Red de radios

6.1.2018

El ingreso y la salida a la Ciudad de Buenos Aires serán más caros a partir de la última semana de enero de acuerdo con el nuevo cuadro tarifario para los accesos Norte y Oeste confirmado hoy por la Dirección de Vialidad Nacional publicó, que autorizó aumentos promedios del 13 por ciento en todas las categorías y del 12.6 por ciento para automóviles. En línea con las subas en los colectivos, los subtes, las naftas, la luz y el gas, confirmados en los primeros días del año, los automovilistas que circulen por ambos accesos en hora pico en lugar de pagar 50 pesos pagarán 55 pesos con el sistema manual.

En consonancia con los aumentos del 36 y 83 por ciento en las autopistas de 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia que oficializó el Gobierno de la Ciudad la semana pasada gracias a un fallo judicial, el Ministerio de Transporte publicó hoy en el Boletín Oficial el nuevo cuadro. Un automóvil  que ingrese y egrese de la Ciudad diariamente por alguno de los accesos pagará 275 pesos por semana y un total de alrededor de 1500 pesos mensuales entre las 7 y 9 y entre las 17 y las 19. En tanto, en hora de congestión  (de 6 a 7, 9 a 10, 16 a 17 horas y 19 a 20) el usuario que antes abonaba 45 pesos, ahora tendrá que desembolsar 50 pesos.

Los vehículos que cuenten con TelePASE, no obstante, obtendrán un descuento de hasta el 30 por ciento para automóviles y de hasta 50 por ciento para camiones, según la Dirección de Vialidad Nacional.

“La actualización permitirá garantizar el funcionamiento de las autopistas y continuar desarrollando el Plan Integral de Obras para la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que contempla la ejecución de obras fundamentales para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial de los más de un millón de usuarios que lo transitan a diario”, justificó Transporte, cartera que la semana pasada confirmó otro aumento general de los transportes públicos.

6.1.2018

Fue en la sede central de la Policía, en Belgrano y Virrey Cevallos de la Ciudad de Buenos Aires. Ni el jefe de la fuerza se animó a darle crédito a la acusación al Partido Obrero.

La Policía Federal publicó en la tarde de este viernes que dos artefactos explosivos de fabricación casera fueron hallados frente al Departamento Central de la fuerza en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Virrey Cevallos.

Quien primero se hizo eco de la “bomba” noticiosa fue la inefable ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se hizo la guerrera por Twitter.

Rato después hablarían ante los medios de prensa el jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia y el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. Roncaglia detalló que se trataba de “tubos de gas butano con baterías de 9 voltios”. “Es de elaboración casera. Posiblemente hubo una falla por lo que no logró explotar y el humo permitió detectarlo”, precisó el uniformado.

Los funcionarios dijeron que están analizando las cámaras de seguridad de la zona y que se detectó “a una persona colocando los explosivos a cara descubierta”.

El jefe de la fuerza dijo además que en el explosivo se encontró un panfleto con la firma del Partido Obrero en el que se pide la “libertad a los argentinos presos en Congreso o los ataques seguirán”. Un lenguaje más propio de los uniformados o los servicios de inteligencia que de la militancia de la izquierda argentina.

Los panfletos pudieron leerse porque el artefacto no explotó. Si lo hubiera hecho, poco y nada hubiera quedado de esos papeles. Lo burdo es, claramente, por partida doble.

Ante lo evidente de la opereta, Roncaglia evitó vincular al PO con el hecho. “Resulta extraño que un hecho de estas características lleve una firma”, se atajó. Lo mismo hizo Burzaco, y eso que odia a la izquierda.

Lo bizarro del hallazgo no evita de todos modos que se denuncie la operación macartista en curso, que se suma a las mil y una maniobras del Gobierno nacional y del Poder Judicial para criminalizar y perseguir a los partidos del Frente de Izquierda.

5.1.2018

Los agredidos, que debieron recibir atención médica, fueron gaseados a corta distancia, una "táctica" que se ha vuelto costumbre entre las fuerzas de seguridad.

Militantes del Partido Obrero denunciaron que fueron atacados por la policía porteña cuando realizaban una pintada en el barrio de La Paternal en reclamo por la libertad de César Arakaki, otro integrante de esa agrupación que se encuentra detenido por hechos ocurridos en el marco de la represión hacia quienes se manifestaron contra la reforma previsional el mes pasado.

En publicaciones que difundieron a través de la red social Twitter, los militantes señalaron que los uniformados los gasearon a corta distancia y les revolearon los materiales que estaban utilizando.
La metodología de utilizar gas sobre el rostro a corta distancia se volvió habitual entre los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Hay videos que lo registraron durante los últimos hechos de represión. Y no solo contra ciudadanos comunes, sino también contra legisladores. En los hechos de diciembre, Horacio Pietragalla y Mayra Mendoza, ambos diputados nacionales, fueron agredidos de ese modo por la policía.
Mientras pintaban por #LibertadACesarArakaki la policía de Larreta los gaseó y les revoleó los materiales. Junto a la confirmación de prisión a los detenidos x el 14/12 también x causas armadas la escalada represiva avanza. pic.twitter.com/2Qgqp5kPdT
— VaninaBiasi (@vaninabiasi) 5 de enero de 2018
Denuncian que en Paternal, en medio de una pintada para pedir por la libertad de César Arakaki, la policía les tiró los tachos y gaseó a dos militantes a muy corta distancia. Están siendo atendidos en el hospital. https://t.co/ByUtLXks25
— Daniel Mecca (@dmecca1) 5 de enero de 2018

3.1.2018

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, los equipos de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y la secretaría de Transporte porteña presentaron la propuesta de readecuación tarifaria, a tratarse en audiencias públicas durante 2018.•TAXISLos taxis pasarán a tener una bajada de bandera diurna de $32,60 y la ficha $3,26, mientras que de noche costará $39,10 y $3,91 respectivamente.

•ESTACIONAMIENTO MEDIDO

La nueva modalidad establece el reemplazo de las tickeadoras actuales por 2.200 terminales y la posibilidad de pagar, renovar y encontrar lugar desde el celular. Con el nuevo sistema de estacionamiento regulado, 78% (284 mil aprox.) de los lugares para estacionar continuarán siendo gratuitos, mientras que 22% (80 mil aprox.) serán pagos.

La hora de estacionamiento medido pasará de $8 a $10. Habrá 3 tipos de tarifas en base a la demanda de cada zona: progresiva 1, progresiva 2 y sencilla. Esto no se implementará en el corto plazo, sino recién cuando entre en vigencia el aumento.

Las nuevas terminales, que estarán en funcionamiento en el segundo semestre, serán 100% electrónicas, permitirán el pago con tarjeta de crédito, débito y SUBE y se reemplazará el ticket en papel -que ya no deberá ser exhibido en el parabrisas- por una factura digital.

Además, tendrán tres características principales: multipropósito, ya que permitirán también el pago de servicios y la carga de SUBE, entre otros; multiespacio, de modo que no importará la distancia a la que se encuentre el vehículo, sino que se podrá utilizar cualquier terminal para renovar el lugar; y autónomas, ya que funcionarán con energía solar.

•VTV Y ACARREO

Las tarifas de la verificación técnica vehicular (VTV) y el acarreo también tendrán modificaciones. En el primer caso, pasará de $802 a $931 para automóviles y de $301 a $348 para motos. El acarreo pasará de $750 a $950.

•SE SUMAN A SUBTES

Estos incrementos se suman al aumento en la tarifa de SUBTES anunciado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en conferencia de prensa.

El precio del pasaje será de $11 en abril y de $12.50 a partir de junio y se mantiene la tarifa escalonada que beneficia a los pasajeros frecuentes: quienes realicen más de 41 viajes en abril pagarán $6,60.

De 1 a 20 viajes pagarán $11; entre 21 y 30, $8,80; de 31 a 40 viajes, $7,70; y de 41 viajes en adelante, $6,60. El Premetro costará $4. También se mantienen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, y para personas con discapacidad y el boleto estudiantil, así como los abonos maestro ($240) y estudiantil ($120 para alumnos de escuelas secundarias y terciarias).

Con el nuevo sistema multimodal Red SUBE, a través de la tarjeta SUBE, en el primer viaje se pagará el valor total del pasaje. En el 2do viaje, se aplicará un 50% de descuento y, a partir del 3er viaje, se aplicará un descuento del 75% en cada viaje. Se podrá realizar hasta cinco trasbordos en un lapso de 120 minutos y el descuento se aplicará directamente sobre el saldo de la tarjeta SUBE.

La tarifa social será de $6 en abril y de $7 en junio.

2.1.2018

Por segundo año consecutivo el porcentaje de morosidad en el pago de las expensas alcanzó en Buenos Aires a casi el 20% de las unidades funcionales: unas 600.000. Cifra que duplica el porcentaje considerado habitual, según registros de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), informa La Nación.

Esta alza de la morosidad redunda en un desfinanciamiento de los consorcios y en la desatención del mantenimiento general del edificio y sus servicios: ascensores, calderas, instalaciones contra incendios, conservación de fachadas y balcones, entre muchos otros. En algunos casos, además, se incumplen obligaciones como el pago de las cargas sociales de los encargados.
Adrián Hilaraza, responsable de prensa y difusión de AIPH alertó que "Estamos en zona de riesgo. Con el aumento de la morosidad, las reparaciones se van postergando, el mantenimiento decae y el edificio envejece prematuramente. Además, aumenta la probabilidad de un siniestro y de que el seguro no pague ante la presencia de irregularidades en las obligaciones del consorcio".
La morosidad creció junto con el sostenido aumento de las expensas. Y estas se vienen encareciendo debido a una serie de causas: los altos salarios de los encargados, el alza de muchos servicios y la responsabilidad que el Estado delegó en los consorcios de ejercer distintos controles.
Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Estadística y Censos porteña, en octubre el costo promedio de las expensas que pagó una familia tipo fue de $ 1640, un 28% más que en octubre de 2016 y el doble que dos años antes.
En Buenos Aires hay alrededor de 100.000 consorcios, que representan el 74% de las viviendas, en las que viven unos dos millones de personas. "Desde 2001 que no se registraba una morosidad como la de hoy", consideró a La Nación Gonzalo de Durand.
La tasa de morosidad es dispersa en función de los barrios y tamaños de las unidades, y mientras en algunos edificios es nula, en otros es muy alta. Según los registros de AIPH, se observa una mayor morosidad en edificios de la zona sur de la ciudad y con pocas unidades, lo cual encarece las expensas.
La actual obligación de los consorcios de verificar por su cuenta el estado de los servicios y de la infraestructura edilicia es una de las causas del sensible aumento de las expensas en los últimos años.
"Desde que el macrismo asumió el gobierno porteño, en 2007, tendió a tercerizar los controles del Estado y que estos quedaran a cargo de los consorcios", explicó Sergio Abrevaya, legislador porteño por GEN.
"Se pagan cosas increíbles: ¿por qué cada seis meses hay que revisar el tanque de agua, si está sellado. Con los matafuegos pasa lo mismo: ¿por qué se exige una verificación anual si la carga del matafuego dura dos años? La respuesta es que hubo un lobby de alguna cámara", denunció Abrevaya.
Por ejemplo, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) exige a los consorcios la verificación periódica de ascensores, instalaciones contra incendios, fachadas y calderas. Para tales fines el consorcio debe pagar profesionales habilitados por los consejos profesionales con habilitación oficial, quienes emiten una constancia de verificación técnica. Sin embargo, en algunos consorcios estos controles no se efectúan y los servicios funcionan hasta que un propietario realiza una denuncia o se produce un siniestro. En la AGC explicaron que cuando se detecta que un consorcio no cumple con los controles exigidos, se le envía un inspector.
Se calcula que alrededor de un 20% de las expensas se destina al cumplimiento de normas de mantenimiento. "Cuando la plata no alcanza el consorcio puede pedir una prórroga para cumplir con las obligaciones de control. Pero en otros casos elige «tirarse un piletazo» y tratar de pasar desapercibido", explicó Hilaraza.
Debido al empobrecimiento de muchos consorcios, cada vez son menos aquellos que cuentan con un fondo de reserva destinado a enfrentar contingencias vinculadas al mantenimiento del edificio, y en muchos sólo se están atendiendo las emergencias impostergables. Esta falta de recursos impide a numerosos consorcios hacer auditorías contables a las administraciones con el fin de optimizar los gastos.
"En épocas inflacionarias los consorcistas son reticentes a solventar cada mes un fondo de reserva porque la plata se deprecia. Pero cuando se carece de ese fondo y de pronto surge una emergencia, el valor de las expensas se dispara vertiginosamente. Un consorcio sin fondo es peligroso", explicó Hilaraza, y calculó que para poner al día un edificio que sufrió una desinversión durante tres o cuatro años luego debe invertirse el triple de plata y tiempo.