Red de radios

22.2.2018

Por Daniel Satur

Son 36 unidades compradas por Macri en 2011 al Metro de Madrid. La AGTSyP se negó a seguir usándolos luego de que la empresa española reconociera que uno de sus operarios sufre de Asbestosis.

Desde este martes dejaron de circular los trenes modelo “CAF 5000” de la Línea B del subte de Buenos Aires. Según informaron los propios trabajadores, nucleados en la AGTSyP, la medida fue comunicada por Metrovías a los trabajadores ayer a la tarde.
En un artículo difundido el mismo lunes a la mañana desde el sindicato se informaba que “un empleado del Metro de Madrid enfermó de un tipo de cáncer conocido como Asbestosis, provocado por la exposición al amianto presente en trenes idénticos a los que circulan en la línea B”. En ese marco, la empresa española le reconoció la “enfermedad laboral” al operario. Y que si bien los especialistas “aseguran que no hay riesgo para los pasajeros”, es innegable el peligro de manipular ese material (sobre todo sin una capacitación previa), que está prohibido tanto en España como en Argentina.
En la Línea B circulaban hasta ayer 36 coches “CAF 5000”, que vienen de fábrica con un componente eléctrico que contiene el material cancerígeno. La información sobre lo ocurrido en el Estado Español había sido difundida hace varios días por los diarios más importantes de ese país, lo que provocó la alarma entre los trabajadores del subte porteño.
Este martes, a través de un comunicado titulado “Urgente: CAF 5000”, la Secretaría de Organización y Encuadramiento de la AGTSyP le informó a los trabajadores y las trabajadoras del subte que, “en adelante, ningún trabajador del Subte deberá tocar ni subirse a los coches CAF 5000”. Aclara el comunicado que la decisión es producto de que “tomara estado público la presencia de asbesto en dichos trenes y el reconocimiento del Metro de Madrid de que la operación de estos coches provocó cáncer a trabajadores”.
A su vez la AGTSyP informó que su Secretaría de Salud Laboral “está preparando las denuncias y el pedido de explicaciones ante la empresa, Sbase y los organismos correspondientes”.
Los trenes CAF 5000 fueron adquiridos en 2011 por la administración del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. La compra, de “segunda mano”, la realizó la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) precisamente al Metro de Madrid. Esos coches comenzaron a circular en la línea B a mediados de 2013.
Según informan los propios trabajadores del subte, “todos los coches comprados pertenecen a la primera subserie, la más antigua de todas, que data de mediados de los 70. Se trata de unidades reostáticas, con control de tracción tradicional, una tecnología ampliamente superada, y rápidamente abandonada por las siguientes subseries fabricadas para Madrid”. Y agregan que “durante buena parte de 2017 la flota estuvo fuera de servicio debido a razones de seguridad operativa e inconvenientes técnicos relacionados con los frenos”.
Hasta donde se sabe, en Madrid aseguran que la presencia de asbesto en los coches no representa riesgos para los pasajeros, pero que sí existe peligro para el personal encargado del mantenimiento de esos coches, al estar más expuestos al contacto con el material. De hecho existen normas que obligan a capacitar especialmente a ese personal para manipularlo.
El caso de un trabajador enfermo en el Estado Español encendió las alarmas en Buenos Aires. La central sindical Comisiones Obreras de aquel país ya reportó la existencia de un segundo empleado con el mismo tipo de enfermedad y ya se sospecha de un tercero.

21.2.2018

Difundimos comunicado:

COMUNICADO DE PRENSA – FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR EN EL SUBTE

Dellecarbonara: "La sed de ganancia empresaria provocó una nueva muerte de un trabajador en el subte"

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del subte (AGTSyP), informó a la prensa que "este martes 20 de febrero, en horas de la mañana, murió un trabajador en el Subte. El obrero, que pertenecía a la empresa Rowing, falleció luego de que una zorra provocara su aplastamiento. Esta empresa tercerizada es contratada por el grupo Roggio y por Sbase, y está llevando adelante obras para la extensión de la línea E del subterráneo que opera Metrovías. El hecho se produjo en el taller Lacarra, que se encuentra ubicado en la Autopista Dellepiane al 3600".

Dellecarbonara denunció que "tanto el Grupo Roggio como Sbase utilizan en el Subte constantemente y desde hace años la modalidad de tercerizar tareas en manos de empresas que no solo pagan salarios de miseria, sino que brindan condiciones de seguridad mínimas o nulas a sus empleados, muchas veces bajo convenios que no corresponden a la actividad que realizan y sin realizar los aportes patronales correspondientes. De hecho la empresa Rowing cuenta con tres trabajadores muertos en el último año, siendo este el cuarto caso. El ultimo había sido el de un operario que realizaba tareas para Edenor, en enero pasado".

El dirigente del subte afirmó también que "lamentablemente tenemos que decir que el grupo Roggio a través de Metrovías es responsable de la muerte de 5 trabajadores del subte en los últimos 5 años por la falta de inversión y la complicidad de los diferentes gobiernos desde el 94 en adelante, con una empresa que ha convertido al subterráneo en una fuente de enormes ganancias pero que no presta el servicio que corresponde. Festival de subsidios y ninguna mejora en el servicio han sido una constante de los gobiernos menemistas, de la alianza, kirchenristas y ahora Cambiemos. Escaleras mecánicas y ascensores que no funcionan, trenes que se quedan en los túneles, estaciones que se inundan cada vez que llueve, son producto de esta política. Sin ir más lejos el día de ayer salió a la luz que los trenes CAF 5000 que operan en la línea B y que adquirió el gobierno de la Ciudad a España (en donde eran considerados chatarra) en el año 2015, contienen asbesto, un componente cáncerígeno que provocó la muerte de un operario en dicho país por asbestosis. Ahora además desde el gobierno de la Ciudad anunciaron un nuevo aumento de tarifa que llevaría el precio del viaje a 12,50 en el mes de julio, provocando un durísimo golpe al bolsillo de los trabajadores que utilizan a diario este servicio cada vez más deficiente e inseguro".

Por último, Dellecarbonara afirmó que "los trabajadores del subte venimos desde hace años denunciando a la empresa Metrovías por la falta de inversión y los riesgos que eso implica no solo para los trabajadores, sino también para el público usuario. Exigimos que Metrovías abra los libros contables, para ver a dónde van a parar las ganancias millonarias que han recibido durante todos estos años. Por eso decimos que la única salida es la estatización bajo el control de trabajadores y usuarios, los únicos interesados en un servicio eficiente, seguro y de calidad".

Claudio Dellecarbonara

Miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP

21.2.2018

En la mesa salarial docente convocada de modo totalmente tardío a 10 días del inicio de clases el gobierno hizo una oferta insultante que no puede llamarse propuesta: un 6% de aumento en marzo y unos 600$ en mano en concepto de adelanto. La propuesta total es de 12% en tres cuotas (6% en marzo, 3% agosto, 3% octubre). Asimismo pusieron sobre la mesa una propuesta de salario diferenciado por capacitación fuera de servicio para aquellos docentes que aprueben cursos fuera del horario laboral. Esto es parte de la misma política planteada por Vidal en la Provincia de Buenos Aires con un salario ligado al presentismo. Bajo ningún concepto podemos aceptar esta diferenciación: el salario es alimentario y debe cubrir la canasta básica.

Nada de esto se hizo como propuesta escrita formal por lo cual no es información completa y no permite saber si estos montos serán remunerativos.

Desde Ademys rechazamos categóricamente esta “oferta” y fuimos el único sindicato que exigió a la ministra en la mesa el retiro del proyecto de UniCaba que disuelve los institutos de formación docente.

Llamamos a toda la docencia a decidir nuestro plan de lucha el 26/2 en Asamblea Unificada en Av. Belgrano 2527.

21.2.2018

Violeta Weber*

Durante los últimos años, los centros de estudiantes de los colegios públicos comenzaron un proceso en el que asumieron la importancia de tomar la violencia de género y el machismo como parte de su lucha. Los casos de abusos y violaciones que suceden en las escuelas y la convivencia de víctimas con victimarios en el interior mismo de las aulas son pasivamente tolerados e invisibilizados. Las y los estudiantes exigen un protocolo y la aplicación real de la Ley de Educación Sexual. Paralelamente, existe otra violencia a la cual las adolescentes deben enfrentarse día a día: los códigos de vestimenta que reprimen y cosifican a la mujer.

Los códigos de vestimenta son uno de los ejes de lucha centrales en la actividad de las comisiones de género de los centros de estudiantes. Solo algunos pocos colegios cuentan con un código de vestimenta que no reprime a las estudiantes. La reglamentación, en líneas generales, tiene una política que impone reglas diferentes para mujeres y hombres, y cosifica a la mujer limitando su vestimenta por “la distracción que genera en los compañeros hombres”.

La instalación de dichos debates es uno de los mayores logros de la lucha de los secundarios y el comienzo que dará impulso a las medidas que buscan acabar con los mecanismos machistas que están completamente naturalizados en los colegios.

Surge el debate y los estudiantes generan proyectos que son elevados a los directivos y las supervisiones, entonces comienzan las trabas. Sin el apoyo de las autoridades de un colegio es complicado para los alumnos avanzar. Incluso, cuando la colaboración es parcial y los códigos son “un poco” modificados, la mala implementación de los mismos los tergiversa con criterios injustos y machistas. Por ejemplo, el código indica que no se puede usar musculosas pero solo son sancionadas las mujeres que las visten. En el Liceo 9, Santiago Derqui, la supervisión se niega a aprobar el código de vestimenta propuesto por los estudiantes con la excusa de que no hay forma correcta de definir por escrito el largo mínimo que deben tener las polleras o shorts. En el Raggio, se aprobó un código sin presencia de los representantes del alumnado como exige el protocolo.

En los colegios cada vez son más comunes los debates de género en las aulas y los pasillos. Resulta esencial que se hable de estos temas, que se compartan opiniones; en este sentido la educación sexual podría ser enriquecedora. En los espacios que cada centro de estudiantes desarrolla (una revista, una jornada o una de las reuniones, etc.), es notable que los temas de género son recurrentes porque cada vez son más las estudiantes que deciden dar un paso adelante y luchar por sus derechos.

Las estudiantes de los colegios secundarios se suman a la lucha feminista para eliminar el machismo del ámbito escolar. Reclaman códigos de vestimenta que no las cosifiquen, protocolos contra la violencia de género y la aplicación real de Ley de Educación Sexual. El próximo 8 de marzo se movilizarán para sumar sus voces al paro internacional de mujeres. Con la pérdida y el sufrimiento de tantas compañeras es esencial su grito de #NiUnaMenos. 

*Estudiante del Liceo 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

21.2.2018

El gobierno porteño quiere terminar con las tomas de escuelas públicas en el próximo ciclo lectivo, que empieza el 1º de marzo. Por eso, el Ministerio de Educación dictó “pautas de acción” para restaurar las responsabilidades de quienes participen o alienten esas acciones: los directores deberán citar a los padres para retirar a sus hijos de la escuela. Los padres serán responsables de los daños eventuales.

“Queremos que las responsabilidades por las tomas queden claras”, dijo la ministra Soledad Acuña, al recordar que en 2017 se tomaron 30 escuelas.

El nuevo protocolo establece que en la toma de un colegio su principal autoridad deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y citar de manera inmediata (por teléfono u otras vías de contacto habituales) a los padres o tutores de los alumnos para que los retiren del establecimiento.

Además se exige que las autoridades labren un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ejercer la conducción de la escuela y luego la eleven a la máxima autoridad de la cartera.

El acta deberá incluir un relato de los hechos apoyado en fotografías (preferentemente certificadas por un escribano) del estado del patrimonio escolar al momento de iniciarse la toma.