se encamina a presentar un pliego licitatorio que apunta a despertar interés en operadores internacionales. El proyecto redactado en las oficinas del ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que conduce Franco Moccia, deja en claro esa intención con la decisión de ofrecer un contrato de 12 años extensible a 15, tal cual reclaman las firmas internacionales expertas en transportes de pasajeros.
A su vez, el Gobierno local decidió retrasar la discusión del contrato del subterráneo para evitar conflicto con los gremios en el medio de las elecciones, como informó este medio. Ante este punto, el tema está congelado desde la reunión informativa en la que opositores y oficialistas se cruzaron por el futuro de la operación y el mantenimiento del Premetro y las seis líneas del Subte, compuestas por 86 estaciones y con una extensión de 54 kilómetros.
El debate por la concesión del subte podría empezar a descongelarse tras el 22 de octubre, fecha en la que Larreta piensa festejar un nuevo triunfo en la Ciudad merced al huracán Elisa Carrió, que busca incrementar una o dos unidades el histórico 50,13% de las PASO.

PASO A PASO

En mayo de este año el Ejecutivo giró al Parlamento un permiso para abrir la convocatoria a una nueva licitación para la operación del subterráneo. Este texto tiene como novedad la intención del oficialismo de abrir el juego a compañías extranjeras y ofrecer un contrato de hasta 15 años, al tiempo que deja en claro que se deben garantizar las fuentes laborales que hoy están bajo el ala de Metrovías, la empresa del Grupo Roggio que administra el servicio de transporte subterráneo desde 1994, cuando el ex presidente Carlos Saúl Menem habilitó el contrato de explotación por el período de dos décadas.
En paralelo, el kirchnerismo porteño y el bloque de diputados que responde a Martín Lousteau presentaron sendos proyectos de estatización del servicio. Como respuesta a las consultas de la oposición, el oficialismo envió al presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Eduardo de Montmollin, para que informe sobre el nuevo proceso de licitación. El funcionario planteó los argumentos del Gobierno para buscar oferentes internacionales y también confirmó, como señaló Letra P, que la oposición porteña no tendrá acceso el pliego que la administración local debe diseñar con los requisitos y condiciones para el futuro concesionario del servicio.
Tiempo después, el Gobierno decidió freezar la discusión no sólo porque demoró el interés de las empresas extranjeras por el servicio, sino que los tiempos y la vorágine de la campaña electoral impidieron que se avanzara mínimamente con el debate de la ley que aún duerme entre las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas y Transporte.
Mientras el Ejecutivo porteño tendió puentes con empresas extranjeras, los operadores establecieron, de manera informal, tres aspectos claros para sentarse a negociar. Reclaman una concesión mínima de 12 años y extensible a 15 (ya quedó establecida en la ley de autorización que debe aprobar la Legislatura), abrir una discusión sobre un futuro aumento de la tarifa y, quizás lo más polémico, “tranquilidad” sindical.
Las operadoras interesadas (curiosamente, consorcios estatales que administran los metro de París y de Madrid) tienen años de experiencia en el servicio de transporte terrestre y el subterráneo que administran tiene una tarifa mucho más alta que la que se cobra en Buenos Aires. Sin embargo, operan sobre un tendido ferroviario de mayores dimensiones y, consecuentemente, con una cantidad superior de pasajeros.
El Gobierno busca la licitación “más amplia y transparente” posible. Por esa razón, quiere pluralidad de ofertantes y envió una licitación a la Legislatura que abre la posibilidad a empresas extranjeras. Ante este marco, Metrovías sigue en carrera y tiene pensado volver a presentarse cuando se abra el proceso.
La misma empresa del Grupo Roggio se autodefine como la única de la Argentina con capacidad para hacerse cargo del subte. Ante la decisión de Larreta de abrir el contrato y escuchar ofertas del extranjero, reaccionó con velocidad: buscará un socio externo para presentar un consorcio y competir para continuar al frente del servicio. Ese esquema ya lo ensayó en Brasil, con trabajos en la operación de los metros de San Pablo y Río de Janeiro.

DISCUSIÓN LEGISLATIVA

La prórroga, a pesar de que aún no fue notificada a Metrovías, es ineludible a esta altura del año porque de acá a diciembre no hay otra opción y Sbase no puede operar el servicio. Esta situación es indiscutible para el oficialismo y la oposición.
No obstante, los bloques opositores a Vamos Juntos plantean que la autorización de un nuevo contrato se debe aprobar con 40 votos, mientras que el oficialismo sostiene que la Constitución porteña indica que alcanza con mayoría simple. “Lo que se concesiona es el servicio. El subte es un servicio público, no es un espacio público de la Ciudad el que se concesiona”, justifican en la gobernación porteña. El oficialismo cuenta con 32 votos propios aunque espera apoyos de la oposición para la sanción del expediente y las miradas apuntan al peronismo.

Ver en línea: http://www.letrap.com.ar/nota/2017-10-2-16-3-0-subtes-tras-elecciones-prorroga-a-metrovias-y-licitacion-a-dedo-de-larreta

sindicatodelsubte.com.ar/spip.php?article2194

2.10.2017

Tomás Máscolo

El hecho ocurrió en las calles de Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, Mariana y su pareja se estaban besando en la calle. En el 2014 Rocío denunció a su padre por abusos está amparado por la impunidad que otorga ser parte de las Fuerzas Armadas.

Mariana Solange Gómez, tiene 24 años y estaba besándose con su esposa Rocío Girat en Constitución, cuando fue interceptada por la policía. Se burlaron de ambas, la golpearon y detuvieron. Durante la tarde noche fue liberada.

La madre de una de las chicas se encontró acompañándolas en la oficina de la Policía Metropolitana que se encuentra en la estación de subte Boedo de la Línea E.

La policía es otra institución nefasta, durante el kirchnerismo había un asesinato cada 28 horas por gatillo fácil, a dos años del Gobierno de Cambiemos hay un muerto cada 25 horas. Cabe recalcar que todavía siguen exigiendo #AbsoluciónParaHigui, que estuvo presa por defenderse del ataque de diez hombres que intentaron violarla.

El tedio contra la policía Federal y Metropolitana bajo el Gobierno de Cambiemos, los Gobiernos provinciales y el machismo también quedaron plasmados en las masivas movilizaciones por #NiUnaMenos.

29.9.2017

El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CENBA) se refirió este jueves a la denuncia de un abuso sexual durante la última toma de la institución educativa. La organización estudiantil negó que se hubiera buscado encubrir el hecho, y afirmó que intentaron resguardar “la integridad de la estudiante”.

“En ningún momento fue intención del CENBA ocultar esta información: lo que se hizo fue respetar los tiempos de la víctima para salir a hablar, sin exponerla a una situación de la que ella no quería ser parte”, afirmaron desde el centro de estudiantes en un comunicado.

La organización estudiantil sostuvo que “desde el primer momento” se comprometieron “con la contención emocional de la estudiante”. “Apenas se supo de la situación, se resguardó la integridad de la estudiante, hablando con el abusador para pedirle que no viniera más a la toma para no generar una situación incómoda para ella”, comentaron.

“Al día siguiente de lo sucedido empezamos a redactar un Protocolo contra la Violencia de Género para el colegio”, afirmaron desde el CENBA, y agregaron que “llevar el tema a las instituciones del colegio fue algo que siempre quisimos hacer”.

Los estudiantes apuntaron luego contra el rector del Colegio, Gustavo Zorzoli, que este jueves habló del abuso: “Nos apena que el Rector del Colegio y varios medios de comunicación estén intentando usar este reclamo con fines políticos de deslegitimar la lucha de los estudiantes de Capital”, plantearon.

“No consensuar con la víctima, sobre todo siendo ésta una menor de edad, la difusión de su situación es un abuso a su intimidad. Es esta intimidad la que el Centro de Estudiantes ha decidido respetar y el Rector violar”, lamentaron.

El comunicado completo de los estudiantes:

Desde el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires queremos aclarar la situación acerca del abuso sufrido por una estudiante hace dos semanas en el colegio y desmentir algunas cuestiones que se vienen mencionando:

En ningún momento fue intención del CENBA ocultar esta información: lo que se hizo fue respetar los tiempos de la víctima para salir a hablar, sin exponerla a una situación de la que ella no quería ser parte.

Desde el primer momento el Centro de Estudiantes, a través de su Comisión de Géneros y Consejeros de Convivencia, se comprometió con la contención emocional de la estudiante.

Apenas se supo de la situación, se resguardó la integridad de la estudiante, hablando con el abusador para pedirle que no viniera más a la toma para no generar una situación incómoda para ella. Además, al día siguiente de lo sucedido empezamos a redactar un Protocolo contra la Violencia de Género para el colegio.

Llevar el tema a las instituciones del colegio fue algo que siempre quisimos hacer. Es prioridad número uno para nosotros que el Consejo de Convivencia pueda tratar este tema.

Nos apena que el Rector del Colegio y varios medios de comunicación estén intentando usar este reclamo con fines políticos de deslegitimar la lucha de los estudiantes de Capital. No consensuar con la víctima, sobre todo siendo esta un menor de edad, la difusión de su situación es un abuso a su intimidad. Es esta intimidad la que el Centro de Estudiantes ha decidido respetar y el Rector violar

Resulta de suma gravedad para nosotros que los medios de comunicación hayan levantado esta noticia sin pensar en cómo esto podía afectar emocionalmente a la víctima y que el Rector lo ande difundiendo, desconociendo el Protocolo contra la Violencia de Género de la UBA, que exige que no se difunda nada sin consentimiento de la víctima.

Por respeto a la estudiante en cuestión, les pedimos a todos que por favor dejen que esta situación se trate en los órganos institucionales correspondientes, considerando que ella no quiere que esto pase a ser un asunto público.

Poner en la agenda la discusión urgente sobre los abusos sexuales nos lleva a la necesidad de decir que:

Los abusos sexuales son producto de un sistema, un estado y, en este caso, un colegio, que avalan a un sistema machista y no se dan por falta de control, sino por la falta de concientización. Es necesario hacer hincapié en la necesidad de una Educación Sexual Integral.

El trato desconsiderado, como este, de las situaciones de abuso llevan a una menor denuncia de las víctimas de abuso por miedo a la exposición y las consecuencias que ésta trae

CENBA.

rmal; mso-bidi-font-weight:bold'> 

28.9.2017

Estudio TALIS: Una encuesta que busca legitimar el ajuste

La docencia bajo la lupa (de los que destruyen la escuela pública)

Dentro de la batería de más de una docena de exámenes locales, nacionales e internacionales con los que el gobierno porteño va minando de manera externa la agenda educativa, se halla la “encuesta” TALIS (Teaching and Learning International Survey, por su sigla en inglés). Este examen, al igual que las pruebas PISA, proviene de la OCDE, organización multilateral capitaneada por los países más poderosos de occidente que desde hace medio siglo promueve reformas y políticas de ajuste sobre los y las trabajadores a escala global. La encuesta TALIS se centra sobre “prácticas y percepciones” de docentes y directivos, y se realiza con una periodicidad de tres o cuatro años desde 2008. La muestra de este año para nuestra ciudad prevé aplicar la encuesta en 200 escuelas primarias (docentes de 1º a 6º grado y directivos) y 150 escuelas medias (docentes de 1º y 2º año, y directivos) de establecimientos públicos y privados entre el 2 y el 13 de octubre. Este año “participan de esta edición del estudio 43 países, tres ciudades (Buenos Aires, Shangai y Taipei) y una provincia (Alberta, Canadá).

Dentro de la región, también forman parte del estudio Brasil, Chile, Colombia y México.” http://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/evaluacion/talis

Como puede apreciarse, los países latinoamericanos que participan de ella son pioneros en el desguace y reorientación en un sentido empresarial de sus sistemas públicos de enseñanza.

Al igual que en otros dispositivos, la prueba consta de formularios en los que suelen incluirse en preguntas sobre la cantidad de tiempo neto de clases por cada hora cátedra, la capacitación y formación, o sobre la preparación de las clases y el uso de nuevas tecnologías. Su perspectiva, tal como la del Operativo Aprender o tantos otros similares, es identificar a las y los trabajadores como responsables de la crisis estructural de nuestros sistemas educativos. Se trata de una prueba concebida como un instrumento de recolección de datos para acreditar cierto sustento técnico y estadístico hacia las políticas de ajuste, a la vez que es un intento de simular participación de la docencia en decisiones que estaban previamente tomadas. Tal como ocurrió con los resultados del Operativo Aprender 2016, utilizados por el gobierno en plena negociación salarial para deslegitimar a la docencia, el uso de estos exámenes busca cuestionar las prácticas docentes, sin asumir la responsabilidad que poseen los funcionarios y gobiernos que vienen vaciando la educación pública desde hace décadas.

Si jugás, ya sos perdedor

Al presentar los propósitos de la encuesta TALIS, desde la oficina de la OCDE en México se señala que “su objetivo es llenar las importantes lagunas de información en las comparaciones internacionales de los sistemas educativos”. Una lectura de las perspectivas de la OCDE en educación y de la propia prueba TALIS demuestra que la “encuesta” no es ni neutral ni inocente. Enuncian sus promotores que “la investigación ha demostrado la importante influencia que el liderazgo de las escuelas puede tener en los resultados educativos de los estudiantes. El TALIS proporcionará un perfil de liderazgo escolar dentro de los países y mostrará cómo este perfil varía entre las escuelas de los países y en diferentes contextos. El enfoque de los directores escolares hacía el liderazgo y el manejo se resumirán con respecto a la extensión de las diversas actividades realizadas.”

http://www.oecd.org/centrodemexico/encuestainternacionalsobredocenciayaprendizajetalis.htm

Como se lee, y más allá de la pobreza léxica del texto original, la idea del directivo como “líder”, tomada del discurso empresarial que asocia sus funciones a las de un gerente más que a las de un educador, es uno de los ejes que la OCDE promueve de manera insistente.

Los datos y respuestas que brinden los docentes que realicen estos exámenes, independientemente de su intención, serán utilizados para brindar una apariencia de “consenso” acerca de las políticas que la OCDE y muchos gobiernos impulsan. En su reciente visita a nuestro país, la OCDE elogió el rumbo económico del actual gobierno, a la par que recomendó elevar la edad jubilatoria de mujeres a la par de los varones, eliminar el subsidio al consumo energético y avanzar en la reforma educativa y tributaria, entre otras. Ese mismo organismo es el que promueve estas encuestas.

Ser encuestado no es participar. El ajuste no tendrá nuestro consentimiento.

Sostiene la web del gobierno porteño: “¿Cómo participan los docentes? Los docentes seleccionados deberán responder un cuestionario auto administrado que requiere entre 45 y 60 minutos.”

http://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/evaluacion/talis

La prueba TALIS apunta a una formal y limitada gestión del consenso. Propone una simulación de participación mediante un formulario suministrado por un “aplicador” externo, algo muy distante de la participación real. Se trata de la misma diferencia que existe entre ser encuestado y poder tener voz y voto. La docencia debe rechazar estos mecanismos de manipulación.

No completemos la encuesta TALIS

Así como estudiantes, docentes y comunidad educativa rechazamos activamente la reforma en las escuelas medias; así como las y los trabajadores de la educación impulsamos diversas medidas en respuesta al avance del gobierno sobre nuestro estatuto, es indispensable continuar oponiéndonos a ésta y cualquier evaluación externa y estandarizada promovida por quienes conciben a la educación como un negocio. Desde Ademys, llamamos a no participar de este examen. No completemos las encuestas TALIS. No brindemos nuestro consentimiento para que se implementen políticas de ajuste.

ADEMYS

27.9.2017

El empleo en negro comprende a poco más de un tercio de los asalariados. En algunas actividades es singularmente mayor. La inacción de Barrionuevo.

Usualmente se justifican las elevadas cargas sobre la nómina salarial en la baja proporción de ocupados en blanco respecto del total de jubilados y pensionados a los que hay que sostener con el fruto del trabajo.

Según los últimos indicadores socioeconómicos del Indec, al cabo del segundo trimestre 2017, la participación de los asalariados en negro, o “sin aportes jubilatorios, se ubicaba en 33,7% del total de trabajadores, con extremos de 40,8% en el noroeste argentino y del 18,7% en la región patagónica.

De ahí que habitualmente los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, detecta bolsones de ilegalidad en las relaciones laborales, principalmente en los rubros textil, construcción, y bares y restaurantes.

En este último caso, el organismo que dirige Alberto Abad detectó “un 91% de empleo no registrado durante un operativo realizado sobre pizzerías, bares, cervecerías y restaurantes de Castelar e Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires”.

Sobre un total de 44 empleados relevados, 40 de ellos se encontraban trabajando “en negro”, lo que representa un alto porcentaje de informalidad.

El operativo se llevó a cabo sobre la Avenida Santa Rosa, zona comercial que reúne una gran cantidad de locales gastronómicos.

Destaca la AFIP que “el operativo se desarrolló utilizando la herramienta sistémica Trabajo Registrado en Línea (TRL) que permite a los inspectores verificar online si el trabajador se encuentra declarado o no por su empleador al instante”.

Fuentes de la actividad apuntan a la inacción manifiesta del sindicato de la actividad, que lidera el siempre polémico Luis Barrionuevo. Incluso algunos hablan de un consentimiento del gremio gastronómico ante la situación y potenciales pagos de los empresarios para alentarlos a mirar hacia otro lado.