Red de radios

31.12.2017

Ayer por la tarde se realizó un acto en Plaza de Mayo al cumplirse 13 años de la Masacre de Cromañón, donde perdieron la vida 194 jóvenes tras un incendio durante un recital de la banda Callejeros. “La memoria que impulsamos no es memoria en el vacío, es memoria en situación”, se escuchó durante la lectura del documento conjunto, a través del cual se insistió en que “justicia es que no se repita” y se hizo hincapié en hechos actuales, como la Masacre de Pergamino, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. También se entregó el reconocimiento “Aprendemos luchando” a familiares de víctimas de otras masacres, de femicidio y de gatillo fácil. Compartimos el documento.

Durante el acto, se reconoció la lucha y el compromiso de familiares de otras víctimas así como de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Aprendemos luchando” -una reproducción en papel de uno de los murales que está en la Estación Once-30 de diciembre, con unas palabras, y un ejemplar del libro Pensar Cromañón– se entregó a Vanesa y Mónica, hermana y mamá de Luciano Arruga; VaninaKosteki y Alberto Santillán, hermana de Maxi y papá de Darío, asesinados en la Masacre de Avellaneda; Alberto Lebbos, papá de Paulina, víctima de femicidio; Celeste Lepratti, hermana del Pocho, asesinado en Rosario en diciembre de 2001; Paolo Menghini, papá de Lucas, quien murió en la Masacre de Once; Gabriel Colautti, referente de Familiares de víctimas de la inundación de La Plata ocurrida en el 2013; Angélica Urquiza, Emilia Vasallo e Inés Alderete, mamás de Jonathan “Kiki” Lezcano, Pablo Sebastián Alcorta y Marcos Sebastián Acuña, respectivamente, todas víctimas de gatillo fácil; Laura Ginsberg, referente de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); Oscar Castelucci, cuyo hijo Martín fue asesinado por un patovica en un boliche de Lanús; Raúl Buganem, papá de Leandro, quien falleció en la Masacre de Kheyvis; y familiares de la Masacre de Pergamino, donde 7 personas privadas de su libertad murieron asfixiados y quemados en una comisaría de dicha localidad. Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen -Madres de Plaza de Mayo- fueron reconocidas por su pelea incesante.

Si bien por distintos motivos no todos pudieron asistir, fue un momento de emoción, donde todas las luchas quedaron hermanas y por las cuales siempre se exigirá “ni olvido ni perdón”.

Finalizado el acto la columna marchó hacia el barrio de Once, donde funcionaba “República Cromañón”.

DOCUMENTO CONSENSUADO A 13 AÑOS DE LA MASACRE DE CROMAÑON

NINGUNA VIDA SE OLVIDA/EL ESTADO ES RESPONSABLE

Hace ya 13 años, nuestras vidas se partían, ante la masacre que nos dejó sin 194 seres queridos, la mayoría jóvenes, y provocó sufrimientos físicos y psíquicos que aún perduran en miles de sobrevivientes y familiares.

Desde el comienzo dijimos: EL ESTADO ES RESPONSABLE. Denunciamos tanto en las movilizaciones, como ante el Poder Judicial y la Legislatura, la connivencia estatal empresarial para crear las condiciones que provocaron Cromañón, y a la vez intentar el pacto de impunidad posterior para sus responsables.

Nos movilizamos poniéndole el cuerpo al Juicio Político, que llevó a la justa destitución de Aníbal Ibarra, y a los juicios penales, que lograron condenas siempre insuficientes pero a la vez, inéditas en relación con los funcionarios públicos, en un país marcado por la corrupción. Logramos condenas tanto de Chabán y su secuaz Villarreal, como de policías, los músicos empresarios y 4 altos funcionarios del gobierno porteño; posteriormente la condena de Levy, dueño del boliche y conocido empresario de la noche. Procesos que costaron años de paciencia, movilización, encuentro con otrxs luchadores, decepciones y aprendizajes.

Pese a estos resultados, aprendimos que nada devuelve las jóvenes vidas ni da marcha atrás en el tiempo, por tanto para nosotrxs el logro mayor sería la justicia en un sentido más amplio, es decir la no repetición de la corrupción que mata. Por eso decimos: JUSTICIA ES QUE NO SE REPITA.

Como parte de la lucha, sostenemos el NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS. Cada día tenemos presentes a quienes no están. Ninguna vida se olvida, pero hoy en particular, pretendemos detenernos, reflexionar, desmembrar juntxs el dolor. Pensar qué significa Cromañón, más allá del hecho: la desidia, la corrupción en su grado más descompuesto, el desprecio por la vida, la impunidad del poder, la consideración de lxs jóvenes como desechables.

La memoria que impulsamos no es memoria en el vacío, es memoria en situación. Y la situación por la que pasamos como pueblo, es de mucho dolor y preocupación.
En este sentido, uno de los discursos del macrismo frente a las elecciones, fue el combate a la corrupción. Sin duda, un discurso difícil de sostener, para un gobierno que cuenta entre sus representantes con directores ejecutivos de empresas extranjeras, con altos funcionarios con cuentas en el exterior y sociedades off shore. A poco de asumir, el escándalo por las sociedades en paraísos fiscales incluyó al propio presidente. Poco quedó del discurso anti corrupción. Quienes formamos parte del universo de luchadores por justicia, repudiamos la utilización de la Masacre de Cromañón como estandarte anticorrupción del actual gobierno, como en más de una oportunidad han pretendido instalar públicamente. LA CORRUPCIÓN MATA, decimos, sea de uno u otro gobierno.

Como contrapartida, el conjunto de nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de políticas de ajuste que golpean particularmente a los más desposeídos, y crean las condiciones para estallidos de violencia. Ajuste que sólo se sostiene con represiones como las que hemos vivido en los últimos meses: golpes y cárcel a comunicadores y manifestantes, allanamientos, gases lacrimógenos, balas, causas armadas. Manifestaciones que se convierten en encerronas por el accionar de las fuerzas de seguridad; leyes que se aprueban en el marco de balazos, patrulleros y carros hidrantes, contradiciendo los principios mismos de la democracia. Un poder legislativo que se muestra sordo ante el clamor de miles en las calles y sanciona leyes regresivas que afectarán nuestras vidas a corto, mediano y largo plazo.

En este año la lógica Cromañón llevó a la muerte de 7 jóvenes, 7 personas privadas de su libertad, hacinadas en una comisaría, y sin condena, en Pergamino. La versión oficial repetida hasta el cansancio por grandes medios es la de amotinamiento, la de pelea entre presos. Pero los mensajes de texto que quedaron grabados en los teléfonos de sus familiares dicen: “Mamá vení rápido que nos mata la Policía”. Los cuerpos de los jóvenes hablan, dicen que los dejaron morir, dicen que se desesperaron por sobrevivir, dicen que desde antes, sus vidas ya no valían para el poder. Para nosotrxs sí, y decimos sus nombres: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. JUSTICIA POR LA MASACRE DE PERGAMINO, abrazo a los familiares! EL ESTADO ES RESPONSABLE

Este año también, en situación del accionar ilegal de fuerzas represivas del Estado, apareció muerto Santiago Maldonado. Miles de personas lo buscábamos, ante la coraza mediática de la ministra de Seguridad. Cuando apareció, más de un discurso oficial pretendió culpabilizar a las comunidades mapuches que Santiago acompañaba solidariamente. Nosotros decimos: JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO, abrazo a los familiares. EL ESTADO ES RESPONSABLE.

El 25 de noviembre, en un operativo de Prefectura Naval en Villa Mascardi, Bariloche, donde las fuerzas represivas tiraron con balas de plomo, fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, “Rafita”, de 22 años. Otra vez otra muerte joven. Otra vez las versiones de culpabilización de las víctimas. JUSTICIA POR RAFAEL NAHUEL. Abrazo a los familiares. EL ESTADO ES RESPONSABLE.

La desaparición del Submarino ARA San Juan vuelve a poner en evidencia el funcionamiento perverso de la maquinaria estatal que deja sin respuesta a 44 familias que necesitan verdad y justicia.

Somos familiares, sobrevivientes y amigxs de las víctimas de la masacre; como tales caminamos las calles, junto a muchxsotrxs, y denunciamos públicamente cada vez que la lógica Cromañón irrumpe. Denunciamos al Estado con la independencia y la claridad conceptual de hacerlo desde la sociedad civil porque entendemos que sólo de esa forma se puede defender con solidez a nuestrxspibxs. Y porque NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS, tampoco participamos de este estado responsable de tronchar vidas. Al estado, siempre, lo interpelamos.
Con la misma intención crítica, repudiamos el otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas de la última dictadura cívico eclesiástico militar, así como el intento, detenido por la movilización, de otorgar el beneficio del 2 x 1. Semejante aberración hubiera acortado el camino del olvido de quienes, desde el gobierno, apuestan a la desmemoria tanto de la impunidad de ayer como de la de hoy. NO A LA IMPUNIDAD DE AYER NI DE HOY, EL ESTADO ES RESPONSABLE.

A 13 años de la Masacre de Cromañon y con la memoria intacta, recordamos a quienes no están, por nosotrxsmismxs y por quienes vendrán.

BASTA DE MUERTE JOVEN EVITABLE
BASTA DE IMPUNIDAD
JUSTICIA ES QUE NO SE REPITA
LXS PIBES DE CROMAÑON PRESENTES AHORA Y SIEMPRE

29.12.2017

Por Movimiento Etiopía

Entre las actividades que se realizarán el sábado 30/12 se destaca la organizada por Sobrevivientes, y amigos y familiares de las víctimas autoconvocados, agrupación que considera que el incendio del boliche de Once fue un crimen social y que trabaja para que no se repitan sucesos similares.

El 30 de diciembre de 2004, poco antes de las 23 horas y a metros de la estación de Once, el incendio del boliche Cromañón se cobró la vida de 194 personas y afectó fuertemente a los cerca de cuatro mil sobrevivientes, al punto que más de quince de ellos se suicidaron tras no recibir apoyo psicológico adecuado por parte del Estado.

A trece años de una fecha tristemente histórica para la Argentina, se realizarán este sábado varios actos conmemorativos, entre los cuales se diferencia el organizado por la agrupación Sobrevivientes, y amigos y familiares de las víctimas autoconvocados, que no se limita a homenajear y recordar a las víctimas, sino que denuncia que Cromañón no fue una tragedia, sino un crimen social: esto significa que sucedió por negligencia de distintas estructuras del Estado y que no es casual que las víctimas pertenecieran a los sectores sociales más oprimidos.

Entre las causas que originaron el crimen social de Cromañón, explican, se incluyen las deficientes condiciones de seguridad bajo las que funcionaba el boliche regenteado por Omar Chabán. Esa noche, las puertas de emergencia se encontraban cerradas con candados, había mediasombras colocadas ilegalmente en el techo, ausencia de ventilación y escaleras en lugares indebidos. Si Cromañón abrió sus puertas a pesar de esas graves violaciones a las normas, aseguran, fue gracias al comprobado pago de coimas a policías, bomberos e inspectores de la ciudad, que evitaron la clausura del boliche.

La organización además señala a Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, como responsable político de Cromañón, ya que ignoró las alertas que le advertían del riesgo inminente en el que estaban varios boliches porteños. Pese a eso, Ibarra resultó sobreseído y jamás fue citado a declarar.

“Lo que Cromañón vino a poner al descubierto es la matriz asesina que determina el sistema de explotación y desprecio por la vida humana en el que nos obligan a vivir. En este sistema capitalista, las ganancias económicas están por sobre las vidas de las personas”, explica Matilde, una de las referentes de la organización. “Nos reunimos parea seguir exigiendo justicia y para denunciar que, en tanto el capitalismo sea la lógica que determina las relaciones humanas, los Cromañones seguirán sucediendo”, agrega Débora, sobreviviente del crimen.

La jornada cultural de memoria y resistencia comenzará a las 13 hs. en el Santuario de Once (ubicado en Mitre 3070). A partir de las 15 habrá una radio abierta en la que se visibilizarán distintas injusticias sociales que son ignoradas por los medios masivos de comunicación; y, a partir de las 18, la organización convoca a marchar hacia Plaza de Mayo.

28.12.2017

El SiTraJu denunció el intento de imponer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para destruir 300 cargos. El plenario del Consejo de la Magistratura que lo iba a tratar no se realizó por las medidas de fuerza del gremio. Van al paro el viernes.

El Poder Judicial no es ajeno a los tiempos de ajuste que corren. En medio del Pacto Fiscal que ahoga a la mayoría de los distritos y de un ataque deliberado del Gobierno y su conjunto cercano de medios hacia los empleados judiciales, llegaron las intenciones de reducción de puestos de trabajo.

Es que en momentos en los que el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju-CABA) reclamaba la reapertura salarial para tratar, entre otros temas, “la licencia por violencia de género, por las confirmaciones en los cargos interinos, por el pase a planta de los/as contratados”, el Consejo de la Magistratura, a pedido del oficialismo, lanza un agresivo plan de achique.

Desde el gremio ya habían realizado tres paros sin concurrencia (con más de un 90% de acatamiento), cuatro ceses de actividades y cuatro movilizaciones (al Congreso de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la CABA), denunciando la injerencia directa de Cambiemos en el Poder Judicial.

En ese contexto, el viernes 22 de diciembre, el Consejo de la Magistratura intentó tratar en su reunión plenaria una “plan” de ajuste que “por primera vez en su historia institucional”, pone en riesgo centenares de puestos de trabajo a través de dos figuras: “El Retiro Voluntario y la Jubilación compulsiva”

El Plenario no se pudo desarrollar por la movilización sindical, pero desde el gremio que lidera Vanesa Siley advirtieron: “seguimos en estado de alerta”.

“Por primera vez terminaremos el último día del año de paro, con las afectaciones que dicha medida implica para el justiciable”, explicaron los judiciales, en una carta abierta que circuló ayer.

“Será el último paro del año, pero no de la lucha, que deberá encontrarnos en febrero más unidos que nunca”, concluyeron desde el gremio que cree que Cambiemos, a través del Consejo de la Magistratura volverá a la carga en pos de reducir puestos de trabajo en el futuro cercano.
 

27.12.2017

En sintonía con las reformas de ajuste del macrismo y los gobernadores, la dirección del Teatro Colón despidió a más de diez trabajadores que cubren diversas tareas de la casa lírica.

Los trabajadores –de administración, de producción, de archivo, de camarines– fueron notificados recientemente de la no continuación de sus tareas para el siguiente período, y los compañeros del organismo denuncian que podría tratarse de la primera tanda de más de un centenar de despidos en el verano, bajo la forma de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y cese de contratos.
El recorte se ve allanado por la creciente precarización en el Teatro. Como denunció recientemente Marcelo Ramal, ex legislador del Partido Obrero-Frente de Izquierda, “en el Colón es más numerosa y más importante la proporción de trabajadores que están simplemente con un contrato, y los cuerpos estables se desmantelan mientras los compañeros son contratados por función o por temporada, atacando así su estabilidad laboral”.

Preanuncios

Existe más de un preanuncio de una nueva avanzada de despidos.
Al ser consultada por los ceses de contrato, la conducción de la gremial Sutecba (municipales) no dudó en cargar contra los compañeros, alegando que eran “ñoquis de la gestión anterior”. Esta burocracia viene de firmar un acuerdo ruinoso con el gobierno, que supone el aplastamiento de la carrera administrativa de los municipales y la obstaculización de los ascensos previstos en la misma.
A su turno, la gestión del Colón acaba de contratar a la empresa auditora McKinsey Argentina para que “mejore el rendimiento” del teatro/factoría, metodología que el macrismo ha utilizado en numerosas ocasiones como antesala de despidos. McKinsey es una empresa amiga del ministro de Transporte nacional Guillermo Dietrich, y, como ha destacado Página 12, “la relación del Gobierno con McKinsey va más allá de un asesoramiento puntual (…) la consultora celebró sus 25 años en el país con una fiesta privada en el Salón Dorado del Teatro Colón y allí asistió nada menos que Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes compartieron el escenario con DominicBarton y el director de la oficina en Buenos Aires de McKinsey, Francisco “Paco” Ortega” (30/5/16)
La contratación plantea a su vez el avance de la privatización en el organismo –“ver cómo podemos hacer para generar más recursos en el Teatro, de eso se trata”, declaró la directora ejecutiva a Clarín (5/12)– costará 2.700.000 de pesos.

Reincorporación ya

Este cuadro hace necesaria la movilización solidaria de los trabajadores en defensa del trabajo y por la estabilidad laboral de los compañeros despedidos; y denunciar la entrega de Sutecba –en la perspectiva de una organización independiente de los trabajadores.
Desde la agrupación Músicos Organizados, realizamos a principio de diciembre un festival en la puerta de la Casa de Cultura de la Ciudad, en la cual trabajadores del Colón y diversos teatros oficiales, así como independientes, reclamaron contra el desguace del teatro y el pase a planta permanente de todos los contratados –es de remarcar que el 20% de los cuerpos artísticos tienen contratados sin vacaciones pagas, ART, seguro médico y/o equiparación salarial a un ingresante de planta permanente.
De la actividad participaron los legisladores del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Marcelo Ramal (mandato cumplido) y Gabriel Solano, quienes ya a principios de 2017 realizaron junto a trabajadores y público del Teatro Colón del una audiencia pública en la Legislatura porteña, donde se denunció la avanzada sobre los trabajadores en combinación con el alquiler de las salas principales para negociados de los amigos del poder.
Vamos por la reincorporación inmediata y el pase a planta de todos los trabajadores del Teatro Colón.

26.12.2017

Por Mariano Pedrosa

La suma asciende a 37 millones de pesos. “La policía defendió la democracia con temple, y gracias a ella no se pudo consumar el golpe institucional”, afirmó.

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que el gobierno porteño inició acciones legales para “cobrarle los arreglos” de los destrozos en la plaza Congreso, alrededor de 37 millones de pesos, a organizaciones sociales y políticas involucradas en las protestas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional.

Sin tomar en cuenta las denuncias por la alarmante y sistemática represión –basadas en evidencias, fotos, videos, declaraciones de testigos, detenciones de ciudadanos al voleo– programada para ambas fechas, el jefe de gobierno echó mano de su calculadora, hizo algunas cuentas y decidió pasarle la factura a las organizaciones que representan a los más humildes. De su responsabilidad en el abuso de fuerza poco dijo, aunque suficiente, ya que en sus palabras la policía fue la heroína de la jornada que enfrentó a manifestantes que buscaban dar una suerte de golpe de Estado: “La violencia la sufrió la policía que defendió la democracia con temple, y gracias a su actuación no se pudo consumar el golpe institucional que hubiera sido que el Congreso no pudiera sesionar”.

Larreta insiste en tapar el sol con la mano y afirmó con que “la Policía cumplió su cometido”, ya que “se pudo sesionar en el Congreso, no hubo peligro en la sesión”. Luego, para que no hubiera ambigüedad posible remarcó que “la agresión la recibió la Policía”.

Nada dijo sobre los ciudadanos heridos (cuatro ya perdieron un ojo) o detenidos, tampoco se expresó respecto de los reporteros gráficos, a quienes la policía buscaba especialmente para reprimir y evitar que registraran sus acciones. Sin embargo, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa (Sipreba) levantaron la consigna: “No disparen contra la prensa, libertad para informar”.

La CIDH y la Relatoría especial para la Libertad de Expresión también se expresaron el jueves 21, haciendo pública una advertencia al Estado argentino. En el documento señalan “preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina, que dejó decenas de heridos, detenidos y de periodistas lesionados”. El texto hace referencia a los mismos hechos por los que Rodríguez Larreta busca incriminar a las organizaciones sociales, además de cobrarles.

El costo total de las obras que pretende colectar el gobierno porteño es de 37 millones de pesos. Según sus cuentas es lo que costó la limpieza y reposición de mobiliario (92 papeleros, 35 contenedores de 3.200 litros y nueve de 3.750) y el arreglo de veredas de la plaza y alrededores, entre otros gastos. Además las obras incluyen la recuperación de los espacios verdes con nuevos pisos, escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, plantas herbáceas y césped. “Fuimos a la Justicia para que los vecinos no tengan que pagarlo”, disparó Larreta.

“La Procuración de la Ciudad inició las acciones penales y civiles a las organizaciones que movilizaron, organizaron y estuvieron involucradas en los disturbios del otro día para cobrarle los arreglos”, aseguró el político al supervisar el inicio de las obras de refacción de la plaza.

La respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la serie de eventos que tienen a sus fuerzas de seguridad en el centro es desfundar la calculadora y no hacerse cargo de la violencia estatal que se extiende por la ciudad cada vez que una voz opositora quiere expresarse. Según dijo Larreta, el gobierno “ya se presentó la semana pasada en la causa penal por los disturbios y la agresión a la autoridad policial, pero también en el fuero civil para que nos reembolsen los daños”, explicó.