10 insumisas, insurrectas, despedidas

28.2.2018

Por Emergentes

“Empezaron a llamarnos a cada una, en un lapso de entre 20 y 30 minutos, con un método muy perverso y generando mucha angustia. Nos iban citando de manera individual a reuniones en Lezama que es donde se encuentran las oficinas del gobierno de la ciudad” — cuenta Georgina, una de las diez despedidas que trabajaba en la Gerencia de Soporte Social en la Villa 31.

El mecanismo deviene disciplinador ya que la mayoría de las trabajadoras despedidas participan en procesos asamblearios y acciones en el marco de la lucha por los derechos no solo del colectivo sino también por los derechos de lxs vecinxs.

 La ausencia de argumentos atravesó todas las llamadas telefónicas, llamadas esquivas y cortas. Dice Candela : “las 10 despedidas hemos tenido evaluaciones positivas de parte de nuestrxs coordinadorxs, quienes nos están defendiendo. Se trata de un disciplinamiento ya que estamos organizadas como colectivo de trabajadoras. Tampoco es una cuestión de presupuesto, ya que es una secretaria que sigue tomando gente”.

Los testimonios de las trabajadoras se replican como el loop de una escena guionada el 12 de Enero del 2018, inaugurando un año en donde los despidos fueron eyecciones constantes en empresas privadas y en el Estado, y es así como el Jefe de Gabinete Marcos Peña lo sintetiza con sus declaraciones acerca de los recortes en los puestos de trabajo: “Hay casos en los que la misma tarea se puede hacer con menos gente”. La cristalización de su preferencia por favorecer a “menos gente” queda a claras luces, se aplica la tijera que sigue la línea de puntos en donde ciertas tareas y ciertas trabajadoras caen como restos o residuos del proyecto de este gobierno.

Las preguntas de Macarena resuenan estruendosas luego de recibir el llamado: Miré a mis compañeras que tenía más cerca y les dije creo q me echaron. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Lo llamé a mí coordinador para ver si sabía algo de esa reunión y me ahí me explicó que iban a haber personas “desafectadas” en esa reestructuración.

El engranaje de los despidos se aceita con llamados y citaciones individuales, esas tuercas se aflojan con respuesta colectiva, así lo manifiesta Gisel: “El día lunes 22/01 Martín Videla Dorna se comunica con las 10 compañeras telefónicamente, con el objetivo de citarnos a una reunión de manera individual. Entre todas decidimos asistir colectivamente con la presencia de nuestros delegados” y Constanza agrega: “De todas formas, supimos contenernos y hermanarnos en ese marco de incertidumbre y pensar estratégicamente, a mi criterio”.

“No es un detalle que las despedidas sean 10 mujeres. Desde el colectivo de Varones antipatriarcales se publicó una nota que, basándose en estadísticas del Ministerio de Trabajo, brinda un claro panorama de esta situación. Dichos datos publicados en septiembre de 2017, refieren que del total de mujeres trabajadoras, un 35% de las mismas se encuentran en condiciones de informalidad y, de acuerdo a estadísticas del INDEC, reciben un salario 27% por debajo al que reciben los varones”, profundiza Antonela sobre este contexto de precarización laboral y feminización de la pobreza en la Argentina de hoy. En las últimas semanas han salido a la luz datos concretos sobre el impacto directo de los despidos para las mujeres: Dentro de las personas despedidas en el INTI, el 42% son mujeres, que además de organizarse para reclamar sus puestos de trabajo, reconocen en el ámbito de la ciencia y de la técnica un terreno masculinizado en donde hay que pisar fuerte para que la huella de la organización sindical llevada a cabo por ellas quede marcada. En la segunda Asamblea Ni Una Menos para organizar el paro Internacional 8M, las voces iniciales estuvieron a cargo de las bailarinas del Ballet Nacional -recientemente cerrado- y las trabajadoras despedidas del Hospital Posadas. Se tiende un alambrado que cada vez hace más visible y más urgente la unidad frente a las medidas impulsadas por el gobierno.

“Nuestros despidos afectan no sólo nuestra cotidianidad y nos deja sin fuente de ingreso, sino que afecta directamente a las más de 500 familias con las que nos encontrábamos trabajando al momento de ser despedidas”- dice Meli -una de las 10 despedidas- expresando también que hasta el momento no tienen respuestas de qué tipo de acompañamiento se les está dando a las familias en el barrio.

A casi un mes de llamados telefónicos erráticos, rumores, reuniones sin sillas -cuando las 10 despedidas se reunieron con Martín Videla se les negó la posibilidad de ir a buscar las sillas para tener la reunión sentadas- , las trabajadoras están decididas a luchar por la reincorporación en la Secretaria de Integración Social y Urbana, no hay causas de despido, el presupuesto aumentó un 135% respecto al año pasado y en este contexto de persecución gremial y política encarnada por Diego Fernández (Secretario) y Julieta Williams (subsecretaria) es por demás evidente. La alternativa es la resistencia y el entramado que delinea un plan de lucha. Dice Constanza: “En este sentido, consideramos que el colectivo que nos apoya está preparado y dispuesto a dejar todo por la batalla que #las10 decidamos dar. Es en esta línea el escenario que continúa es el que vayamos definiendo en cada asamblea en función del plan de lucha”

Si bien el futuro se plantea haciendo pie en la lucha y en la resistencia, los despidos a nivel provincial y nacional presentan un panorama engorroso para la reinserción, teniendo en cuenta que muchas veces las mujeres a la hora de reinsertarse al terreno laboral cumplen tareas no vinculadas con su profesión además de cobrar salarios menores por las mismas tareas que realizan los varones.

 

A pocos días del Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, travestis y trans, las trabajadoras aprietan el puño y se organizan, continúan asistiendo a sus puestos de trabajo y permanecen en estado de alerta. Es indispensable que el feminismo pueda colarse como una de las herramientas de luchas sindicales y gremiales, y al parecer, las diez están dispuestas a ello.

Despidos en CABA: estatales denuncian intento de desalojo en el Ministerio de Hacienda

27.2.2018

Cientos de trabajadores y trabajadoras estatales se encuentran sosteniendo una toma pacífica en la cartera de Hacienda de CABA. Reclaman la reincorporación de despedidos en el Canal de la Ciudad y en la Villa 31.

Los estatales exigen la reincorporación de trabajadores echados en el Canal de la Ciudad y en la Villa 31. Además, desde ATE Capital denunciaron que se les corto la luz y que se sostiene la prohibición del ingreso de suministros con efectivos policiales que rodearon el edificio. 

Desde ATE Capital se expresaron en un comunicado sobre la jornada de ayer: “los funcionarios aceptaron una mesa de negociación propuesta por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y hacia allí se dirigieron miembros del Consejo Directivo de ATE Capital, delegados de los sectores de trabajo en conflicto y el Defensor del Pueblo Alejandro Amor. Sin embargo, nadie acudió por parte del Gobierno y alrededor de las 4 de la tarde llegó al edificio de Hacienda una orden de desalojo por parte de la Fiscalía Número 37, a cargo de Gonzalo Viña. Una muestra clara y contundente de cómo es el ´diálogo´ del Gobierno de la Ciudad.”

Además , señalaron: “con la infantería en la puerta, Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, tomó la palabra ante los más de 200 trabajadores y trabajadoras presentes e informó que la Fiscalía había dado de baja la orden gracias a la intervención de la Defensoría, los organismos de derechos humanos y los dirigentes que se acercaron a expresar su apoyo. La decisión, entonces, fue continuar la medida de protesta, reafirmar su caracter pacífico y no ceder ante el amedrentamiento.”

Tras la situación de amedrentamiento policial de ayer, continuó persistiendo durante la jornada de hoy la presión por parte de los agentes que rodean el edificio. En este marco, los trabajadores destacaron “la presencia organismos de Derechos Humanos, referentes sindicales y políticos para denunciar la falta de diálogo por parte del ejecutivo del GCBA para destrabar el conflicto, incumplimiento las instancias de negociación”.

 

 

Caso Nehuén Rodríguez: comenzó el juicio oral y público

Sol Valverde

 

Luego de varias suspensiones previas, el martes 27 de febrero comenzó el juicio oral y público por Nehuén Rodríguez.

 

El día martes 27 de febrero, luego de varias suspensiones previas, comenzó el juicio por Nehuén Rodríguez. En esta causa se encuentra imputado el ex oficial de la por entonces Policía Metropolitana, Daniel Germán Castagnasso, quien era el conductor del patrullero que atropelló al joven y quien se encontraba acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba.

Si bien la jornada comenzó con la calle Talcahuano totalmente vallada, la misma no fue un impedimento para la organización y la lucha de la familia de Nehuén Rodríguez, quienes desde muy temprano llegaron a tribunales. Fueron acompañados por los legisladores porteños Patricio Del Corro (PTS-FIT) y Gabriel Solano (PO-FIT), así como también por diferentes organizaciones políticas y sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil y Lucas Cabello, quien fue baleado por la Policía Metropolitana el 9 de noviembre del 2015 en el barrio de La Boca.

Mientras se desarrollaba el juicio, diferentes organizaciones políticas y sociales de La Boca realizaron junto a los familiares de Nehuén una radio abierta desde la plazoleta aledaña. En dicha radio participaron diferentes medios del barrio. También se realizaron cuadros artísticos que contaban la historia de los pibes que fueron asesinados por el gatillo fácil y contó con músicos invitados.

El juicio comenzó con los testimonios de los testigos presentados tanto de la querella, como la defensa del policía imputado. Uno de los testigos que fue presentado por la defensa de Castagnasso, fue Daniel Soria Barba quien planteó reiteradas veces que no podía precisar detalles acerca de si el móvil policial había cruzado en rojo, si llevaba las sirenas, las luces correspondientes y que al momento en que se produjo el choque se encontraba llenando una planilla de servicios.
Luego testificaron vecinos que plantearon que pudieron ver y escuchar la moto del joven haciendo un esfuerzo para poder subir una barranca, que da cuenta de la poca velocidad a la cual iba. También plantearon que el patrullero no tenía las sirenas correspondientes, escucharon el impacto y que luego del choque comenzaron a escuchar las sirenas del patrullero.

Dieron cuenta también de la falta de iluminación y señalización correspondiente teniendo en cuenta la cercanía del lugar con diferentes Hospitales Psiquiátricos y de que Nehuén se encontraba con el casco correspondiente.

El último testimonio lo brindó una ex trabajadora de seguridad que en ese momento trabajaba de forma terciarizada en el hospital Moyano, el cual tiene su entrada principal sobre la calle Brandsen, muy cercana a la intersección de las calles Brandsen y Dr. Ramón Carrillo, donde se sucedió el hecho. La mujer planteó que sus supervisores, que habían pertenecido a diferentes fuerzas de seguridad, le plantearon que en caso de testificar iba a ser despedida.

La audiencia tendrá continuidad el próximo jueves 1 de marzo desde las 9:30, en donde se mostrarán las pericias realizadas y el análisis de la misma. Roxana Cainzos planteó desde la radio abierta, la necesidad de organizarse ante los atropellos de las fuerzas de seguridad que atacan a los pibes, contra el gatillo fácil y la necesidad de continuar las luchas en las calles para conseguir justicia.

Justicia por Nehuen: no solo con balas mata la policía

26.2.2018

Por organizaciones sociales y políticas*

Organizaciones sociales y políticas convocan a participar de la primera audiencia del juicio por el asesinato de Nehuen Rodríguez. La misma se llevará a cabo el 27 de febrero a partir de las 9 horas en Talcahuano 550.

El martes 27 de febrero comienza el juicio oral y público por el asesinato a Nehuen Rodríguez, joven de 18 años del barrio porteño de La Boca que falleció al ser atropellado por un patrullero de la entonces Policía Metropolitana.

El 15 de diciembre de 2014 Nehuen se dirigía en su moto a Parque Patricios para festejar el ascenso de su querido Huracán. En la intersección de Brandsen y la Avenida Ramón Carrillo fue atropellado por una camioneta de la fuerza de seguridad porteña, manejada por el oficial Daniel Germán Castagnasso, que cruzó el semáforo en rojo, sin sirenas, a contramano y superando la velocidad máxima permitida. El joven falleció en el acto a pesar de tener puesto el correspondiente casco.

Tras muchas trabas en el proceso judicial, muchas de ellas propiciadas por la Policía Metropolitana, fuerza que entorpeció la investigación y dificultó las pruebas para su correspondiente desarrollo, se llega a la instancia de juicio oral y público para avanzar hacia una sentencia firme en este caso de violencia institucional.

Desde las 9 horas, mientras se desarrolle la sesión en los tribunales de Talcahuano 550, afuera se llevará adelante una radio abierta y actividades recreativas en la que participarán vecinxs, familiares de casos de violencia institucional y gatillo fácil y organizaciones sociales y políticas para concientizar acerca del incremento de casos de violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires y el país en general.

Por eso hoy más que nunca decimos: Justicia por Nehuen. Basta de violencia institucional. Ni un pibe menos. No solo con balas mata la policía.

 

*Radio Gráfica, FM La Caterva, FM Riachuelo, Organización Los Pibes, Centro Cultural Miguel Miranda, Agencia Paco Urondo, MP La Dignidad, Frente Popular Darío Santillán, Comisión de Amigos y Familiares de “Darío Santillán”, La Cámpora La Boca, Secretaría de Derechos Humanos de la CETP, La Boca Resiste y Propone, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, CORREPI, La Garganta Poderosa, PTS Barracas, Partido Obrero La Boca, Partido Comunista La Boca, El Paseo de la Economía Popular “Martín Oso Cisneros”, La Retaguardia, El Patio Casa Popular, El Hormiguero, EPRODH, La Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Escuela popular de arte Ester Ballestrino, Raquel y Jorge Witis, Corriente Jauretche, Movimiento No Mataras, Asociación contra la violencia institucional (ACVI), CICOPS, Casa Tasso, Colectivo Artistico Vecinal de La Boca, Sur Capitalino, Simon Bolivar OLP, Cidac, Centro Comunitario Copitos, CC El Sueňero, Proyecto Popular, Coordinadora de estudiantes de base, Revista Venceremos, Centro de Estudiantes del Isfa Manuel Belgrano (CEIMB), Pablo Ferreyra, diputado Patricio del Corro, diputada Myriam Bregman, Mesa gremial 19 y 20, Secretaría de la mujer y diversidad CTEP, Agrupacion H.I.J.O.S. Capital, Colectivo no a las torres en Catalinas La Boca, Centro Barrial y Cultural La Bonavena, Nuevo Encuentro La Boca, presidente de Nuevo Encuentro CABA José Cruz Campagnoli, legisladora porteña por Unidad Ciudadana Andrea Conde, Asociación Civil Desactivar Redes Comunitarias, Cesac Nº 41, diputado nacional Leo Grosso,, Red Solidaria de Trabajadorxs de La Boca, diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Partido Obrero Gabriel Solano, FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), diputado nacional Horacio Pietragalla, OCIVI (Observatorio contra la inseguridad y la violencia institucional), Colectivo de Antropologxs, Comunicadorxs y Sociologxs del GCBA, Fundacion CasaSan, ATE CAPITAL, USINA, Nuevo Encuentro CABA, presidenta de la auditoría general de la ciudad Cecilia Segura, diputado nacional Juan Cabandie, Agrupación Vecinos de La Boca, Boca es Pueblo, Centro Político y Cultural Eduardo Galeano.

Cooperativas reclaman paritarias libres y puestos de empleo

27.2.2018

Trabajadores cooperativistas que prestan servicio a la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron éste mediodía hasta las puertas del Ministerio de Espacios Públicos porteño para solicitar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta abrir la discusión paritaria para el sector y la creación de más puestos de trabajo. "La canasta básica familiar en Capital Federal ya superó los $17.000. Los que trabajamos en las cooperativas del gobierno de la ciudad cobramos salarios por debajo de la línea de indigencia, y venimos exigiendo una urgente recomposición salarial", reclamaron en un comunicado. Tras la reunión, se abrió una mesa de trabajo y el ministerio se comprometió a recibirlos nuevamente en una semana para seguir discutiendo.

 

La movilización -que duró unas dos horas- convocó a unos 2.000 cooperativistas, comenzó en la zona de estación Constitución a las 11 y fue a exigir una reunión a las puertas del Ministerio de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que es la cartera que administra la relación del gobierno porteño con las cooperativas que prestan servicios en a la ciudad, y que tiene su sede en los alrededores de la zona de Parque Lezama.

"En la ciudad más rica del país, una familia necesita $17.097 para no ser pobre y $8.326 para no ser indigente, según la propia Dirección de Estadística y Censos de la CABA", denunciaron en un comunicado las cooperativas, y reclamaron: "Los que trabajamos en las cooperativas del gobierno de la ciudad, cobramos salarios por debajo de la línea de indigencia, y venimos exigiendo una urgente recomposición salarial. Somos los más golpeados por el aumento del precio de la comida, las tarifas y el transporte, los que sufrimos el recorte de asistencia a los comedores del Gobierno de la Ciudad y su política de pobreza".

En declaraciones, el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)Carlos Kostiuk, detalló: "Somos los trabajadores más humildes de la ciudad, que sobrevivimos con los míseros sueldos de las cooperativas. Nuestros compañeros lo que realizan principalmente es el laburo de recolección de basura y limpieza dentro de villas, saneamiento y control de plagas. Calculamos que debe haber 40 mil compañeros en cooperativas de la ciudad. Nosotros estamos exigiendo que se reabra la discusión paritaria porque ya nos anticiparon que de acuerdo al pacto fiscal que han firmado pretenden darnos sólo un 12 por ciento".

En cuanto a las irregularidades del gobierno de la ciudad con los contratos de las cooperativas – cuyos trabajadores cobran apenas $4.750,Kosiuk detalló: "Hay un doble juego del gobierno, porque por un lado él es el tercerizador de todo esto y por otro lado oficia de garante de algunas empresas. Nosotros trabajamos también bajo el área de espacios públicos, donde, por ejemplo están ASIRA, AESA, y varias empresas de recolección de las comunas de la ciudad. Nuestros compañeros están trabajando bajo una cooperativa, pero subcontratados por una empresa. Hace muchos años que venimos discutiendo éstos formatos de contratación.Hemos logrado que algunos pasen a formatos intermedios, pero en general el gobierno se niega a que pasemos masivamente".

En tanto, en lo que marca una mayor tensión de la relación del gobierno con los movimientos sociales, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanleysalió públicamente ésta mañana a confirmar queel gobierno aumentará los controles sobre los planes sociales y la idea de que los beneficiarios se capaciten y estudien como contraprestación". En éste sentido, aseguró que desde su cartera vienen impulsando desde noviembre una "actualización de datos de la gente que cobra planes sociales".

Atajándose de antemano, la funcionaria aclaró que la medida "no tiene que ver con ir en contra de nadie" ni con la participación de las organizaciones sociales en la marcha del 21F convocada por el gremio de Camioneros, ambas CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, las pymes y los sindicatos clasistas combativos de izquierda, donde las cooperativas de trabajadores precarizados de los movimientos sociales aportaron una gran concurrencia, en reclamo contra las medidas de ajuste, despidos y aumento de la inflación impulsados por las políticas económicas de Cambiemos.

Estas nuevas medidas gubernamentales echan un manto de incertidumbre sobre las personas que cobran a través de los programas Argentina Trabajay Ellas Hacen, que el gobierno proyecta fusionar en uno nuevo llamado “Hacemos Futuro”, que comprenderá sólo la “Educación Formal Obligatoria”y otra parte de “Formación Integral”, según informó hoy el diario Clarín.

Tras la reunión de hoy el ministerio se comprometió a recibirlos nuevamente dentro de una semana para seguir con la mesa de negociación por el tema paritario. "Quedamos en una mesa de trabajo para poder generar puestos de empleo – declaró Kosiuk a ANRed al finalizar la reunión – Le planteamos la necesidad de aumento, de abrir una paritaria del sector que no sea con un techo del 12 por ciento, y por otro lado tenemos reunión también con el área de Desarrollo Social el jueves o viernes para tratar de abrir negociaciones en éste sentido".

EL ROL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (FADU-UBA) EN LOS PROCESOS DE RE-URBANIZACIÓN DE VILLAS

25.2.2018

Negocios, falta de participación e información, y conflicto social

En el año 2016, el GCBA anunció el comienzo de procesos de integración social y urbana  (Re-urbanización) en varias villas de la Ciudad de Buenos Aires: Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Playón de Chacarita, Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), Barrio Lamadrid y Villa 20. 

Esta nueva política para llevarse a cabo necesita un número frondoso de técnicos especializados la prestación de servicios públicos en villas y la construcción de viviendas sociales.

El art. 58 de la Constitución del a Ciudad establece que la Universidad de Buenos Aires (UBA) y demás Universidades Nacionales son consultoras preferenciales de la Ciudad Autónoma.

En esta dirección, la Secretaría de Integración Social y Urbana –SECISYU- (encargada de la re-urbanización del Barrio Carlos Mugica) realizó tratativas con la Facultad de Ingeniería (FIUBA) y con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA para firmar convenios para que brinden apoyo técnico en determinadas tareas.

 

A. CONVENIO CON LA FADU

 

LA FADU y la SECISYU firmaron varios convenios relación al Barrio Carlos Mugica:

 

a.Convenio para la “Elaboración del anteproyecto ejecutivo del plan urbano de vivienda nueva en el Ex predio YPF”.

Anteproyecto para el diseño de 1200 unidades funcionales.

El GCBA pagó a la FADU la suma de $17.300.000 por 1280 horas de trabajo. Esto equivale a pagar $13.500 por hora.

Se estableció una cláusula de confidencialidad.

El convenio se firmó en fecha 20 de enero de 2017 y estipulaba que el anteproyecto debía ser entregado en un plazo de 2 meses.

El anteproyecto debía contemplar la instalación de Gas.

 

b.Convenio para la “Elaboración del anteproyecto ejecutivo de vivienda nueva en el Sector Cristo Obrero Barrio 31”.

El Anteproyecto consistía en el diseño de 126 unidades funcionales en un predio de 1,5 hectáreas.

El GCBA pagó a la FADU la suma de $3.700.000 por 1280 horas de trabajo. Esto equivale a pagar $2.890 por hora.

Se estableció una cláusula de confidencialidad.

El convenio se firmó en fecha 11 de octubre de 2016 y estipulaba que el anteproyecto debía ser entregado en un plazo de 30 días.

El anteproyecto debía contemplar la instalación de Gas.

 El responsable de firmar estos convenios por parte de la FADU y de su contenido fue el Arq. Luis Bruno, en su carácter de decano. Los montos pagados se distribuyeron entre la FADU y el responsable de realizar los anteproyectos, el Arq. Javier Fernández Castro y su equipo.

El Arq. Javier Fernández Castro había sido contratado en el año 2015 por la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. para elaborar un Anteproyecto de Tejido de viviendas y equipamiento sobre tierras fiscales nacionales en el Barrio Carlos Mugica.

 

1.En ninguno de los convenios se estipuló la necesaria participación de las familias afectadas y de los habitantes del Barrio Carlos Mugica en la elaboración del anteproyecto. Las familias no formaron parte de las decisiones más importantes en relación a sus futuras viviendas en virtud de que el GCBA decidió unilateralmente relocalizarlas para ejecutar obra pública (relocalización del Sector Cristo Obrero por el cambio de la Traza de la Autopista Illia –ver informe aquí[1]– y del Sector Bajo Autopista por las obras del Parque Lineal sobre la actual traza de dicha autopista).

La falta de información y participación real de las familias en estos proyectos de vivienda generaron conflictos sociales muy graves en el Barrio. Se pueden mencionar las protestas contra las viviendas construidas en el sector Containera (Ver informe previo[2][3]), el rechazo del sector del Bajo Aupista a su relocalización, el desalojo ilegal y violento de familias que no aceptaron mudarse a las viviendas nuevas en Containera (Ver informe aquí[4]).

La Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley N° 148 y la ley N° 3.343 que disponen la re-urbanización del Barrio Carlos Mugica bajo los principios de la democracia participativa. No sólo garantizan el acceso a la información pública sino que también promueven y garantizan la participación obligatoria, real y efectiva de los habitantes del barrio y sus representantes en cada una de las etapas y decisiones del proceso de urbanización. Estos convenios soslayaron estos derechos.

La Universidad Pública debe respetar las leyes locales que disponen el modo de participación de la ciudadanía. También deben procurar fortalecer los mecanismos de participación en procesos tan delicados y complejos como es la re-urbanización de una villa. El trabajo con la comunidad es uno de los principios arquitectónicas que la FADU debería respetar y garantizar cuando participa de políticas urbanas de gran magnitud.

 

2.Se estableció la cláusula de confidencialidad. Esta cláusula lesiona el derecho de todo habitante del Barrio Carlos Mugica y, principalmente, de los afectados directos por el convenio, a acceder a información pública y relevante para su vida.

Los convenios no respetaron el carácter de público y de acceso irrestricto a la información producida en el marco del proceso de re-urbanización en cumplimiento de lo ordenado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

 

3.Resultan sorprendentes los montos pagados a la FADU siendo que forma parte de la Universidad Pública financiada por toda la ciudadanía. Causa perplejidad que tanto para 126 como para 1200 unidades funcionales la FADU haya establecido la misma dedicación de horas: 1280 horas.

Aquí cabe hacer la pregunta si la Universidad Pública está siendo utilizada por grupos que hacen negocios de consultoría con el Estado y emplean la Universidad como pantalla para soslayar los mecanismos y principios de transparencia en la selección de contratistas de acuerdo a las leyes que regulan la contratación estatal.  

 

4.En la Construcción de las viviendas el GCBA decidió no instalar la infraestructura necesaria para la provisión de gas natural aunque en los convenios figuraba esta condición como parte de los anteproyectos.

 

B. UNA HISTORIA DIFERENTE: CONVENIOS CON LA FIUBA

 

Esta discusión se planteó en la Facultad de Ingeniería de la UBA, con un final distinto respetuoso de los derechos de los habitantes del Barrio Carlos Mugica.

En la sesión del 6 de septiembre de 2016 el Consejo Directivo de la FIUBA aprobó el convenio firmado con la SECISYU. El convenio tenía por objeto el compromiso de la FIUBA a realizar el Diagnóstico Modelo de Seguridad Estructural de los Barrios 31 y 31 bis para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto[5].

Se establecía la confidencialidad de toda la información generada y obtenida en el marco del convenio[6]. Resulta preocupante que dos entidades públicas decidan la confidencialidad de los estudios e informes que generen cuando se utiliza presupuesto público y la información tiene estrecha relación con el derecho a la vivienda y al hábitat de habitantes del Barrio.

Tampoco el convenio ordenaba la efectiva participación de los habitantes y sus representantes en una etapa esencial del proceso de re-urbanización como que es la etapa de diagnóstico. No establecía ningún mecanismo de participación ni de rendición de cuentas del Diagnóstico Modelo de Seguridad Estructural de los Barrios 31 y 31 bis que realizaría la FIUBA.

Por estas falencias graves, a instancias de la consejera Inga. María Eva Koutsovitis (coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria), el Consejo Directivo de la FIUBA advirtiendo los cuestionamientos derogó la resolución que aprobaba el convenio y ordenó una nueva discusión de sus términos en el marco de la democracia participativa, las leyes de re-urbanización del Barrio Carlos Mugica y los estándares de transparencia y acceso a la información pública dispuestos a nivel internacional y nacional.

 

C. ¿Cuál DEBERÍA SER EL ROL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE RE-URBANIZACIÓN DE VILLAS?

 

El Estatuto de la UBA en sus bases establece que la Universidad, además de su tarea específica de centro de estudios y de enseñanza superior, deberá difundir los beneficios de su acción cultural y social estableciendo íntimas relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte. El mismo Estatuto establece que la Universidad Pública es un instrumento de mejoramiento social al servicio de la acción y de los ideales de la humanidad.

Sin embargo, nuestra historia reciente revela una universidad pública subordinada y condicionada por los poderes de turno y concebida por muchos de sus directivos como el territorio de disputa de los grandes negocios. Incompatibilidades legales y morales por parte de quienes ostentan el poder universitario, el mismo poder que en nombre de supuestos saberes técnicos legitima desalojos, desigualdades, el saqueo de nuestros recursos naturales.

Con preocupación observamos cómo la lógica mercantilista penetra en nuestras facultades, por ejemplo, transformándolas en pantalla de numerosas consultoras privadas que utilizan los recursos de la Universidad Pública y su prestigio para realizar negocios privados. La estructura de la Universidad Pública al servicio de contratos multimillonarios sorteando los mecanismos de contratación de la administración. Los Consejos Directivos han dejado de ser el espacio de discusión de las políticas universitarias para transformarse en la escribanía de los negocios de unos pocos. Todo esto mientras los auxiliares docentes esperan años para poder ser rentados y los docentes universitarios deben aceptar precarios salarios.

La Universidad Pública es una construcción colectiva donde todos los actores sociales, políticos y culturales deben ser protagonistas, debe ser inclusiva y por sobre todas las cosas debe estar al servicio de las necesidades de nuestras comunidades. La Universidad Pública se sostiene con fondos públicos, gracias al esfuerzo de los sectores más postergados, por lo tanto, aquellos privilegiados que se formaron profesionalmente en las universidades públicas deben tener presente que ese conocimiento específico no les pertenece, sino que forma parte de los bienes comunes de nuestra comunidad.

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