Red de radios

25.7.2018

Co-presidentes de la FUBA, Adrián Lutvak y Julián Asiner revelan detalles del intento de fraude orquestado por Franja Morada, agrupación estudiantil vinculada a Cambiemos, para quedarse con la Federación. Además, la denuncia penal contra el fiscal Marijuan por tareas ilegales de inteligencia.

El sábado 23 de junio la lista “Nueva FUBA en defensa de la Educación Pública”, vinculada a la coalición Cambiemos, celebró un escandaloso Congreso donde buscó hacerse con la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

Para quienes son ajenos al universo político de la UBA, cabe trazar aquí un paralelismo entre esta elección y el vergonzoso sufragio en la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que terminó en un sospechoso empate en 38 votos, sobrepasando el total de electores de 75. En este caso los números tampoco cerraron.

En dicho cónclave, realizado en la Facultad de Odontología, resultó electa por 66 votos a favor y una abstención la lista vinculada al Gobierno, encabezada por Francisco Strambini del MLI (independientes, Ingeniería) como presidente, Ayelén Petracca de la UES (peronismo, Ciencias Sociales) como vicepresidenta y Catalina Cancela Echegaray de Nuevo Derecho (socialismo, Derecho) como secretaria general. La convocatoria a estas elecciones había sido motorizada por Nuevo Espacio (ex Franja Morada) junto a las agrupaciones citadas y otras independientes.

Sin embargo, en la sede de la FUBA de Uriburu 920 -a tan sólo una calle de distancia-, otros 65 delegados de las agrupaciones que venían ejerciendo la conducción (La Mella y el Partido Obrero) y organizaciones de izquierda e independientes acreditaron ante un escribano la no asistencia al congreso.

El eje de la cuestión es que el estatuto indica que para sesionar deben estar presentes al menos 66 de los 130 delegados de los centros de estudiantes. La denuncia indica que las agrupaciones cercanas al Gobierno de Mauricio Macri tomaron como válidos a dos delegados que no lo eran, reemplazando a los representantes de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas, Federico Amoretti y María Luz Assman, quienes no se habían acreditado en el Congreso por considerarlo inválido.

“Fue un Congreso ilegal, con identidades truchadas y una convocatoria irregular”, cuenta en esta entrevista Julián Asiner, quien junto a Adrián Lutvak copresiden la FUBA. “No podemos convalidar una FUBA conducida por el macrismo, lo que implica un total contrasentido por tratarse de un Gobierno que busca liquidar la universidad pública.

En este marco, dos semanas más tarde, representantes de la FUBA denunciaron penalmente al fiscal Guillermo Marijuan por dar una orden ilegal para espiar a estudiantes de la UBA. Las tareas de inteligencia fueron realizadas por personal de la Policía Federal sin que mediara orden de un juez ni pedido por parte de las autoridades de la universidad.

“Fueron a los locales para averiguar qué hacían los militantes, qué decían los volantes, cuáles eran las actividades”, señalan los dirigentes estudiantiles.

La orden fue dada en el marco de una causa iniciada en 2015 contra los presidentes de la Federación a partir de denuncias del mediático abogado Ricardo Monner Sanz, padre del ex procurador General de la Ciudad y dirigente de Franja Morada, Ramiro Monner Sanz.

Desde la organización universitaria señalaron que la actuación estaría directamente vinculada a una operación de Franja Morada en el marco de las irregularidades denunciadas en las últimas elecciones.

23.7.2018

Reproducimos comunicado de la junta interna ATE:

No, no es la imagen de una película apocalíptica. Lamentablemente es real y se corresponde a que cortaron el servicio de energía eléctrica por falta de pago. La desidia de las autoridades está llevando a nuestro cine a una situación crítica.

El Gaumont es el único Cine que garantiza continuidad a las películas argentinas. Durante el año 2017 exhibió 214 películas, albergó 30 Muestras y Festivales, realizó 60 Avant Premieres y Premieres contabilizando un total de 339.411 espectadores para nuestro cine.

¿Qué lugar ocupa el Cine Gaumont para el presidente del INCAA? Es la pregunta que nos hacemos todxs los que amamos el cine, a raíz de una serie de situaciones que se están dando y que afectan de manera directa su buen funcionamiento:

Las Autoridades del INCAA, a finales de junio dieron de baja a la empresa con la que tercerizaban a dos boleteras y un operador de proyección. En lugar de absorber a estxs trabajadorxs de sobrada y comprobada expertise en sus tareas, incorporándolos al INCAA como exigimos desde esta Junta Interna, la Gestión de nuestro organismo decidió dejar vacíos esos puestos de trabajo, lo que sobrecarga de tareas al resto de trabajadorxs del sector. Esto genera una situación crítica en la que hoy ninguno de ellxs puede tomarse vacaciones o enfermarse porque no hay quien los cubra.

Nos encontramos, también, con que a la empresa con la cual tercerizan el servicio de limpieza de todo el Instituto (incluido el Gaumont), le pagaron recién el 19 de este mes, después de que esxs compañerxs hicieran retención de tareas. No es la primera vez que esto sucede dejando a lxs trabajadorxs en una situación acuciante, máxime cuando tienen que pagar el alquiler de sus viviendas y terminan abonando intereses que son deducidos de sus magros sueldos.

A este panorama hay que sumarle que el ascensor del cine no está funcionando, porque no se le pago al inspector. Mantienen una deuda que no permite contratar a nadie más y el ascensor continúa sin poder utilizarse impidiendo el acceso a las salas 2 y 3 a las personas con movilidad reducida.

Al mismo tiempo, alertamos sobre el vencimiento de las facturas de luz de los otros edificios del INCAA, algunos de los cuales tienen a resguardo material que debe estar con humedad y temperatura relativas y constantes, condiciones que se verían afectadas sustancialmente con un corte de luz poniendo en riesgo el patrimonio audiovisual.

Desde la Junta Interna de ATE denunciamos la desidia y rechazamos el ajuste sobre la Cultura en general y sobre el Cine en particular. Exigimos a Haiek y sus autoridades una pronta respuesta que traiga soluciones a las necesidades del Gaumont, que permita seguir ponderando el cine realizado en nuestro país como se merecen lxs trabajadores, toda la comunidad audiovisual y el público en general.

23.7.2018

Un operativo conjunto y coordinado por la Agencia Gubernamental de Control, la Policía de la Ciudad y la Guardia de Auxilio del GCBA se presentó este sábado por la noche en este centro cultural del barrio porteño de Almagro. Llevaban una orden de la Fiscalía para inspeccionar, desalojar y clausurar definitivamente el lugar sin haber mediado negociación alguna. El Centro Cultural esta tapiado. Compartimos el comunicado. 

LA CASA DE TERESA

NUESTRA CULTURA NO ES DELITO

El pasado sábado 21 de julio, alrededor de las 23:00, mientras transcurría nuestro ciclo de artes escénicas "Pequeños Formatos·", un operativo conjunto y coordinado por la AGC, la Policía de la Ciudad y la Guardia de Auxilio del GCBA se presentó en nuestro espacio con una orden de la Fiscalía para inspeccionar, desalojar y clausurar definitivamente nuestra casa sin mediar ningún tipo de negociación al respecto.

Esta definición y avance sobre el espacio por parte del Gobierno de la Ciudad pone en evidencia el carácter político de esta acción, que se enmarca en el proceso de persecución a los espacios culturales autogestivos y populares que construimos nuevas formas de pensar y hacer cultura en Buenos Aires. Desde el triunfo en 2015 del macrismo a nivel nacional, esta persecución ya existente en la ciudad se vio intensificada y desarrollada en distintos aspectos: el ahogo económico y el disciplinamiento político a través de la herramienta de las clausuras e intimidaciones.

Esto no es otra cosa que el correlato en el ámbito porteño de la escalada de violencia que este gobierno ha empleado como respuesta frente a la organización popular y movilización en las calles contra el ajuste.

En esta nueva etapa que requiere lo mejor de nosotrxs para derrotar a este proyecto de la derecha neoliberal, lxs convocamos a seguir tejiendo redes y construyendo más cultura popular, como venimos haciéndolo desde hace 10 años. Por eso, lxs invitamos a ser parte de una actividad que estaremos llevando adelante el sábado 28 de julio partir de las 15 hs en la puerta de nuestra casa, en cuña de Figueroa y Humahuaca.

Agradecemos el apoyo y difusión de nuestra situación y agradecemos también a todos los espacios y organizaciones que ya nos han brindado su solidaridad. Es en la unidad donde encontraremos el impulso transformador para cambiar todo lo que deba ser cambiado. Como así lo soñó Teresa, así lo seguimos haciendo.

Para todxs el pan Para todxs la belleza Para todxs el Tere Para todxs, todo

20.7.2018

Por La Cámpora La Boca

En el barrio, en la Avenida Don Pedro de Mendoza, un grupo de familias lleva 365 días de acampe. "Una clausura administrativa del Gobierno de la Ciudad impidió que volvieran a ingresar debido a que, según las pericias, el inmueble se encontraba en peligro de derrumbe". 

El 20 de julio del 2017 aproximadamente a las 6 de la mañana 32 familias tuvieron que evacuar el conventillo debido a un siniestro que se llevó la muerte de cuatro personas.  Los vecinos, en un primer momento, pensaron que, una vez apagado el incendio, iban a poder ingresar nuevamente a sus viviendas pero no fue lo que sucedió. Una clausura administrativa del Gobierno de la Ciudad impidió que volvieran a ingresar debido a que, según las pericias, el inmueble se encontraba en peligro de derrumbe.

Desde ese entonces las familias comenzaron a armar carpas frente al conventillo pasando por lluvias y frios a la espera de una respuesta por parte del Gobierno porteño.

El 31 de agosto del año pasado la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara decidió otorgarle carácter colectivo a la acción de amparo impulsada por las familias contra el Gobierno de la Ciudad y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El fin era que se formularan y ejecutaran los proyectos específicos tendientes a la rehabilitación del predio. Además, se solicitó que se les permitiera a las familias desalojadas retornar y permanecer en el conventillo, que se regularizara la posesión con el propósito de garantizarles una solución habitacional definitiva y se creara una línea de crédito especial que permita a los amparistas la compra de un inmueble en La Boca. Lo cierto es que, en los hechos concretos, desde el Gobierno de la Ciudad se niegan a reconocer dicha acción.

La insensibilidad por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede entenderse de forma aislada. Son conocidos los innumerables casos de desalojos que se viven en La Boca y el gran avance de la especulación inmobiliaria. Uno de los proyectos impulsados por el Ejecutivo porteño en el barrio es conocido como “Paseo de las Artes Pedro de Mendoza”. Desde el gobierno entienden que durante años esa zona fue sinónimo de abandono y que ahora será un recorrido que conectará al barrio de La Boca con Puerto Madero. Sobre la misma avenida hay familias que continúan en la calle sin tener, después de un año, una respuesta concreta.

Los vecinos y las organizaciones sociales y políticas que acompañan la causa esperan que desde el Gobierno de la Ciudad accionen con alguna solución habitacional concreta y dejen de tener como prioridad a los grandes negocios inmobiliario.

19.7.2018

Los metrodelegados retomarán a partir de este jueves las medidas de fuerza en el subte, ante la falta de acuerdo con el Gobierno porteño y la empresa Metrovías por la reapertura de paritarias.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) abrirán los molinetes de la Línea A entre las 19:00 y las 21:00 y desde esa hora se paralizará el servicio en todo el ramal hasta el final de la jornada.
El sindicato indicó que las medidas de fuerza, que continuarán en los próximos días en otras líneas con un esquema rotativo, fueron resueltas "tras la apelación presentada por Metrovías, SBASE y la Ciudad de Buenos Aires a la cautelar que ordenaba continuar el dialogo en la mesa de paritarias y la falta de voluntad demostrada por la patronal para resolver en forma pacífica esta situación de conflicto".
A comienzos del mes pasado, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario 2 había ordenado al Gobierno porteño y a Metrovías a reabrir la paritaria de los trabajadores del subte e incluir en la mesa de negociación a los metrodelegados, aunque la Ciudad finalmente recurrió el fallo.
En su resolución, el juez Roberto Gallado había dispuesto además que los metrodelegados abandonaran las medidas de fuerza durante los 60 días de la negociación y que Metrovías dejara sin efecto las sanciones impuestas, que incluían 194 suspensiones y 3 despidos.