Red de radios

25.2.2018

Negocios, falta de participación e información, y conflicto social

En el año 2016, el GCBA anunció el comienzo de procesos de integración social y urbana  (Re-urbanización) en varias villas de la Ciudad de Buenos Aires: Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Playón de Chacarita, Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), Barrio Lamadrid y Villa 20. 

Esta nueva política para llevarse a cabo necesita un número frondoso de técnicos especializados la prestación de servicios públicos en villas y la construcción de viviendas sociales.

El art. 58 de la Constitución del a Ciudad establece que la Universidad de Buenos Aires (UBA) y demás Universidades Nacionales son consultoras preferenciales de la Ciudad Autónoma.

En esta dirección, la Secretaría de Integración Social y Urbana –SECISYU- (encargada de la re-urbanización del Barrio Carlos Mugica) realizó tratativas con la Facultad de Ingeniería (FIUBA) y con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA para firmar convenios para que brinden apoyo técnico en determinadas tareas.

 

A. CONVENIO CON LA FADU

 

LA FADU y la SECISYU firmaron varios convenios relación al Barrio Carlos Mugica:

 

a.Convenio para la “Elaboración del anteproyecto ejecutivo del plan urbano de vivienda nueva en el Ex predio YPF”.

Anteproyecto para el diseño de 1200 unidades funcionales.

El GCBA pagó a la FADU la suma de $17.300.000 por 1280 horas de trabajo. Esto equivale a pagar $13.500 por hora.

Se estableció una cláusula de confidencialidad.

El convenio se firmó en fecha 20 de enero de 2017 y estipulaba que el anteproyecto debía ser entregado en un plazo de 2 meses.

El anteproyecto debía contemplar la instalación de Gas.

 

b.Convenio para la “Elaboración del anteproyecto ejecutivo de vivienda nueva en el Sector Cristo Obrero Barrio 31”.

El Anteproyecto consistía en el diseño de 126 unidades funcionales en un predio de 1,5 hectáreas.

El GCBA pagó a la FADU la suma de $3.700.000 por 1280 horas de trabajo. Esto equivale a pagar $2.890 por hora.

Se estableció una cláusula de confidencialidad.

El convenio se firmó en fecha 11 de octubre de 2016 y estipulaba que el anteproyecto debía ser entregado en un plazo de 30 días.

El anteproyecto debía contemplar la instalación de Gas.

 El responsable de firmar estos convenios por parte de la FADU y de su contenido fue el Arq. Luis Bruno, en su carácter de decano. Los montos pagados se distribuyeron entre la FADU y el responsable de realizar los anteproyectos, el Arq. Javier Fernández Castro y su equipo.

El Arq. Javier Fernández Castro había sido contratado en el año 2015 por la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. para elaborar un Anteproyecto de Tejido de viviendas y equipamiento sobre tierras fiscales nacionales en el Barrio Carlos Mugica.

 

1.En ninguno de los convenios se estipuló la necesaria participación de las familias afectadas y de los habitantes del Barrio Carlos Mugica en la elaboración del anteproyecto. Las familias no formaron parte de las decisiones más importantes en relación a sus futuras viviendas en virtud de que el GCBA decidió unilateralmente relocalizarlas para ejecutar obra pública (relocalización del Sector Cristo Obrero por el cambio de la Traza de la Autopista Illia –ver informe aquí^[1]– y del Sector Bajo Autopista por las obras del Parque Lineal sobre la actual traza de dicha autopista).

La falta de información y participación real de las familias en estos proyectos de vivienda generaron conflictos sociales muy graves en el Barrio. Se pueden mencionar las protestas contra las viviendas construidas en el sector Containera (Ver informe previo^[2][3]), el rechazo del sector del Bajo Aupista a su relocalización, el desalojo ilegal y violento de familias que no aceptaron mudarse a las viviendas nuevas en Containera (Ver informe aquí^[4]).

La Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley N° 148 y la ley N° 3.343 que disponen la re-urbanización del Barrio Carlos Mugica bajo los principios de la democracia participativa. No sólo garantizan el acceso a la información pública sino que también promueven y garantizan la participación obligatoria, real y efectiva de los habitantes del barrio y sus representantes en cada una de las etapas y decisiones del proceso de urbanización. Estos convenios soslayaron estos derechos.

La Universidad Pública debe respetar las leyes locales que disponen el modo de participación de la ciudadanía. También deben procurar fortalecer los mecanismos de participación en procesos tan delicados y complejos como es la re-urbanización de una villa. El trabajo con la comunidad es uno de los principios arquitectónicas que la FADU debería respetar y garantizar cuando participa de políticas urbanas de gran magnitud.

 

2.Se estableció la cláusula de confidencialidad. Esta cláusula lesiona el derecho de todo habitante del Barrio Carlos Mugica y, principalmente, de los afectados directos por el convenio, a acceder a información pública y relevante para su vida.

Los convenios no respetaron el carácter de público y de acceso irrestricto a la información producida en el marco del proceso de re-urbanización en cumplimiento de lo ordenado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

 

3.Resultan sorprendentes los montos pagados a la FADU siendo que forma parte de la Universidad Pública financiada por toda la ciudadanía. Causa perplejidad que tanto para 126 como para 1200 unidades funcionales la FADU haya establecido la misma dedicación de horas: 1280 horas.

Aquí cabe hacer la pregunta si la Universidad Pública está siendo utilizada por grupos que hacen negocios de consultoría con el Estado y emplean la Universidad como pantalla para soslayar los mecanismos y principios de transparencia en la selección de contratistas de acuerdo a las leyes que regulan la contratación estatal.  

 

4.En la Construcción de las viviendas el GCBA decidió no instalar la infraestructura necesaria para la provisión de gas natural aunque en los convenios figuraba esta condición como parte de los anteproyectos.

 

B. UNA HISTORIA DIFERENTE: CONVENIOS CON LA FIUBA

 

Esta discusión se planteó en la Facultad de Ingeniería de la UBA, con un final distinto respetuoso de los derechos de los habitantes del Barrio Carlos Mugica.

En la sesión del 6 de septiembre de 2016 el Consejo Directivo de la FIUBA aprobó el convenio firmado con la SECISYU. El convenio tenía por objeto el compromiso de la FIUBA a realizar el Diagnóstico Modelo de Seguridad Estructural de los Barrios 31 y 31 bis para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto^[5].

Se establecía la confidencialidad de toda la información generada y obtenida en el marco del convenio^[6]. Resulta preocupante que dos entidades públicas decidan la confidencialidad de los estudios e informes que generen cuando se utiliza presupuesto público y la información tiene estrecha relación con el derecho a la vivienda y al hábitat de habitantes del Barrio.

Tampoco el convenio ordenaba la efectiva participación de los habitantes y sus representantes en una etapa esencial del proceso de re-urbanización como que es la etapa de diagnóstico. No establecía ningún mecanismo de participación ni de rendición de cuentas del Diagnóstico Modelo de Seguridad Estructural de los Barrios 31 y 31 bis que realizaría la FIUBA.

Por estas falencias graves, a instancias de la consejera Inga. María Eva Koutsovitis (coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria), el Consejo Directivo de la FIUBA advirtiendo los cuestionamientos derogó la resolución que aprobaba el convenio y ordenó una nueva discusión de sus términos en el marco de la democracia participativa, las leyes de re-urbanización del Barrio Carlos Mugica y los estándares de transparencia y acceso a la información pública dispuestos a nivel internacional y nacional.

 

C. ¿Cuál DEBERÍA SER EL ROL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE RE-URBANIZACIÓN DE VILLAS?

 

El Estatuto de la UBA en sus bases establece que la Universidad, además de su tarea específica de centro de estudios y de enseñanza superior, deberá difundir los beneficios de su acción cultural y social estableciendo íntimas relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte. El mismo Estatuto establece que la Universidad Pública es un instrumento de mejoramiento social al servicio de la acción y de los ideales de la humanidad.

Sin embargo, nuestra historia reciente revela una universidad pública subordinada y condicionada por los poderes de turno y concebida por muchos de sus directivos como el territorio de disputa de los grandes negocios. Incompatibilidades legales y morales por parte de quienes ostentan el poder universitario, el mismo poder que en nombre de supuestos saberes técnicos legitima desalojos, desigualdades, el saqueo de nuestros recursos naturales.

Con preocupación observamos cómo la lógica mercantilista penetra en nuestras facultades, por ejemplo, transformándolas en pantalla de numerosas consultoras privadas que utilizan los recursos de la Universidad Pública y su prestigio para realizar negocios privados. La estructura de la Universidad Pública al servicio de contratos multimillonarios sorteando los mecanismos de contratación de la administración. Los Consejos Directivos han dejado de ser el espacio de discusión de las políticas universitarias para transformarse en la escribanía de los negocios de unos pocos. Todo esto mientras los auxiliares docentes esperan años para poder ser rentados y los docentes universitarios deben aceptar precarios salarios.

La Universidad Pública es una construcción colectiva donde todos los actores sociales, políticos y culturales deben ser protagonistas, debe ser inclusiva y por sobre todas las cosas debe estar al servicio de las necesidades de nuestras comunidades. La Universidad Pública se sostiene con fondos públicos, gracias al esfuerzo de los sectores más postergados, por lo tanto, aquellos privilegiados que se formaron profesionalmente en las universidades públicas deben tener presente que ese conocimiento específico no les pertenece, sino que forma parte de los bienes comunes de nuestra comunidad.

24.2.2018

Más de 50 efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un violento desalojo contra familias del sector Cristo Obrero de la Villa 31 que quieren reubicar por la nueva traza de la autopista. Sin embargo, el cambio de sus casas de material por otras construidas en durlok no fue aceptado y la Secretaria de Integración Social y Urbana del gobierno porteño decidió hacer intervenir a la policía.

Las organizaciones sociales denuncian que “no hay una orden judicial” y que “amenazaron con quitarles los hijos a las familias que se resistan y no se marchen del lugar”.

A comienzos de año esta Secretaría porteña despidió a diez trabajadoras sociales que acompañaban a las familias de este sector de la Ciudad, dejándolas más vulnerables, ya que sólo cuentan con su solidaridad para enfrentar el atropello del gobierno de Rodríguez Larreta.

“No es casual que hayan emprendido esta acción un día sábado, ya que si lo hacían durante la semana ese colectivo de trabajadorxs, junto con muchas más organizaciones y sectores del campo popular tendrían más fuerza para salir a apoyar, haciendo imposible dicha acción”, denuncian a la vez que informan que hay organizaciones sociales y abogados acompañando a los vecinos.

24.2.2018

Pablo “Pampa” Sainz

La denuncia por el uso de amianto en vagones del Metro de Madrid ha cruzado las fronteras y afecta al subte de Buenos Aires, donde tres trenes tuvieron que ser retirados este 20 de febrero. El negocio ha estado bajo investigación judicial en el marco de una causa por sobornos y corrupción.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió este 20 de febrero quitar de circulación de manera “preventiva” tres trenes de seis vagones cada uno que en 2011 había comprado a Metro de Madrid. Las unidades pertenecen al modelo 5.000, el mismo que lleva componentes revestidos con asbesto (amianto), mineral cancerígeno prohibido tanto en Argentina como en España.

Según anticipó este diario, los trenes vendidos son modelos de entre 35 y 40 años, que en el caso de Madrid cubren las líneas 1, 6 y 9. La información publicada da cuenta de que en la Comunidad de Madrid se confirmó el año pasado “un caso de cáncer en un trabajador del suburbano afectado por la exposición prolongada a este material, que ha sido categorizado como enfermedad profesional”. Habría ya un segundo caso y se sospecha que podría haber un tercero.

 

Sobornos y estafas: crónica de un negocio millonario

Fue el 23 de septiembre de 2011 cuando el ahora presidente argentino, Mauricio Macri, por entonces alcalde de la Ciudad de Buenos Aires y con excelentes relaciones en el Partido Popular español, visitó Madrid y se interesó por la compra de estas unidades ferroviarias.

Según relató entonces El País, Macri “quiso asegurarse que había hecho una buena compra y se acercó a las cocheras de Metro de Madrid e inspeccionó, como si fuera un entendido en la materia, los bajos de un vagón que estaba encaramado sobre un inmenso camión”. Metro de Madrid “se frota las manos con los 4,2 millones de euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo”, informó oportunamente el diario de Prisa. En realidad, la compra se habría realizado en dos etapas por un total de 36 vagones valorados en 18 millones de euros.

Dos años más tarde, medios argentinos daban cuenta del desastre de aquella operación. El 5 de mayo de 2013 el Crónicainformaba que las unidades enviadas desde Madrid llegaron en pésimo estado: “Motores y baterías quemadas, compresores rotos, cambios electromecánicos que no figuraban en los planos, ancho insuficiente de los vagones”, habrían sido algunos de los problemas con que se encontraron los técnicos de Sbase al recibir las unidades.

Según este periódico los mecánicos argentinos se vieron obligados a “canibalizar” algunos de los vagones recibidos, es decir, quitar piezas y usarlas como repuesto de otras averiadas. Dos años después de la compra, sólo se había puesto en funcionamiento un tren de las seis formaciones adquiridas.

Pese a ello el titular de la empresa concesionaria, Juan Pablo Piccardo, negó la gravedad de la transacción y redujo el problema a que se tuvo que hacer un “re entronchado y pasar del sistema de catenaria a tercer riel”, y de allí las demoras.

Paradójicamente, el 29 de julio de ese mismo año el Gobierno macrista anunció una nueva compra al Metro de Madrid, en este caso de 73 coches de la “serie 6.000 de gálibo ancho” también destinados a la Línea B del subteporteño. En esta oportunidad el coste de la operación ascendió a poco menos de 28 millones de euros. Otra vez, se trataba de vagones que habían dejado de circular en Madrid al ser sustituidos por otros más modernos. Y aunque parezca una mala broma, en este caso se anunció que Sbase debía hacer reformas para adaptar su infraestructura y retornar al sistema de catenaria rígida.

“Sbase deberá reformar la infraestructura (pasando del sistema de tercer carril a catenaria rígida) para que los trenes de Metro de Madrid puedan circular. El acuerdo entre las dos empresas engloba trabajos de mantenimiento añadidos sobre los trenes y revisiones integrales de grandes componentes”, publicó en aquella oportunidad Clarín.

El escándalo de la compra de 2011 salió a la luz en el marco de una investigación que la Justicia argentina llevaba adelante por posibles sobornos en la compra-venta de trenes de Cercanías y de Talgo, todos de segunda mano, vendidos por Renfe, en un acuerdo entre el entonces presidente argentino Néstor Kirchner y el de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Bajo investigación, dos operaciones por un total 320 millones de euros. La primera realizada en 2005: 416 vagones usados y 16 trenes enteros del Talgo III, valuados en 120 millones de euros. La segunda en 2008: la adquisición de 93 locomotoras y 536 vagones a cambio de 200 millones.

El 2 de abril de 2016 el abogado catalán Manuel Vázquez, apodado “el gallego”, se convertía en el primer español arrestado por corrupción política en Argentina, por los sobornos y sobreprecios de la operación realizada en 2005.

Vázquez era la “mano derecha” del por entonces ministro de transportes argentino, Ricardo Jaime (también detenido) y a su vez montó la consultora Controles y Auditorías Especiales de Argentina (Cyaes), con sede en Buenos Aires y en Madrid. Fue a través de su empresa que habría intervenido en las negociaciones que llevaron a la compra de un material declarado prácticamente “inservible”.

“Obtuvo beneficios para sí y para terceros en el marco de su intervención como asesor del organismo en las gestiones vinculadas a la suscripción de los contratos”, sentenció la Justicia argentina.

En el caso de Ricardo Jaime, la Justicia indicó que “de las constancias del expediente surge que los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real, lo que hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal”.

Los sobornos habrían alcanzado los dos millones de euros. La mayoría de aquellos trenes viejos no pudieron ser utilizados nunca y los Talgo III, pintados a nuevo, debido a la falta de mantenimiento solo transitaron durante un tiempo a una velocidad máxima de 76 kilómetros por hora.

23.2.2018

En un claro acto de machismo por parte de las fuerzas de seguridad, ya que el varón no fue arrestado y al parecer pertenece a la fuerza, mientras que la mujer al ser detenida fue separada de su hijo.

La policía detuvo a una mujer que se encontraba junto a su hijo discutiendo con su pareja en la calle. El hecho ocurrió en el barrio de Villa Urquiza, en las inmediaciones donde se realizaba la Asamblea de Mujeres para organizar el 8M. Inmediatamente que la asamblea tuvo conocimiento de lo sucedido, quedó suspendida la reunión y se dirigieron hacia la comisaría para solidarizarse con la mujer detenida arbitrariamente.

“Estaba esperando a una compañera y vi que venía una chica llorando, en un estado de nerviosismo y angustia reclamándole a un hombre que venía caminando al lado de ella, que porque siempre se tenía que hacer cargo sola del nene. Vi que venían dos policías caminando al lado, y no entendía la situación. Los seguí y se metieron en la comisaría. Resulta que el hombre alto al que ella le reclamaba tiene handy de la policía. Se sentó en el banco, siguió llorando y reclamando, y yo le pregunté a una mujer policía ¿la vas a atender vos? Al principio no me prestaron atención y luego vinieron dos mujeres policías que se la llevaron. Y eso fue lo último que yo vi. No llegamos a hablar con ella e inmediatamente fuimos a pedir ayuda, fue una situación muy rápida”,comentó Mariana testigo de los hechos.

La situación es un claro ejemplo de machismo por parte de las fuerzas de seguridad, ya que el varón no fue arrestado y al parecer pertenece a la fuerza, mientras que la mujer al ser arrestada fue separada de su hijo.

22.2.2018

Por Daniel Satur

Son 36 unidades compradas por Macri en 2011 al Metro de Madrid. La AGTSyP se negó a seguir usándolos luego de que la empresa española reconociera que uno de sus operarios sufre de Asbestosis.

Desde este martes dejaron de circular los trenes modelo “CAF 5000” de la Línea B del subte de Buenos Aires. Según informaron los propios trabajadores, nucleados en la AGTSyP, la medida fue comunicada por Metrovías a los trabajadores ayer a la tarde.
En un artículo difundido el mismo lunes a la mañana desde el sindicato se informaba que “un empleado del Metro de Madrid enfermó de un tipo de cáncer conocido como Asbestosis, provocado por la exposición al amianto presente en trenes idénticos a los que circulan en la línea B”. En ese marco, la empresa española le reconoció la “enfermedad laboral” al operario. Y que si bien los especialistas “aseguran que no hay riesgo para los pasajeros”, es innegable el peligro de manipular ese material (sobre todo sin una capacitación previa), que está prohibido tanto en España como en Argentina.
En la Línea B circulaban hasta ayer 36 coches “CAF 5000”, que vienen de fábrica con un componente eléctrico que contiene el material cancerígeno. La información sobre lo ocurrido en el Estado Español había sido difundida hace varios días por los diarios más importantes de ese país, lo que provocó la alarma entre los trabajadores del subte porteño.
Este martes, a través de un comunicado titulado “Urgente: CAF 5000”, la Secretaría de Organización y Encuadramiento de la AGTSyP le informó a los trabajadores y las trabajadoras del subte que, “en adelante, ningún trabajador del Subte deberá tocar ni subirse a los coches CAF 5000”. Aclara el comunicado que la decisión es producto de que “tomara estado público la presencia de asbesto en dichos trenes y el reconocimiento del Metro de Madrid de que la operación de estos coches provocó cáncer a trabajadores”.
A su vez la AGTSyP informó que su Secretaría de Salud Laboral “está preparando las denuncias y el pedido de explicaciones ante la empresa, Sbase y los organismos correspondientes”.
Los trenes CAF 5000 fueron adquiridos en 2011 por la administración del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. La compra, de “segunda mano”, la realizó la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) precisamente al Metro de Madrid. Esos coches comenzaron a circular en la línea B a mediados de 2013.
Según informan los propios trabajadores del subte, “todos los coches comprados pertenecen a la primera subserie, la más antigua de todas, que data de mediados de los 70. Se trata de unidades reostáticas, con control de tracción tradicional, una tecnología ampliamente superada, y rápidamente abandonada por las siguientes subseries fabricadas para Madrid”. Y agregan que “durante buena parte de 2017 la flota estuvo fuera de servicio debido a razones de seguridad operativa e inconvenientes técnicos relacionados con los frenos”.
Hasta donde se sabe, en Madrid aseguran que la presencia de asbesto en los coches no representa riesgos para los pasajeros, pero que sí existe peligro para el personal encargado del mantenimiento de esos coches, al estar más expuestos al contacto con el material. De hecho existen normas que obligan a capacitar especialmente a ese personal para manipularlo.
El caso de un trabajador enfermo en el Estado Español encendió las alarmas en Buenos Aires. La central sindical Comisiones Obreras de aquel país ya reportó la existencia de un segundo empleado con el mismo tipo de enfermedad y ya se sospecha de un tercero.