Red de radios

27.1.2017

En conferencia de prensa, desarrollada en la sede de la APDH, trabajadores de la Agencia Télam estatal junto a más de 50 organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos denunciaron espionaje ilegal e intimidación por parte de un móvil de la Policía de la Ciudad sin identificaciones a la vista. Los “confundieron” con militantes sociales, intentaron explicar desde el Gobierno porteño.

En ese contexto, la referente de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, aseguró que “estamos viviendo una escalada represiva. Es un estado de excepción”.

Añadió que “cotidianamente se suman en el porcentaje de heridos en manifestaciones cada vez más personas que están sacando fotos”. Al respecto, puntualizó que “la policía no quiere que registren su accionar ilegal”.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos del SiPreBA, Tomás Eliaschev, indicó que “el gobierno dijo que se acababa la guerra contra los medios, pero empezaron una guerra contra los trabajadores de prensa, 3000 perdieron su trabajo”.

El dirigente consignó que “en 2017 hubo 35 periodistas y fotógrafos heridos con balas de goma y 11 detenidos, la policía ataca a la prensa”.

Por su parte, el delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Esteban Giachero, denunció que la Agencia Télam comete censura “y no quiere cubrir la persecución policial contra periodistas de la Agencia”.

Al respecto, luego de la conferencia de prensa, la Comisión Gremial Interna dio a conocer “Lecciones prácticas sobre la pluralidad de voces en la agencia Télam”, que compartimos a continuación:

La Comisión Interna precisó que “más de 50 organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos repudiaron la intimidación que sufrió, el miércoles, un equipo periodístico de Télam durante la cobertura de una marcha de Barrios de Pie y en la que un policía siguió los movimientos de sus compañeros creyendo que se trataba -según reconoció- de militantes de la organización que se manifestaba”.

“Nos confundimos”, balbuceó, a modo de “explicación”, un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asistió a la sede de Télam y ofreció un descargo periodístico. Sin embargo, el cable que reflejaba la conferencia en la que se expresó la denuncia -reconstruida por un redactor de la agencia- y la respuesta policial -también contenida en su cable- no fueron despachadas al servicio. El Gerente Periodístico, Daniel Capalbo, emitió en su reemplazo -y luego de más de una hora de deliberaciones- un cable con el que dio por “aclarado” el episodio y publicó la desmentida de la denuncia pero no la denuncia. Un clásico de la “pluralidad de voces”.

Al mediodía, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, trabajadores de Télam afectados por el episodio y otras organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para repudiar el hecho. “Se trata de un acto de presión a la prensa o de espionaje a la protesta social. En cualquier caso tiene una profunda gravedad”, expresó el delegado de Télam, Esteban Giachero, en la conferencia de prensa. La palabra del delegado no fue consignada, desde ya, en el cable de Capalbo. La pluralidad no alcanza a los representantes sindicales.

La agencia Télam, por decisión de Capalbo, decidió no cubrir la conferencia de prensa, ni con un cronista, ni con un fotógrafo ni con un equipo de Audiovisuales. Contraria fue la posición de la TV Pública, bajo la misma dirección política, que sí realizó la cobertura del hecho. La pluralidad de voces tampoco alcanza a todos los hechos.

“Más allá del burdo episodio, se trata de un acto que revela la voluntad de disciplinar la protesta social”, dijo la abogada María del Carmen Verdú (Correpi). Su palabra tampoco fue reflejada por Télam.

La denuncia del SPreBA, que Télam eligió desconocer (cuando debía, al menos, solidarizarse y ponerse a disposición de sus trabajadores), cobró una fuerte repercusión pública. Obligado por ese contexto, el subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, Juan Pablo Arenaza, se acercó a Télam para ofrecer una suerte de descargo periodístico.

Luego, al salir del edificio, Arenaza repitió la teoría de la confusión ante los delegados de Télam. Ya no hubo en su relato un móvil no identificado de la policía custodiando una protesta social sino dos. “El policía de civil no seguía a Barrios de Pie ni a los trabajadores de Télam; seguía a otro móvil policial pero se confundió”, especuló, a pesar de que el móvil de Télam estaba ploteado con un colorido banner identificatorio.

La empresa, mientras tanto, no se solidarizó con sus trabajadores, lo que implica que concibe que no hubo motivo para solidarizarse.

A modo de ejercicio pedagógico de cómo se expresan TODAS las voces en el servicio, y así aprendemos de una buena vez a ejercitar la pluralidad de voces que nos enseñan nuestros funcionarios, reproducimos el texto escrito por el redactor (no publicado) y la “corrección” del funcionario.

Agradecemos la lección.

 

CABLE ORIGINAL DEL REDACTOR:

SIPREBA-DENUNCIA

 

SiPreBA denunció “seguimiento” y el gobierno porteño atribuyó el hecho a una “confusión”

El sindicato de prensa SiPreBA y organizaciones de derechos humanos y sociales denunciaron hoy que periodistas de Télam fueron seguidos por un móvil policial sin identificación, después de cubrir una marcha de Barrios de Pie el miércoles último, en un hecho que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño atribuyó a una “confusión”.

 

“El hecho es grave, se trate de un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha” de Barrios de Pie, dijo a esta agencia Esteban Giachero, integrante de la Comisión Interna de de Télam-SiPreBA, consultado tras una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la sede de la APDH, en Callao al 500.

Sobre los hechos denunciados, el subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, Juan Pablo Arenaza, señaló a su vez que se trató de un “lamentable malentendido” policial y que se ponía “a disposición de Télam para aclararlo”.

“Nosotros en ningún caso hacemos espionaje o este tipo se seguimiento”, dijo Arenaza a Télam y precisó que, aunque consideran que el episodio se debió a una “confusión” del policía que intervino, “se abrieron dos expedientes en el área de Transparencia de la Policía de la Ciudad, para investigar a fondo lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, valoró “los testimonios de los trabajadores de prensa y la solidaridad de SiPreBA”, al exponer en la rueda de prensa de la que también participaron María del Carmen Verdú (Correpi) y María Elena Naddeo (APDH), entre otros.

“Entendemos que hay una escalada represiva en el borde del estado de derecho y que estamos frente a un hecho ilegal y torpe. Llamamos a los funcionarios de los gobiernos nacional y de la ciudad a que cesen estas prácticas que, lejos de resolver la conflictividad social, la van agravar”, añadió.

Según relataron los trabajadores involucrados en el incidente, después de realizar la nota sobre la protesta de Barrios de Pie cerca del Congreso se alejaban por avenida Rivadavia en un móvil de Télam cuando advirtieron que los seguía otro auto.

Tras frenar en dos ocasiones para constatar el seguimiento, el otro vehículo se les puso a la par y quien lo conducía -sin identificación policial visible, igual que el auto- se presentó como integrante de la Policía de la Ciudad de la Comuna 4 y les preguntó si eran miembros de Barrios de Pie.

“Le informamos que éramos periodistas de la agencia de noticias Télam y se retiró”, puntualizaron en una nota mediante la cual informaron a sus jefes sobre lo sucedido al retornar a la empresa.

Fuentes policiales y ministeriales dijeron que el policía implicado en los hechos creía seguir a un vehículo policial sin identificación, de características similares al de Télam.

 

CABLE PUBLICADO EN SU REEMPLAZO POR EL GERENTE PERIODÍSTICO:

EL GOBIERNO PORTEÑO ASEGURÓ QUE NO HIZO SEGUIMIENTO A PERIODISTAS DE TÉLAM

Buenos Aires, 26 de enero (Télam)

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño aclaró hoy que se trató de un “malentendido” un episodio registrado el miércoles último en el que periodistas de la Agencia Télam fueron seguidos por un móvil policial sin identificación después de cubrir una marcha de Barrios de Pie.

El subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad de aquel ministerio, Juan Pablo Arenaza, visitó al directorio de Télam y la redacción de la agencia para brindar explicaciones sobre este hecho, que el Sindicato de prensa SiPreBA y organizaciones de derechos humanos y sociales atribuyeron hoy, en una conferencia de prensa, a “un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha”.

“Nosotros en ningún caso hacemos espionaje o este tipo se seguimiento”, dijo Arenaza a Télam y precisó que, aunque consideran que el episodio se debió a una “confusión” del policía que intervino, “se abrieron dos expedientes en el área de Transparencia de la Policía de la Ciudad para investigar a fondo lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, valoró “los testimonios de los trabajadores de prensa y la solidaridad de SiPreBA” al exponer en la rueda de prensa de la que también participaron María del Carmen Verdú (Correpi) y María Elena Naddeo (Apdh), entre otros.

Según relataron los trabajadores involucrados en el incidente, después de realizar la nota sobre la protesta de Barrios de Pie, cerca del Congreso, se alejaban por avenida Rivadavia en un móvil de Télam cuando advirtieron que los seguía otro auto.

Tras frenar en dos ocasiones para constatar el seguimiento, el otro vehículo se les puso a la par y quien lo conducía -sin identificación policial visible, igual que el auto- se presentó como integrante de la Policía de la Ciudad de la Comuna 4 y les preguntó si eran miembros de Barrios de Pie.”Le informamos que éramos periodistas de la agencia de noticias Télam y se retiró”, puntualizaron. Fuentes policiales y ministeriales dijeron que el policía implicado en los hechos creía seguir a un vehículo policial sin identificación de características similares al de Télam.

 

Comisión Gremial Interna de Télam

26.1.2018

Por Mariano Pedrosa

La protesta pacífica por el despido arbitrario de cinco trabajadores dio lugar a que el gobierno porteño, a través del director del Canal de la Ciudad, despidiera a otras 19 personas, sin más explicación que la de haber participado de una acción gremial. Lo hicieron a través de un mail, cuyo asunto era “Lunes 8: consecuencias”, en referencia a la permanencia pacífica que por unas horas habían realizado los trabajadores.

El despido por haber sido parte de una acción gremial fue acompañado por el cierre, hasta ahora temporario, del canal. Excepto los directivos, ningún trabajador –despedido o no– puede entrar. Hace nueve días que el único canal público de la ciudad de Buenos Aires repite contenidos, no tiene programas en vivo, no graba ni produce.

El jueves cerca del mediodía, los veinticuatro despedidos se paran frente a la persiana baja del canal de la Ciudad para mostrar que no bajan los brazos y aún están confiados en que “prime la racionalidad” que hasta ahora ha faltado. Miembros del Consejo Directivo de ATE, del Sipreba (el sindicato de prensa), del Satsaid (el de Televisión) y de la Defensoría de la Ciudad los acompañan en Guardia Vieja y Agüero.

Para poner un contexto, es necesario explicitar que el 90% de los que desempeñan tareas en el canal se encuentra empleado con contratos basura que tienen que renovar cada tres, seis o doce meses. Esta situación de precarización es la regla en todo el tiempo que el Pro lleva gobernando la ciudad.

El gobierno de Rodríguez Larreta, frente a los reclamos para terminar con la precarización laboral, responde con despidos lisos y llanos, y por mail. Sin indemnizaciones ni reconocimiento por el trabajo realizado. No esconde el motivo, a pesar de su patente ilegalidad, la explicación que encuentran los despedidos es que “buscan aleccionar”.

Mariana, por ejemplo, es productora desde hace más de siete años en el canal, se desempeñó en diferentes programas, muchos de ellos premiados, y en el último año era la responsable de La Agenda de Buenos Aires en su versión televisiva. También fue electa delegada de ATE capital por sus compañeros en la asamblea. Nada de esto impidió que fuera incluida en la lista de despedidos.

Mariana cuenta que “el director suspendió el diálogo hace unos tres meses. Decidió que no iba a hablar más con nosotros de todos los conflictos gremiales, y esa resolución fue tremenda, porque nos dejó sin interlocutores. Queríamos, y queremos, dialogar pero no tenemos con quien.”

A partir de la decisión de Eduardo Cura, director del canal, los trabajadores exigieron a través de diferentes actividades que él como funcionario se hiciera cargo de atender a los empleados del lugar que él dirige. “Es una responsabilidad que viene con el cargo. Sin embargo, nunca nos volvió a atender y, además, decidió que sus gerentes despidieran arbitrariamente a cinco personas. La mayoría de las veces adujeron que lo hacían porque la orden venía de arriba, que el despido no tenía que ver con su trabajo, es decir: sin causa. En otros casos con causas vagas, como que no daban con el perfil”.

La respuesta de la asamblea del canal frente a los despidos fue una permanencia pacífica el lunes 8. Como quedó registrado, continúa Mariana, “durante esa acción no hubo ningún tipo de incidentes. Era para pedir la reincorporación de los despedidos o, al menos, que se reviera en un ámbito oficial cada caso. Pero a los dos días llegó un mail con el asunto ‘Lunes 8: consecuencias’. Ahí se explicaba que a causa de los incidentes –que no existieron, que inventaron en ese mismo mail– se desvinculaba a 19 personas más. Este mail fue enviado a todo el canal y a otras dependencias del gobierno. O sea que el mensaje es muy claro, no sólo nos estigmatizan como violentos, sino que es un modo de disciplinar. Es irracional”.

Lo curioso del caso es que el conflicto lo desata la decisión de Eduardo Cura de suspender el diálogo con los delegados. La gran mayoría de los despedidos participaban activamente de las asambleas y estuvieron en la permanencia, “aunque algunos la ligaron de rebote”. Sin embargo todos coinciden en que el mail era muy claro, no se trata de hacer interpretaciones, además, en una mesa posterior de negociaciones Eduardo Cura reconoció abiertamente que el motivo de los despidos era exclusivamente gremial.

Los delegados Ezequiel Díaz y Mariana Giordano relacionan lo que pasa en el canal con lo que sucede en la villa 31, en la que despidieron a diez trabajadoras sociales por organizarse: “Están tratando de desarmar a las juntas internas que están más movilizadas. Es una decisión muy clara. Es parte de un plan mayor, porque está sucediendo en otras reparticiones del gobierno de la ciudad”.

 

y los propios vecinos y vecinas de la Villa 31 y 31 Bis.

25.1.2018

Los medios públicos languidecen: los trabajadores del Canal de la Ciudad denunciaron el “lock out patronal” dispuesto por las autoridades del canal perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La situación de la única emisora estatal porteña es crítica, teniendo en cuenta que por decisión de Eduardo Cura, su director, la sede del canal permanece cerrada desde hace nueve días y emitiendo una programación de emergencia, sin que sus trabajadores puedan ocupar sus puestos de trabajo. Todos los programas “en vivo” se encuentran suspendidos y no hay producción alguna en marcha. Los trabajadores realizaron hoy una conferencia de prensa en la que exigieron la reincorporación de los 24 trabajadores despedidos y la continuidad de la emisora.

“Que las autoridades del canal hayan decidido por motus propio cerrar el edificio, con efectivos de seguridad que impiden el acceso de los trabajadores, es gravísimo”, explicó Mariana Giordano, delegada de Ate del canal. “Vamos a defender al único canal público de los porteños y no vamos a abandonar nuestros puestos de trabajo. Desde hace nueve días no se produce absolutamente nada ni se edita nada. El canal está absolutamente paralizado por decisión de las autoridades”, subrayó Giordano.

La situación del canal creado en 2003 es crítica. Si bien el Pro siempre tuvo una política poco activa respecto de la señal, los problemas se acentuaron este año, cuando el 5 de enero cinco trabajadores fueron despedidos. El 8 de enero, los empleados del canal realizaron una asamblea en la que le exigieron a Cura la reincorporación de los despedidos y certidumbres sobre el futuro de la pantalla. El director, denunciaron los trabajadores, no sólo nunca se presentó, sino que en represalia a esa asamblea envió un mail a todo el personal en el que adjuntaba la lista de 19 nuevos despedidos por haber participado de las medidas de fuerza. Si bien los despedidos vía mail nunca fueron formalizados con el correspondiente envío de telegramas, la situación nunca volvió tampoco a foja cero.

Ahora, con el canal cerrado y sin programación, los trabajadores temen por sus puestos de trabajo y por la continuidad de una pantalla a la que, en plena campaña a jefe de gobierno en 2007, Mauricio Macri había anticipado que iba a cerrarla porque “no tenía sentido” ya que tenía “cero rating”.

24.1.2018

 

El día de ayer las y los trabajadores y trabajadoras de la Secretaria de Integración Social y Urbana (organismo encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis) organizaron una gran movilización a las oficinas del Gobierno de la Ciudad en Palacio Lezama junto a los vecinos y vecinas del barrio donde trabajan, en el que se hicieron presentes varias organizaciones sociales, con el fin de apelar a las autoridades de esa institución para que reincorporen a las diez trabajadoras sociales que las autoridades pretenden despedir, en un conflicto que lleva casi dos semanas.

 

El conflicto se inició luego de que a las diez trabajadoras sociales el día viernes 12 de enero, la gerenta Melisa Gonza y las autoridades de la Secretaria pertenecientes a la Gerencia de Gestión Comunitaria, les comunicaron que vayan a esas oficinas ubicadas en Palacio Lezama donde se les iba a notificar sus despidos.  Esa reunión logro ser interrumpida por los delegados y delegadas de la Junta Interna La Mugica ATE, luego de que les pidieran a las autoridades que den los motivos de dicha “desvinculación”. Las autoridades no se los pudieron dar y  a partir de ahí, las y los delegados bajo el respaldo del Consejo Directivo de ATE Capital, lograron conseguir una reunión con el subsecretario de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires Ezequiel Jarvis y la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria pertenecientes a la Secretaría de Integración Social y Urbana, Julieta Williams para el lunes 15 de enero, siendo que dicha reunión al final se dio el martes 16 de enero pero bajo el faltazo de la propia Julieta Williams, lo que hizo que no se llegara a ningún acuerdo y la reunión quede en la nada.

Por ese motivo es que desde ese lunes 15 de enero el colectivo de trabajadores y trabajadoras estuvo realizando un cese de actividades, con constante asambleas, y haciendo distintos tipos de acciones en el barrio (Villa 31 y 31 Bis) como fue la movilización en el mismo del jueves 18 de enero, y ayer la movilización tras la continuidad en la falta de respuestas y diálogos en Palacio Lezama.

Es importante mencionar que en el trascurso del conflicto desde las distintas gerencias de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria, las y los trabajadores padecieron y continúan padeciendo distintos tipos de persecuciones y maltratos por apoyar a sus compañeras y solidarizarse con el conflicto, y que además el día de lunes 22 de enero, antes de la movilización, Martín Videla Dorna cito a las diez trabajadoras sociales, que fueron con sus delegados y delegadas, para reafirmarles que estaban despedidas. En la reunión con Martín Videla Dorna, este director lo que hizo fue reafirmar una vez más el total desprecio que tienen como funcionarios y funcionarias, y lo misógino que son con los trabajadores y principalmente con las trabajadoras, ya que en ese encuentro ni siquiera les dieron suficientes sillas para que se sienten, y continuaron negándose a dar justificación alguna sobre los despidos.

Pero a pesar de todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras, junto a vecinos y vecinas de la Villa 31 y organizaciones sociales como La Colectiva, La Corriente Villera Independiente, Comedor Los Pibes, OLP-Simón Bolivar, MRP La Boca, junto a distintas Juntas Internas de ATE como del Canal Ciudad, del Centro Cultural Recoleta, de Salud, del Ministerio de Desarrollo, entre otras, y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires como Gabriel Solano del Partido Obrero-FIT y Victoria Montenegro de Unidad Ciudadana, se movilizaron de manera notable hacia las oficinas de Lezama, donde los delegados y delegadas de este colectivo de trabajadores y trabajadoras de la Secretaria lograron buscar otra vez el dialogo con las y los funcionarios como lo son Julieta Williams, Martin Videla Dorna, el Secretario de la Secretaria de Integración Social y Urbana Diego Fernández, luego de estar insistiendo, mientras las y los mismos se atrincheraran con guardias de seguridad en aulas de ese mismo Palacio de Lezama. A raíz de lo anterior, el dialogo que se consiguió fue que hoy miércoles 24 de enero, les propongan tener una reunión con el Consejo Directivo del Sindicato (ATE Capital), con Ezequiel Jarvis y con Diego Fernández, algo del que hasta el momento no hubo respuestas. A la par de esto desde ATE Capital se convocó un plenario con las y los delegados de la Ciudad de Buenos Aires donde se resolvió hacer una movilización para el día viernes  por los tres conflictos tanto este de la Secretaría en la Villa 31, como el del Centro Cultural Recoleta y el del Canal Ciudad siendo tres conflictos con persecución sindical, a la Secretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y el día de mañana jueves además de esto las y los trabajadores de la Secretaria de Integración Social y Urbana van a realizar una radio abierta en la Villa 31 y 31 Bis donde se convoco a las y los vecinos para unificar los reclamos de ellos y ellas respecto al tema de urbanización con el del colectivo de trabajadores y trabajadoras.

Luego de casi dos semanas las y los trabajadores y trabajadoras de la Secretaria de Integración Social y Urbana junto a su gremio de la Junta Interna La Mugica ATE Capital, continúan en conflicto pero sin dar el brazo a torcer y manteniendo la unidad con los sectores populares y el barrio, para que no haya ningún despido, maltrato hacia las trabajadoras y en  defensa de una urbanización con igualdad de derechos y donde la palabra integración no sea una palabra vacía como pretende el macrismo y donde de una vez por todas se respeten los derechos de las y los propios vecinos y vecinas de la Villa 31 y 31 Bis.

23.1.2018

Lucho Lucero

Se trata de millonarias contrataciones directas por el Gobierno porteño a la hermana del Ministro, Lorena Triaca. Se destapan los negociados del Gobierno de los Ceos.

Luego del escándalo en el que quedo atrapado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y su ex empleada Sandra Heredia, casera de la quinta familiar contratada en negro y a quien le había conseguido un contrato en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) no bastaron para evitar semejante escándalo.

El propio ministro había insultado por WhatsApp. "Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!".
A los hechos que dejaron mal parado al ministro, ahora se le suma otro problema al destaparse la noticia de los millonarios negociados de su hermana, Lorena Triaca, designada Directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, quien fue beneficiada como funcionaria con millonarios contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

Las vacaciones adelantadas por el ministro para descomprimir el escándalo y desaparecer de la escena pública, no parecen alcanzar para que descanse en paz en Chapadmalal, el destino elegido por Triaca. La designación de su hermana como parte del clan de familiares en cargos públicos que a dedo pone el Gobierno de Cambiemos, abre un nuevo capítulo en el manejo millonario de negociados con el Gobierno porteño.

Según datos que hizo público el portal “Nuestras Voces”, antes de que ingrese al Estado, la hermana del ministro, Lorena Triaca, se convirtió en socia de UNIFY COMMUNICATIONS S.A., una distribuidora de equipos de comunicación radicada en Olivos, Provincia de Buenos Aires. Alternadamente con los otros socios suele ocupar distintos cargos en el Directorio de la empresa, como cuando en 2015 fue designada Directora Titular.

La irregularidad se detectó desde el 31 de mayo del 2016, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó en el Boletín Oficial la contratación directa de UNIFY COMMUNICATIONS S.A por más de 7 millones de pesos, mientras la hermana del ministro de trabajo se desempeñaba como directora de la empresa contratada por el Gobierno de Larreta y quien además al día siguiente de cerrar la millonaria contratación, asumiría como funcionaria pública. La compra quedó expuesta en la resolución N° 40/ASINF/16 firmada por Dereck Dougall.

El portal “Nuestras Voces” reveló también que esa no fue la única contratación del Gobierno de la Ciudad que benefició a Lorena Triaca. Ya en sus funciones como funcionaria, las contrataciones se mantuvieron y a través de Brenda Santagada López, Directora General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, se firmó la contratación de UNIFY COMMUNICATIONS S.A por “la suma total de $ 667.300,000 y así consta en la Disposición N.° 222/DGTALINF/17 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires con fecha el 15 de junio del 2017.

El discurso del oficialismo mostrándose como el Gobierno de la Transparencia, que investiga la corrupción, que quiere “Modernizar el Estado” despidiendo masivamente trabajadores que son supuestos “Ñoquis”, se desvanece en un abrir y cerrar de ojos.

Ya la oficina anticorrupción, (AO) a cargo de Sandra Alonso, dio a conocer que investigarlo a Triaca llevará no menos de un mes y que seguramente todo esté en regla. Queda muy claro que los amigos, familiares del gobierno, no van a ser quienes combatan la corrupción que atraviesa al Estado. Al contrario, los negocios millonarios que se llevan adelante en las esferas del estado son hechos por los propios funcionarios que son parte del Gobierno. Es extenso el listado de funcionarios que son familiares del Gobierno de los Ceos y que en diversos ministerios ocupan cargos con salarios que superan los 100 mil pesos y que además sostienen los millonarios negocios.

El objetivo de reducir la planta de empleados en la Administración pública, darle vía libre a los empresarios para despedir y precarizar las condiciones de los trabajadores, son parte de las medidas que descargan sobre el pueblo trabajador.
La lucha contra la corrupción solo puede sostenerse de la mano de los trabajadores creando organismos independientes que controlen la utilización de los fondos del estado y que como plantea el Frente de Izquierda: “Que todo funcionario cobre como una maestra”.