19.4.2018
Por CORREPI
Hoy se cumplen 27 años de aquella fría noche de 1991 donde el grupo de rock “Patricio Rey y sus redonditos de ricota” dio un recital en el Estadio Obras Sanitarias en el barrio porteño de Núñez. Esa noche la policía asesinó a Walter Bulacio, quien en ese momento tenía 17 años.
El 19 de abril se cumplen 27 años de aquella fría noche de 1991 donde el grupo de rock “Patricio Rey y sus redonditos de ricota” dio un recital en el Estadio Obras Sanitarias en el barrio porteño de Núñez. Pero no todos iban a poder presenciarlo. Desde diferentes partes del país, cientos de jóvenes se congregaron en las inmediaciones del lugar desde temprano para poder entrar al recital. Walter Bulacio tenía 17 años y vivía en la localidad de Aldo Bonzi. Junto a sus amigos había alquilado un micro para poder asistir. Antes de salir de su casa, su abuela María Ramona Armas lo despidió dejándole un rollito con la plata que había ahorrado para su entrada y un papelito con un teléfono. “Cuidate, negrito, cualquier cosa llámame”, fueron las últimas palabras que pudo decirle a su nieto. Walter trabajaba como “caddie” en el campo municipal de golf. Como entraba a las 5 de la mañana, le avisó a su mamá Graciela que esa noche no iba a volver, que dado que iba a terminar tarde, iría directo al trabajo. Walter fue uno de los cientos de jóvenes que no entraron al recital.
Alrededor de las 21 horas, Walter y sus amigos ya estaban cerca del estadio. Se encontraron con una enorme multitud de fanáticos concentrando en las puertas de Obras, y además con un descomunal operativo policial: filas de patrulleros, camiones de combate de la infantería, carros hidrantes y de bomberos, más algunos colectivos de la línea 151 requisados y custodiados por más de 110 efectivos de diferentes comisarías. En aquel momento, esparcieron la noticia que no quedaban más entradas, lo que generó la desesperación de los que estaban afuera.
Inmediatamente, varios intentaron escabullirse de cualquier manera para poder entrar. Esto sirvió de excusa perfecta para que la policía, que esperaba agazapada el más mínimo movimiento, desatara una brutal represión: comenzó con la razzia. Fue una verdadera cacería. La policía comenzó a subir personas indiscriminadamente a sus camiones. Walter, junto a un grupo de amigos, fueron detenidos y subidos a uno de los colectivos de la línea 151, y trasladados a la comisaría n° 35. Más de 100 chicos fueron detenidos aquella noche, pero solamente 73 fueron anotados en los registros policiales. Fue el comisario Miguel Ángel Espósito, jefe del operativo en su totalidad, quien golpeó brutalmente a Walter valiéndose del machete reglamentario de uno de los policías que lo estaba trasladando a la celda de menores.
El pibe de Aldo Bonzi pasó la noche en la celda para menores. El fuerte golpe que había recibido, sumado al frío y la oscuridad del calabozo, hicieron que sus dolores de cabeza y mareos aumentaran cada vez más. Iban pasando las horas y sus compañeros de celda iban siendo liberados, para la madrugada solo quedaban Walter y otros dos. Por la mañana del sábado, comenzó con vómitos, y recién ahí fue trasladado al Hospital Pirovano. A todo esto, sus padres no habían sido informados.
Graciela confiaba que su hijo había ido al campo de golf después del recital. Otro chico, vecino de Walter que ya había sido liberado, volvió al barrio y ahí se enteraron que Walter había sido detenido. Graciela y Víctor (padre de Walter) salieron corriendo a la comisaría 35. Allí les dijeron que su hijo había sido detenido por estar “drogado y borracho”, y por eso ahora estaba internado. Del Pirovano, Walter fue trasladado al Hospital Fernández, ya que el anterior carecía de insumos para hacer una radiografía, y recién ahí se encontró con sus padres. “¿Te pegaron, negrito?”, preguntó Víctor, y Walter asintió con la cabeza. El Dr. Fabián Vítolo, quien lo atendió en el Fernández contó que ante la pregunta de quién le había pegado, Walter contestó: “La yuta”. Unos días después, el 26 de Abril, falleció el pibe de Aldo Bonzi, víctima del brazo armado del estado. Su único delito: estar parados, tal como lo inmortalizó su compañero de la escuela, Nazareno, en las paredes del calabozo en el que estaban encerrados, privados de su libertad ilegalmente: “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor: Caímos por estar parados. 19/4/91”
La historia del asesinato de Walter Bulacio no es un caso aislado. Es el reflejo fiel de un accionar sistemático que llevan adelante las fuerzas represivas del estado: la policía está facultada para detener a cualquier persona en cualquier situación, amparándose solamente en el olfato policial (el cual consiste en identificar a pibxs de las barriadas populares, criminalizándolos). Esto se enmarca dentro de una serie de herramientas al servicio de los poderosos para disciplinar a los trabajadores, sembrando entre ellos el miedo a alzar su voz en contra de las injusticias. Pero ni en ese momento, ni ahora, la acción represiva del estado no logra acallar el grito del pueblo organizado: tanto los familiares y amigos de Walter, como los movimientos de estudiantes y la militancia antirrepresiva se movilizaron contundentemente para reclamar justicia por Walter. Su caso y su imagen se transformaron en bandera de lucha de un movimiento que crecía cada vez más, que se había engendrado en las primeras manifestaciones por la masacre de Budge en 1987, un movimiento popular que no se iba a callar frente a la impunidad y la injusticia.
Aún así, el estado argentino desoyó inclusive la orden que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz del caso Bulacio, de derogar todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente (orden que fue un logro de la lucha y la organización de los familiares de Walter, junto a CORREPI y otras organizaciones de DDHH). Desde aquel episodio de 1991, el estado ha continuado estas prácticas represivas sin interrupción, y son muestra de esto la enorme cantidad de casos registrados en nuestro archivo de personas torturadas y asesinadas por el aparato represivo del estado en cárceles y comisarías. Porque, en primer lugar, fueron privados de su libertad sin causa penal alguna, detenidas arbitrariamente con la excusa de haber cometido alguna “falta o contravención”, o simplemente por “averiguación de antecedentes”. Por eso, es que a lo largo de más de 25 años de lucha antirrepresiva, siempre hemos afirmado que las detenciones arbitrarias nos cuestan la vida de nuestros seres queridos.
En la actualidad, el gobierno de Macri lleva adelante una profundización y legitimación cada vez más amplia de este tipo de acciones, como una herramienta más para imponer sus políticas de hambre, saqueo y ajuste. Desde el primer día de gobierno de Cambiemos, hemos notado una tendencia a llevar aún más allá un accionar ya consolidado del aparato represivo del estado argentino, profundizando prácticas como las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil, dirigidas a amedrentar a la población. En enero de 2016 -a unos meses que se cumplieran los 25 años de la detención arbitraria seguida de tortura y muerte de Walter- el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer un fallo que avalaba la facultad policial de detener personas sin motivo para “identificar”. Fue en ese momento que lanzamos la “Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias”, buscando fomentar la unidad de acción de las diversas organizaciones que componen el campo popular, para hacerle frente al avance sobre nuestros derechos de este tipo de prácticas. De todos modos, en el 2017 se evidenció más a qué responde la necesidad del gobierno macrista de avalar y fomentar este accionar sistemático de las fuerzas represivas. Fueron en esas brutales cacerías desatadas durante diferentes manifestaciones: como en la masiva movilización del 1º de septiembre, cuando el pueblo llenó las calles pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, también en las manifestaciones contra la cumbre de la OMC en Av. Callao y Av. Corrientes el 12 de diciembre, y en las multitudinarias manifestaciones frente al Congreso de la Nación, contra la reforma previsional, los días 14 y 18 de diciembre. Fuimos testigos de una serie de operativos multifuerzas (con participación de la policía, gendarmería y prefectura), en los que se procedió a detener personas a mansalva. En cada una de estas detenciones masivas, intervino la justicia federal prolongando los tiempos y dictando la prisión preventiva para delitos leves y excarcelables, argumentando que “de estar en libertad, podrían obstaculizar el proceso”. No existe prueba ni evidencia alguna, de que alguna de las personas privadas de su libertad durante estas cacerías hubiera cometido alguno de los delitos que se les imputan. Los mismo jueces han dado cuenta de esto en sus resoluciones. Sin embargo, la palabra policial es prueba suficiente, demostrado por la vicepresidenta Gabriela Michetti cuando dijo que “el beneficio de la duda es siempre para las fuerzas”. No era un simple recurso argumentativo, sino la fundamentación de una doctrina de criminalización de los trabajadores, organizados y no organizados. Paralelamente a esto, también somos testigos de un aumento constante de los casos de gatillo fácil y asesinatos en cárceles y comisarías que tienen como objetivo principal a lxs pibxs de los barrios populares.
Hoy como ayer, a pesar del constante señalamiento de organizaciones políticas y sociales que venimos dando esta pelea hace años, el estado se sigue sirviendo de figuras legales de carácter confuso y ambiguo, para dotar a sus perros guardianes de la facultad de poder privar a cualquier persona de su libertad arbitrariamente, atentando contra nuestros derechos más básicos. Esta facultad es otorgada a los policías y dirigida hacia dos destinatarios específicos: los jóvenes de clase trabajadora de las barriadas populares, con la finalidad de disciplinarlos e infudirles el miedo; y los sectores organizados que se rebelan contra las injusticias del sistema. Tanto en un caso como en el otro, la represión del estado ataca impunemente nuestros derechos y garantías, respondiendo a las necesidades de los asesinos que acaparan el poder, y que necesitan un pueblo dócil y obediente para mantener sus privilegios de clase dominante. Pero también hoy como ayer, hay un pueblo en lucha, que resiste organizado en las calles, desde abajo, y que se opone completamente a resignarse y aceptar las condiciones que los de arriba buscan imponerle. Por cada compañero caído, por cada pibe asesinado, torturado o desparecido por el estado opresor, seguimos y seguiremos en las calles, para hacerles saber a los de arriba que no vamos a tolerar las injusticias, que no van a callarnos. Por eso, una vez más decimos:
WALTER BULACIO
¡¡¡PRESENTE!!!
AHORA Y SIEMPRE
