Red de radios

27.4.2018

En la tarde de este viernes, las y los estudiantes nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) volvieron a salir a la calle para visibilizar su lucha. Pasado el mediodía, cortaron Acoyte y Rivadavia expresando su rechazo a la reforma “Secundaria del Futuro”, exigiendo un protocolo contra la violencia de género en las escuelas y la real aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). “Si hace falta cortar la 9 de Julio lo vamos hacer”, expresó Malena del Colegio Yrurtia en medio de una asamblea improvisada en pleno Acoyte.

En el comunicado que acompañó la convocatoria, repudiaron la política económica del gobierno nacional, “cortamos las calles contra la avanzada macrista de este modelo que viene atacando y vulnerando a todos los sectores populares,  principalmente a la juventud y a los y las estudiantes”.

En cuanto a sus reclamos, rechazaron la reforma educativa en la Ciudad, que a nivel nacional se conoce como “Secundaria 2030” y que forma parte del paquete de la reforma laboral que el gobierno quiere reflotar con la aprobación de las pasantías en las empresas, “rechazamos la reforma que se está llevando a cabo para ponernos al servicio de las grandes empresas como mano de obra gratuita”.

A la vez, se expresaron a favor de legalización del aborto detallando como la violencia de género se expresa también en las escuelas, “nos movilizamos contra la violencia machista que oprime día a día a nuestra compañeras, siendo víctimas de abuso o violaciones, secuestradas por las redes de trata o muriendo en abortos clandestinos. Exigimos un protocolo que acompañe a las víctimas en caso de violencia de género en todos los colegios”.

27.4.2018

Los docentes porteños reclamaron en la inauguración del encuentro contra el cierre de los profesorados. La escritora Claudia Piñeiro, quien estudió en uno de ellos y fue la encargada de la apertura, se solidarizó con los manifestantes. Pablo Avelluto tuvo que cancelar su discurso y su colega Enrique Avogadro no pudo terminar el suyo.

La inauguración de la 44ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires estuvo marcada por la irrupción de un nutrido grupo de docentes porteños, que manifestaron su oposición al cierre de los profesorados por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La escritora Claudia Piñeiro, a cargo del discurso de apertura del encuentro, se solidarizó con la protesta.

Los docentes desplegaron sus banderas y entonaron sus consignas cuando comenzó a hablar Enrique Avogadro, el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, quien no pudo concluir su intervención, hecho que rebotó rápidamente en las redes sociales.

Tampoco pudo hacer uso de la palabra, el ministro de Cultura nacional, Pablo Avelluto, quien lamentó el episodio por Twitter, sin hacer alusión al programa Unicaba, que prevé el cierre de 29 institutos de formación docente y que provocó la protesta de docentes y estudiantes. .

Piñeiro, en cambio, recordó que ella misma había ido a un profesorado, y agregó “espero que se retire el proyecto “. La autora de Las grietas de Jara advirtió, además, que “nuestra tarea (la de los escritores y la de los docentes) tiene que ser honrada como lo que es, trabajo”. “Las políticas educativas y culturales tienen que ser sostenidas en el tiempo para que sean efectivas”, sostuvo.

La escritora añadió que “el lugar del escritor es el del conflicto con la autoridad” y que “está claro que si un chico sale de la primaria sin saber leer, no será lector en el futuro”.

Tras el discurso, Piñeiro volvió a reafirmar su apoyo al proyecto de ley para despenalizar el aborto, al mostrar el pañuelo verde de la campaña.

Acto seguido, Avelluto quiso hablar. Arreciaron de vuelta los gritos.  “A los fascistas le pido silencio”, dijo el ministro. “Ya que los que vinieron a manifestarse de forma autoritaria se manifestaron, que nos dejen hablar”, agregó, pero los cánticos siguieron y se fue en medio de gritos por el fin del proyecto que cierra profesorados.

26.4.2018

Por Agustina Arredondo

El gobierno porteño insistirá con la venta de los edificios de los hospitales Marie Curie, Ferrer, Udaondo y el IREP. Esos centros serían trasladados al predio de Parque Patricios que hoy ocupa el Muñiz, donde se demolerán varios pabellones. Los trabajadores denuncian que el objetivo es dar lugar a un millonario proyecto inmobiliario.

El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quiere lograr lo que el presidente Mauricio Macri no pudo cuando ocupaba ese cargo: unificar los hospitales Curie, Ferrer, Udaondo y el IREP en el predio de Parque Patricios del Muñiz. La obra comenzaría a licitarse en 2019, en caso de que se apruebe en la Legislatura, con una fecha estipulada de finalización en 2021. Pero los trabajadores de los centros de salud resisten la fusión porque entienden que representa “el cierre de los hospitales” y el fin de la atención pública sanitaria para ceder terreno a las clínicas privadas.

“Complejo Hospitalario Sur” es el nombre que lleva el proyecto inmobiliario presentado por el Ministerio de Salud de la Ciudad a las autoridades de los hospitales el 11 de abril, que busca concentrar en el hospital de Infecciosas F. Muñiz al hospital de Gatroenteorología B. Udaondo, al hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer, el Hospital de Onocología M. Curie y el Instituto de Rehabilitación Piscofísica. Para hacerlo, deberá modificar por completo la estructura edilicia del Muñiz -desprotegida, a pesar de su valor patrimonial, por el veto de Macri en 2010 a la norma que declaraba intocables a su construcción y pabellones-. Las obras de Larreta ahora los demolerá, con el supuesto objetivo de construir 500 m2 nuevos y 10.000 mts2 de “remodelación y mejoras”. En el medio, pretende dejar al Muñiz con sólo 150 de sus 350 camas y destinar al Complejo 500 camas en total: 100 para “críticos”, 50 “crónicos” y 350 “generales”.

Larreta superó incluso el plan de Macri, quien intentó en 2008 unificar el Muñiz, el Ferrer y el Udaondo pero finalmente la iniciativa hizo agua en la Legislatura. “Esta iniciativa nos une a todos los que tenemos el compromiso de mejorar la salud pública en la ciudad”, había destacado por entonces Macri durante una conferencia de prensa, al referirse al consenso alcanzado con los gremios estatales para avanzar en esta obra. Macri pensaba destinar un presupuesto de 172 millones para el ajuste. Ahora Larreta vuelve a intentarlo y suma otros dos hospitales al emprendimiento.

“Desde fines de 2017 hasta el momento se han considerado aspectos estratégicos del proyecto y durante 2018 se iniciará el proceso de planificación para avanzar en su posible funcionamiento y definición del proyecto sanitario y arquitectónico”, reza el documento enviado hace dos semanas a los directivos de los centros de salud, al anunciar el desarrollo del “nuevo centro de complejidad” que formará parte de la red pública de salud de la Nación. El nuevo proyecto inmobiliario se planeará a lo largo de este año, durante el cual se realizarán “relevamientos y rondas de acuerdo tendientes a definir el alcance y características del proyecto”, según consta en la nota enviada a los directores, firmada por Daniel Ferrante, subsecretario de planificación sanitaria del Ministerio de Salud.

El Gobierno de la Ciudad estipula que el complejo podría costar cerca de 160 millones de dólares, que pagará en parte con las ventas de los edificios de los otros cuatro hospitales (valuados en total en 123 millones de dólares). Como en distintos recortes en el sector público, el proyecto enarbola el “ahorro” que implicará no mantener en funcionamiento los hospitales por separado: 207.704.160 pesos. Conscientes de que hay “desventajas” en el proyecto, en el plan de acción incluyeron “acuerdos políticos con los gremios por el solapamiento de todas las estructuras jerárquicas” y “plan para evitar los motivos de judicialización más probables”.

Los trabajadores ya están organizados para resistir. El martes los empleados del Muñiz realizaron una asamblea en rechazo “al proyecto de demolición del hospital con el único objetivo de proyecto inmobiliario”. “Es la salud de la gente pobre y a más de uno de ustedes les solucionamos más que sus obras sociales”, resaltaron. El Marie Curie, en tanto, convocó el 10 de mayo a las 10 hs a pacientes, familiares y médicos a un abrazo para condenar el recorte. Mientras que los trabajadores del IREP lanzaron una campaña por Change en la que señalan que la fusión alterará su identidad, especialización y el adecuado trabajo con los pacientes con discapacidad motora. “Esto pone en riesgo todo el trabajo llevado a cabo desde hace más de 60 años y que nos ha convertido en un Hospital de Referencia en la Rehabilitación”, señalan.

Los empleados de los centros de salud también advierten que los hospitales perderán autonomía dado que se transformarán en subsecretarías que responden a un mismo director y alertan que puede “quedar mucha gente afuera” con la supuesta “integración de Recursos Humanos” que promete Larreta. “Estaría bueno creer que todo va a estar bien pero la experiencia en el Estado con este gobierno es otra: la reducción de personal y el ajuste”, subrayó Fabiana de Muro, delegada de ATE en el hospital Ferrer. Indicó que en todos los hospitales “están asustados” porque “nadie garantiza que la mudanza sea beneficioso para los trabajadores de la salud, médicos, especialistas y camilleros”. “Estamos trabajando en conjunto y esto recién empieza”, agregó De Muro.

26.4.2018

Gilda Olmedo Cañetes murió el 6 de abril electrocutada por obras mal hechas por el gobierno. Era una trabajadora de la economía popular, vivía en la villa 21 de Barracas y militaba en la Corriente Villera Independiente, porque entendía que la salida era organizarse y luchar para cambiar las condiciones de vida a la que los malos políticos someten, esas malas condiciones que la mataron. Desde la Corriente se encuentran realizando un acampe por tiempo indeterminado en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, ubicado en Finochietto 435: “Para que no haya muertes por negligencia de los gobiernos y de los organismos estatales y porque luchamos por una vida digna.

“Queremos respuestas, queremos barrios dignos”.

En este sentido, exigen justicia por Gilda, conexiones eléctricas en todos los barrios, agua potable, obras y servicios en villas y complejos habitacionales y urbanización con radicación.

26.4.2018

Un centenar de referentes de organismos de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, barriales y políticos participaron este miércoles de la presentación de lo que se propone ser un "observatorio" sobre la temática.

Apenas pasadas las 16 de este miércoles, una de las amplias salas de la planta baja de la Legislatura porteña se llenó de personalidades y referentes de organismos de derechos humanos, políticos, sindicales, estudiantiles y sociales.

La convocatoria de la legisladora Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) tuvo como objetivo darle el marco necesario a la presentación pública de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional de ese cuerpo parlamentario, integrada por varias legisladoras y legisladores y presidida por ella misma.

Allí estuvieron, entre otras personalidades, Gastón Chiller del CELS, María Elena Naddeo de la APDH, María del Carmen Verdú de Correpi, la exdiputada Patricia Walsh, la Asociación de Abogados Laboralistas, Margarita Cruz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el MEDH, Nicolás Tauber de Liberpueblo, la abogada Liliana Massea, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano y Carla Lacorte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Claudia Ferrero de Apel y miembros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. También participó una importante delegación de la organización La Poderosa.

En primera fila estuvo Roxana Cainzos, madre de Nehuén Rodríguez y muy cerca suyo estaban el docente Daniel Sandoval y el militante del FOL Horacio Ramos, ambos víctimas de la represión del 18 de diciembre en la que perdieron un ojo por balazos de goma de la Policía de la Ciudad.

Estuvieron presentes Agustín Lecchi, César Nenna y Rolando Andrade del sindicato de prensa SiPreBA, miembros del sindicato del subte AGTSyP Miguel González (secretaría de Derechos Humanos) y Claudio Dellecarbonara (Comisión Directiva), Nahuel Berguier abogado de UTE, Marilina Arias de Ademys, representantes de las juntas internas de los ministerios de Trabajo, de Hacienda, de Música, de Promoción Social y trabajadoras y trabajadores del hospital Garrahan, entre otros.

Docentes y estudiantes secundarios también dijeron presente y hubo medios de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Bregman informó que mandó un saludo Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

En la presentación, Bregman dijo que en un primer período de funcionamiento de la Comisión el eje temático central de trabajo será la criminalización de la protesta social y la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles. “Nos parece que entre todos los temas de violencia institucional que hay, sobre los que hay que ir trabajando por partes para poder ahondar y hacer un seguimiento profundo de cada uno, en este primer período vamos a estar trabajando sobre la criminalización de la protesta”, destacó Bregman.

La diputada agregó que ya hay un acuerdo entre los diputados y diputadas “para que en la próxima reunión se trate un punto específico, que es el hostigamiento a estudiantes secundarios tanto dentro de las escuelas como en las inmediaciones por parte de la Policía de la Ciudad”.

La Comisión Especial contra la Violencia Institucional tendrá algunos objetivos precisos: seguir, analizar y denunciar la criminalización de la protesta social, la persecución política sobre protestas de trabajadores y trabajadoras, sobre movimientos sociales como el de la mujer así como sobre quienes se ponen a la cabeza de esas protestas y movimientos.

Luego de las palabras de la legisladora del PTS-FIT, tomaron la palabra otros referentes de los Derechos Humanos y las luchas por las libertades democráticas. Hablaron Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, María del Carmen Verdú de Correpi, Tatiana de La Poderosa, Nicolás Tauber de Liberpueblo, Nahuel Berguier de UTE, María Elena Naddeo de la APDH y el diputado Gabriel Solano del PO-FIT.

La idea de Bregman y quienes integran la Comisión es convertir ese espacio en un verdadero “observatorio” que pueda dar una visión global del estado de la violencia institucional y represiva, de la criminalización de la protesta, particularmente en el ámbito de la Ciudad que es donde se desarrolla el centro de la actividad política nacional.