Hay paro de subtes este viernes 6 de abril a partir de las 20.30

6.4.2018

La medida afecta también al Premetro hasta el horario final del servicio. Los metrodelegados reclaman una paritaria sin techo.

Los metrodelegados ratificaron el parode subte de este viernes a las 20.30 y hasta el final del servicio en apoyo a la huelga y movilización de los gremios docentes porteños y las organizaciones por una paritaria sin techo y salarios justos.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) ratificaron el paro en un horario que“es el que menos impacta de forma negativa sobre quienes deben volver a sus hogares” , explicó Enrique Rositto, vocero de la organización.

“Se paralizarán los servicios de las seis líneas de subte y el Premetro en el contexto de una masiva jornada de lucha realizada hoy por parte de los trabajadores en rechazo del plan de ajuste oficial del gobierno de la Ciudad contra trabajadores y vecinos”, puntualizó el dirigente gremial.

Rositto anticipó que la semana que viene “se evaluará la visión que tuvo el plan de lucha en el seno del gobierno porteño”, tras lo cual se determinará “si se regresa a la protesta callejera o si se retoma el diálogo en las mesas” de cada gremio.

Por su parte, la concesionaria Metrovías descalificó la decisión de los trabajadores de paralizar las tareas desde las 20.30 de hoy, argumentó que “no existen razones valederas para realizar una huelga” y reclamó la intervención del Ministerio de Trabajo.

Además de los metrodelegados también se sumaron a la protesta de los docentes los empleados judiciales, estatales, guardavidas y camioneros -quienes adhirieron pero no se sumaron a las marchas-.

Recalde repartió en la sesión huevos de Arrufat, la cooperativa que tiene que pagar $86.000 de luz

5.4.2018

“Vinimos a traerles un poco de dulzura frente a esta economía tan amarga”, explicó el legislador porteño y enumeró las distintas cooperativas de la Ciudad que están atravesando una crisis por las políticas del gobierno.

El bloque Unidad Ciudadana presentó en la sesión de hoy en la Legislatura Porteña un proyecto de preocupación por la situación que están viviendo los trabajadores de la fábrica de plásticos Oropel, del barrio de La Boca, que hace dos meses no cobran su sueldo porque los dueños abandonaron la empresa y dejaron a 75 familias sin respuesta.

En ese marco, el legislador Recalde explicó que “las empresas están sufriendo el cóctel explosivo que implica la apertura de importaciones, la caída del consumo y los brutales tarifazos” y que esto impacta aún más en aquellas que fueron recuperadas por los trabajadores. La pizzería “Mi Tío” de San Telmo, el restaurant “La Pascana” de Palermo y la gráfica “Patricios” de Barracas son algunos ejemplos.

Para finalizar, Recalde repartió huevos de la cooperativa Arrufat para todos los legisladores. El último fin de semana la fábrica convocó a una campaña solidaria para pagar la factura de luz de $86.000, la convocatoria se volvió viral y cientos de vecinos se acercaron a comprar.

“Les trajimos estos huevos para ponerle un poco de dulzura a esta economía tan amarga y para mostrar que las cooperativas pueden ofrecer productos de calidad. Queda claro que se puede producir sin los empresarios pero nunca sin los trabajadores. Lo que necesitan es que el gobierno no les ponga un pie encima”, concluyó.

Más impunidad: Sólo tres años para el policía que sin sirena y de contramano atropelló y mató a Nehuén

4.4.2018

Por Carlos Rodríguez

El fiscal del caso, Marcelo Saint Jean, hijo del ex gobernador de la dictadura, encontró atenuantes para lo hecho por el policía, que manejaba el patrullero con exceso de velocidad, cruzó el semáforo en rojo y embistió una moto.

El móvil policial que atropelló y mató al joven Nehuén Rodríguez, de 18 años, circulaba de contramano, con exceso de velocidad, cruzó el semáforo en rojo y nunca hizo sonar la sirena, pero su conductor, el agente de la ex Policía Metropolitana Daniel Germán Castagnasso, fue condenado sólo a tres años de cárcel en suspenso y por lo tanto seguirá en libertad. La pena que le aplicó el Tribunal Oral 4 fue por “homicidio culposo”, pero no se tuvo en cuenta el agravante, por todas las infracciones cometidas, planteado por la parte querellante, que ahora apelará la decisión judicial para insistir que se apliquen los cuatro años y seis meses que solicitó en el juicio oral que finalizó ayer. “Tuvimos la contra de tener como fiscal a Marcelo Saint Jean, hijo de Ibérico Manuel Saint Jean (el genocida ex gobernador bonaerense de la dictadura), que encontró atenuantes a lo hecho por Castagnasso y pidió sólo tres años”, le dijo a PáginaI12 Roxana Cainzos, la madre de Nehuén.

“El atenuante que argumentaron fue que cometió todas esas infracciones porque había recibido un alerta dos, que no es el más grave, a través del servicio de emergencias 911”, señaló Cainzos. “El solo hecho de acudir a un llamado de emergencia cuya gravedad, si la tuvo, nunca se precisó, sirve para disminuir la pena del policía que mató a mi hijo; es una barbaridad”, puntualizó la mujer. Además de los tres años de prisión no efectiva, el Tribunal Oral 4 le aplicó a Castagnasso una inhabilitación de seis años para conducir vehículos, al tiempo que ordenó abrir una causa por “falso testimonio” contra el policía Daniel Soria Barba, quien iba en el vehículo como acompañante. Durante el juicio, Soria Barba incurrió en varias contradicciones en su relato como testigo presencial de lo sucedido.

Al declarar ante los jueces, Soria Barba, que tiene un grado superior al de Castagnasso, dijo que no había visto cómo fue que el móvil policial en el que iban atropelló la moto Gilera GLA 110 en la que se movilizaba Nehuén. Como justificativo, sostuvo que iba escribiendo un supuesto informe, pero en ningún momento pudo precisar de qué se trataba exactamente, porque no lo recordaba. De todos modos, estimó que había entregado el misterioso informe. Sí señaló, en cambio, que había hecho sonar la sirena –algo que fue desacreditado en el juicio–, pero sin que se encendiera la luz que suele acompañar a ese dispositivo.

Soria Barba aseguró que luego del choque, bajó del móvil policial, una Ford Ranger, para interesarse por el estado del joven atropellado. Ante una serie de preguntas, el oficial declaró que nunca le preguntó a su subordinado Castagnasso cómo es que había ocurrido la tragedia. Cuando se le insistió si a la semana, al mes, o en algún momento había interrogado al conductor de la Ranger sobre el hecho aunque fuera “por curiosidad”, primero respondió que no lo hizo. Después creyó recordar algo y comentó: “Bueno, sí, creo que le pregunté y creo que me dijo que había cruzado con luz verde”. Por todas estas vacilaciones y respuestas poco convincentes, el Tribunal pidió que se le abra una causa por “falso testimonio”, aunque dado su cargo y el tenor de las vacilaciones, bien podría tratarse de un caso de encubrimiento.

Lo que quedó probado en el juicio, a través del relato de otros testigos presenciales, filmaciones y pericias, fue que la camioneta conducida por Castagnasso iba de contramano por Ramón Carrillo cuando cruzó Brandsen, por donde venía Nehuén con su moto, en el barrio porteño de Barracas. La prueba demostró que cruzó en rojo, tres testigos dijeron no haber escuchado la sirena del móvil y los peritos determinaron que la Ranger desarrollaba una velocidad estimada entre 48 y 68 kilómetros por hora, que es excesiva para una calle que tiene una máxima de 40 por hora. El hecho ocurrió a la 0.20 de la madrugada del 15 de diciembre de 2014.

El testigo presencial Alberto Mazzarela, que vio el choque, dijo que el impacto fue “como una explosión”. La mamá de Nehuén insistió ante este diario en señalar que Mazzarela “vio y dijo claramente que mi hijo cruzó el semáforo en verde y las pericias demostraron que la moto fue embestida desde la mitad hacia atrás, lo que indica que Nehuén estaba cruzando la calle, ya estaba pasando cuando lo embistieron”. Esto desmintió lo dicho por el conductor de la Ranger, quien indicó que cuando cruzaba Brandsen “vio una sombra que lo chocó a él”, recordó Cainzos.

Roxana Cainzos espera ahora que la apelación que presentarán sirva para “elevar la pena y que Castagnasso vaya preso por lo que hizo”. La madre de Nehuén lamenta haberse enterado tarde del vínculo familiar del fiscal Saint Jean. “Tendría que haber pedido que lo saquen del caso”, como ocurrió en el juicio por el travesticidio de Diana Sacayán. El hoy fiscal fue defensor de genocidas como el comisario Etchecolatz.

CABA: Familias de la Escuela 4 “Álvarez Thomas” denuncian recorte en el Plan Natación

3.4.2018

Comunicado de Prensa:

EL PLAN NATACION HACE AGUA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD

La comunidad escolar de la Escuela 4, D.E. 16 "Álvarez Thomas", denuncia el recorte del Plan Natación, implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión de recortes en el Plan Natación, que implica la eliminación de dichas clases en el Nivel Inicial y la reducción del tiempo de clases para el Nivel Primario, fue comunicada a la institución en los últimos días del ciclo lectivo 2017 y contó con un rotundo rechazo por parte de la comunidad toda, por atentar contra la calidad de la educación que reciben los niños y niñas y vulnerar un derecho adquirido por el alumnado de la institución desde hace años.

Cabe señalar que, el natatorio con el que cuenta la Escuela 4 fue construido en su totalidad con fondos genuinos de su Cooperadora, que se hace cargo además del mantenimiento edilicio y de la adquisición de insumos y material didáctico para el dictado de clases y funcionamiento del natatorio y vestuarios, no sólo para uso de los niños y niñas de la propia escuela, no también de alumnos y alumnas de escuelas cercanas.

Es fundamental enfatizar que, esta modificación no se fundamenta en ninguna recomendación pedagógica, sino que, el trasfondo de esta medida es netamente económico. La reducción presupuestaria en la cantidad de natatorios que el GCBA utilizaba para esta actividad para todas las escuelas de la ciudad, conlleva incremento de alumnos que utilizarán el natatorio de la Escuela 4, que al ser sostenido por la Asociación Cooperadora, no representa gasto para el Gobierno porteño. Una vez más la comunidad y cooperadoras escolares paleando las falencias estatales.

En este contexto, se instrumentaron medidas legales para poner en práctica el rechazo. Se realizó una presentación por escrito ante el Gobierno de la Ciudad; un pedido ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y una acción judicial de Amparo que se encuentra en pleno trámite, con la representación de la Asesoría de Menores Nº 4 del fuero Administrativo, Contencioso y Tributario de la CABA, a cargo de la Dra. Norma Zas, quien la pasada semana solicitó más información con el fin de reforzar los argumentos expresados y avanzar en el dictado de una medida cautelar favorable.

Asimismo, entre diciembre último y el comienzo del actual ciclo lectivo, se mantuvieron conversaciones presencial y telefónicamente con el Director del Área de Educación Primaria del GCBA, Lic. Bruno, quien se comprometió a revertir la modificación del Plan Natación prevista. Dicho compromiso con la comunidad ha sido incumplido, entrando en vigencia el recorte descripto en los primeros días del mes de marzo.

La comunidad de la Escuela 4 se mantiene en pie de lucha y no descansa en su objetivo de recuperar las clases de natación para todos los niños y niñas. En tal sentido, ha anticipado acciones para manifestar su descontento a las autoridades. Para este martes 3 de abril se convocó a un afichazo en las puertas de la escuela y no se descartan manifestaciones similares a las oficinas GCBA.

Frenar los recortes es defender la escuela pública y los derechos de todos los niños y niñas a una educación pública de calidad.

 

Gacetilla de prensa emitida por familias de la Escuela 4, D.E. 16 "Álvarez Thomas", Ciudad de Buenos Aires.

CABA: Alertan por el proyecto de incinerar residuos

31.3.2018

Por Nicolás Romero

La iniciativa del gobierno porteño, que busca modificar la ley Basura Cero para quemar residuos en “hornos controlados”, generó críticas de ambientalistas y recicladores urbanos.

El proyecto que presentó el gobierno porteño en la Legislatura para permitir en la ciudad la incineración de residuos, una práctica prohibida por la ley de Basura Cero, generó el rechazo de las organizaciones ambientalistas, puso en alerta a los recolectores urbanos y levantó críticas de legisladores opositores. Las ONG consideraron que la iniciativa, que se tratará el martes próximo, será una solución contaminante que degradará la calidad del aire. Además, advirtieron que abrirá un conflicto social grave para las más de 5500 personas que de manera formal trabajan en la recolección (otras tantas lo hacen de modo informal), y que la iniciativa pone de manifiesto el fracaso de las políticas de gestión de residuos del oficialismo.

La propuesta oficial, que además cambia las metas de la ley de Basura Cero, introduce modificaciones en la ley vigente para impulsar la incineración de residuos en hornos controlados a través de un sistema de “valorización energética”, es decir, para producir energía. Para eso, propone cambiar el artículo 6 de la ley actual, que prohíbe “la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía”, y habilitar la incineración con fines energéticos.
Decenas de organizaciones sociales y ambientalistas (Coalición Ciudadana Anti-Incineración, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores –Faccyr–, Fundación Ambiente y Recursos Naturales –FARN–, Greenpeace, entre otros) que venían alertando sobre este proyecto, que era un secreto a voces, rechazaron la iniciativa y exigieron que se respete la ley vigente y se garantice “que la reducción de la disposición final se lleve a cabo desarrollando y fortaleciendo la separación en origen, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y demás medidas de recuperación previstas” por la norma. Al mismo tiempo, sostuvieron que la prohibición de incinerar “garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”.
Según fuentes de Greenpeace, cada vez que el gobierno buscó avanzar con esta propuesta, primero instaló la crisis de los rellenos sanitarios del Ceamse (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado). “Se hizo en 2010, después en 2012 y ahora vuelven a hacerlo. Sí, es un problema, pero ésta no es la solución. En lugar de hacer autocrítica por el incumplimiento de la ley, buscan imponer nuevas metas y abrir las puertas a una incineración que es contaminante”, advirtieron.
Una de las preocupaciones es que los hornos para incinerar basura emiten dioxinas y furanos –sustancias químicas tóxicas que pueden afectar la salud– cuyas emisiones al aire con las nuevas tecnologías pueden ser reducidas pero no eliminadas. El otro foco de alerta al incinerar es que el 30 por ciento de la basura que se quema se reduce a cenizas que son contaminantes y a las que hay que tratar como residuos peligrosos. La disposición final de estos restos requerirá también de un relleno sanitario y, para los ambientalistas, es una incógnita cómo serán tratados y dónde se van a depositar, teniendo en cuenta que ni la Ciudad ni la provincia de Buenos Aires permiten este tipo de desechos.
Otra de las cuestiones sobre las que alertaron es al argumento del oficialismo según el cual son numerosos los países europeos que han complementado su gestión de residuos con plantas de este tipo: Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, España, entre otros. Según fuentes de Greenpeace, “vamos a contramano. Es cierto que Europa tiene plantas de este tipo. Pero, en enero de 2017, la Comisión Europea recomendó que los países que no tienen plantas no las construyan, y convocó a cerrar las existentes”. Además, advirtió que “la industria ve que les cierran las puertas en Europa, y miran a América latina y Asia. Están haciendo punta en México, donde quieren instalar la planta incineradora más grande, y ahora en Buenos Aires, que es la entrada para que se replique en el resto del país”.
Para el director ejecutivo de FARN, Andrés Napoli, esto “no hace más que reconocer el fracaso del gobierno en la gestión de residuos y abre una caja de Pandora, ya que no sabemos qué tecnología tiene atrás, ni los impactos que tendrá. Desde el punto de vista económico es caro, el costo por tonelada que se quema es alto y en los países donde funciona lo hace con subsidios”, y además remarcó que “compite con la economía del reciclado que genera gran cantidad de fuentes de empleo”.
En este sentido, Alejandro Valiente (Faccyr, una rama de la Ctep) sostuvo que “el problema es que se quitan los incentivos para avanzar en el reciclado y la separación en origen, y en el país hay alrededor de 100.000 recicladores, por eso estamos en alerta”.
En la Legislatura también se alzaron las críticas. La legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde sostuvo que “no hay excusa, hace once años que el macrismo gobierna la Ciudad, lo que demuestra que han desaprovechado tiempo y recursos de los porteños que se deberían haber destinado para instaurar un sistema de separación de residuos eficiente”. La iniciativa “perjudica a los recicladores urbanos y beneficia a las empresas recolectoras”, añadió.
Para la directora ejecutiva de Salud Sin Daño, Verónica Odriozola, “es un enorme paso atrás. La razón de estas planta es que haya residuos, se van a alcanzar las metas quemando basura, y desde el punto de vista del cambio climático no es una buena decisión. Buenos Aires asumió el compromiso de convertirse en zona carbono neutral para 2050, y esto no va en esa dirección”, subrayó.

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