E.T. 27: basta de persecución política

14.11.2017

Ademys acompañó a una importante delegación de padres, docentes y alumnos que se concentró en la puerta de la Técnica 27 en repudio al intento de sanción a una alumna del Centro de Estudiantes a quien acusan de grabar y difundir vídeo en redes en el que un miembro de la conducción irrumpe para impedir una Asamblea en la que se discutía la Reforma en Educación. 

El día de hoy estaba convocado el Consejo de Convivencia para concretar una sanción pero no se llevó a cabo por "falta de quórum". Simultáneamente los alumnos realizaron una Asamblea que decidió un corte en el entre turno y declaró el estado de Asamblea permanente hasta conseguir que la conducción revea la medida. 
Posteriormente Ademys se reunió con las autoridades de la escuela y expresaron su posición contraria a cualquier tipo de regimentación de los Centros de Estudiantes. Del mismo modo acercaron su solidaridad a los/las estudiantes de la Técnica 27 que pusieron en pie un Centro de Estudiantes que se organiza contra la Reforma anti-educativa.

Persecución política a estudiante secundaria por organizarse contra la reforma educativa

12.11.2017

Quieren sancionar a Daniela Macarigni estudiante de la Escuela Técnica N°27 y militante de la Juventud del PTS por organizarse contra la reforma educativa. El colegio está ubicado en Monte Castro, CABA.

Representantes del centro de estudiantes de la escuela Técnica Nº27 vienen siendo atacados directamente por las autoridades de la institución, ¿el motivo? La organización. No solo quieren avanzar sobre la sanción de Daniela, sino que también sancionaron a la presidenta del centro de estudiantes.

Este lunes, cientos de estudiantes, docentes, padres, y representantes de organizaciones políticas y gremiales, se van a hacer presentes en la puerta de la escuela para manifestar la solidaridad y acompañar a las estudiantes.

 

Los hechos

 

El día miércoles, en la escuela se estaba llevando adelante una asamblea de estudiantes, que era transmitida en vivo por la página del centro en Instagram, cuando la Vicerrectora de la institución irrumpió en la asamblea. No conforme con intentar limitar el espacio de discusión y organización política propia de los estudiantes, las autoridades comenzaron una cruzada directamente con la alumna que estaba filmando la asamblea, con la ridícula acusación de "haber utilizado la imagen de las autoridades de la escuela sin permiso". Planteó completamente falso, viendo que nadie fue al despacho de la Vice Rectora a filmarla, sino que, por el contrario, ella se acercó al espacio en el que se estaba transmitiendo EN VIVO.

Daniela, la alumna implicada, militante de la juventud del PTS en el Frente de Izquierda se refirió al caso y dijo: “Queremos exigir que termine la persecución política en la técnica 27 y en los colegios. Todo esto comenzó desde el momento en que los estudiantes tomamos parte sobre nuestra educación, cuestionando la reforma estudiantil, en la cual con el argumento de capacitarnos con las prácticas profesionalizantes nos convierten en mano de obra barata al servicio de las empresas y la cual está completamente ligada con la reforma laboral. Como estudiantes no vamos a permitir que sigamos siendo los conejillos de indias de sus reformas, y mucho menos que se llenen los bolsillos con nuestra educación y a costa de nuestras espaldas como trabajadores. Pueden intentar amedrentar y castigarme por involucrarme en mi educación, por querer hacer valer mis derechos, pero nunca me van a callar y tampoco a mis compañeros. Por esto los invito a todos el lunes a las 8 en Virgilio y Baigorria a que se hagan presentes para dar la pelea por algo que es nuestro e intentan arrebatarnos con su autoritarismo y sus castigos ejemplificadores.”

Sin embargo, los estudiantes decidieron eliminar el vídeo de las redes sociales. Pero eso no alcanzó para que las autoridades, evidentemente dispuestas a llevar hasta el final un castigo disciplinario, intentaran sancionar a la alumna que transmitía. Las autoridades decidieron impulsar una reunión del Consejo de Convivencia para este lunes a las 08:30.

 

Consejo de Convivencia

 

Este espacio, que se organiza con docentes, padres, alumnos, representantes del Centro de estudiantes y las autoridades del colegio, tiene un carácter únicamente consultivo. Es decir, que por más que haya opiniones diferentes entre el conjunto de los participantes y las autoridades, quienes tienen la última palabra y la decisión final son: las autoridades. O sea, los mismos que están impulsando la sanción.

En la cita con los padres de la alumna atacada, las autoridades plantearon la posibilidad de darle el pase de turno o colegio, es decir expulsión.

Las asambleas que se organizaron posteriormente para poder informar y discutir qué medidas realizar contra el ataque de las autoridades, intentaron boicotear, sin éxito. Los estudiantes se quedaron discutiendo y votaron movilizarse y organizar una sentada este lunes. Mientras que los directivos intentaron limitarlas diciendo que iban a pasar faltas a todos los que no estén en el curso, argumento que no hizo mella y los estudiantes se mantuvieron firmes. Además, el director, intentó mediante amenazas al estilo “yo soy el que les firma el título” amedrentar a representantes del centro de estudiantes, dichos que constan en un acta que propusieron elaborar las representantes.

 

Sin límites

 

No conformes con la enorme campaña contra los estudiantes, las autoridades insisten en avanzar en sancionar a la presidenta del centro de estudiantes. ¿Los motivos? "Organizar asambleas no autorizadas e incitar a los chicos a que salgan de clase". Increíble pero real. Al mejor recurso retórico empresarial, las autoridades de la escuela plantean una sanción concretamente por impulsar asambleas.

Los estudiantes vienen organizando contra este atropello de las autoridades que utilizan argumentos increíbles para poder golpear a la organización de los pibes. ¿Que tendrá que ver esta situación con la enorme pelea que dieron los estudiantes este año contra la reforma educativa que quiere implementar el gobierno? ¿Es necesaria ahora una línea más dura de las autoridades para boicotear cualquier tipo de organización que pueda cuestionarlos?

Todo indicaría que sí. Que lo que hay de fondo en todo esto es la necesidad que tiene el gobierno en impulsar la reforma educativa que va de la mano de la reforma laboral que están preparando para golpear a los trabajadores.

Es necesario un gran repudio a los manejos que vienen teniendo las autoridades de esa escuela para con el desarrollo político de los estudiantes. Que recordamos existe una ley de Centros de Estudiantes de escuelas secundarias que habilita a los alumnos a la auto organización de sus propios espacios.

El movimiento estudiantil tiene que mostrar una fuerza arrolladora que esté dispuesta a frenar cada uno de los atropellos que quieran cometer contra la libertad de organizarse. En tiempos donde la juventud viene siendo vapuleada por campañas aberrantes en los medios de comunicación, como se vio el manejo que tuvieron con la desaparición de Santiago Maldonado, resulta indispensable que nos organicemos para que no avancen sobre las libertades básicas, como el derecho a la protesta, o la organización política.

Cientos de estudiantes resolvieron movilizarse el lunes para frenar el consejo de convivencia. Es crucial que organizaciones de derechos humanos, sociales, y políticas se hagan presentes para acompañar esta pelea que están dando los estudiantes secundarios.

CABA: Inquilinos Agrupados presentó denuncia contra inmobiliarias porteñas en Defensa del Consumidor

12.11.2017

Difundimos:

PRESENTAMOS UNA DENUNCIA CONTRA INMOBILIARIAS PORTEÑAS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Desde la Asociación Civil Inquilinos Agrupados presentamos esta mañana una denuncia contra tres inmobiliarias porteñas por incumplimiento de la Ley 5115, que establece que los avisos que promuevan operaciones inmobiliarias por cualquier medio gráfico o informático deberán informar si la vivienda es accesible para personas con discapacidades físicas.

La normativa establece, además, que la autoridad de aplicación es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Desde que se sancionó la ley, en octubre de 2014, hasta la actualidad, no hubo una sola inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires que la cumpla. En tanto, la autoridad de aplicación no implementó ningún mecanismo de control.

La denuncia, ingresada en Defensa del Consumidor con el número de expediente 25941258/17, está dirigida contra Goldstein Propiedades SRL, Brick Propiedades y Servicios y Grupo Mega Red Inmobiliaria y adjunta como pruebas, capturas de pantalla de publicaciones realizadas por las respectivas inmobiliarias en medios informáticos, donde no se hace referencia a la accesibilidad para personas con discapacidades físicas.

Cabe destacar que, en relación a este tema, presentamos hace algunos meses un 104 (pedido de acceso a la información pública) dirigido a Defensa del Consumidor, en el cual preguntamos qué mecanismos implementaron para controlar el cumplimiento de la Ley 5115. Nos respondieron que no podían controlar el cumplimiento de la Ley, ya que desconocían cuál era el símbolo de accesibilidad (silla de ruedas).

Si bien esta denuncia está dirigida contra tres inmobiliarias, el incumplimiento de la Ley se hace extensiva a todas las inmobiliarias de la Ciudad. Es muy sencillo ingresar a un portal de alquiler y venta de viviendas y constatar que ningún aviso incluye información sobre la accesibilidad de las mismas.

Todos sabemos lo difícil que es alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. Pero esta situación se hace mucho más compleja si quien pretende alquilar es una persona con discapacidad, si es jubilado, si es extranjero, si es madre soltera, etc. Ante este panorama, los inquilinos no tenemos más opción que avanzar en nuestra organización, denunciar, proponer y llevar al Gobierno a la necesidad de implementar políticas que faciliten el acceso a la vivienda.

EDIFICIO PROPIO PARA LA ESCUELA DE TEATRO NINÍ MARSHALL

8.11.2017

Difundimos y nos sumamos a la convocatoria de la escuela.

Los docentes de la Escuela de Teatro Niní Marshall queremos comunicar que, en el día de la fecha, la Sra. Directora del Área Artística, Helena Alderoqui, informó a nuestra comunidad la intención del Ministerio de Educación de mudar al CENS Nro. 64 al edificio de la Escuela de Teatro sito en Oliden 1245, y pronto a ser entregado a esta comunidad. Este CENS funciona en el turno mañana de la sede de Pieres 258, donde también actual y provisoriamente funciona la Escuela de Teatro.
Dicha intención, sobre la cual la comunidad educativa inquirió reiteradamente al Área durante los cinco años en los que se llevaron adelante las mesas de trabajo en pos de conseguir un edificio propio para la Escuela de Teatro, y que fue negada sistemáticamente por el Área, coarta los proyectos de crecimiento de nuestra escuela a los que tanto la dirección del Área Artística como la de Superior se comprometieron durante todo este tiempo, vale decir, la apertura del profesorado y la apertura de nuevos cursos del bachiller y de la tecnicatura.
Cabe aclarar que no es la primera vez que recortan espacios asignados a nuestra escuela, ya que en el año 2014 se destinó una parte considerable de la planta baja del edificio a la construcción de un jardín de infantes y se cortó el acceso a la casa del casero y a un patio interno, con lo que el Ministerio de Educación de CABA sistemáticamente incumplió con los acuerdos establecidos con nuestra comunidad, obstaculizando el crecimiento y el futuro de esta escuela y su comunidad educativa.
Por estos motivos, expresamos nuestro rechazo total a compartir el edificio asignado a la Escuela de Teatro en Oliden 1245 con cualquier institución que limite el uso de los espacios y los turnos necesarios para nuestro funcionamiento actual y futuro y exigimos a las autoridades del Ministerio que garanticen que ambas instituciones, la Escuela de Teatro y el CENS, cuenten con su lugar propio para mejorar las condiciones edilicias y educativas de los y las estudiantes de la escuela pública.

Reclamo de vecinos por la construcciones de torres en La Boca

8.11.2017

Este martes por la tarde se llevó adelante la Audiencia Pública en la Legislatura porteña por el proyecto que prevé la construcción de torres en el barrio de La Boca. Vecinos y vecinas de la zona expresaron su descontento. 

Este martes por la tarde, en la Legislatura porteña, se llevó adelante la Audiencia Pública por el proyecto de “Catalinas Sur II”, en el marco del descontento de un numeroso grupo de vecinos de la zona. Se trata de un convenio entre el Poder Ejecutivo porteño y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que fue aprobado en primera lectura y tiene como propósito rezonificar un terreno en el barrio de La Boca y construir edificios con una altura de hasta 75 metros sobre la avenida Brasil y las calles Gualeguay y Caboto. En total, se podrán desarrollar unos 150.000 metros cuadrados de construcción. 

A lo largo de la jornada, los más de 200 vecinos expresaron y presentaron diversas problemáticas a partir de las consecuencias que, entienden, generaría la construcción de dichas las torres en La Boca. "La decisión de este proyecto se tomó a espaldas de los vecinos y sus necesidades. Nosotros queremos mantener la identidad de nuestro barrio y no ser la continuación de Puerto Madero", sostuvo una vecina.

También estuvieron presentes miembros de la comisión directiva del Darling Tennis Club que, con casi 100 años de existencia y 750 socios, podría perder una parte de sus tierras. 

Por su parte, la comunera del Frente para la Victoria, Victoria Colombo, que acompaña a los vecinos, expresó: "El Gobierno de la Ciudad avanza con la privatización de terrenos públicos. Yo acompañé a los vecinos en el armado de su proyecto pero lamentablemente no fue tenido en cuenta porque el oficialismo privilegia el negocio de unos pocos especuladores inmobiliarios". Y agregó: "Es de suma importancia que el Gobierno de la Ciudad atienda los temas más importantes que tenemos en la comuna: el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación."

Por otro lado, ningún comunero del oficalismo acompaño a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad que presentaron el proyecto durante la tarde en la Legislatura porteña.

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