El 20 de febrero comenzará el juicio por el asesinato de Nehuen Rodríguez

1.2.2018

Por Colectivo Justicia X Nehuen

El joven de 18 años falleció al ser atropellado por un patrullero de la entonces Policía Metropolitana, el 15 de diciembre del 2014. Se trata de la tercera vez que se asigna una fecha para el comienzo de las audiencias, ya que el inicio del juicio fue suspendido en dos oportunidades previas.

El martes 20 de febrero comenzará el juicio oral y público por el asesinato de Nehuen Rodríguez, el joven de 18 años que falleció al ser atropellado por un patrullero de la entonces Policía Metropolitana. Se trata de la tercera vez que se asigna una fecha para el comienzo de las audiencias, ya que el inicio del juicio fue suspendido en dos oportunidades previas, dilatando la búsqueda de justicia por parte de la familia, vecinxs y organizaciones del barrio de La Boca.  

El 15 de diciembre de 2014 Nehuen se dirigía en su moto a Parque Patricios para festejar el ascenso de su querido Huracán. En la intersección de Brandsen y la Avenida Ramón Carrillo, fue atropellado por una camioneta de la fuerza de seguridad porteña, que era manejada por el oficial Daniel Germán Castgnasso, que cruzó el semáforo en rojo y superaba la máxima permitida. Además, no contaba con las balizas correspondientes encendidas.

El joven falleció en el acto a pesar de tener puesto el correspondiente casco. Tras muchas trabas en el proceso judicial, muchas de ellas propiciadas por la Policía Metropolitana, fuerza que entorpece la investigación y dificulta las pruebas para su correspondiente desarrollo, se llega a la instancia de juicio oral y público para avanzar hacia una sentencia firme en este caso de violencia institucional.

Desde las 9: 00 horas, mientras se desarrolle la audiencia, se llevará a cabo frente a los tribunales de Talcahuano 550 una radio abierta y actividades recreativas en la que participarán vecinxs, familiares de casos de violencia institucional y gatillo fácil y organizaciones sociales y políticas para concientizar acerca del incremento de casos de violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires y el país en general.

Hoy más que nunca exigimos: ¡Justicia por Nehuen!

¡Basta de violencia institucional!

Pronunciamiento del Espacio de Trabajadorxs Sociales de la Salud de la C.A.B.A ante la actual coyuntura

1.2.2018

Lxs trabajdorxs y la población en general nos encontramos ante una situación de ajuste y represión que se profundiza día a día.

Son cotidianos los despidos masivos -3 mil solo en el mes de diciembre-, aumentos en los servicios básicos, el transporte, el costo de la canasta familiar… son constantes que signan el deterioro de las condiciones materiales de vida de quienes vivimos de nuestro trabajo, con condiciones de trabajo precarizadas y salarios por debajo de los procesos inflacionarios.

Como trabajadorxs del estado sabemos que son firmes los avances del gobierno en materia de desmantelamiento y cierre de instituciones y programas que desde el ámbito de lo público atienden la salud, educación y asistencia de la población.

El sistema público de salud está siendo especialmente atacado, en el Hospital Posadas despidieron a más de 100 trabajadorxs, algunxs con más de 15 años de antigüedad. El estado como empleador se presenta con su cara más bárbara, naturalizando escenas de maltrato y abuso patronal en las que lxs laburantes se encuentran sin planillas de asistencia como forma de notificación de sus despidos, se utiliza a las fuerzas de seguridad como respuesta a los pedidos de diálogo de lxs trabajadorxs y se reprime ferozmente cualquier expresión de la protesta social.

Estamos convencidxs de que los despidos y la pretensión de la modificación de nuestro convenio colectivo de trabajo son condición para el ajuste y la implementación de políticas regresivas en materia de salud pública. 
Con el desmantelamiento de los hospitales y sus servicios profundizan el vaciamiento más literal del sistema público de salud, avanzando con firmeza en la reforma sanitaria y la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), que no es más que una pantalla del proceso de privatización y reducción de lo público. Cientos de compañerxs temen por la continuidad de sus puestos de trabajo, siendo constantes las amenazas de cierre de servicios, traslados de hospitales y reducción de espacios de atención a la población.

A la coyuntura del ámbito de la salud, se suma la preocupante situación de nuestras 10 compañeras trabajadoras sociales de la Secretaria de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad en la Villa 31 -en Retiro-, despedidas descaradamente, los miles de despidos en el sector privado, la preocupante situación de lxs trabajadorxs metalúrgicos y de Fabricaciones Militares de Azul, donde el pueblo resiste y se moviliza en lucha por la reincorporación. Asimismo, mediante un DNU, el Gobierno deroga la paritaria docente, conocida por su carácter de paritaria testigo para un conjunto significativo de lxs trabajadorxs, apostando a bajar los estándares mínimos para las negociaciones salariales.
En este contexto la gobernadora Vidal impulsa una campaña de desafiliación de lxs trabajadorxs de sus sindicatos, ofreciendo obscenamente facilidades a tales fines, en un plan extorsivo y de opresión.

Nuestro patrón, el macrismo, sabe que lxs trabajadorxs organizadxs, unidxs, en las calles, los hospitales, las fábricas, las escuelas, las plazas, nuestros lugares de trabajo, ofreceremos resistencia y lucha hasta vencer.
No vamos a permitir la modificación de nuestro convenio colectivo de trabajo, una modificación que persigue crear condiciones de mayor flexibilización laboral y precarización de nuestras condiciones de trabajo. 
Desde nuestro Espacio de Trabajadorxs Sociales de la Salud de la C.A.B.A nos solidarizamos con todxs lxs trabajadorxs en conflicto, exigimos la reincorporación inmediata de todxs lxs despedidxs, repudiamos la represión de las fuerzas de seguridad del estado y la persecución gremial.

Estamos convencidxs de que lxs trabajadorxs tenemos la fuerza y la capacidad de lucha necesarias para frenar el ajuste y dar la pelea contra las medidas del macrismo. Hemos terminado un 2017 en las calles, reclamando lo que es justo para el pueblo, defendiendo los derechos conquistados por lxs trabajadorxs. Sumándose así a las distintas expresiones de la lucha popular contra el 2×1 para los genocidas, los reclamos de justicia por Julio López, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la lucha feminista, las acciones populares que lograron la libertad de los compañeros Arakaki y Dimas, todas las movilizaciones y protestas contra el ajuste, la represión y los despidos. En nuestro gremio en particular logramos a fuerza de organización y lucha frenar el avance del gobierno de la ciudad sobre el salario y los puestos de trabajo de 19 compañeras elegidas para nuestra representación gremial.

Nuestros gremios son la herramienta sindical más poderosa que tenemos para la defensa de nuestros derechos, porque representan nuestra capacidad de encuentro, de unión, de construcción colectiva, de organización y lucha.

¡Convocamos a todxs nuestrxs compañerxs a que encuentren en la Asociación un lugar de participación, resistencia y lucha!

 

¡NO a la reforma sanitaria /Cobertura Universal de Salud (CUS)!

¡Basta de despidos! ¡Reincorporación de todxs lxs trabajadorxs!

¡No a la criminalización de la protesta social! ¡Libertad a todxs lxs presxs políticos!

¡Basta de represión!

¡No a la reforma del convenio colectivo de trabajo!

¡Apertura de paritarias ya!

¡No a la persecución gremial!

¡Unidad de lxs trabajadorxs!

 

Espacio de Trabajadorxs Sociales de la Salud de la C.A.B.A

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demuele escuelas en la villa 31 y las traslada a un galpón de Dietrich

31.1.2017

Mientras los vecinos y vecinas de la villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se movilizaban y el juez citaba a los padres y madres de los y las alumnos para encontrar una solución, las topadoras avanzaban para convertir en escombros las escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria del barrio. Denuncian negociados inmobiliarios que tocan al ministro de transporte nacional, Guillermo Dietrich.

Con la excusa de la construcción de un polo educativo (al cual los y las vecinas no se oponen), trasladarían a los y las niñas a una zona alejada unas 30 cuadras y a un galpón ubicado en Avenida R. Castillo 1720, abandonado y propiedad de la familia del ministro de transporte que tiene serios problemas edilicios y cuyo alquiler costaría 552.000 pesos por mes en su primer año y 712.000 en el segundo. Además 120 niños y niñas perderían su vacante ya que dicho espacio no podría albergar la misma cantidad de estudiantes.

A pesar que la comunidad educativa de la villa 31 movilizó en varias oportunidades y advirtió que esto podía suceder, igualmente las escuelas inicial 5, Primaria 25 “Bandera Argentina”, y Secundaria 6 “Padre Mugica”, ya no existen y quedaron reducidos a escombros.

El SiPreBA, Barrios de Pie y organizaciones de la sociedad denunciaron persecución política contra manifestantes y periodistas de Agencia Télam

27.1.2017

En conferencia de prensa, desarrollada en la sede de la APDH, trabajadores de la Agencia Télam estatal junto a más de 50 organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos denunciaron espionaje ilegal e intimidación por parte de un móvil de la Policía de la Ciudad sin identificaciones a la vista. Los “confundieron” con militantes sociales, intentaron explicar desde el Gobierno porteño.

En ese contexto, la referente de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, aseguró que “estamos viviendo una escalada represiva. Es un estado de excepción”.

Añadió que “cotidianamente se suman en el porcentaje de heridos en manifestaciones cada vez más personas que están sacando fotos”. Al respecto, puntualizó que “la policía no quiere que registren su accionar ilegal”.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos del SiPreBA, Tomás Eliaschev, indicó que “el gobierno dijo que se acababa la guerra contra los medios, pero empezaron una guerra contra los trabajadores de prensa, 3000 perdieron su trabajo”.

El dirigente consignó que “en 2017 hubo 35 periodistas y fotógrafos heridos con balas de goma y 11 detenidos, la policía ataca a la prensa”.

Por su parte, el delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Esteban Giachero, denunció que la Agencia Télam comete censura “y no quiere cubrir la persecución policial contra periodistas de la Agencia”.

Al respecto, luego de la conferencia de prensa, la Comisión Gremial Interna dio a conocer “Lecciones prácticas sobre la pluralidad de voces en la agencia Télam”, que compartimos a continuación:

La Comisión Interna precisó que “más de 50 organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos repudiaron la intimidación que sufrió, el miércoles, un equipo periodístico de Télam durante la cobertura de una marcha de Barrios de Pie y en la que un policía siguió los movimientos de sus compañeros creyendo que se trataba -según reconoció- de militantes de la organización que se manifestaba”.

Nos confundimos, balbuceó, a modo de “explicación”, un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asistió a la sede de Télam y ofreció un descargo periodístico. Sin embargo, el cable que reflejaba la conferencia en la que se expresó la denuncia -reconstruida por un redactor de la agencia- y la respuesta policial -también contenida en su cable- no fueron despachadas al servicio. El Gerente Periodístico, Daniel Capalbo, emitió en su reemplazo -y luego de más de una hora de deliberaciones- un cable con el que dio por “aclarado” el episodio y publicó la desmentida de la denuncia pero no la denuncia. Un clásico de la “pluralidad de voces”.

Al mediodía, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, trabajadores de Télam afectados por el episodio y otras organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para repudiar el hecho. “Se trata de un acto de presión a la prensa o de espionaje a la protesta social. En cualquier caso tiene una profunda gravedad”, expresó el delegado de Télam, Esteban Giachero, en la conferencia de prensa. La palabra del delegado no fue consignada, desde ya, en el cable de Capalbo. La pluralidad no alcanza a los representantes sindicales.

La agencia Télam, por decisión de Capalbo, decidió no cubrir la conferencia de prensa, ni con un cronista, ni con un fotógrafo ni con un equipo de Audiovisuales. Contraria fue la posición de la TV Pública, bajo la misma dirección política, que sí realizó la cobertura del hecho. La pluralidad de voces tampoco alcanza a todos los hechos.

Más allá del burdo episodio, se trata de un acto que revela la voluntad de disciplinar la protesta social”, dijo la abogada María del Carmen Verdú (Correpi). Su palabra tampoco fue reflejada por Télam.

La denuncia del SPreBA, que Télam eligió desconocer (cuando debía, al menos, solidarizarse y ponerse a disposición de sus trabajadores), cobró una fuerte repercusión pública. Obligado por ese contexto, el subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, Juan Pablo Arenaza, se acercó a Télam para ofrecer una suerte de descargo periodístico.

Luego, al salir del edificio, Arenaza repitió la teoría de la confusión ante los delegados de Télam. Ya no hubo en su relato un móvil no identificado de la policía custodiando una protesta social sino dos. “El policía de civil no seguía a Barrios de Pie ni a los trabajadores de Télam; seguía a otro móvil policial pero se confundió”, especuló, a pesar de que el móvil de Télam estaba ploteado con un colorido banner identificatorio.

La empresa, mientras tanto, no se solidarizó con sus trabajadores, lo que implica que concibe que no hubo motivo para solidarizarse.

A modo de ejercicio pedagógico de cómo se expresan TODAS las voces en el servicio, y así aprendemos de una buena vez a ejercitar la pluralidad de voces que nos enseñan nuestros funcionarios, reproducimos el texto escrito por el redactor (no publicado) y la “corrección” del funcionario.

Agradecemos la lección.

 

CABLE ORIGINAL DEL REDACTOR:

SIPREBA-DENUNCIA

 

SiPreBA denunció “seguimiento” y el gobierno porteño atribuyó el hecho a una “confusión”

El sindicato de prensa SiPreBA y organizaciones de derechos humanos y sociales denunciaron hoy que periodistas de Télam fueron seguidos por un móvil policial sin identificación, después de cubrir una marcha de Barrios de Pie el miércoles último, en un hecho que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño atribuyó a una “confusión”.

 

“El hecho es grave, se trate de un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha” de Barrios de Pie, dijo a esta agencia Esteban Giachero, integrante de la Comisión Interna de de Télam-SiPreBA, consultado tras una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la sede de la APDH, en Callao al 500.

Sobre los hechos denunciados, el subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, Juan Pablo Arenaza, señaló a su vez que se trató de un “lamentable malentendido” policial y que se ponía “a disposición de Télam para aclararlo”.

“Nosotros en ningún caso hacemos espionaje o este tipo se seguimiento”, dijo Arenaza a Télam y precisó que, aunque consideran que el episodio se debió a una “confusión” del policía que intervino, “se abrieron dos expedientes en el área de Transparencia de la Policía de la Ciudad, para investigar a fondo lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, valoró “los testimonios de los trabajadores de prensa y la solidaridad de SiPreBA”, al exponer en la rueda de prensa de la que también participaron María del Carmen Verdú (Correpi) y María Elena Naddeo (APDH), entre otros.

“Entendemos que hay una escalada represiva en el borde del estado de derecho y que estamos frente a un hecho ilegal y torpe. Llamamos a los funcionarios de los gobiernos nacional y de la ciudad a que cesen estas prácticas que, lejos de resolver la conflictividad social, la van agravar”, añadió.

Según relataron los trabajadores involucrados en el incidente, después de realizar la nota sobre la protesta de Barrios de Pie cerca del Congreso se alejaban por avenida Rivadavia en un móvil de Télam cuando advirtieron que los seguía otro auto.

Tras frenar en dos ocasiones para constatar el seguimiento, el otro vehículo se les puso a la par y quien lo conducía -sin identificación policial visible, igual que el auto- se presentó como integrante de la Policía de la Ciudad de la Comuna 4 y les preguntó si eran miembros de Barrios de Pie.

“Le informamos que éramos periodistas de la agencia de noticias Télam y se retiró”, puntualizaron en una nota mediante la cual informaron a sus jefes sobre lo sucedido al retornar a la empresa.

Fuentes policiales y ministeriales dijeron que el policía implicado en los hechos creía seguir a un vehículo policial sin identificación, de características similares al de Télam.

 

CABLE PUBLICADO EN SU REEMPLAZO POR EL GERENTE PERIODÍSTICO:

EL GOBIERNO PORTEÑO ASEGURÓ QUE NO HIZO SEGUIMIENTO A PERIODISTAS DE TÉLAM

Buenos Aires, 26 de enero (Télam)

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño aclaró hoy que se trató de un “malentendido” un episodio registrado el miércoles último en el que periodistas de la Agencia Télam fueron seguidos por un móvil policial sin identificación después de cubrir una marcha de Barrios de Pie.

El subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad de aquel ministerio, Juan Pablo Arenaza, visitó al directorio de Télam y la redacción de la agencia para brindar explicaciones sobre este hecho, que el Sindicato de prensa SiPreBA y organizaciones de derechos humanos y sociales atribuyeron hoy, en una conferencia de prensa, a “un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha”.

“Nosotros en ningún caso hacemos espionaje o este tipo se seguimiento”, dijo Arenaza a Télam y precisó que, aunque consideran que el episodio se debió a una “confusión” del policía que intervino, “se abrieron dos expedientes en el área de Transparencia de la Policía de la Ciudad para investigar a fondo lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, valoró “los testimonios de los trabajadores de prensa y la solidaridad de SiPreBA” al exponer en la rueda de prensa de la que también participaron María del Carmen Verdú (Correpi) y María Elena Naddeo (Apdh), entre otros.

Según relataron los trabajadores involucrados en el incidente, después de realizar la nota sobre la protesta de Barrios de Pie, cerca del Congreso, se alejaban por avenida Rivadavia en un móvil de Télam cuando advirtieron que los seguía otro auto.

Tras frenar en dos ocasiones para constatar el seguimiento, el otro vehículo se les puso a la par y quien lo conducía -sin identificación policial visible, igual que el auto- se presentó como integrante de la Policía de la Ciudad de la Comuna 4 y les preguntó si eran miembros de Barrios de Pie.”Le informamos que éramos periodistas de la agencia de noticias Télam y se retiró”, puntualizaron. Fuentes policiales y ministeriales dijeron que el policía implicado en los hechos creía seguir a un vehículo policial sin identificación de características similares al de Télam.

 

Comisión Gremial Interna de Télam

El director del canal de la ciudad, Eduardo Cura, decidió el despido de 19 trabajadores porque reclamaban por la desvinculación de otros cinco. Además el canal lleva cerrado 9 días

26.1.2018

Por Mariano Pedrosa

La protesta pacífica por el despido arbitrario de cinco trabajadores dio lugar a que el gobierno porteño, a través del director del Canal de la Ciudad, despidiera a otras 19 personas, sin más explicación que la de haber participado de una acción gremial. Lo hicieron a través de un mail, cuyo asunto era “Lunes 8: consecuencias”, en referencia a la permanencia pacífica que por unas horas habían realizado los trabajadores.

El despido por haber sido parte de una acción gremial fue acompañado por el cierre, hasta ahora temporario, del canal. Excepto los directivos, ningún trabajador –despedido o no– puede entrar. Hace nueve días que el único canal público de la ciudad de Buenos Aires repite contenidos, no tiene programas en vivo, no graba ni produce.

El jueves cerca del mediodía, los veinticuatro despedidos se paran frente a la persiana baja del canal de la Ciudad para mostrar que no bajan los brazos y aún están confiados en que “prime la racionalidad” que hasta ahora ha faltado. Miembros del Consejo Directivo de ATE, del Sipreba (el sindicato de prensa), del Satsaid (el de Televisión) y de la Defensoría de la Ciudad los acompañan en Guardia Vieja y Agüero.

Para poner un contexto, es necesario explicitar que el 90% de los que desempeñan tareas en el canal se encuentra empleado con contratos basura que tienen que renovar cada tres, seis o doce meses. Esta situación de precarización es la regla en todo el tiempo que el Pro lleva gobernando la ciudad.

El gobierno de Rodríguez Larreta, frente a los reclamos para terminar con la precarización laboral, responde con despidos lisos y llanos, y por mail. Sin indemnizaciones ni reconocimiento por el trabajo realizado. No esconde el motivo, a pesar de su patente ilegalidad, la explicación que encuentran los despedidos es que “buscan aleccionar”.

Mariana, por ejemplo, es productora desde hace más de siete años en el canal, se desempeñó en diferentes programas, muchos de ellos premiados, y en el último año era la responsable de La Agenda de Buenos Aires en su versión televisiva. También fue electa delegada de ATE capital por sus compañeros en la asamblea. Nada de esto impidió que fuera incluida en la lista de despedidos.

Mariana cuenta que “el director suspendió el diálogo hace unos tres meses. Decidió que no iba a hablar más con nosotros de todos los conflictos gremiales, y esa resolución fue tremenda, porque nos dejó sin interlocutores. Queríamos, y queremos, dialogar pero no tenemos con quien.”

A partir de la decisión de Eduardo Cura, director del canal, los trabajadores exigieron a través de diferentes actividades que él como funcionario se hiciera cargo de atender a los empleados del lugar que él dirige. “Es una responsabilidad que viene con el cargo. Sin embargo, nunca nos volvió a atender y, además, decidió que sus gerentes despidieran arbitrariamente a cinco personas. La mayoría de las veces adujeron que lo hacían porque la orden venía de arriba, que el despido no tenía que ver con su trabajo, es decir: sin causa. En otros casos con causas vagas, como que no daban con el perfil”.

La respuesta de la asamblea del canal frente a los despidos fue una permanencia pacífica el lunes 8. Como quedó registrado, continúa Mariana, “durante esa acción no hubo ningún tipo de incidentes. Era para pedir la reincorporación de los despedidos o, al menos, que se reviera en un ámbito oficial cada caso. Pero a los dos días llegó un mail con el asunto ‘Lunes 8: consecuencias’. Ahí se explicaba que a causa de los incidentes –que no existieron, que inventaron en ese mismo mail– se desvinculaba a 19 personas más. Este mail fue enviado a todo el canal y a otras dependencias del gobierno. O sea que el mensaje es muy claro, no sólo nos estigmatizan como violentos, sino que es un modo de disciplinar. Es irracional”.

Lo curioso del caso es que el conflicto lo desata la decisión de Eduardo Cura de suspender el diálogo con los delegados. La gran mayoría de los despedidos participaban activamente de las asambleas y estuvieron en la permanencia, “aunque algunos la ligaron de rebote”. Sin embargo todos coinciden en que el mail era muy claro, no se trata de hacer interpretaciones, además, en una mesa posterior de negociaciones Eduardo Cura reconoció abiertamente que el motivo de los despidos era exclusivamente gremial.

Los delegados Ezequiel Díaz y Mariana Giordano relacionan lo que pasa en el canal con lo que sucede en la villa 31, en la que despidieron a diez trabajadoras sociales por organizarse: “Están tratando de desarmar a las juntas internas que están más movilizadas. Es una decisión muy clara. Es parte de un plan mayor, porque está sucediendo en otras reparticiones del gobierno de la ciudad”.

 

y los propios vecinos y vecinas de la Villa 31 y 31 Bis.

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