Red de radios

9.5.2018

Eric Soñis y Lilen Reyes

CeProDH

Fue presentado por los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Bregman y del Corro, patrocinados por un equipo de abogados del CeProDh. El Gobierno de la Ciudad pretendía llevar la tarifa a $11 y a $12,50 en junio.

El aumento que pretendía el Gobierno elevaba la tarifa un 66%, calculada de forma irregular e incluyendo gastos propios de Metrovías, concesionaria del Subte.

En el marco de un extendido descontento popular contra los tarifazos en todo el país, el aumento del Subte se encuentra lejos de lo que invierte Metrovías pero cerca de lo que gana en subsidios. Y aún más lejos de las paritarias que en su mayoría cerraron en un magro 15%.

A minutos de iniciarse el paro que los trabajadores del subte dispusieron para el día de hoy, la jueza Patricia López Vergara resolvió suspender el aumento del subte que debía regir desde hoy. A la par, los trabajadores del subte reclaman por su salario y contra el tarifazo.

Metrovías recibe millones en subsidios del Estado mientras pretende aumentar irregularmente la tarifa, pero el servicio del subte cada vez es peor, afectando a miles de usuarios y trabajadores. Entonces: ¿qué hace la empresa con la plata que recibe?

Esta pregunta aún no tiene respuesta. La información sobre la explotación del subte sigue siendo ocultada por el Gobierno de la Ciudad y Metrovías. Es por eso que los legisladores Myriam Bregman y Patricio del Corro presentaron una acción de amparo para solicitar una auditoria publica integral sobre los costos, ganancias, subsidios y destino de lo que surge de la explotación del servicio del subte. Hasta tanto ello se ordene, se solicitó la suspensión del aumento dispuesto por el GCBA.

El Gobierno de la Ciudad, simula cumplir con los requisitos para aumentar la tarifa del subte y así hacer pasar un tarifazo que afecta a miles de trabajadores que circulan por la Ciudad todos los días. La audiencia pública, obligatoria para definir la tarifa, se transforma en una mera formalidad donde el Gobierno anuncia el tarifazo tras ocultar información del Subte, negando la participación real de usuarios y trabajadores. Recordemos que Dietrich anunció el aumento en enero, bastantes meses antes de la realización de la audiencia, transformándola en un engaño.

La justicia porteña ya había suspendido la audiencia fijada que tenía por fin aumentar la tarifa desde el 1 de abril, en virtud de las irregularidades y vicios comprobados.

El Gobierno logró su cometido y pasando por alto todas las exposiciones y denuncias recibidas en la audiencia, resolvió aumentar la tarifa. El cálculo utilizado resulta ilegitimo, la tarifa surge de dividir el “costo de prestación del servicio” por la “cantidad de pasajeros”. El “costo” que considera el Gobierno implica gastos que no corresponde pagar al usuario, entre ellos indemnizaciones a cargos jerárquicos por un futuro cambio de empresa concesionaria. Además la cantidad de pasajeros utilizada es menor al dato real emitido por la CNRT. Pero con este cálculo a gusto de los empresarios, se afecta el bolsillo de miles.

Además cabe destacar que los usuarios pagan dos veces, por un lado a través de sus impuestos que se transforman en los subsidios del Estado a Metrovías y luego en la tarifa.

La Auditoría General de la Ciudad, participó de la audiencia pública celebrada el 19 de abril y explico que el informe sobre el cálculo de la tarifa correspondía a ellos, pero SBASE solicitó la realización de aquel informe a un equipo de la Facultad de Ingeniera de la UBA a la que le pago la módica suma de $540.000, generando muchas dudas sobre su contenido y demostrando el derroche.

El Gobierno, se tomó el atrevimiento de solicitar que no sea suspendido el aumento del subte, alegando que ello afectaría en interés público generando un desfinanciamiento que tendrían que solucionar reacomodando partidas presupuestarias relativas a salud y educación. Tema aparte es el estado de aquellas cuestiones en la Ciudad más rica del país. Y del mismo modo explica que se vería afectado el servicio reduciéndose su frecuencia. Pero nada dice de afectar las ganancias de Metrovías que se lleva de a millones.

La jueza López Vergara, decidió que para determinar si el aumento ha seguido los parámetros de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad necesita tener a la vista toda la información que respalda tal resolución de aumento. Reconoce que el Gobierno está en mejor posición porque es quien dispone de toda la información y documentación, y por ello ordenó que se remita al expediente, toda la información relativa a la explotación del subte. Hasta tanto ello ocurra, suspendió el aumento. Ello en un contexto de descontento con los tarifazos a nivel nacional y con una convocatoria para una manifestación el día miércoles en el centro político del país, algo que la justicia no puede desoír.

En su fallo reconoció que: “La entrada en vigencia de las nuevas tarifas podría causar un perjuicio de imposible reparación ulterior a los usuarios del servicio público de SUBTE, especialmente a aquellos que menos recursos tienen, que exceden los beneficiarios de la tarifa social. El incremento tarifario expulsaría a aquellos que no pueden afrontar el costo del pasaje so pena de disminuirse considerablemente su salario. Máxime en un contexto inflacionario generalizado en el cual el aumento de tarifas no resulta ajeno a los restantes servicios públicos lo que traduce una disminución del poder adquisitivo del colectivo de la sociedad que no resulta posible soslayar”.

Ante la idea de un choque de intereses entre el planteo del Gobierno de afectación al interés público que generaría el retraso en el aumento y los derechos y afectación a los usuarios y trabajadores por el aumento, consideró a esto último más importante y justificó la suspensión del incremento tarifario.

El transporte público es un derecho para los usuarios y no puede ser un negocio entre el Estado y una empresa, es inadmisible que se genere ganancia con un servicio público. El Subte tiene la capacidad de evitar la contaminación y accidentes que implica el transporte automotor, por lo que debería fomentarse su uso. En otras partes del mundo se considera la posibilidad de convertirlo en un servicio gratuito, pero la Ciudad va para el lado contrario, encareciendo el servicio y generando ganancias para la empresa concesionaria.

Abogados del Ceprodh junto a Myriam Bregman y Patricio Del Corro lograron frenar el tarifazo en la justicia, poniendo sus conocimientos y las bancas del PTS al servicio de los usuarios y trabajadores que sufren la peor parte porque sobre ellos se descarga el ajuste. Pero es necesario seguir esta la pelea en las calles, exigiendo que se anulen los aumentos y se estaticen los servicios, como el del subte, bajo control de trabajadores y usuarios.

9.5.2018

Una movilización que este miércoles irá a las 17:00 desde el Ministerio de Educación Nacional hasta la Legislatura porteña, mostrará un amplio marco de gremios docentes y estudiantiles, así como organizaciones políticas en rechazo a las políticas educativas del gobierno de Cambiemos. La movilización terminará con un acto en la legislatura porteña a las 20Hs. El eje principal es el rechazo al proyecto de la UniCABA y el cierre de los profesorados porteños, pero también se reclamará contra el techo paritario del 15% para docentes de niveles medio y universitario, contra la reforma de la “escuela secundaria del futuro”, por un boleto educativo nacional y la plena aplicación de la ESI. Convocan a la movilización el CESGE, CET, FUBA, CEB, FUNA, UTE, Ademys, FEDUBA y AGD.

Mariano Romano, presidente del Centro de Estudiantes del Joaquín V. González, referente de la CET y de La Martí, dijo: “luego de numerosas instancias como las marchas del 12/4 y el 24/4, las jornadas de clases públicas en la legislatura y un sinfín de actividades en los institutos, logramos poner en evidencia que el proyecto de la ministra Acuña no tiene ningún apoyo en la comunidad educativa. Con esta nueva movilización queremos resaltar que esta no es una lucha aislada, sino que se trata de la punta de lanza del conjunto de las luchas educativas que tanto docentes como estudiantes de secundarios, terciarios y universidades venimos desarrollando contra las políticas del macrismo. La unidad que se expresa en esta convocatoria es el camino que necesitamos profundizar para conquistar nuestras reivindicaciones”
Adrián Lutvak, presidente de la FUBA y referente de La Mella, dijo: “desde que asumió, Cambiemos demostró el poco interés que tiene en la construcción de una educación pública de calidad. La anunciada vuelta al FMI no puede significar otra cosa que más ajuste para la educación, como lo fue durante los ‘90. Por eso la universidad sale a la calle, no sólo en solidaridad con los terciarios, sino planteando nuestras reivindicaciones a 100 años de la reforma universitaria. Lamentamos que la FUA, presidida por Franja Morada-UCR le dé la espalda a estas luchas”
Iñaki García Ribas, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, referente de la CEB y de Lobo Suelto, dijo: “así como pasó con la UniCABA, el año pasado los secundarios nos desayunamos con el proyecto de la “secundaria del futuro”, una reforma educativa que profundiza la concepción mercantilista e individualista de la educación pública que promueve el PRO. Parece que es un método recurrente del gobierno imponer reformas inconsultas y que despiertan gran rechazo de la comunidad educativa. El miércoles los secundarios salimos a las calles para defender nuestro derecho a una educación pública masiva y de calidad.”

8.5.2018

“Nuestros pacientes están inmunodeprimidos. Están más propensos a contagiarse cualquier cosa. Si los juntan con pacientes infecciosos, van a perjudicar su salud”, advirtió una de las trabajadoras del área de radioterapia del hospital oncológico, uno de los cuatro que el Gobierno planea cerrar para integrar en un único edificio.

Semanas atrás se conoció que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, planea retomar un plan fallido de su antecesor y actual presidente, Mauricio Macri: unir 5 hospitales en el predio del Muñiz, cerrando las instalaciones del Udaondo, Ferrer, Marie Curie y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. La noticia encendió la alarma en las comunidades de los distintos hospitales. En el instituto oncológico Marie Curie, por caso, trabajadores y pacientes se organizaron para rechazar el traslado y convocan a un abrazo simbólico para este miércoles.

“Nuestros pacientes están inmuno-deprimidos. Están más propensos a contagiarse cualquier cosa. Si los van a juntar con pacientes infecciosos, van a perjudicar su salud”, advirtió una de las trabajadoras del área de radioterapia del Marie Curie, en diálogo con Nueva Ciudad. Para repudiar el proyecto del Gobierno, convocan a un abrazo mañana miércoles a las 10, en la entrada principal de Patricias Argentinas 150.

“Ellos dicen que nos trasladarían para poner equipos nuevos, pero acá teniendo las condiciones nunca los trajeron. Por ejemplo, aceleradores lineales para tratamientos de radioterapia”, señaló la profesional. En el abrazo se espera presencia de delegaciones de otros hospitales, así como apoyo de vecinos y familiares de pacientes. En tanto, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica estarían preparando una movida similar para mediados de mes.
La medida en el hospital oncológico se resolvió en una asamblea de trabajadores, de la que también participaron pacientes. “Juntamos arriba de 10 mil firmas en Caballito y todos estamos con un solo objetivo: no al desabastecimiento y no al traslado”, remarcó uno de los delegados de Sutecba en el hospital. “Acá no hay inversión y lo están dejando caer. No tenemos acelerador, no tenemos tomógrafo. Tenemos una bomba de cobalto del año 50. Lo que ellos dicen es que allá (en el predio del Muñiz) van a poner la última tecnología, pero pensamos que es un vaciamiento encubierto para trasladar al hospital”, advirtió. Y agregó: “Tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud en su momento, donde dijeron que no iba a pasar nada. A los tres días mandan un comunicado oficial para hacer el traslado en 2023. A partir de ahí tomamos esta iniciativa. Esperamos que a partir de mañana nos convoquen”.

La unificación de hospitales porteños es un viejo plan del macrismo. En 2010 Macri recibió fuertes cuestionamientos al anunciar un proyecto para cerrar los edificios de los hospitales Udaondo y María Ferrer, unificando sus servicios en el predio del Muñiz. Larreta retomó aquel plan para la integración de cinco hospitales en uno. Así se desprende de un documento del mes pasado que lleva la firma del subsecretario de Planificación sanitaria de la Ciudad, Daniel Ferrante.

8.5.2018

Por Carlos Rodríguez

La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20.000 personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.

Una protesta de los recuperadores urbanos contra la ley que habilitó el regreso de la quema de basura en la ciudad. 

La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.

Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.

La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.

Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.

Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.

El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.

Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.

La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.

Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.

La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.

En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.

Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.

Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.

8.5.2018

Las medidas de fuerza comienzan hoy en la Línea A, con apertura de molinetes de 17.30 a 20.30 y desde ese horario paro total hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El plan de lucha continúa el miércoles en la Línea B y el viernes en la C.

Los Metrodelegados comienzan la semana con un renovado plan de lucha que implicará hoy la liberación de molinetes en la estación de Plaza de Mayo, cabecera de la línea A, de 17.30 a 20.30 y continuará con un paro total de esa línea hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia, volvió a denunciar que la gestión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se niega a sentarse a la mesa de negociación salarial con el argumento de que el acuerdo paritario se cerró con la UTA, gremio que tiene la personería gremial, pero escasa representatividad.

“El otro gremio no existe. Es lo mismo que yo diga que soy secretario general de los colectiveros. Es una trampa para perjudicarnos y no discutir paritarias”, apuntó Segovia y agregó: “Hay una política del Gobierno para desprestigiar a nuestro cuerpo de delegados y a nuestro sindicatos”.

 La protesta de los trabajadores del subte continuará el miércoles en la línea B, con la misma modalidad que hoy.  Desde las 17.30 y hasta las 20.30 se levantarán los molinetes en la estación terminal Leandro N. Alem y luego comenzará un paro hasta el final del servicio.  En tanto, el viernes, será el turno de la línea C, con el mismo plan de lucha.

“Sube el dólar, sube todo, lo lógico es que el Gobierno se siente a negociar”, insistió Segovia al rechazar el 15 por ciento acordado por el gobierno porteño con la UTA, encabezada por Roberto Fernández.  “El pueblo argentino se está acostumbrando a escuchar mentiras. Nosotros tenemos personería jurídica, así que no podemos firmar, pero podemos discutir”, resaltó el Metrodelegado.

La gestión Larreta se amparó en un fallo judicial reciente de la Corte Suprema que ordenó desconocer la personería gremial de los Metrodelegados, obtenida a fines de 2015 tras años de intentar una compulsa con la UTA. “Es una maniobra dolosa para que la conversación se torne en este discusión y no por lo que nosotros estamos peleando que es nuestro sueldo”, concluyó Segovia, en diálogo con A24.