Red de radios

2.6.2018

Por Carlos Rodríguez

“Después de declarar (en el juicio contra seis prefectos), lo corrieron por la calle, le gritaron ‘¡Ahí va el buchón’.” Con la voz entrecortada por el llanto a lo largo de todo su testimonio, Janette Villanueva relató ante los jueces del Tribunal Oral 9 de la Capital Federal la odisea vivida por su hijo Ezequiel, a los 15 años, cuando fue privado ilegalmente de su libertad, hostigado, torturado y amenazado de muerte por los imputados. La mujer confirmó que hoy, a casi dos años de lo ocurrido en la noche del 24 de septiembre de 2016, continúa la persecución contra el chico, que sigue siendo menor de edad, de parte de otros integrantes que llevan el uniforme de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Janette dijo que su hijo le contó cómo le pegaron en una garita y en un baño de la PNA en la Villa 21-24, donde viven, cómo lo hicieron arrodillar y cerrar los ojos mientras uno de sus captores hizo un disparo que pasó muy cerca de su cabeza y cómo lo desnudaron, dejándole puesto sólo un boxer, para luego ordenarles a él y a su amigo Iván Matías Navarro, que se tiraran a las sucias aguas del Riachuelo, “sugerencia” que ellos se negaron a cumplir.

En el marco de la reiteración de hechos de violencia institucional por parte de la fuerza que dirige la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se realizó ayer una nueva audiencia en la planta baja del Palacio de Tribunales, en la que también declararon los padres de Iván. Fue conmovedor el testimonio de la mamá de Ezequiel, que había prestado declaración en una sesión anterior, sin público ni periodistas, porque hoy tiene apenas 17 años. Janette recordó que cuando vio a su hijo la noche de los hechos, lo encontró “llorando, casi sin poder hablar porque tenía la boca destrozada, los labios partidos, golpes en la cabeza, en la espalda, y marcas rojas en las manos”, producidas por las esposas que le habían puesto los prefectos que lo retuvieron, sin motivo ni acusación alguna.

“El tenía apenas 15 años y estaba todo golpeado, con marcas en las muñecas y sólo tenía puesto un boxer”, porque durante las horas que estuvo en manos de los integrantes de la PNA, le sacaron –y le robaron, de hecho, porque las prendas nunca más aparecieron– el jean, las zapatillas, una remera y un camperón con capucha que llevaba puesto, porque era una noche muy fría a pesar de estar en el comienzo de la primavera. Lo único que pudieron recuperar fueron las medias. La madre de Ezequiel, luego de describir el impacto que le provocó ver tan lastimado a su hijo, señaló que ella se preguntó entonces “¿Por qué tanta maldad, por qué le hicieron tanto daño?”. El encuentro madre-hijo fue en la casa de la abuela del chico, donde le sacaron fotografías para certificar el estado en que había quedado luego del maltrato recibido, como paso previo a llevarlo a realizar un estudio médico en el Hospital Penna, donde le sacaron radiografías que “por suerte confirmaron que no tenía ninguna fractura”, a pesar de que le habían pegado trompadas, patadas y bastonazos en todo el cuerpo.

La parte de mayor tensión fue cuando relató que le habían hecho una especie de simulacro de fusilamiento: “Lo hicieron poner de rodillas, le ordenaron que cerrara los ojos, y le hicieron un disparo con un arma que le pasó muy cerca de una oreja”. En algún momento de esa trágica noche, tal como había relatado antes Iván, los llevaron hasta la orilla del Riachuelo, les ordenaron que se desvistieran y que se tiraran al agua. “Ellos no se tiraron y por eso después los hicieron correr y les decían que si no corrían los iban a matar.” La mamá de Ezequiel confesó que su hijo sigue atemorizado, al punto que no quiere salir a la calle y le pide a ella que se vayan de la 21-24 de Barracas, donde todavía el chico es hostigado por compañeros de los seis imputados, Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel, Ramón Falcón, Yamil Marsilli, Orlando Benítez y Eduardo Sandoval, a los que puede sumarse, en el futuro cercano, un séptimo implicado, Félix de Miranda.

El chico está recibiendo apoyo psicológico porque “tiene mucho miedo” de andar caminando por el barrio, motivo por el cual se fue a vivir un tiempo a la casa de su madrina, en Flores. Después de las preguntas de la fiscalía y los querellantes, los defensores de los seis prefectos volvieron a incurrir en los mismos planteos insólitos o en preguntas que nada tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos. Uno de los defensores llegó al colmo de preguntar por qué lo llamaban “Ezequiel” y no por su primer nombre, Roberto. “Yo lo voy a llamar Roberto”, amenazó, como si eso pudiera cambiar el rumbo de su labor profesional.

Gabriela Carpinetti, una de las abogadas querellantes, le dijo a PáginaI12 que “la estrategia de los defensores es presionar a las víctimas y a los testigos cuando declaran, con la intención de ponerlos nerviosos o de intentar demostrar que no fueron víctimas, que no les pasó nada, y por eso estigmatizan a los testigos y al barrio”. Carpinetti consideró que por el hecho de tratarse de “una defensa puramente ideológica, llegan a extremos en los que se cae en la ridiculez jurídica”.

31.5.2018

Por Mariano Martín

La postura oficial de mantener negociaciones en última instancia con el gremio del subte cambió de forma drástica: la decisión es sacar a esos sindicalistas del subte y un funcionario de Triaca, ex de Dietrich en Transporte, quedó a cargo del plan.

La agudización del conflicto en el subte expuso un cambio en la estrategia del Gobierno, que pasó de una tensa pero sostenida negociación con los metrodelegados (Agtsyp) a tomar la determinación de desplazarlos por completo de la actividad. El viraje coincide con la inminente licitación de la operación del servicio y con el ascenso en el Ministerio de Trabajo de un ex funcionario de Transporte, Lucas Fernández Aparicio, que en apenas dos años y medio de gestión de Cambiemos se hizo conocido por todos los gremios aeronáuticos y ferroviarios como gestor de divisiones e intervenciones.
Esta semana quedó en evidencia el volantazo. La concesionaria inició un proceso judicial de exclusión de tutela sindical de tres gremialistas (dos miembros de la Comisión Directiva de Agtsyp y un delegado) a pedido del Ejecutivo con vistas a su despido con causa al relacionarlos con supuestos "incidentes y agresiones" en la protesta con levantamiento de molinetes del jueves pasado. También el Ministerio de Trabajo comenzó a explorar atajos para darle intervención a la Comisión de Garantías para la definición de "servicios esenciales" durante la vigencia de un conflicto de modo tal de ponerles límites a las eventuales medidas de fuerza.
Otro indicio fue que la Subsecretaría de Trabajo porteña, que encabeza Ezequiel Jarvis, no dictase la conciliación obligatoria cuando los metrodelegados decretaron ese mismo jueves un paro de actividades hasta que Norberto Segovia, que había sido detenido a media mañana, recuperase su libertad, lo que ocurrió recién por la noche. En ese sentido tanto la administración de Horacio Rodríguez Larreta como la cartera laboral nacional coincidieron en la necesidad de una profundización del conflicto.
Hasta ese momento los delegados habían promovido levantamientos de molinetes circunstanciales (hoy habrá otro en la línea E de 17 a 20) sin interrupciones del servicio y, según admiten funcionarios y gremialistas, con buena recepción por parte de los usuarios. El panorama más favorable a Cambiemos era una medida de acción directa que incluyera la paralización del servicio, lo que se concretó con la detención de Segovia y lo que también preveían los funcionarios con los despidos anunciados por Metrovías.
Los metrodelegados identificaron como nuevo protagonista de la pulseada a Fernández Aparicio, y en el entorno del funcionario reconocieron que asumió el manejo del conflicto. Su desembarco en Trabajo se produjo a instancias del decreto de reordenamiento de ministerios que dictó Mauricio Macri en febrero y que, paradójicamente, le permitió a Jorge Triaca duplicar las secretarías de su cartera. Fernández Aparicio asumió entonces como secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales con amplias facultades que absorbió de sus pares Horacio Pitrau y Miguel Ponte, como el manejo de los subsidios Repro y de oficinas de Empleo en todo el país, entre otros.
El ascenso de Aparicio en la administración pública fue vertiginoso: venía de desempeñarse como subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad social, en la misma cartera, y antes como director de la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte. A las órdenes del ministro Guillermo Dietrich actuó también como administrador general de Ferrobaires, a mediados del año pasado, en un proceso que incluyó despidos de trabajadores ferroviarios y, a principios de este año, el cierre de ese ramal.
Su tarea estuvo desde el inicio de la gestión de Cambiemos ligada al vínculo con los gremios. De hecho Fernández Aparicio se presenta como ex dirigente sindical de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) con una relación estrecha de años con su titular, Andrés Rodríguez. La conducción de Agtsyp (el sindicato que rivaliza con la Unión Tranviarios Automotor por la representación de los empleados del subte) afirmaron que está en preparación una demanda penal contra los funcionarios señalados como responsables de lo que, entienden, sería un hostigamiento.
Antes de su arribo a Trabajo tuvo dos actuaciones que signaron su relación con el sindicalismo: la más sonada fue su intervención el año pasado en la paritaria del sector aeronáutico, donde varios dirigentes coinciden en que se abocó a romper la unidad gremial para generar acuerdos salariales individuales. No lo consiguió y sólo acercó al Ejecutivo a Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA, los tripulantes de cabina), que por esa razón fue excluido del frente conformado por el resto de los sindicatos, los pilotos de APLA y UALA, los técnicos de APTA, el personal superior de UPSA y los empleados en tierra de APA.
La otra fue la intervención de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) que dispuso el Ministerio de Trabajo pero que tuvo en Aparicio a su gestor principal, basada en supuestas irregularidades en el proceso electoral de esa organización. Se trata de un gremio de jerárquicos pequeño pero estratégico por su inserción en el bloque de sindicatos ferroviarios que también integran los maquinistas de La Fraternidad, la mayoritaria Unión Ferroviaria y los señaleros.

31.5.2018

* Por el Padre Toto, Cura Villero de la 21-24

Apenas me avisaron que habían detenido a Roque, Pablo y María, que los habían torturado y que seguían privados de su libertad, realmente me inundé de impotencia, porque conozco bien a esa familia. Me llenó de tristeza pensar que, además de ser golpeados por la pobreza, habían sido humillados por otro atentado a su dignidad. Pero hay algo más triste todavía, algo que todos acá sabemos, algo que La Garganta vive gritando: estas prácticas no son inusuales en la Villa 21-24, donde sistemáticamente hay detenciones arbitrarias y torturas, a manos de las Fuerzas de Seguridad. Por eso, la caravana que partirá mañana desde el barrio será clave para abrazar a las víctimas ante sus propios ojos. Y de verdad, es fundamental la presencia de todos en esta instancia, para que se respeten las garantías de la Constitución Nacional, para que la Justicia nos vea y para que los responsables de tantas violaciones a los Derechos Humanos dejen de sentirse impunes, de una buena vez. Ahí vamos a estar, por la salud de nuestros pibes y sus familias, desde la más genuina unidad barrial, exigiéndole al Estado que cumpla sus obligaciones con los más humildes, protegiéndolos y conteniéndolos como se debe.

Mañana, a las 8, salimos de Iriarte al 3500 hacia Tribunales.
Mañana, nuestros gritos deben retumbar hasta allá.
Mañana, los necesitamos acá.

30.5.2018

Desde La Red de Lugano denunciaron: “Quienes conformamos, hace años la Red de Lugano, venimos denunciando que en el barrio faltan escuelas”.

La Red de Lugano convocó a una gran caravana para denunciar el faltante de vacantes donde este año cientos de niños quedaron en lista de espera. De esta manera, bajo el lema: “No sobran chicos, faltan Escuelas”  se movilizarán el próximo jueves 31 de mayo a las 11 horas en Av. Cruz y Pola hasta Larrazábal y Barros Pazos. “Quienes conformamos, hace años la Red de Lugano venimos denunciando que en el barrio faltan escuelas”, sostuvieron en un comunicado.  

Además, detallaron: “A cada inicio de ciclo lectivo vemos suceder los mismos hechos: las escuelas del barrio sin vacantes suficientes, familias haciendo colas eternas en las supervisiones mendigando lo que debiera ser garantizado como un derecho. Niños y niñas empezando primer grado en abril o en mayo; con vacante asignada en escuelas de Flores, de Caballito. Como consecuencia de esto, las familias pasan a mendigar un asiento en los pocos micros que sigue poniendo el Ministerio de Educación”.

Desde otra perspectiva se refirieron al Proyecto de re urbanización de la Villa 20 y exigieron que “el proceso sea real e integral e incluya la construcción de escuelas en todos los niveles”, y en el mismo comunicado reclamaron “se acepten las propuestas de compras de terrenos en la zona para la creación de escuelas y que se encare un proceso de planificación escolar a largo plazo basado en las proyecciones demográficas, y garantizando la participación de todos los actores que forman parte de las Comunidades Educativas”.

30.5.2018

Desde la mañana nos encontramos junto a otros movimientos sociales en el Obelisco haciendo ollas populares en el marco de la Marcha Federal y reclamando por la asistencia alimentaria para comedores y merenderos de la ciudad, y por nuevos puestos de trabajo al Ministerio de Desarrollo Social.

Denunciamos que hace unos instantes llegaron camiones de Infantería con alrededor de 200 policías de la Ciudad y acto seguido el comisario a cargo del operativo nos solicitó que liberemos un carril de la Avenida Corrientes.

Aceptamos el pedido y comenzamos a liberar el paso, pero al pedirle al comisario que reordene la línea policial, procedieron a avanzar a los palazos y golpes contra nuestras compañeras, incumpliendo el acuerdo que habíamos alcanzado para poder seguir con el desarrollo de nuestra actividad.

En este momento nos encontramos rodeados por los efectivos y sin comunicación con el Comisario. Este proceder es totalmente arbitrario y avasallante, ya que intentaron desalojarnos recurriendo a la fuerza cuando ya habíamos accedido a liberar un carril.

Las organizaciones sociales aquí presentes nos mantenemos en alerta ante el accionar represivo e injustificado de la policía de la ciudad, y convocamos a los medios para que den cuenta de la situación. Hacemos responsable al gobierno de Rodríguez Larreta de lo que pueda llegar a suceder y de nuestra integridad física.