Red de radios

8.2.2018

Por Santiago Asorey *

"En estos días macristas se profundiza la temporalidad geológica y sobrehumana del Poder Judicial capaz de ignorar la urgencia del reclamo de las organizaciones populares y familiares de víctimas de violencia institucional".

Pasaron casi tres años de la muerte de Nehuén Rodríguez, a manos de efectivos de la policía metropolitana y todavía su madre, Roxana espera el juicio. Nehuén fue atropellado por un patrullero de la fuerza de seguridad el 15 de diciembre del 2014, en la esquina de Brandsen y Carillo en el barrio de Barracas. El patrullero venía a 100 km/h y no traía sirenas ni luces. Así lo aportaron testigos a la causa. Desde entonces Roxana, y las organizaciones populares del barrio, piden justicia y llevan a Nehuén como bandera: un retazo de la memoria popular de La Boca.

Hasta el momento Daniel Castgnasso, es el único efectivo policial imputado por su asesinato y se encuentra en espera del juicio oral. Pero el juez Julio Báez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 utiliza excusas para demorar el juicio. En dos ocasiones ya suspendió el comienzo del juicio. En estos días macristas se profundiza la temporalidad geológica y sobrehumana del Poder Judicial capaz de ignorar la urgencia del reclamo de las organizaciones populares y familiares de víctimas de violencia institucional. Son tiempos en los cuales el Gobierno vuelve a avalar la complicidad judicial en los crímenes de la fuerzas de seguridad, tal cual lo expresa la investigación por la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado.

Este martes 7 de noviembre pasado, la familia de Nehuen, junto a diversas organizaciones recordó su fecha de cumpleaños. Y lo hicieron con música, con comida, con baile. Lo hicieron en la calle, abriendo el encuentro para los vecinos. En un contexto profundamente regresivo para los vecinos de los barrios, en el cual el Estado avala la represión policial, la criminalización de la protesta social y la estigmatización de lo popular, lo mejor que nos queda es la organización popular, como la que Roxana construye en la Boca. Al igual Dolly Demonty en el Bajo Flores, Angélica Lezcano en la Villa 20 y como lo hacen otras madres que afrontan día a día, la impunidad de los crímenes de la fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. Y que hoy tiene su máxima expresión en la prisión de la presa política Milagro Sala.

En el marco del cumpleaños de Nehuen, Roxana afirmó: "Seguimos en la lucha en la calle porque no tenemos fecha para el juicio. Ya nos suspendieron dos veces. Vamos a llegar  a los tres años sin tener una fecha real para el juicio. Decidí hacerlo el siete de noviembre, cumpleaños de Nehuén, (y no el quince de diciembre que es la fecha del aniversario de la muerte Nehuen) para honrar la vida de Nehuen. No existe otra forma, que no sea organizarse y pelearla. Lo que más queremos es la condena social porque sabemos que la parte judicial es más difícil, pero seguiremos peleando".

* Secretario de Redacción AGENCIA PACO URONDO

7.2.2018

Por La Cámpora

"Luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich respaldaran y se fotografiaran con el policía Luis Chocobar que asesinó por la espalda a un agresor mientras huía, la Ministra dio un paso más y afirmó que buscan instaurar una nueva doctrina que legitime cualquier accionar de las fuerzas de seguridad más allá de la letra de la ley".

El Estado tiene el monopolio de la violencia legal, pero ello no significa que pueda ejercerse discrecionalmente, sino que tiene límites celosamente establecidos en la legislación. Caso contrario, la democracia cedería paso a un modelo represor y autoritario. Es por eso que las fuerzas de seguridad, si bien están autorizadas a ejercer violencia, siempre debe ser la mínima indispensable. Tal es así que el código penal establece agravantes para los delitos cometidos por personal de las fuerzas.

El caso de Chocobar es un triste ejemplo más de violencia institucional. Nadie puede reprochar que al presenciar una agresión (en este caso a un turista estadounidense) decidiera intervenir. Pero como bien se observa en las imágenes de público conocimiento, Pablo Kukoc, uno de los asaltantes, estaba huyendo cuando el policía bonaerense lo ejecutó por la espalda. No hay legítima defensa porque no había ninguna vida en riesgo en ese momento, y tampoco hay un uso racional de la fuerza: reducirlo con un disparo en la pierna podría enmarcarse en una actuación legal. Acribillarlo por la espalda, no. Es un caso de gatillo fácil.

Aunque en uno de sus informes ante el Congreso Marcos Peña aseveró que el Ejecutivo nunca avalaría la violencia institucional, como en tantos otros temas, se desdijeron de sus dichos. El Presidente y la Ministra de Seguridad, teniendo pleno conocimiento de que Chocobar mató por la espalda a una persona, decidieron respaldar su accionar.

No es el primer caso. La titular de la cartera de Seguridad había respaldado a los gendarmes que balearon a niños de una murga, a los que llevaron adelante el operativo ilegal que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, a los que reprimieron a mansalva llegando a atropellar personas con saña en las manifestaciones contra la reforma previsional, y a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel en la Patagonia.

En el día de la fecha, Bullrich sostuvo que quieren imponer una nueva doctrina de seguridad en virtud de la cual todo accionar de las fuerzas de seguridad constituya un “cumplimiento del deber de funcionario público”. Con esta doctrina, los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, o el de Carlos Fuentealba, por citar algunos, no habrían sido asesinatos sino “cumplimiento del deber”.

Es un paradigma incluso más perverso que aquel que minimiza el terrorismo de estado apelando a la teoría de los excesos. Según Bullrich, siquiera cabe la posibilidad de un exceso.

El Gobierno está sentando un precedente penoso y temerario para la democracia. Las fuerzas de seguridad tienen luz verde del Estado para hacer lo que quieran sin respetar derechos elementales como la integridad física o la libertad. Tienen licencia para matar. Cuando la violencia es engendrada y promovida desde el Estado, las consecuencias son sumamente graves y dolorosas para toda la sociedad. Argentina tiene una lamentable experiencia en este camino.   

7.2.2018

La Asamblea de Trabajadores del Canal de la Ciudad convoca para este jueves 8 de febrero, a las 10, en Guardia Vieja 3334, para informar sobre la grave situación del canal público de la Ciudad de Buenos Aires, que continúa con las persianas cerradas.

Los trabajadores del Canal denuncian que luego de un acuerdo para la reincorporación de los compañeros despedidos injustificadamente, el director del Canal, Eduardo Cura, y el secretario de Medios de la Ciudad, Marcelo Nachón, desentendieron el acuerdo y rompieron el diálogo.

“Los invitamos a que conozcan la persecución y los abusos que está ejerciendo el director Eduardo Cura”, expresaron los trabajadores y aseguraron: “él no puede abrir y cerrar el Canal de la Ciudad como si fuera su kiosco, ya que todos tenemos el derecho y la responsabilidad de volver a trabajar y construir el único canal público que sostienen los porteños”.
Los delegados de los trabajadores, nucleados en ATE Capital, agregaron: “hoy Eduardo Cura está haciendo trabajar a los profesionales de los programas que se emiten en vivo con las persianas cerradas lo que constituye un riesgo para todos los que están adentro del edificio”.

6.2.2018

Habían sido anunciados por la Jefatura de Gobierno durante enero. Se prevé que los despidos continúen durante febrero.

Quince empleados fueron despedidos este viernes de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) entre contratados y personal de planta permanente y se espera que las desvinculaciones continúen durante el mes de febrero.

Según pudo saberse enelSubte.com, tres de los despedidos eran empleados de planta permanente con varias décadas de trabajo en la empresa estatal, mientras que el resto eran contratados por tiempo indeterminado. Entre los primeros se encontraba, por ejemplo, Emilio Rosarossa, empleado con 20 años de antigüedad que se desempeñó como Secretario de Organización de la Asociación del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires (APDESBA) -gremio que nuclea a los trabajadores de SBASE- entre 2005 y 2013. Otro de los despedidos fue Agustín Ferrari, con 30 años de antigüedad en la empresa y comunero por la Comuna 10.

De acuerdo a fuentes de APDESBA, las desvinculaciones no se produjeron mediante carta documento o telegrama sino que los afectados eran convocados a la oficina del gerente de Recursos Humanos y ex empleado de la concesionaria Metrovías, Fabio Landes, quien comunicaba el despido acompañado de dos escribanos.

Delegados gremiales aseguraron a este medio que el presidente de la empresa estatal, Eduardo de Montomollin, se reunirá con ellos este lunes para analizar la situación puesto que, según alegan desde el sindicato, los empleados de planta permanente fueron desvinculados de manera irregular puesto que no se les habría iniciado el sumario previo que exige la ley.

En el exterior de la sede de SBASE, ubicada en Agüero 48, se realizaron manifestaciones de rechazo a los despidos que contaron con el apoyo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), representado por el metrodelegado Néstor Segovia.

Esta medida forma parte del plan anunciado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de reducción del gasto en SBASE y en AUSA -entre otras dependencias del Gobierno porteño- como compensación por la pérdida de recaudación producida por la rebaja de Ingresos Brutos comprometida con Nación y el resto de las provincias a fines de 2017.

La relación del PRO con los empleados de SBASE fue tensa desde el primer mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. A finales de 2008, tras la inauguración de las estaciones Puán y Carabobo de la línea A, el Ejecutivo local dispuso una fuerte reducción de fondos para obras que llevaron a la empresa estatal al borde del colapso. Esta situación precipitó, a principios de 2009, la renuncia del entonces presidente Jorge Irigoin y su reemplazo por Luis Jahn, quien a su vez fue reemplazado por Juan Pablo Piccardo a fines de ese año. Tal como informaba enelSubte.com en aquel entonces, SBASE sufrió la renuncia de profesionales altamente capacitados que se encontraban trabajando en las obras de extensión de las líneas A, B y H y la incorporación de trabajadores contratados para cumplir con las tareas propias del objeto societario de la organización. De esta manera, SBASE pasó de tener 90 empleados con cinco frentes de obra abiertos en 2007 a 180 con las obras paralizadas en 2010; de acuerdo a fuentes gremiales, el total de empleados después de 10 años de gestión del PRO ascendería a alrededor de 470 agentes, de los que sólo 50 son de planta permanente.

2.2.2018

Por La Boca Resiste y Propone*

“Hoy quisieron convencernos de que el oficial Luis Chocobar, quien disparó seis veces, es la tercera víctima. Sin embargo la tercera víctima es la verdad, y él un homicida culposo condecorado”, destacaron desde la multisectorial

En el barrio de la Boca sucede un robo, primera víctima, un cineasta norteamericano quien sufre varias puñaladas que lo hieren de gravedad. Dos sospechosos implicados, uno de ellos porta el arma blanca, éste huye de la escena luego de un grito de “alto”. Aparentemente era un policía. Juan Pablo, segundo sospechoso en la escena, sorprendido gira, corre y recibe tres impactos mortales en la espalda, segunda víctima. Hoy quisieron convencernos de que el oficial Luis Chocobar, quien disparó seis veces, es la tercera víctima. Sin embargo la tercera víctima es la verdad, y él un homicida culposo condecorado. 

"Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente". Con estas palabras el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, decidió intervenir en el caso que involucra a un Oficial de la Policía Local de Avellaneda por la Muerte de un sospechoso durante el robo a un cineasta estadounidense en el barrio porteño de La Boca. Gracias a estas intervenciones oficiales, ya son de masivo conocimiento las imputaciones que sufre el Oficial Luis Chocobar por parte de un juez de Familia competente por uso desmedido de la legítima defensa por lo que se embarga al oficial con la suma de 400 mil pesos y con la posibilidad de cumplir 5 años de prisión. Cumpliendo con su manto constante de hipocresía, el presidente de la Nación, (acompañado por los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich), recibió al oficial de la Policía Local en la Casa Rosada para no solo ofrecer apoyo logístico y moral, sino para felicitarlo con frases como la descripta anteriormente. Nuestro máximo mandatario decidió silenciar todos los argumentos expresados por la justicia y sembrar una versión útil a sus intereses de gobierno. Como Observatorio por los derechos de la Niñez y la Juventud en el Barrio de La Boca, venimos realizando un seguimiento respetuoso del caso analizando paso por paso del proceso. La prudencia que adoptamos como colectivo social para el manejo de la información fue avasallada por los actos imprudentes del Presidente. A lo cual nos vemos en la necesidad de manifestar algunas cuestiones en torno a todo lo que se decidió ignorar en el día de la fecha. 

Al contrario de Macri, El Juez competente en la causa investigó los hechos, recaudó testimonios, consideró los peritajes realizados por la Policía Federal que determinan el accionar desmedido e injustificado de Chocobar ante un hecho consumado en donde sólo quedaba como prioridad la atención de la víctima. Macri en ningún momento se detuvo a manifestar que Chocobar fue detenido en un calabozo durante 48hs luego de que la Policía Federal hiciera un sumario al acudir a los hechos. En toda esta tarde de ataque mediático a la verdad nunca se mencionaron siquiera los argumentos por los cuales el oficial sufre semejante imputación, a pesar de que al lado sucedió otro hecho de gravedad como el apuñalamiento de una persona en medio de un robo. Macri oculta los seis disparos (no uno, ni dos, ni tres; sino seis) que emitió Chocobar desde su arma reglamentaria por fuera de su horario de servicio; y peor aún, fuera de su jurisdicción de competencia. Nunca se mencionó que los testimonios recolectados por la causa judicial y la detención de un segundo sospechoso confirma que Juan Pablo nunca portó un arma. Y que los disparos se realizaron con los sospechosos ya distanciados del cuerpo de la víctima del robo. Son explicaciones que aún están por darse, pero que nuestro presidente “respetuoso de las instituciones y los procesos” decidió ignorar debido a que en este momento es más prioritario bajar un mensaje ejemplificador para con las fuerzas de seguridad. Su respaldo será contundente para defender a todo policía que actúe como Chocobar.

Hablemos de Juan Pablo. Era un joven del barrio de La Boca, que tomó sus propias decisiones para participar de un robo. Muchos dirían que merecía ser juzgado por ello. Pero dadas estas circunstancias, tres tiros por la espalda y arrojar su vida sobre el asfalto no representan actos de justicia. Consideramos que nuestras autoridades al avalar este tipo de accionar están mirando para otro lado. “Servir y proteger” no es lo mismo que “apuntar y disparar”, y tampoco “juzgar” significa “eliminar”. Advertimos desde nuestro lugar de lucha que el actuar asumido por nuestras autoridades poco colaborar con la idea de una sociedad justa, ni mucho menos pacífica. Al contrario, los actos de condecoración del Presidente de la Nación hoy han demostrado altos sesgos de violencia e intolerancia, preocupantes para una persona que embiste la máxima autoridad ejecutiva de un país. 

Muchas cosas quedan por esclarecer, pero nuestras autoridades decidieron adelantarse a los hechos futuros y alimentar la apología de la mano dura y el gatillo fácil ofreciendo ayuda logística y apoyo moral al oficial imputado. Desde nuestro lado optamos por mostrar nuestro respeto a todas las familias y amigos que buscan oportunidades para sus seres queridos ante sus decisiones desacertadas, ante sus carencias, ante aquellas injusticias que suelen colocarnos en una situación hostil con la sociedad. Por ello llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas y barriales a emprenderse en la búsqueda de la verdad y la justicia. Nosotros y nosotras, desde el Observatorio por los derechos de la Niñez y la Juventud en el Barrio de la Boca, optamos por ofrecer nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Juan Pablo en su búsqueda de Verdad y justicia.

Ni un pibe menos.

*Observatorio por los Derechos de la Niñez y la Juventud en el Barrio de la Boca
Comisión de Niñez y Juventud
La Boca Resiste y Propone