Red de radios

15.2.2018

El diputado de la Ciudad del PO-FIT Gabriel Solano se refirió a la resolución emitida por el ministerio de Educación porteño para reprimir las ocupaciones de colegios: “La resolución sobre las ocupaciones de colegios emitida por el ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires representa un salto en la política represiva contra estudiantes, docentes y padres. Se inspira en la llamada ´nueva doctrina de seguridad´ de Patricia Bullrich y Macri, pero aplicado al ámbito educativo, que por definición requiere para su desenvolvimiento de democracia y libertad”.

Solano denunció que “la resolución impone sanciones a los directores de los colegios que se ocupen, lo cual busca convertirlos en represores de sus propios estudiantes. Además, se imponen sanciones a los padres, a quienes se los intimará para que retiren a sus hijos de los colegios, y en caso contrario se iniciarán acciones judiciales para que enfrenten con su propio patrimonio daños que puedan ocurrir durante una ocupación”.

“La oportunidad de la resolución se explica -agregó Solano- porque el gobierno quiere avanzar este año con la ´secundaria del futuro´, que es resistida por los estudiantes, docentes y padres por su carácter precarizador y descalificador de la educación. En la misma línea se inscribe la reforma de la formación docente, que detrás del pomposo anuncio de la creación de una Universidad se destruirá los actuales institutos para avanzar también en un proceso de descalificación y privatización. Larreta, siguiendo los lineamientos de Macri, buscará imponer una paritaria a la baja del 15%, cuando la inflación en la Ciudad fue del 25.6% el año pasado”.

Solano anunció que presentará en la Legislatura un pedido de citación de la ministra de Educación Soledad Acuña, para que brinde detalles de la resolución y se desarrolle un debate público sobre la política represiva del gobierno.

14.2.2018

El Gobierno de la Ciudad vuelve a aplicar descuentos por días de paro a los y las docentes que participamos en las jornadas de noviembre y diciembre en el marco de las enormes jornadas contra la reforma laboral y provisional.

Los descuentos por días de paro, aplicados sobre salarios insuficientes y arrasados por la inflación, pretenden castigar y amedrentar a los y las docentes para que no salgamos a luchar por nuestro salario, las condiciones laborales y contra las reformas que pretenden destruir las conquistas históricas de los trabajadores y la educación pública.

Frente a esto desde Ademys implementamos el fondo de huelga para poder colaborar con las y los compañeros más afectados, con absoluta claridad de que no es una solución definitiva pero que da respuesta a las necesidades más urgentes. En medio del ajuste, de los salvajes tarifazos, de los despidos, el gobierno arremete contra nuestros bolsillos con los descuentos, pero las y los trabajadores nos organizamos solidariamente y seguiremos luchando para defender nuestros derechos.

Tenemos claro que la forma de enfrentar los descuentos es con un plan de lucha nacional serio, en unidad de toda la docencia, por aumento salarial y donde ningún acuerdo sea posible sin el cobro de los días de paro.

Recordamos que para retirar los bolsones no hace falta que seas afiliad@, sólo tenés que acreditar con recibo el descuento por días de paro (cualquiera sea el descuento). También puede retirar un compañer@ por vari@s de la escuela.

¡Basta de descuentos por días de paro!
¡Por un plan de lucha nacional por el salario, las condiciones laborales! 
¡Contra la reforma en educación, el “Plan maestro”, que atenta contra la educación pública en todos los niveles y modalidades!
¡Por la renacionalización del sistema educativo y un salario básico unificado en todo el país!
¡Por un paro general contra los despidos y el ajuste!
¡Solidaridad entre trabajadores y continuidad en la lucha!

8.2.2018

Por Santiago Asorey *

"En estos días macristas se profundiza la temporalidad geológica y sobrehumana del Poder Judicial capaz de ignorar la urgencia del reclamo de las organizaciones populares y familiares de víctimas de violencia institucional".

Pasaron casi tres años de la muerte de Nehuén Rodríguez, a manos de efectivos de la policía metropolitana y todavía su madre, Roxana espera el juicio. Nehuén fue atropellado por un patrullero de la fuerza de seguridad el 15 de diciembre del 2014, en la esquina de Brandsen y Carillo en el barrio de Barracas. El patrullero venía a 100 km/h y no traía sirenas ni luces. Así lo aportaron testigos a la causa. Desde entonces Roxana, y las organizaciones populares del barrio, piden justicia y llevan a Nehuén como bandera: un retazo de la memoria popular de La Boca.

Hasta el momento Daniel Castgnasso, es el único efectivo policial imputado por su asesinato y se encuentra en espera del juicio oral. Pero el juez Julio Báez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 utiliza excusas para demorar el juicio. En dos ocasiones ya suspendió el comienzo del juicio. En estos días macristas se profundiza la temporalidad geológica y sobrehumana del Poder Judicial capaz de ignorar la urgencia del reclamo de las organizaciones populares y familiares de víctimas de violencia institucional. Son tiempos en los cuales el Gobierno vuelve a avalar la complicidad judicial en los crímenes de la fuerzas de seguridad, tal cual lo expresa la investigación por la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado.

Este martes 7 de noviembre pasado, la familia de Nehuen, junto a diversas organizaciones recordó su fecha de cumpleaños. Y lo hicieron con música, con comida, con baile. Lo hicieron en la calle, abriendo el encuentro para los vecinos. En un contexto profundamente regresivo para los vecinos de los barrios, en el cual el Estado avala la represión policial, la criminalización de la protesta social y la estigmatización de lo popular, lo mejor que nos queda es la organización popular, como la que Roxana construye en la Boca. Al igual Dolly Demonty en el Bajo Flores, Angélica Lezcano en la Villa 20 y como lo hacen otras madres que afrontan día a día, la impunidad de los crímenes de la fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. Y que hoy tiene su máxima expresión en la prisión de la presa política Milagro Sala.

En el marco del cumpleaños de Nehuen, Roxana afirmó: "Seguimos en la lucha en la calle porque no tenemos fecha para el juicio. Ya nos suspendieron dos veces. Vamos a llegar  a los tres años sin tener una fecha real para el juicio. Decidí hacerlo el siete de noviembre, cumpleaños de Nehuén, (y no el quince de diciembre que es la fecha del aniversario de la muerte Nehuen) para honrar la vida de Nehuen. No existe otra forma, que no sea organizarse y pelearla. Lo que más queremos es la condena social porque sabemos que la parte judicial es más difícil, pero seguiremos peleando".

* Secretario de Redacción AGENCIA PACO URONDO

7.2.2018

Por La Cámpora

"Luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich respaldaran y se fotografiaran con el policía Luis Chocobar que asesinó por la espalda a un agresor mientras huía, la Ministra dio un paso más y afirmó que buscan instaurar una nueva doctrina que legitime cualquier accionar de las fuerzas de seguridad más allá de la letra de la ley".

El Estado tiene el monopolio de la violencia legal, pero ello no significa que pueda ejercerse discrecionalmente, sino que tiene límites celosamente establecidos en la legislación. Caso contrario, la democracia cedería paso a un modelo represor y autoritario. Es por eso que las fuerzas de seguridad, si bien están autorizadas a ejercer violencia, siempre debe ser la mínima indispensable. Tal es así que el código penal establece agravantes para los delitos cometidos por personal de las fuerzas.

El caso de Chocobar es un triste ejemplo más de violencia institucional. Nadie puede reprochar que al presenciar una agresión (en este caso a un turista estadounidense) decidiera intervenir. Pero como bien se observa en las imágenes de público conocimiento, Pablo Kukoc, uno de los asaltantes, estaba huyendo cuando el policía bonaerense lo ejecutó por la espalda. No hay legítima defensa porque no había ninguna vida en riesgo en ese momento, y tampoco hay un uso racional de la fuerza: reducirlo con un disparo en la pierna podría enmarcarse en una actuación legal. Acribillarlo por la espalda, no. Es un caso de gatillo fácil.

Aunque en uno de sus informes ante el Congreso Marcos Peña aseveró que el Ejecutivo nunca avalaría la violencia institucional, como en tantos otros temas, se desdijeron de sus dichos. El Presidente y la Ministra de Seguridad, teniendo pleno conocimiento de que Chocobar mató por la espalda a una persona, decidieron respaldar su accionar.

No es el primer caso. La titular de la cartera de Seguridad había respaldado a los gendarmes que balearon a niños de una murga, a los que llevaron adelante el operativo ilegal que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, a los que reprimieron a mansalva llegando a atropellar personas con saña en las manifestaciones contra la reforma previsional, y a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel en la Patagonia.

En el día de la fecha, Bullrich sostuvo que quieren imponer una nueva doctrina de seguridad en virtud de la cual todo accionar de las fuerzas de seguridad constituya un “cumplimiento del deber de funcionario público”. Con esta doctrina, los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, o el de Carlos Fuentealba, por citar algunos, no habrían sido asesinatos sino “cumplimiento del deber”.

Es un paradigma incluso más perverso que aquel que minimiza el terrorismo de estado apelando a la teoría de los excesos. Según Bullrich, siquiera cabe la posibilidad de un exceso.

El Gobierno está sentando un precedente penoso y temerario para la democracia. Las fuerzas de seguridad tienen luz verde del Estado para hacer lo que quieran sin respetar derechos elementales como la integridad física o la libertad. Tienen licencia para matar. Cuando la violencia es engendrada y promovida desde el Estado, las consecuencias son sumamente graves y dolorosas para toda la sociedad. Argentina tiene una lamentable experiencia en este camino.   

7.2.2018

La Asamblea de Trabajadores del Canal de la Ciudad convoca para este jueves 8 de febrero, a las 10, en Guardia Vieja 3334, para informar sobre la grave situación del canal público de la Ciudad de Buenos Aires, que continúa con las persianas cerradas.

Los trabajadores del Canal denuncian que luego de un acuerdo para la reincorporación de los compañeros despedidos injustificadamente, el director del Canal, Eduardo Cura, y el secretario de Medios de la Ciudad, Marcelo Nachón, desentendieron el acuerdo y rompieron el diálogo.

“Los invitamos a que conozcan la persecución y los abusos que está ejerciendo el director Eduardo Cura”, expresaron los trabajadores y aseguraron: “él no puede abrir y cerrar el Canal de la Ciudad como si fuera su kiosco, ya que todos tenemos el derecho y la responsabilidad de volver a trabajar y construir el único canal público que sostienen los porteños”.
Los delegados de los trabajadores, nucleados en ATE Capital, agregaron: “hoy Eduardo Cura está haciendo trabajar a los profesionales de los programas que se emiten en vivo con las persianas cerradas lo que constituye un riesgo para todos los que están adentro del edificio”.