Un procesamiento a la medida de Cambiemos: la gran Otranto de Martínez de Giorgi

27.20.2017

Por CORREPI

 

"El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos y detenidas en los episodios de provocación y represión policial registrados el 1° de septiembre pasado al finalizar la marcha multitudinaria a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El juez no se detiene ni un instante en el accionar policial, evita cruzar modulaciones de la policía, ni describe el accionar del grupo de apoyo motorizado que incursionó sobre veredas y bares provocando destrozos y zozobras; tampoco analiza la incongruencia de las actas de detención que colocan a varios de los procesados en horarios y sitios diferentes a los reales, ni repara en que hay imágenes que lo desmienten y colocan en el absurdo y la arbitrariedad."

 

El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos y detenidas en los episodios de provocación y represión policial registrados el 1° de septiembre pasado al finalizar la marcha multitudinaria a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Sin prisión preventiva, imputó a esos compañeros y compañeras la comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. En una resolución tan imprecisa y genérica como taimada y tendenciosa, el juez Martínez de Giorgi ha cumplido con la manda que el gobierno le impuso: pronunciarse sobre la situación, una vez terminado el proceso electoral.

A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos, el juez cumple el rol legitimador que el estado policíaco le tiene reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo. Apoyado únicamente en los testimonios de la policía de la Ciudad y Federal, la resolución permite a los verdaderos provocadores, luego represores, deslindar responsabilidades sobre hechos tan graves como burdamente justificados por sus mandamases políticos.

Con acusaciones que se contradicen en las pruebas de descargo (filmaciones, registros fílmicos y fotográficos, envío de mensajes telefónicos que contradicen a los policías) el juez no sólo avala lo escrito por la fuerza de seguridad. Además intenta poner un cierre a cualquier posibilidad de investigar los actos ilegales que los efectivos cometieron y que fueron denunciados por los detenidos.

Consta en el expediente no sólo el modo “al voleo” de las detenciones –con excepción de los trabajadores de prensa, deliberadamente seleccionados- y la violencia desplegada por los efectivos, también denuncias concretas de intimidación, amenazas y tratos inhumanos que vulneraron la dignidad de los detenidos. Actos ilegales y violatorios de los derechos humanos que el juez ha ignorado para proteger a la fuerza policial que esa noche, como en otras del pasado más negro, dispuso de la calle como perros de caza hambrientos de jóvenes y luchadores populares.

El juez no se detiene ni un instante en el accionar policial, evita cruzar modulaciones de la policía, ni describe el accionar del grupo de apoyo motorizado que incursionó sobre veredas y bares provocando destrozos y zozobras; tampoco analiza la incongruencia de las actas de detención que colocan a varios de los procesados en horarios y sitios diferentes a los reales, ni repara en que hay imágenes que lo desmienten y colocan en el absurdo y la arbitrariedad.

La increíble justificación de la detención de los trabajadores de prensa es otra palmaria muestra de su parcialidad: no repara en las explicaciones e imágenes que explican dónde estaban y qué hacían los trabajadores, y en cambio da fe de un acta policial que inventa otras circunstancias. Nunca investigó, se limitó a recoger la versión policial y con eso construyó un mediocre acto procesal que sin dudas lo coloca entre los jueces predilectos a la hora de resolver rápidamente los conflictos que permiten criminalizar a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los luchadores.

Vale la pena recordarlo, Marcelo Martínez de Giorgi es el mismo juez que procesó y elevó a juicio la causa contra los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, a instancias no del fiscal, sino de la empresa de seguridad privada PROSEGUR. Es el mismo juez que, intimado por la Corte Suprema a avanzar en la causa contra el empresario corrupto Mariano Martínez Rojas por el ataque de su patota, amparada por la policía, a la redacción del diario autogestionado Tiempo Argentino, esta misma semana, por tercera vez, se declaró “incompetente” para facilitar la impunidad de los socios del poder.

Ahora, hasta suma la provocación de establecer embargos multimillonarios a los compañeros y compañeras, con el claro objetivo de generar suficiente ruido mediático que construya falsos consensos, indispensables a la hora de completar el proceso criminalizador.

En el contexto de profundización y agravamiento del despliegue represivo estatal, “la gran Otranto” del juez Martínez di Giorgi se inscribe en lo que ya es un clásico del gobierno de Cambiemos: desviar la atención sobre lo esencial de su política, que se expresa de modo inapelable en la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado.

Desde CORREPI, sostenemos la incondicional defensa de las compañeras y compañeros criminalizados, y no será sólo en los tribunales donde continuaremos dando batalla. No habrá calle que no sepa de este reclamo.

Por eso el 1° de noviembre seremos un puño una vez más en la marcha que exigirá justicia para Santiago Maldonado, porque lo mató la gendarmería, y el gobierno es responsable.

Ese mismo gobierno que, con un juez a su medida, intenta cerrar el círculo de impunidad que alienta sus fuerzas represivas a perseguir y criminalizar la protesta y la indignación social.

Una vez más, no se trata de la justicia cómplice. Hay un sistema que se basa en la provocación, la represión, y la impunidad que se integra con ella.

Queda demostrado: la provocación policial tiene un juez a su medida. Y en ese escenario nos paramos para exigir el cierre de todas las causas, y responder con el mismo compromiso y la responsabilidad histórica que se nos impone: más organización, más unidad, y más lucha.

22 Procesados

26.10.2017

 

El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió procesar y embargar a 22 de las 31 personas detenidas luego de la represión del 1º de septiembre en Plaza de Mayo en la movilización en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

 

A otras 7, les dictó falta de mérito y 2 fueron sobreseídas.  Las imputaciones, que se hicieron esperar hasta el resultado de las elecciones legislativas, son  fundamentalmente por "intimidación pública" y "resistencia a la autoridad" y, en todos, sin prisión preventiva y embargos de hasta 5 millones de pesos.

El procesamiento recayó sobre Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofía Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Hugo Medone, Juan Mourenza, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios e Iván Meza.

Se viene la mano dura en el Cementerio de Flores

25.10.2017

Por Revista Jallalla

Ayer se convocó a medios de comunicación de la colectividad boliviana para que reproduzcan una normativa que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires considera “exitosa” para el Aya Marcay Quilla 2017.

 

El 2 de noviembre es una fecha importante para culturas como la de los diaguitas, calchaquíes, quechuas y aymaras que celebran el Aya marcay Quilla o Fiesta de los muertos.
Aunque para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la cuestión indígena quiera tratarse al mismo nivel que una colectividad extranjera, cuando no es así ya que hay una normativa nacional e internacional que le da un tratamiento diferencial.
Tratar una práctica mortuoria desde el ámbito del Ministerio de Seguridad ya tiene un sesgo marcado. Se lo compara con cualquier otro evento como un partido de fútbol y se quiere proceder como si tal cosa. Por eso el cacheo a la entrada de todos los que van al cementerio, el control de alcoholemia, la requisación de cualquier bebida, y hasta las hojas de coca.
Tratar de “organizar” una actividad a poco más de una semana de realizarse, es por lo menos: improvisado.
Aunque en realidad los “invitados” servimos para justificar que “dialogaron” con los bolivianos y los periodistas teníamos el rol de difundir las lúcidas directivas que ellos tenían para nuestra comunidad. Además, gratis.
Sabemos que si hay algo en lo que gasta el gobierno porteño es en difusión, pero como es la comunidad boliviana “háganlo ustedes y difúndanlo”, como se puede ver en el videíto dirigiéndose Lilia Camacho, periodista de nuestra colectividad.
Nunca antes había visto un operativo policial para una rito mortuorio que venimos siguiendo desde hace por lo menos 10 años lo que la gente del Ministerio de Seguridad considera un éxito son medidas represivas que al habilitar una sola entrada y una salida (hay 3 ingresos) y como la gente aparece después de las 14:00 se produce un cuello de botella impresionante, colas de 400 metros, ya que se les revisa minuciosamente, hasta las muelas.
Vi hace 2 años como un policía de la Ciudad incautaba hojas de coca en estado natural como si se tratara de droga y un gendarme salteño dejó escapar una especie de queja porque el mismo consume la hoja de coca en Salta.
Obviamente eso genera malestar en la gente (no solo los que tienen esta práctica) sino los que van solo a dejar una flor. El año pasado mucha gente quedó afuera sin la posibilidad de hacer su rito ante la tumba de un ser querido, y querían entrar de cualquier manera y a algunos se los llevaron preso.
Desde el Ministerio de seguridad se hace una interpretación de la Ley vigente, como si esa fuera la directiva al respecto cuando en realidad falta su reglamentación.
Así el Director General de Cementerios, ante los peros que se empezaron a poner por parte de los que estábamos para obedecer, amenazó en que iba a cerrar el Cementerio asegurando que lo podía hacer.
Desde ese Ministerio se ideó regular la cantidad de panes que se tiene que llevar para que no exceda la capacidad del cementerio, como si se llevaran toneladas y la cantidad de tiempo que debería quedarse cada familia. “¿Por qué quedarse toda la tarde si podrían estar media hora? ¿Por qué no instruyen a su gente?”
Teniendo en cuenta que no es ningún feriado para los indígenas urbanos a diferencia de otras culturas como la de los judíos o musulmanes que se les respeta sus celebraciones religiosas. Muchos aymaras y/o quechuas tienen que hacer malabares un día de semana para llegar al cementerio antes de las 16:00 porque si bien la entrada es hasta las 17:00, las colas impresionantes dejan afuera a cientos de personas.
La reunión fue cerrada por la Secretaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, Valeria Sikorski, prometiendo una próxima reunión porque los “afectados” aseguraban que excedía a la competencia de ese ministerio. 

El Gobierno no controla la aplicación de la ley de alquileres. Reclamo de inquilinos porteños

24.10.2017

La agrupación Inquilinos Agrupados advirtió que el Gobierno de la Ciudad no realiza “ningún tipo de control” de la aplicación de la nueva ley de alquileres que entró en vigencia hace más de un mes y que las empresas continúan cobrándole comisiones a los inquilinos, a pesar de que está prohibido.

La normativa había sido impulsada por el propio Ejecutivo porteño, que tomó parcialmente un proyecto elaborado por las organizaciones sociales, preocupadas por la multiplicación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires y de los abusos de las inmobiliarias. “La ley se votó por la presión de los inquilinos y ahora el Gobierno no sabe cómo hacerla cumplir porque tiene que multar a parientes, amigos y socios”, denunció Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados (IA).

Además de prohibir el cargo de gestiones, la ley 5859 ordena que el pago de las comisiones sea responsabilidad del dueño y no del inquilino. También le dio competencias al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para llevar a cabo el control de su aplicación. Sin embargo, hasta ahora, el IVC sólo abrió una sección en su web para consultas legales, cuya respuesta suele demorar varios días.

IA también denunció que si un inquilino se dirige a las oficinas del IVC para denunciar a una inmobiliaria, el sistema pide que previamente solicite turno en el 147. “Una vez que se llama a ese número, quien contesta no está interiorizado sobre el tema, no carga la denuncia telefónica y no deriva la consulta al IVC sino a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, indicaron. IA denunció, además, a más de 20 inmobiliarias que “sistemáticamente incumplen la ley”.

Tras la denuncia, el IVC habilitó un mail (asesorialegal.alquileres@buenosaires.gob.ar), al que hay que escribir para solicitar un turno para radicar la denuncia en sus propias oficinas. Muñoz, por último, reclamó que el Gobierno controle la aplicación de la ley “con el mismo ímpetu que tiene para desalojar una familia de La Boca”.

Procesos de (Re) Urbanización e Integración Socio-Urbana de villas y asentamientos

24.10.2017

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

No requiere inscripción previa ni haber asistido a las anteriores clases

Te invitamos a participar del Seminario Gratuito y Abierto al público Organizado por La Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) denominado "Procesos de (Re)Urbanización e Integración Socio-Urbana de villas y asentamientos informales"

Clase 11. (25 de octubre)
TEMARIO

Análisis de los procesos de integración socio-urbana implementados desde el 2016 en los barrios Playón de Chacarita, Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), Villa 20 y Ramón Carrillo en relación a las obras de infraestructura (provisorias y definitivas).

Nuevos requerimientos de la empresa prestadora AySA para operar el servicio de agua y cloaca en los barrios populares (Resolución N°26 del APLA).

Experiencias comunitarias para mejorar las condiciones sanitarias en Villas de la CABA.

Experiencias autogestivas en la construcción de infraestructura.

Epidemiología Sanitaria Comunitaria.

Profesora: Inga. María Eva Koutsovitis

Miércoles 25 de Octubre de 2017 a las 19 hs.
Facultad de Ingeniería. Sede Las Heras N° 2.214, 2° piso, Aula N° 205.

No requiere inscripción previa ni haber asistido a las anteriores clases

Consultas a hidrau@fi.uba.ar o al mevakoutsovitis@yahoo.com.ar
(Miércoles de 19 a 21 hs) durante un cuatrimestre.

Coordinadores:
Inga. María Eva Koutsovitis.
Ing. Matías Goyeneche.

Profesores:
Dr. Cristina Reigadas. Profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Ing. Virgilio Gregorini. Organización TECHO
Franco Armando. Frente Territorial Salvador Herrera – CTA
Arq. Beatriz Pedro. Taller Libre de Proyecto Social (TLPS)
Dr. Jonatan Baldiviezo. Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Dra. Sandra Inés Sánchez. Arquitecta. Investigadora del CONICET.

Cronograma Restante:

Clase 11. Diseño y desarrollo de la Infraestructura Hídrico-Sanitaria en los asentamientos informales. Metodología de diseño y constructiva. Estudio de casos. 25 de Octubre.
Clase 12. Epidemiología Sanitaria Comunitaria. Técnicas de Mapeo comunitario. Indicadores de desigualdad. Experiencia de formación e intervención de Promotores Sanitarios Comunitarios en barrios informales. 1 de Noviembre.
Clase 13. Abordaje Territorial.
Clase 14. Abordaje Territorial.
Clase 15. Taller Grupal.
Clase 16. Puesta en común de las intervenciones territoriales. Entrega de Monografía Grupal. Evaluación. Cierre. 29 de Noviembre.

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