Red de radios

3.1.2018

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, los equipos de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y la secretaría de Transporte porteña presentaron la propuesta de readecuación tarifaria, a tratarse en audiencias públicas durante 2018.•TAXISLos taxis pasarán a tener una bajada de bandera diurna de $32,60 y la ficha $3,26, mientras que de noche costará $39,10 y $3,91 respectivamente.

•ESTACIONAMIENTO MEDIDO

La nueva modalidad establece el reemplazo de las tickeadoras actuales por 2.200 terminales y la posibilidad de pagar, renovar y encontrar lugar desde el celular. Con el nuevo sistema de estacionamiento regulado, 78% (284 mil aprox.) de los lugares para estacionar continuarán siendo gratuitos, mientras que 22% (80 mil aprox.) serán pagos.

La hora de estacionamiento medido pasará de $8 a $10. Habrá 3 tipos de tarifas en base a la demanda de cada zona: progresiva 1, progresiva 2 y sencilla. Esto no se implementará en el corto plazo, sino recién cuando entre en vigencia el aumento.

Las nuevas terminales, que estarán en funcionamiento en el segundo semestre, serán 100% electrónicas, permitirán el pago con tarjeta de crédito, débito y SUBE y se reemplazará el ticket en papel -que ya no deberá ser exhibido en el parabrisas- por una factura digital.

Además, tendrán tres características principales: multipropósito, ya que permitirán también el pago de servicios y la carga de SUBE, entre otros; multiespacio, de modo que no importará la distancia a la que se encuentre el vehículo, sino que se podrá utilizar cualquier terminal para renovar el lugar; y autónomas, ya que funcionarán con energía solar.

•VTV Y ACARREO

Las tarifas de la verificación técnica vehicular (VTV) y el acarreo también tendrán modificaciones. En el primer caso, pasará de $802 a $931 para automóviles y de $301 a $348 para motos. El acarreo pasará de $750 a $950.

•SE SUMAN A SUBTES

Estos incrementos se suman al aumento en la tarifa de SUBTES anunciado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en conferencia de prensa.

El precio del pasaje será de $11 en abril y de $12.50 a partir de junio y se mantiene la tarifa escalonada que beneficia a los pasajeros frecuentes: quienes realicen más de 41 viajes en abril pagarán $6,60.

De 1 a 20 viajes pagarán $11; entre 21 y 30, $8,80; de 31 a 40 viajes, $7,70; y de 41 viajes en adelante, $6,60. El Premetro costará $4. También se mantienen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, y para personas con discapacidad y el boleto estudiantil, así como los abonos maestro ($240) y estudiantil ($120 para alumnos de escuelas secundarias y terciarias).

Con el nuevo sistema multimodal Red SUBE, a través de la tarjeta SUBE, en el primer viaje se pagará el valor total del pasaje. En el 2do viaje, se aplicará un 50% de descuento y, a partir del 3er viaje, se aplicará un descuento del 75% en cada viaje. Se podrá realizar hasta cinco trasbordos en un lapso de 120 minutos y el descuento se aplicará directamente sobre el saldo de la tarjeta SUBE.

La tarifa social será de $6 en abril y de $7 en junio.

2.1.2018

Por segundo año consecutivo el porcentaje de morosidad en el pago de las expensas alcanzó en Buenos Aires a casi el 20% de las unidades funcionales: unas 600.000. Cifra que duplica el porcentaje considerado habitual, según registros de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), informa La Nación.

Esta alza de la morosidad redunda en un desfinanciamiento de los consorcios y en la desatención del mantenimiento general del edificio y sus servicios: ascensores, calderas, instalaciones contra incendios, conservación de fachadas y balcones, entre muchos otros. En algunos casos, además, se incumplen obligaciones como el pago de las cargas sociales de los encargados.
Adrián Hilaraza, responsable de prensa y difusión de AIPH alertó que "Estamos en zona de riesgo. Con el aumento de la morosidad, las reparaciones se van postergando, el mantenimiento decae y el edificio envejece prematuramente. Además, aumenta la probabilidad de un siniestro y de que el seguro no pague ante la presencia de irregularidades en las obligaciones del consorcio".
La morosidad creció junto con el sostenido aumento de las expensas. Y estas se vienen encareciendo debido a una serie de causas: los altos salarios de los encargados, el alza de muchos servicios y la responsabilidad que el Estado delegó en los consorcios de ejercer distintos controles.
Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Estadística y Censos porteña, en octubre el costo promedio de las expensas que pagó una familia tipo fue de $ 1640, un 28% más que en octubre de 2016 y el doble que dos años antes.
En Buenos Aires hay alrededor de 100.000 consorcios, que representan el 74% de las viviendas, en las que viven unos dos millones de personas. "Desde 2001 que no se registraba una morosidad como la de hoy", consideró a La Nación Gonzalo de Durand.
La tasa de morosidad es dispersa en función de los barrios y tamaños de las unidades, y mientras en algunos edificios es nula, en otros es muy alta. Según los registros de AIPH, se observa una mayor morosidad en edificios de la zona sur de la ciudad y con pocas unidades, lo cual encarece las expensas.
La actual obligación de los consorcios de verificar por su cuenta el estado de los servicios y de la infraestructura edilicia es una de las causas del sensible aumento de las expensas en los últimos años.
"Desde que el macrismo asumió el gobierno porteño, en 2007, tendió a tercerizar los controles del Estado y que estos quedaran a cargo de los consorcios", explicó Sergio Abrevaya, legislador porteño por GEN.
"Se pagan cosas increíbles: ¿por qué cada seis meses hay que revisar el tanque de agua, si está sellado. Con los matafuegos pasa lo mismo: ¿por qué se exige una verificación anual si la carga del matafuego dura dos años? La respuesta es que hubo un lobby de alguna cámara", denunció Abrevaya.
Por ejemplo, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) exige a los consorcios la verificación periódica de ascensores, instalaciones contra incendios, fachadas y calderas. Para tales fines el consorcio debe pagar profesionales habilitados por los consejos profesionales con habilitación oficial, quienes emiten una constancia de verificación técnica. Sin embargo, en algunos consorcios estos controles no se efectúan y los servicios funcionan hasta que un propietario realiza una denuncia o se produce un siniestro. En la AGC explicaron que cuando se detecta que un consorcio no cumple con los controles exigidos, se le envía un inspector.
Se calcula que alrededor de un 20% de las expensas se destina al cumplimiento de normas de mantenimiento. "Cuando la plata no alcanza el consorcio puede pedir una prórroga para cumplir con las obligaciones de control. Pero en otros casos elige «tirarse un piletazo» y tratar de pasar desapercibido", explicó Hilaraza.
Debido al empobrecimiento de muchos consorcios, cada vez son menos aquellos que cuentan con un fondo de reserva destinado a enfrentar contingencias vinculadas al mantenimiento del edificio, y en muchos sólo se están atendiendo las emergencias impostergables. Esta falta de recursos impide a numerosos consorcios hacer auditorías contables a las administraciones con el fin de optimizar los gastos.
"En épocas inflacionarias los consorcistas son reticentes a solventar cada mes un fondo de reserva porque la plata se deprecia. Pero cuando se carece de ese fondo y de pronto surge una emergencia, el valor de las expensas se dispara vertiginosamente. Un consorcio sin fondo es peligroso", explicó Hilaraza, y calculó que para poner al día un edificio que sufrió una desinversión durante tres o cuatro años luego debe invertirse el triple de plata y tiempo.
 

31.12.2017

Ayer por la tarde se realizó un acto en Plaza de Mayo al cumplirse 13 años de la Masacre de Cromañón, donde perdieron la vida 194 jóvenes tras un incendio durante un recital de la banda Callejeros. “La memoria que impulsamos no es memoria en el vacío, es memoria en situación”, se escuchó durante la lectura del documento conjunto, a través del cual se insistió en que “justicia es que no se repita” y se hizo hincapié en hechos actuales, como la Masacre de Pergamino, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. También se entregó el reconocimiento “Aprendemos luchando” a familiares de víctimas de otras masacres, de femicidio y de gatillo fácil. Compartimos el documento.

Durante el acto, se reconoció la lucha y el compromiso de familiares de otras víctimas así como de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Aprendemos luchando” -una reproducción en papel de uno de los murales que está en la Estación Once-30 de diciembre, con unas palabras, y un ejemplar del libro Pensar Cromañón– se entregó a Vanesa y Mónica, hermana y mamá de Luciano Arruga; VaninaKosteki y Alberto Santillán, hermana de Maxi y papá de Darío, asesinados en la Masacre de Avellaneda; Alberto Lebbos, papá de Paulina, víctima de femicidio; Celeste Lepratti, hermana del Pocho, asesinado en Rosario en diciembre de 2001; Paolo Menghini, papá de Lucas, quien murió en la Masacre de Once; Gabriel Colautti, referente de Familiares de víctimas de la inundación de La Plata ocurrida en el 2013; Angélica Urquiza, Emilia Vasallo e Inés Alderete, mamás de Jonathan “Kiki” Lezcano, Pablo Sebastián Alcorta y Marcos Sebastián Acuña, respectivamente, todas víctimas de gatillo fácil; Laura Ginsberg, referente de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); Oscar Castelucci, cuyo hijo Martín fue asesinado por un patovica en un boliche de Lanús; Raúl Buganem, papá de Leandro, quien falleció en la Masacre de Kheyvis; y familiares de la Masacre de Pergamino, donde 7 personas privadas de su libertad murieron asfixiados y quemados en una comisaría de dicha localidad. Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen -Madres de Plaza de Mayo- fueron reconocidas por su pelea incesante.

Si bien por distintos motivos no todos pudieron asistir, fue un momento de emoción, donde todas las luchas quedaron hermanas y por las cuales siempre se exigirá “ni olvido ni perdón”.

Finalizado el acto la columna marchó hacia el barrio de Once, donde funcionaba “República Cromañón”.

DOCUMENTO CONSENSUADO A 13 AÑOS DE LA MASACRE DE CROMAÑON

NINGUNA VIDA SE OLVIDA/EL ESTADO ES RESPONSABLE

Hace ya 13 años, nuestras vidas se partían, ante la masacre que nos dejó sin 194 seres queridos, la mayoría jóvenes, y provocó sufrimientos físicos y psíquicos que aún perduran en miles de sobrevivientes y familiares.

Desde el comienzo dijimos: EL ESTADO ES RESPONSABLE. Denunciamos tanto en las movilizaciones, como ante el Poder Judicial y la Legislatura, la connivencia estatal empresarial para crear las condiciones que provocaron Cromañón, y a la vez intentar el pacto de impunidad posterior para sus responsables.

Nos movilizamos poniéndole el cuerpo al Juicio Político, que llevó a la justa destitución de Aníbal Ibarra, y a los juicios penales, que lograron condenas siempre insuficientes pero a la vez, inéditas en relación con los funcionarios públicos, en un país marcado por la corrupción. Logramos condenas tanto de Chabán y su secuaz Villarreal, como de policías, los músicos empresarios y 4 altos funcionarios del gobierno porteño; posteriormente la condena de Levy, dueño del boliche y conocido empresario de la noche. Procesos que costaron años de paciencia, movilización, encuentro con otrxs luchadores, decepciones y aprendizajes.

Pese a estos resultados, aprendimos que nada devuelve las jóvenes vidas ni da marcha atrás en el tiempo, por tanto para nosotrxs el logro mayor sería la justicia en un sentido más amplio, es decir la no repetición de la corrupción que mata. Por eso decimos: JUSTICIA ES QUE NO SE REPITA.

Como parte de la lucha, sostenemos el NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS. Cada día tenemos presentes a quienes no están. Ninguna vida se olvida, pero hoy en particular, pretendemos detenernos, reflexionar, desmembrar juntxs el dolor. Pensar qué significa Cromañón, más allá del hecho: la desidia, la corrupción en su grado más descompuesto, el desprecio por la vida, la impunidad del poder, la consideración de lxs jóvenes como desechables.

La memoria que impulsamos no es memoria en el vacío, es memoria en situación. Y la situación por la que pasamos como pueblo, es de mucho dolor y preocupación.
En este sentido, uno de los discursos del macrismo frente a las elecciones, fue el combate a la corrupción. Sin duda, un discurso difícil de sostener, para un gobierno que cuenta entre sus representantes con directores ejecutivos de empresas extranjeras, con altos funcionarios con cuentas en el exterior y sociedades off shore. A poco de asumir, el escándalo por las sociedades en paraísos fiscales incluyó al propio presidente. Poco quedó del discurso anti corrupción. Quienes formamos parte del universo de luchadores por justicia, repudiamos la utilización de la Masacre de Cromañón como estandarte anticorrupción del actual gobierno, como en más de una oportunidad han pretendido instalar públicamente. LA CORRUPCIÓN MATA, decimos, sea de uno u otro gobierno.

Como contrapartida, el conjunto de nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de políticas de ajuste que golpean particularmente a los más desposeídos, y crean las condiciones para estallidos de violencia. Ajuste que sólo se sostiene con represiones como las que hemos vivido en los últimos meses: golpes y cárcel a comunicadores y manifestantes, allanamientos, gases lacrimógenos, balas, causas armadas. Manifestaciones que se convierten en encerronas por el accionar de las fuerzas de seguridad; leyes que se aprueban en el marco de balazos, patrulleros y carros hidrantes, contradiciendo los principios mismos de la democracia. Un poder legislativo que se muestra sordo ante el clamor de miles en las calles y sanciona leyes regresivas que afectarán nuestras vidas a corto, mediano y largo plazo.

En este año la lógica Cromañón llevó a la muerte de 7 jóvenes, 7 personas privadas de su libertad, hacinadas en una comisaría, y sin condena, en Pergamino. La versión oficial repetida hasta el cansancio por grandes medios es la de amotinamiento, la de pelea entre presos. Pero los mensajes de texto que quedaron grabados en los teléfonos de sus familiares dicen: “Mamá vení rápido que nos mata la Policía”. Los cuerpos de los jóvenes hablan, dicen que los dejaron morir, dicen que se desesperaron por sobrevivir, dicen que desde antes, sus vidas ya no valían para el poder. Para nosotrxs sí, y decimos sus nombres: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. JUSTICIA POR LA MASACRE DE PERGAMINO, abrazo a los familiares! EL ESTADO ES RESPONSABLE

Este año también, en situación del accionar ilegal de fuerzas represivas del Estado, apareció muerto Santiago Maldonado. Miles de personas lo buscábamos, ante la coraza mediática de la ministra de Seguridad. Cuando apareció, más de un discurso oficial pretendió culpabilizar a las comunidades mapuches que Santiago acompañaba solidariamente. Nosotros decimos: JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO, abrazo a los familiares. EL ESTADO ES RESPONSABLE.

El 25 de noviembre, en un operativo de Prefectura Naval en Villa Mascardi, Bariloche, donde las fuerzas represivas tiraron con balas de plomo, fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, “Rafita”, de 22 años. Otra vez otra muerte joven. Otra vez las versiones de culpabilización de las víctimas. JUSTICIA POR RAFAEL NAHUEL. Abrazo a los familiares. EL ESTADO ES RESPONSABLE.

La desaparición del Submarino ARA San Juan vuelve a poner en evidencia el funcionamiento perverso de la maquinaria estatal que deja sin respuesta a 44 familias que necesitan verdad y justicia.

Somos familiares, sobrevivientes y amigxs de las víctimas de la masacre; como tales caminamos las calles, junto a muchxsotrxs, y denunciamos públicamente cada vez que la lógica Cromañón irrumpe. Denunciamos al Estado con la independencia y la claridad conceptual de hacerlo desde la sociedad civil porque entendemos que sólo de esa forma se puede defender con solidez a nuestrxspibxs. Y porque NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS, tampoco participamos de este estado responsable de tronchar vidas. Al estado, siempre, lo interpelamos.
Con la misma intención crítica, repudiamos el otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas de la última dictadura cívico eclesiástico militar, así como el intento, detenido por la movilización, de otorgar el beneficio del 2 x 1. Semejante aberración hubiera acortado el camino del olvido de quienes, desde el gobierno, apuestan a la desmemoria tanto de la impunidad de ayer como de la de hoy. NO A LA IMPUNIDAD DE AYER NI DE HOY, EL ESTADO ES RESPONSABLE.

A 13 años de la Masacre de Cromañon y con la memoria intacta, recordamos a quienes no están, por nosotrxsmismxs y por quienes vendrán.

BASTA DE MUERTE JOVEN EVITABLE
BASTA DE IMPUNIDAD
JUSTICIA ES QUE NO SE REPITA
LXS PIBES DE CROMAÑON PRESENTES AHORA Y SIEMPRE

29.12.2017

Por Movimiento Etiopía

Entre las actividades que se realizarán el sábado 30/12 se destaca la organizada por Sobrevivientes, y amigos y familiares de las víctimas autoconvocados, agrupación que considera que el incendio del boliche de Once fue un crimen social y que trabaja para que no se repitan sucesos similares.

El 30 de diciembre de 2004, poco antes de las 23 horas y a metros de la estación de Once, el incendio del boliche Cromañón se cobró la vida de 194 personas y afectó fuertemente a los cerca de cuatro mil sobrevivientes, al punto que más de quince de ellos se suicidaron tras no recibir apoyo psicológico adecuado por parte del Estado.

A trece años de una fecha tristemente histórica para la Argentina, se realizarán este sábado varios actos conmemorativos, entre los cuales se diferencia el organizado por la agrupación Sobrevivientes, y amigos y familiares de las víctimas autoconvocados, que no se limita a homenajear y recordar a las víctimas, sino que denuncia que Cromañón no fue una tragedia, sino un crimen social: esto significa que sucedió por negligencia de distintas estructuras del Estado y que no es casual que las víctimas pertenecieran a los sectores sociales más oprimidos.

Entre las causas que originaron el crimen social de Cromañón, explican, se incluyen las deficientes condiciones de seguridad bajo las que funcionaba el boliche regenteado por Omar Chabán. Esa noche, las puertas de emergencia se encontraban cerradas con candados, había mediasombras colocadas ilegalmente en el techo, ausencia de ventilación y escaleras en lugares indebidos. Si Cromañón abrió sus puertas a pesar de esas graves violaciones a las normas, aseguran, fue gracias al comprobado pago de coimas a policías, bomberos e inspectores de la ciudad, que evitaron la clausura del boliche.

La organización además señala a Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, como responsable político de Cromañón, ya que ignoró las alertas que le advertían del riesgo inminente en el que estaban varios boliches porteños. Pese a eso, Ibarra resultó sobreseído y jamás fue citado a declarar.

“Lo que Cromañón vino a poner al descubierto es la matriz asesina que determina el sistema de explotación y desprecio por la vida humana en el que nos obligan a vivir. En este sistema capitalista, las ganancias económicas están por sobre las vidas de las personas”, explica Matilde, una de las referentes de la organización. “Nos reunimos parea seguir exigiendo justicia y para denunciar que, en tanto el capitalismo sea la lógica que determina las relaciones humanas, los Cromañones seguirán sucediendo”, agrega Débora, sobreviviente del crimen.

La jornada cultural de memoria y resistencia comenzará a las 13 hs. en el Santuario de Once (ubicado en Mitre 3070). A partir de las 15 habrá una radio abierta en la que se visibilizarán distintas injusticias sociales que son ignoradas por los medios masivos de comunicación; y, a partir de las 18, la organización convoca a marchar hacia Plaza de Mayo.

28.12.2017

El SiTraJu denunció el intento de imponer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para destruir 300 cargos. El plenario del Consejo de la Magistratura que lo iba a tratar no se realizó por las medidas de fuerza del gremio. Van al paro el viernes.

El Poder Judicial no es ajeno a los tiempos de ajuste que corren. En medio del Pacto Fiscal que ahoga a la mayoría de los distritos y de un ataque deliberado del Gobierno y su conjunto cercano de medios hacia los empleados judiciales, llegaron las intenciones de reducción de puestos de trabajo.

Es que en momentos en los que el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju-CABA) reclamaba la reapertura salarial para tratar, entre otros temas, “la licencia por violencia de género, por las confirmaciones en los cargos interinos, por el pase a planta de los/as contratados”, el Consejo de la Magistratura, a pedido del oficialismo, lanza un agresivo plan de achique.

Desde el gremio ya habían realizado tres paros sin concurrencia (con más de un 90% de acatamiento), cuatro ceses de actividades y cuatro movilizaciones (al Congreso de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la CABA), denunciando la injerencia directa de Cambiemos en el Poder Judicial.

En ese contexto, el viernes 22 de diciembre, el Consejo de la Magistratura intentó tratar en su reunión plenaria una “plan” de ajuste que “por primera vez en su historia institucional”, pone en riesgo centenares de puestos de trabajo a través de dos figuras: “El Retiro Voluntario y la Jubilación compulsiva”

El Plenario no se pudo desarrollar por la movilización sindical, pero desde el gremio que lidera Vanesa Siley advirtieron: “seguimos en estado de alerta”.

“Por primera vez terminaremos el último día del año de paro, con las afectaciones que dicha medida implica para el justiciable”, explicaron los judiciales, en una carta abierta que circuló ayer.

“Será el último paro del año, pero no de la lucha, que deberá encontrarnos en febrero más unidos que nunca”, concluyeron desde el gremio que cree que Cambiemos, a través del Consejo de la Magistratura volverá a la carga en pos de reducir puestos de trabajo en el futuro cercano.