Red de radios

11.7.2018

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, alcanzó la mejor paritaria del año en el marco de un ajuste imparable.

Se trata del Jefe de Gobierno porteño que mientras despide y ajusta a los trabajadores, logró una de las mejores paritarias en este 2018: su sueldo ya subió un 34% de forma interanual y alcanza los 150 mil pesos. Así, duplica el incremento dispuesto para el resto de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad que recibieron un 16% de aumento con excepción del vicejefe.

Los datos se conocieron por un relevamiento que realizo el diario matutino El Cronista, donde se destaca que el sueldo del Jefe porteño subió un 34,8% entre mayo del año pasado y mayo del 2018 al pasar de los 112 mil pesos a los 151 mil en 12 meses.
Los montos son en bruto. En total, el jefe de Gobierno pasó de percibir $58.389 de salario de bolsillo a $79.734,12. Supuestamente Larreta le había puesto un techo a los sueldos de los funcionarios para lograr un ahorro total de 0,22% del presupuesto pero parece que ante el plan de ajuste decidió diferenciarse ampliamente de los trabajadores que lo padecen.

Esto es así porque el sueldo del jefe de Gobierno está atado a los aumentos otorgados a los jueces del Tribunal Superior de Justicia porteño.
Es de un grado de cinismo brutal aumentarse el sueldo en momentos en el que el Gobierno avanza en un plan de ataque a las condiciones de trabajo, precarizando y despidiendo trabajadores en el ámbito público y privado además de una inflación que directamente influye sobre el bolsillo de los trabajadores a los que se les niega discutir paritarias libres y al nivel del costo de la canasta familiar.
El Gobierno de los ceos arroja migajas para el pueblo trabajador mientras en el bolsillo de los funcionarios se acumulan billetes para enriquecerse aún más.

11.7.2018

Trabajadores de la institución realizaron una olla popular para pedir el pago de los haberes adeudados hace ocho meses, los aguinaldos y una deuda de años anteriores. También denunciaron el vaciamiento y la falta de suministros, producto de la actual gestión interventora.

Este mediodía, trabajadores del Centro Gallego realizaron una olla popular en la puerta del establecimiento para pedir el pago de los sueldos desde noviembre del 2017, los aguinaldos, y exigir la renuncia del actual interventor, Martín Moyano Barros.

Desde 2012, el centro se encuentra en situación de crisis económica, y fue intervenido en tres oportunidades.

Sobre la situación, Yolanda Guitian, enfermera por más de 25 años en el Centro Gallego, explicó: “Estamos acá, denunciando con esta olla popular, porque estamos hartos de falsas promesas, de las mentiras del interventor Moyano Barros. Hay funcionarios oficiales que deben salir a responder por qué están permitiendo el vaciamiento del Centro Gallego. Esos funcionarios son el ministro Jorge Triaca –que no desconoce la situación de que de 1500 trabajadores hayan quedado alrededor de 800, debido al vaciamiento y saqueo que está haciendo esta intervención-, del INAES, del Ministerio de Desarrollo Social, todo con la complicidad de una Comisión interna que responde a Héctor Daer, del gremio de la sanidad”.

Por su parte, María, que es también enfermera hace 8 años del lugar, dijo: “Ya no podemos vivir de esta manera. Estamos al límite. Con mil pesos por semana no llegamos. Muchos de los compañeros tienen situaciones críticas. En mi caso particular, tengo dos hijos, uno con discapacidad, y tratamos de salir adelante con esto que nos pagan. Esto viene desde noviembre. Son ocho meses sin recibir un sueldo completo”.

Además, denunciaron la falta de suministros, al punto de faltar jabón para el lavado de manos, antibióticos y analgésicos. “Hay pacientes con enfermedades crónicas que no tienen cómo afrontar sus tratamientos”, agregó María.

Por otra parte, Guitian advirtió que la intervención de Moyano Barros pretendía reactivar el hospital, sin embargo la situación empeoró. “Los trabajadores también estamos reclamando el saqueo a nuestro bolsillo, porque hace ocho meses que no nos pagan, ni los aguinaldos, más una deuda que quedó pendiente de años anteriores. Su única respuesta es intentar vender el centro al grupo Ribera Salud, denunciado en España por fraude y estafa, que dice querer comprar este establecimiento para que el hospital siga funcionando para los socios y trabajadores. Nosotros sabemos que es mentira, porque este grupo también administra la Fundación Favaloro, y hoy, 60 trabajadores de esa clínica están pidiendo su reincorporación. Si no pueden salvar a su  gente, menos van a venir acá a darnos una solución”.

Actualmente, el hospital cuenta con 4.000 socios que también reclaman la falta de médicos para su atención. “Están sufriendo estas penurias después de haber abonado por muchos años su cuota de afiliado”, expresó Yolanda.

Finalmente, sentenció: “Este hospital es necesario para la comunidad en esta gran ciudad, y reclamamos a los funcionarios que, si hay plata para la timba financiera, hay plata para sostener un hospital y ponerlo a funcionar en la red de hospitales públicos”.

11.7.2018

Rufalda tenía 90 años. Una vela prendió una frazada. Los vecinos intentaron salvarla pero los matafuegos que les entregó la Ciudad no andaban.

Rufalda Lescano era una vecina de la manzana 12 de la Villa 31. Tenía 90 años, padecía artrosis e iluminaba su casa con velas. Murió en las últimas horas atrapada en el incendio de su casa que se desató por una de esas velas.

La vivienda no tenía luz eléctrica, a pesar de haber efectuado reclamos a Edenor recurrentemente. La situación que vivía Rufalda cotidianamente ya habla de la desidia estatal. A esto se suma que los bomberos tardaron 40 minutos en llegar hasta el lugar. Los vecinos intentaron apagar el fuego como pudieron y descubrieron que no funcionaban 17 de los 20 extinguidores que el Gobierno de la Ciudad entregó a las familias.

“Se iluminaba con velas porque también sufría a Edenor, como muchos de nosotros… Y sí, mil veces llamamos a la empresa que nos ofrece parches cuando debería brindarnos una solución real, como también lo hacen la UGIS y la Secretaría de Integración Social y Urbana”, denunció el colectivo villero La Poderosa.

“Los villeros llamamos a los bomberos, que llegaron 40 minutos después de iniciado el fuego con un vehículo sin agua suficiente y ¡otro que estaba vacío, directamente! Pero no terminó ahí la trama de ciencia ficción, pues quisieron conectarse a una boca que no tenía presión. Entonces, pidieron los extinguidores con los que el gobierno proveyó a los vecinos relocalizados… 20 familias prestaron los suyos, pero funcionaban tres: ¡17 tragedias potenciales, y nos enteramos mientras apagábamos otra! Los propios vecinos sofocamos las llamas voraces que consumían la precaria vivienda, con arena de construcciones aledañas y agua de pozo, pero no alcanzó, porque Rufalda falleció abandonada dentro de su hogar”.

Cambiemos no hace más que favorecer las ganancias de las empresas y en particular, de las concesionarias de los servicios públicos. Mientras la población padece cada vez más duramente los efectos de los tarifazos y la inflación, la muerte de Rufalda es un lamentable nuevo ejemplo de la desinversión y el desprecio de las empresas y el Gobierno de la Ciudad por la vida de los más pobres.

10.7.2018

Maxi Martínez

Luego de un plan de despidos por goteo que lleva adelante la empresa de servicios de salud desde hace ya un año, los trabajadores luchan por sus puestos de trabajo.

Se trata de la empresa privada de servicios de salud VITTAL S.A, ubicada en Chacharita, en las calles Álvarez Thomas y Zapala. El fin de semana del 1° de julio la empresa les comunicó a 20 trabajadores que pasaban a estar desvinculados de la empresa. Una patronal que viene realizando despidos a cuentagotas desde hace casi un año hasta estos días, donde con los últimos despedidos sumarían ya 60 los trabajadores y trabajadoras que han perdido su fuente laboral.

Ante estos ataques los trabajadores decidieron instalar una carpa en la puerta de la empresa para pelear por la reincorporación de todos los despedidos.

Esteban, uno de los delegados, nos decía que: “se nos está haciendo difícil porque el dueño de Vittal es íntimo amigo del ministro de trabajo, Jorge Triaca, por lo cual creemos que siente que tiene una cobertura política para realizar estos ataques. La empresa acá lo que busca es tercerizar la parte de ambulancias, lo cual significa la precarización de los compañeros que trabajan en esos móviles. Desde que comenzó el ajuste en la empresa ya tenemos a más de 60 compañeros afuera y la verdad se nos está haciendo muy difícil pelearla, creemos que la empresa tiene una cobertura mediática porque hemos llamado a todos los medios y no ha venido ninguno a cubrir nuestra lucha, nos mantienen aislados. Nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a pelearla hasta el final y vamos a tratar de reincorporar a todos los despedidos. El jueves 5 de este mes, hicimos una movilización importante al Ministerio de Trabajo a la que vinieron muchos delegados de otros establecimientos, hablamos con los referentes en el gremio de Sanidad y nos dieron su apoyo para instalar la carpa y hacer una olla popular”.

Sandra, también despedida y con 13 años de antigüedad, explicó que “esto que nos está sucediendo a nosotros le puede pasar a cualquiera, estamos viviendo una situación política en el país que apunta a que todos suframos el ajuste que está proponiendo el Fondo Monetario, esto ya lo vivimos, no es la primera vez que sucede. Los trabajadores tenemos que unirnos para evitar que sigan avanzando contra nosotros. De a poco los trabajadores vamos encontrándonos en la lucha, porque lo que nos pasa ahora a nosotros en Vittal, pasa también en otros lugares, como pasó la semana pasada en la Fundación Favaloro, donde nosotros estuvimos ahí apoyando la lucha de los despedidos y sin que pase mucho tiempo nos encontramos ante la misma situación. Los trabajadores tenemos que tomar conciencia, unirnos y tirar todos para el mismo lado”.

10.7.2018

Por Sebastian Polischuk

Este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trató el Proyecto de reforma del Código Contravencional el cual pretende prohibir el arte en las calles al considerarlo como “ruidos molestos”, criminalizando a la gran cantidad de trabajadorxs y artistas crean y fomentan la cultura popular viviendo muchxs de ellxs de la misma. Pero también la reforma de este Código impulsada desde el macrismo dirigido por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, iría por más, y afectaría también a lxs vendedorxs ambulantes, cuida coches, prostitutas, entre otrxs y a toda la actividad en la calle según denunciaron desde Músicxs Organizados.

Tanto a lxs artistas callejerxs, como a lxs vendedorxs ambulantes y a todxs lxs afectados con esta reforma se les impondría multas, quita de material e instrumentos, además de detenerlxs, y aumentar de por sí el maltrato que sufren por parte de la Policía de la Ciudad, afectando sobre todo a las mujeres tal como siguieron argumentando desde Músicxs Organizadxs y de por sí lxs numerosxs artistas, y agrupaciones como no solo Músicxs Organizadxs, sino también: Frente de Artistas Ambulatorios Organizado (FAAO), Circo Abierto, Payasos con memoria, La Estrella Mochilera, Actores en Movimiento, Hablemos de Violencia Sin Carpa, Cirqueras Organizadas, E.D.P, Trabajadores de la Cultura Ambulante  (T.C.A), Unión De Artistas Independientes (U.D.A.I), Colectivo Cultural Parque Chacabuco, CTEP, ATE, Vendedorxs Ambulantes de Once, FIERAS-Trabajadorxs de Espacios Culturales Autogestivos, Frente de Artesanos y Artistas en Lucha, entre tantas otras.

En la jornada de hoy mientras afuera de la legislatura se manifestaba en una gran caravana de artistas que contaron con el apoyo de agrupaciones sociales, partidos políticos y bandas reconocidas como La Delio Valdez, adentro de la Legislatura el proyecto de reforma se empezó a tratar bajo argumentos fascistas y de poca fundamentación por parte de lxs asesorxs lxs diputadxs macristas, mientras que a las organizaciones representantes del arte callejero, de vendedorxs ambulantes, entre otras, se les dio muy poco tiempo para defenderse.

Por estos motivos todxs estos grupos de lxs artistas, vendedorxs ambulantes, artesanxs, cuida coche, entre otrxs pretenden seguir manifestándose todos los martes frente a la Legislatura hasta que se elimine este grave proyecto y se deje de criminalizar a lxs sectorxs populares.