Red de radios

9.5.2018

Una movilización que este miércoles irá a las 17:00 desde el Ministerio de Educación Nacional hasta la Legislatura porteña, mostrará un amplio marco de gremios docentes y estudiantiles, así como organizaciones políticas en rechazo a las políticas educativas del gobierno de Cambiemos. La movilización terminará con un acto en la legislatura porteña a las 20Hs. El eje principal es el rechazo al proyecto de la UniCABA y el cierre de los profesorados porteños, pero también se reclamará contra el techo paritario del 15% para docentes de niveles medio y universitario, contra la reforma de la “escuela secundaria del futuro”, por un boleto educativo nacional y la plena aplicación de la ESI. Convocan a la movilización el CESGE, CET, FUBA, CEB, FUNA, UTE, Ademys, FEDUBA y AGD.

Mariano Romano, presidente del Centro de Estudiantes del Joaquín V. González, referente de la CET y de La Martí, dijo: “luego de numerosas instancias como las marchas del 12/4 y el 24/4, las jornadas de clases públicas en la legislatura y un sinfín de actividades en los institutos, logramos poner en evidencia que el proyecto de la ministra Acuña no tiene ningún apoyo en la comunidad educativa. Con esta nueva movilización queremos resaltar que esta no es una lucha aislada, sino que se trata de la punta de lanza del conjunto de las luchas educativas que tanto docentes como estudiantes de secundarios, terciarios y universidades venimos desarrollando contra las políticas del macrismo. La unidad que se expresa en esta convocatoria es el camino que necesitamos profundizar para conquistar nuestras reivindicaciones”
Adrián Lutvak, presidente de la FUBA y referente de La Mella, dijo: “desde que asumió, Cambiemos demostró el poco interés que tiene en la construcción de una educación pública de calidad. La anunciada vuelta al FMI no puede significar otra cosa que más ajuste para la educación, como lo fue durante los ‘90. Por eso la universidad sale a la calle, no sólo en solidaridad con los terciarios, sino planteando nuestras reivindicaciones a 100 años de la reforma universitaria. Lamentamos que la FUA, presidida por Franja Morada-UCR le dé la espalda a estas luchas”
Iñaki García Ribas, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, referente de la CEB y de Lobo Suelto, dijo: “así como pasó con la UniCABA, el año pasado los secundarios nos desayunamos con el proyecto de la “secundaria del futuro”, una reforma educativa que profundiza la concepción mercantilista e individualista de la educación pública que promueve el PRO. Parece que es un método recurrente del gobierno imponer reformas inconsultas y que despiertan gran rechazo de la comunidad educativa. El miércoles los secundarios salimos a las calles para defender nuestro derecho a una educación pública masiva y de calidad.”

8.5.2018

“Nuestros pacientes están inmunodeprimidos. Están más propensos a contagiarse cualquier cosa. Si los juntan con pacientes infecciosos, van a perjudicar su salud”, advirtió una de las trabajadoras del área de radioterapia del hospital oncológico, uno de los cuatro que el Gobierno planea cerrar para integrar en un único edificio.

Semanas atrás se conoció que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, planea retomar un plan fallido de su antecesor y actual presidente, Mauricio Macri: unir 5 hospitales en el predio del Muñiz, cerrando las instalaciones del Udaondo, Ferrer, Marie Curie y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. La noticia encendió la alarma en las comunidades de los distintos hospitales. En el instituto oncológico Marie Curie, por caso, trabajadores y pacientes se organizaron para rechazar el traslado y convocan a un abrazo simbólico para este miércoles.

“Nuestros pacientes están inmuno-deprimidos. Están más propensos a contagiarse cualquier cosa. Si los van a juntar con pacientes infecciosos, van a perjudicar su salud”, advirtió una de las trabajadoras del área de radioterapia del Marie Curie, en diálogo con Nueva Ciudad. Para repudiar el proyecto del Gobierno, convocan a un abrazo mañana miércoles a las 10, en la entrada principal de Patricias Argentinas 150.

“Ellos dicen que nos trasladarían para poner equipos nuevos, pero acá teniendo las condiciones nunca los trajeron. Por ejemplo, aceleradores lineales para tratamientos de radioterapia”, señaló la profesional. En el abrazo se espera presencia de delegaciones de otros hospitales, así como apoyo de vecinos y familiares de pacientes. En tanto, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica estarían preparando una movida similar para mediados de mes.
La medida en el hospital oncológico se resolvió en una asamblea de trabajadores, de la que también participaron pacientes. “Juntamos arriba de 10 mil firmas en Caballito y todos estamos con un solo objetivo: no al desabastecimiento y no al traslado”, remarcó uno de los delegados de Sutecba en el hospital. “Acá no hay inversión y lo están dejando caer. No tenemos acelerador, no tenemos tomógrafo. Tenemos una bomba de cobalto del año 50. Lo que ellos dicen es que allá (en el predio del Muñiz) van a poner la última tecnología, pero pensamos que es un vaciamiento encubierto para trasladar al hospital”, advirtió. Y agregó: “Tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud en su momento, donde dijeron que no iba a pasar nada. A los tres días mandan un comunicado oficial para hacer el traslado en 2023. A partir de ahí tomamos esta iniciativa. Esperamos que a partir de mañana nos convoquen”.

La unificación de hospitales porteños es un viejo plan del macrismo. En 2010 Macri recibió fuertes cuestionamientos al anunciar un proyecto para cerrar los edificios de los hospitales Udaondo y María Ferrer, unificando sus servicios en el predio del Muñiz. Larreta retomó aquel plan para la integración de cinco hospitales en uno. Así se desprende de un documento del mes pasado que lleva la firma del subsecretario de Planificación sanitaria de la Ciudad, Daniel Ferrante.

8.5.2018

Por Carlos Rodríguez

La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20.000 personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.

Una protesta de los recuperadores urbanos contra la ley que habilitó el regreso de la quema de basura en la ciudad. 

La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.

Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.

La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.

Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.

Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.

El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.

Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.

La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.

Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.

La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.

En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.

Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.

Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.

8.5.2018

Las medidas de fuerza comienzan hoy en la Línea A, con apertura de molinetes de 17.30 a 20.30 y desde ese horario paro total hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El plan de lucha continúa el miércoles en la Línea B y el viernes en la C.

Los Metrodelegados comienzan la semana con un renovado plan de lucha que implicará hoy la liberación de molinetes en la estación de Plaza de Mayo, cabecera de la línea A, de 17.30 a 20.30 y continuará con un paro total de esa línea hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia, volvió a denunciar que la gestión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se niega a sentarse a la mesa de negociación salarial con el argumento de que el acuerdo paritario se cerró con la UTA, gremio que tiene la personería gremial, pero escasa representatividad.

“El otro gremio no existe. Es lo mismo que yo diga que soy secretario general de los colectiveros. Es una trampa para perjudicarnos y no discutir paritarias”, apuntó Segovia y agregó: “Hay una política del Gobierno para desprestigiar a nuestro cuerpo de delegados y a nuestro sindicatos”.

 La protesta de los trabajadores del subte continuará el miércoles en la línea B, con la misma modalidad que hoy.  Desde las 17.30 y hasta las 20.30 se levantarán los molinetes en la estación terminal Leandro N. Alem y luego comenzará un paro hasta el final del servicio.  En tanto, el viernes, será el turno de la línea C, con el mismo plan de lucha.

“Sube el dólar, sube todo, lo lógico es que el Gobierno se siente a negociar”, insistió Segovia al rechazar el 15 por ciento acordado por el gobierno porteño con la UTA, encabezada por Roberto Fernández.  “El pueblo argentino se está acostumbrando a escuchar mentiras. Nosotros tenemos personería jurídica, así que no podemos firmar, pero podemos discutir”, resaltó el Metrodelegado.

La gestión Larreta se amparó en un fallo judicial reciente de la Corte Suprema que ordenó desconocer la personería gremial de los Metrodelegados, obtenida a fines de 2015 tras años de intentar una compulsa con la UTA. “Es una maniobra dolosa para que la conversación se torne en este discusión y no por lo que nosotros estamos peleando que es nuestro sueldo”, concluyó Segovia, en diálogo con A24.

7.5.2018

Difundimos comunicado

A través de prácticas usureras y arbitrarias, la empresa atenta contra la libertad de expresión y el acceso al agua como un derecho esencial para la vida reconocido internacionalmente

Denunciamos públicamente que la medida adoptada por Edesur es un ataque directo a la libertad de expresión, y al acceso a un bien esencial como el agua. La empresa privada, a través de prácticas usureras y arbitrarias, impidió que una radio comunitaria pueda seguir emitiendo su programación como lo hace 10 años, y restringió el derecho de más de 300 familias al agua potable y al saneamiento, condición reconocida por la ONU como esencial para la realización de todos los derechos humanos.

El viernes 4 de mayo, mientras el programa “Insurgentes” salía al aire como cada mañana, Radio Sur FM 88.3 se quedó sin transmisión por un corte repentino de energía. La primera reacción del equipo fue constatar que el resto del barrio (un complejo de 326 viviendas construidas por el Movimiento Territorial Liberación en Parque Patricios, y del que Radio Sur forma parte) tenía luz, con lo cual se realizó el reclamo correspondiente a la empresa responsable, Edesur.

Al revisar el tablero eléctrico correspondiente, la escena fue tan sorprendente como violenta: habían arrancado los fusibles que alimentan de electricidad no sólo a la radio, sino también, a la bomba de agua que da suministro a las 326 viviendas del barrio. En cuestión de horas, además de la interrupción de la señal radiofónica, toda la vecindad se quedó sin agua.

Después de reiteradas gestiones con el sector de atención comercial de Edesur -que durante todo el día abordó el problema como si fuera un inconveniente técnico-, la empresa dilató deliberadamente nuestra capacidad de reclamo, informando que se debería esperar la llegada de una cuadrilla técnica que nunca llegó para finalmente, pasadas las 20 hs, admitir que el corte de energía había sido realizado por ellos.

La empresa reconocía abiertamente que había interrumpido la señal de una radio comunitaria y, además, cortado el suministro de agua a más de 300 familias por un supuesto incumplimiento de pago. Un argumento mentiroso que encubre una política de ahogamiento hacia los sectores populares, fruto de subas indiscriminadas e intereses usureros, en un momento de depreciación del salario real de lxs trabajadores. En este sentido, cabe aclarar que las familias afectadas representan al sector más vulnerable del mundo laboral -sub ocupados, ultra precarizados, a través de contratos basura en empresas de limpieza, vendedores ambulantes, etc.-, que hoy encuentran coartados sus derechos esenciales por políticas económicas asfixiantes.

Vale resaltar que Edesur tiene pleno conocimiento de que el tablero eléctrico al que le quitaron los fusibles, sin previo aviso, es el que alimenta a la radio y a la bomba que suministra agua a esas mismas familias que, de esta manera, se ven obligadas a soportar un nuevo abuso.

Por todo esto, denunciamos públicamente que la medida adoptada por Edesur es un ataque directo a la libertad de expresión, y al acceso a un bien esencial como el agua. Una empresa privada, a través de prácticas usureras y arbitrarias, impidió que Radio Sur pueda seguir emitiendo su programación como lo hace diariamente desde septiembre de 2008, y restringió el derecho de más de 300 familias al agua potable y al saneamiento, condición reconocida por la ONU como esencial para la realización de todos los derechos humanos.

Nuestra emisora, una experiencia de comunicación comunitaria, alternativa y popular, se ha sostenido siempre en la convicción de que los medios sin fines de lucro son vitales para el fortalecimiento de la democracia. Una necesidad que se hace más evidente en un contexto donde el afán de lucro de una empresa prevalece sobre derechos consagrados internacionalmente.

Es a través de medios como Radio Sur que la ciudadanía puede hacer escuchar su voz y denunciar la precarización de las condiciones de vida y los abusos a los que son sometidos por empresas como Edesur, algo que no sucede en los medios que responden a intereses comerciales o gubernamentales.

Todo lo expresado hasta aquí se suma a la situación de acoso económico que representa para los proyectos comunitarios la seguidilla de aumentos tarifarios en los servicios públicos, un hecho que también viene sufriendo la población en general. Una medida antipopular que tiene entre sus claros beneficiarios a empresas como Edesur, que engrosan sus capitales en el exterior a costa del sacrificio de la clase trabajadora argentina.

En la otra vereda, los perjudicados son los clubes de barrio, las cooperativas, los pequeños comerciantes, las organizaciones sociales, los medios comunitarios y todas las personas que en distintos puntos del país padecen en silencio la presión económica ejercida desde arriba.

En nuestro compromiso de trabajar diariamente para que las voces invisibilizadas de la sociedad se expandan y se amplifiquen, repudiamos esta maniobra violenta por parte de Edesur, que consideramos un ataque directo a la libertad de expresión y a los derechos humanos.

Con ese mismo compromiso seguimos adelante, construyendo solidaria y colectivamente otra comunicación para otra sociedad.