Red de radios

26.4.2018

Un centenar de referentes de organismos de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, barriales y políticos participaron este miércoles de la presentación de lo que se propone ser un "observatorio" sobre la temática.

Apenas pasadas las 16 de este miércoles, una de las amplias salas de la planta baja de la Legislatura porteña se llenó de personalidades y referentes de organismos de derechos humanos, políticos, sindicales, estudiantiles y sociales.

La convocatoria de la legisladora Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) tuvo como objetivo darle el marco necesario a la presentación pública de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional de ese cuerpo parlamentario, integrada por varias legisladoras y legisladores y presidida por ella misma.

Allí estuvieron, entre otras personalidades, Gastón Chiller del CELS, María Elena Naddeo de la APDH, María del Carmen Verdú de Correpi, la exdiputada Patricia Walsh, la Asociación de Abogados Laboralistas, Margarita Cruz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el MEDH, Nicolás Tauber de Liberpueblo, la abogada Liliana Massea, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano y Carla Lacorte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Claudia Ferrero de Apel y miembros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. También participó una importante delegación de la organización La Poderosa.

En primera fila estuvo Roxana Cainzos, madre de Nehuén Rodríguez y muy cerca suyo estaban el docente Daniel Sandoval y el militante del FOL Horacio Ramos, ambos víctimas de la represión del 18 de diciembre en la que perdieron un ojo por balazos de goma de la Policía de la Ciudad.

Estuvieron presentes Agustín Lecchi, César Nenna y Rolando Andrade del sindicato de prensa SiPreBA, miembros del sindicato del subte AGTSyP Miguel González (secretaría de Derechos Humanos) y Claudio Dellecarbonara (Comisión Directiva), Nahuel Berguier abogado de UTE, Marilina Arias de Ademys, representantes de las juntas internas de los ministerios de Trabajo, de Hacienda, de Música, de Promoción Social y trabajadoras y trabajadores del hospital Garrahan, entre otros.

Docentes y estudiantes secundarios también dijeron presente y hubo medios de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Bregman informó que mandó un saludo Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

En la presentación, Bregman dijo que en un primer período de funcionamiento de la Comisión el eje temático central de trabajo será la criminalización de la protesta social y la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles. “Nos parece que entre todos los temas de violencia institucional que hay, sobre los que hay que ir trabajando por partes para poder ahondar y hacer un seguimiento profundo de cada uno, en este primer período vamos a estar trabajando sobre la criminalización de la protesta”, destacó Bregman.

La diputada agregó que ya hay un acuerdo entre los diputados y diputadas “para que en la próxima reunión se trate un punto específico, que es el hostigamiento a estudiantes secundarios tanto dentro de las escuelas como en las inmediaciones por parte de la Policía de la Ciudad”.

La Comisión Especial contra la Violencia Institucional tendrá algunos objetivos precisos: seguir, analizar y denunciar la criminalización de la protesta social, la persecución política sobre protestas de trabajadores y trabajadoras, sobre movimientos sociales como el de la mujer así como sobre quienes se ponen a la cabeza de esas protestas y movimientos.

Luego de las palabras de la legisladora del PTS-FIT, tomaron la palabra otros referentes de los Derechos Humanos y las luchas por las libertades democráticas. Hablaron Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, María del Carmen Verdú de Correpi, Tatiana de La Poderosa, Nicolás Tauber de Liberpueblo, Nahuel Berguier de UTE, María Elena Naddeo de la APDH y el diputado Gabriel Solano del PO-FIT.

La idea de Bregman y quienes integran la Comisión es convertir ese espacio en un verdadero “observatorio” que pueda dar una visión global del estado de la violencia institucional y represiva, de la criminalización de la protesta, particularmente en el ámbito de la Ciudad que es donde se desarrolla el centro de la actividad política nacional.

26.4.2018

Por Sergio Zabalza

Hace cinco años, un 26 de abril, cientos de policías ingresaron en el predio del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda y la emprendieron a balazos contra paciente, médicos, trabajadores, periodistas y legisladores. Realidad y fantasía se confundieron durante varias horas en que la sombra de un pasado ominoso insinuó cubrir los espíritus. No hay antecedentes de un hecho de similares características en ningún hospital del mundo, por lo menos en países gobernados por autoridades surgidas del voto popular. No fueron barrabravas, delincuentes, ni matones, fue la policía que dice proteger a la ciudad de Buenos Aires, capital de nuestro país. En su momento, los responsables políticos adujeron que la fuerza actuó así para defenderse. Algo parecido a lo que acostumbra manifestar la ministra de seguridad de la Nación cada vez que las fuerzas de seguridad cometen un atropello. Ahora bien, el 26 de abril de 2013 es la fecha que incorpora el recurso de la represión policial dentro de la política de Salud Mental de nuestro país. Aquel ataque camina junto al uso punitorio del electroshock, la medicalización de la atención, la desaparición de la práctica clínica, la tendencia al encierro, las auditorías continuas, la cancelación de servicios, la limitación de plazas para residentes y concurrentes, el flagrante incumplimiento de la ley de Salud Mental y agrega un nuevo componente: el terror en la polis. Es que, como digno anticipo de la actual política de exclusión, aquellas balas en un hospital psiquiátrico testimoniaban ya un salto cualitativo en el intento disciplinante ejercido sobre el cuerpo social. De la misma forma que el cínico procedimiento discursivo destinado a negar lo evidente (hambre, promesas incumplidas, desempleo, etc.) hoy resulta enloquecedor para cualquier oreja poco advertida. Los pacientes que albergan las salas de internación de los hospitales de esta ciudad conocen el terror. Se trata de personas que no han podido evitar un encuentro con lo real, esas primeras huellas que el entorno imprime en el cuerpo del viviente, si bien luego atemperadas y veladas por los cuidados del Otro primordial, por lo general: la madre. Cada tanto, los avatares de la vida hacen emerger esos rastros ominosos. Todo depende de la respuesta que el sujeto brinde a las fantasías persecutorias que lo acechan. Están quienes, por diversas razones –recursos disponibles, circunstancias del entorno o simplemente la contingencia–, quedan sumidos en la perplejidad a causa de la intensidad de aquellas huellas tempranas. El sentido común los llaman locos y durante siglos se los encerró para que sus inquietantes terrores no despertaran los fantasmas que habitan de este lado del muro. El 26 de abril de 2013, no obstante, es la fecha en que las cámaras de televisión atravesaron los muros para registrar el retorno de los fantasmas más ominosos de esta sociedad. Por eso, no es casualidad que el lugar elegido haya sido un hospital psiquiátrico. Se trata de la implementación del espectáculo del terror como intento de control social: la barbarie del Otro gozador a cielo abierto. El 26 de abril de 2013 se ensancharon los muros del manicomio. No en vano Lacan decía que todo el mundo delira. Que no nos encierren en la perplejidad. 

* Psicoanalista. Ex integrante del dispositivo de Hospital de Día del Hospital Alvarez.

25.4.2018

Revés judicial contra el Ministerio de Educación porteño

Por Alejandra Hayon

La jueza Liberatori ordenó la suspensión del documento elaborado por el ministerio que conduce Soledad Acuña, en el que hace responsable de las tomas de las escuelas a los padres de los estudiantes.

Otra vez la Justicia porteña falló a favor de los estudiantes secundarios y ordenó suspender el nuevo protocolo anti tomas que elaboró el Ministerio de Educación porteño en febrero pasado como respuesta a las tomas de los colegios secundarios contra la reforma inconsulta bautizada Secundario del Futuro. La jueza Elena Liberatori declaró “inaplicable” el “instructivo sobre la forma de proceder en caso de toma de establecimientos educativos” y suspendió la aplicación de cualquier protocolo del que no hayan participado en su elaboración los estudiantes y el resto de la comunidad.

Liberatori suspendió la resolución 643/18, en la que el Ministerio de Educación porteño estableció las “Pautas para la Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos educativos de gestión estatal”. Frente a una posible toma, el nuevo protocolo ordenaba a los directores de escuela a llamar a los padres de los estudiantes para que retiren a los chicos de las escuelas y en caso de no hacerlo serían los adultos los responsables por eventuales daños en los edificios.

Este protocolo, sin embargo, no fue el primero. Antes, la cartera que conduce Soledad Acuña le había solicitado a los directores de escuela que ante la toma del establecimiento realicen la denuncia en la comisaría más cercana. En la audiencia convocada por la jueza, los representantes del Ministerio negaron haber dado esa orden, aunque el instructivo fue enviado por correo electrónico desde una cuenta oficial del gobierno porteño.

En ambos casos, la nueva sentencia dictada por el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº4 ordena la suspensión. En el caso del primer instructivo, el que solicitaba la denuncia policial, Liberatori lo declara “inaplicable” y dispone su “inaplicabilidad total en el futuro”. En el caso del segundo protocolo, la jueza lo suspende hasta tanto no el Ministerio no “subsane las omisiones incurridas en la elaboración de las pautas”, en referencia a la falta de participación de la comunidad educativa y los mismos estudiantes.

“La Sra. Ministra de Educación Soledad Acuña, no tuvo en cuenta durante la elaboración ni en el contenido de dicho “protocolo” o “pautas” que establece la resolución 643/MEGC/18,  la manda constitucional y legal de oír a la comunidad educativa y a los niños, niñas y adolescentes”, aclaró la jueza en el fallo, que se conoció ayer. “Este incumplimiento debe ser subsanado”, remarcó la magistrada.

“El fallo le da la razón a los chicos. Este nuevo protocolo se hizo sin la participación de los alumnos y sin respetar algunas normas que ya existen como las mediaciones escolares”, sostuvo el asesor tutelar Gustavo Moreno, autor del amparo. Según Moreno, lo que el Ministerio llama toma responde en realidad a una ocupación pacífica por parte de los estudiantes en el marco de un conflicto escolar. “Como ocurre adentro de la escuela tiene que ser abordado desde un punto de vista de una mediación y ya hay normativa para eso”, señaló el asesor, que celebró el nuevo fallo de Liberatori.

Sin embargo, la mayor preocupación desde el Ministerio Público Tutelar, insiste Moreno, es que ninguno de los protocolos elaborados por la ministra Acuña contempla la cuestión de fondo: cómo resolver las causas de la ocupación. “Lo que hay que resolver son los motivos de la ocupación, no las consecuencias. Y eso no quita la responsabilidad de los chicos en caso de que ocurran ilícitos, eso también ya está enmarcado en la ley”, puntualizó Moreno.

Desde el Ministerio de Educación porteño confirmaron a este diario que aún no fueron notificados oficialmente del fallo pero que de todos modos apelarán la medida.

25.4.2018

El diputado de la Ciudad Gabriel Solano rechazó los anuncios de R. Larreta sobre la quita de impuestos en la boleta de servicios públicos.

“El jueves vamos a ir a la sesión especial impulsada por el Frente de Izquierda a rechazar estos anuncios. Bajan algunos impuestos para salvar el tarifazo que golpea al bolsillo popular y que ha generado un extendido repudio. Se trata por lo tanto de una transferencia de recursos del Estado a las privatizadas que tendrá como contrapartida un mayor ajuste en las cuentas de una Ciudad que pretende enchufarle a docentes, municipales y trabajadores de la salud de un 12 a un 15% de aumento en las paritarias” afirmó Solano.

“Estas medidas van en línea con el pacto fiscal suscripto por R. Larreta y Macri que apunta a centralizar recursos en el Estado Nacional en detrimento de las provincias que son quienes afrontan el gasto en salarios, salud y educación. Si quisieran una verdadera reducción de impuestos deberían eliminar el IVA en los productos de consumo popular” finalizó Solano.

25.4.2018

 Después de la masiva marcha que reunió a más de 20.000 personas rechazando el cierre de los Profesorados de la Ciudad, estudiantes, docentes y directivos de los 29 institutos de la Ciudad se encaminan hacia una semana de intensas actividades. A partir de las 14.00 de este martes, se realizarán clases públicas en la legislatura porteña, el viernes 27 se realizará una movilización a la legislatura, cuando esta previsto la culminación de las discusiones del proyecto presentado por el PRO. Todas las medidas están impulsadas por la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET), distintos centros de estudiantes terciarios y el Consejo de Educación Superior de Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires (CESGE).

Mariano Romano, presidente del CEJVG y referente de la CET y la Martí dijo: “la marcha del pasado 12/4 no sólo demostró el gran rechazo que existe al proyecto de Acuña y Larreta, sino la voluntad de los terciarios de defender la educación pública. Ahora redoblamos la apuesta con las vigilias en los profesorados el lunes, para llenar de clases públicas el martes en la legislatura. El plan de lucha continúa con asambleas en todos los profesorados y una movilización el viernes a legislatura, donde sesionará la última comisión extraordinaria para discutir el proyecto. El rol de la CET y los centros de estudiantes para impulsar estas medidas es muy importante, pero este es un reclamo que levanta el conjunto de la comunidad educativa, a la que convocamos para construir una gran movilización unitaria el próximo 9 de mayo”

Martín Cifuentes, director de la carrera de Historia y Consejero Directivo del JVG, dijo: “a pesar del evidente rechazo que despierta el proyecto de la UniCABA, el gobierno de la ciudad mantiene sus oídos sordos a la comunidad educativa. Recientemente Larreta publicó una nota de opinión donde decía que su proyecto pretende imitar países como Finlandia. Pero ¿qué relación tienen los problemas de la educación en la ciudad con los de un país tan distinto al nuestro? No permitiremos que nos vendan soluciones ajenas a la realidad que vivimos. Los docentes y directivos de los institutos seguiremos impulsando las medidas que sean necesarias para frenar este proyecto”

Mercedes González Chiappe, Consejera Directiva del Normal 7 y referente de La Martí, dijo: “a partir de las iniciativas que venimos llevando adelante desde la CET se visibilizó la nefasta reforma de la formación docente que pretenden imponernos, barriendo por tierra a 29 instituciones que ya existen. Cada vez más sectores se suman a defender los profesorados. El próximo 9 de mayo, pretendemos impulsar desde la CET una gran movilización en defensa de los profesorados y la educación pública, convocando a todos los sectores y niveles educativos”