1.5.2018
Por Ana Laura Mársico
Cambiemos llevará a la Legislatura porteña la modificación de la ley 1854 “Basura Cero” que hasta el momento prohíbe la instalación de plantas incineradoras. La cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste fue consolidada como tal en el 2005 a partir de la ley 1854 “Basura Cero”. La asociación tiene como rol principal recolectar los residuos sólidos urbanos de los barrios de Caballito, Flores y Floresta. Más allá de los más de 15 años de lucha que forman parte de la cooperativa, hoy corren riesgo de quedar nuevamente 1.000 familias en la calle. “Puedo dar fe que de un solo tacho de basura salen varios puestos de trabajo”, subrayó Mariana, integrante de la cooperativa.
Mariana Rocío Durán es una de las responsables de grupo de RUO y empleada del Gobierno de la Ciudad por el Ministerio de Medioambiente. Forma parte de los y las trabajadoras de la cooperativa que recolectan papel, plástico, metales, entre otros, y son vendidos nuevamente a la industria luego de su procesamiento. “Que me vengan a decir a mí que no queremos trabajar. Yo soy la que veo como día a día mujeres y hombres tiran del carro”, expresa mientras comenta que su rol es llevar adelante la asistencia a los puestos de trabajo. Actualmente RUO forma parte de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la CTEP.
RUO es una cooperativa que tiene los orígenes en el Tren Blanco. Este era un servicio especial de la línea del Tren Sarmiento por el año 2001 donde tuvo como objetivo trasladar a los cartoneros con sus carros todos los días desde Merlo, Moreno y Padua a la Ciudad. Vagones sin asientos ni luz eléctrica trasladaban a familias enteras con el fin de “bancar la olla”. “Para todos los y las trabajadoras fue muy importante conseguir el predio de Yerbal en el año 2013, ya que desde ahí el carro duerme acá y los compañeros no están 24 horas trabajando o durmiendo en la calle para seguir al otro día”.
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que posee una amplia mayoría en la Legislatura, impulsó la modificación de ciertos artículos de la ley “Basura Cero” sancionada en el 2008 para permitir colocar al igual que en Europa, seis plantas incineradoras en Villa Soldati, Zárate, Escobar, entre otros. Esto se da a partir de que se ha vuelto imposible alcanzar los plazos y porcentajes donde se planteaba para el 2017 la reducción de un 75% de los rellenos sanitarios. Es por esto que la gestión del PRO, que lleva 11 años gobernando la Ciudad, planteó la instalación de “Plantas de Energía” en donde se quemaría todos los desechos de los vecinos porteños.
Grupos ecologistas, ONGs como Greenpace y trabajadores realizaron la semana pasada una movilizaciones en repudio a la política impulsada. “¿Sabés cuánto sale una sola planta incineradora? 500 millones de dólares. Con solo un 6% de la ejecución de ese presupuesto en 10 años llegaríamos a 40 cooperativas. No hay duda que esto es un negociado del sector privado”, expresa Mariana Durán mientras recalca que actualmente hay solo 12 cooperativas con 10 mil familias que dependen de ellas. Es importante destacar que RUO lleva adelante un gran trabajo de todos en tanto recaudación de fondos para sostener los espacio de género, de juventud para “cortar con la herencia del carro”, escuela primaria y alfabetizadora para adultos. “El cuerpo después de 10 años de tirar de un carro se desgasta enormemente, y lo que tenemos que evitar es que también los compañeros se queden excluidos de esto. Por eso generar nuevos espacios de trabajo dentro de la cooperativa es fundamental”, insistió Mariana.
Greenpeace junto a otras organizaciones ecológicas llevaron adelante un comunicado junto a la concentración en la Legislatura la semana pasada con banderas: “Quemar basura mata”. El gran problema que no saben los vecinos de la Ciudad, Gran Buenos Aires y más, es que estás atractivas “plantas de energía” expulsarán un gran aumento de dióxido de carbono junto a fuertes sustancias tóxicas provocadoras de aumento de enfermedades respiratorias, suba de tasa de cáncer, aumento de mortalidad infantil, entre otras. Es importante destacar que esto no solo afectará a los barrios aledaños, sino a toda la población de manera progresiva por su expansión mediante el aire.
Esteban Julián Guaglianone, estudiante de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María y miembro de la Asamblea Socioambiental de Villa María, expresó que las incineradoras generan gases que son liberados al ambiente y que muchos de ellos además de ser metales pesados, son bioacumulativos: “Esto significa que a lo largo del tiempo se va concentrando no solo en el aire, el agua y la tierra, sino en nuestros cuerpos. El organismo no es capaz de desecharlos y esto trae problemas mucho mayores”. Asimismo también liberan dioxinas que viajan en el aire por miles de kilómetros afectando el sistema inmunológico y reproductor de no solo la población aledaña a la planta. Es por esto que las organizaciones llaman a un repudio de la ciudadanía. “Existe el Convenio de Estocolmo donde la Argentina adhirió y prohíbe emitir estos tipos de gases a la atmósfera. Este claramente está por encima de leyes municipales, provinciales, etc.”, expresó Guaglianone. El Artículo 41º de la Constitución Nacional Argentina indica que todos los habitantes tienen derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
En abril 2010 la auditoría general de CABA realizó un informe en el que el gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no está cumpliendo con la gestión de los residuos peligrosos ya que acopiaba ilegalmente residuos en espacios verdes públicos.
Además de alimentar los factores que intervienen en el aumento del efecto invernadero, el incinerado no tiene como efecto reducir, sino acumular con resultantes más tóxicos aún que los rellenos sanitarios. “Hay que independizarse de las recetas que históricamente tomamos de Europa ya que esto no tiene ningún sentido. Es necesario pensar políticas públicas ambientales y gestiones que se adecúen a nuestras realidades culturales, económicas y socio-históricas”, finalizó Guaglianone.
El Frente de Cambiemos en la Legislatura está imponiendo la modificación de artículos dentro de la ley para poder permitir el incinerado. De la mano del Frente de Izquierda con Myriam Bregman, Unidad Ciudadana con Mariano Recalde y PJ, los trabajadores y ecologistas están intentando de ponerle un freno a esto. “El día jueves 3 de mayo a las 10:30 la ciudadanía debe estar presente. Como el Bloque de Cambiemos tiene mayoría, esto se firmará de espaldas al pueblo”, expresó por último Marian Durán.
Quienes rechazan el proyecto de Cambiemos señalan que Argentina es ejemplo en Latinoamérica y el mundo en inclusión social mediante la recolección de residuos, mientras que en Europa se lo llevan las grandes empresas. Lo que está por ser sancionado en la Legislatura porteña no es un beneficio para la población en materia de energía, esto es un negociado empresarial acosta de la contaminación del país, de más marginalidad con familias en la calle, y la salud de todos los y las argentinas.
