Red de radios

2.7.2018

Por Antena Negra TV

Otro episodio de violencia institucional ocurrió ayer por la noche en la estación Pueyrredón de la línea D de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Tras una pelea entre cuatro chicos de entre 10 y 12 años en situación de calle por una bolsa de poxiran, un oficial de la Policía de la Ciudad creyó que la mejor forma para contener a un grupo de menores que estaban en situación de consumo problemático era a macanazos, y comenzó a pegarles. “Se están muriendo de hambre y frío, entonces se drogan porque es más barato. Para lo único que les alcanza. Y la única respuesta que tiene el Estado para esto es pegarles”, relató Jazmín, que pudo filmar los videos de lo sucedido, que compartimos.

Lunes, 9 PM.

Hacen 8º en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuatro niños de entre 10 y 12 años estaban consumiendo poxyran en la estación Pueyrredón del subte D.Alguien al que los chicos llamaban “ciruja”, según lo que cuenta Jazmín, una de las pasajeras que pudo recopilar la historia, quiso sacarles la bolsa y se las derramó encima. Los chicos se enojaron y comenzaron a pelearse.

La pelea, y probablemente la vestimenta, el olor y la apariencia de los niños fue motivo para que la gente se alarmara y llame a la policía.

La situación no mejoró cuando la policía llegó. El oficial de la Policía de la Ciudad creyó que la mejor forma para contener a un grupo de menores que estaban en situación de consumo problemático era a macanazos y comenzó a pegarles.

Esto aumentó la violencia de los chicos. Uno de ellos le pegaba patadas a otro sin reparar en que el que estaba en el piso tenía encima los varios kilos del policía.

Al enterarse de esta situación, Santiago, docente de un colegio del Bajo Flores, llamó a la Guardia Permanente de Abogados del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que son “el organismo encargado y responsable de tomar las medidas de protección de derechos correspondiente a cada situación y de realizar la denuncia e investigación judicial pertinentes de ser necesario” (Res. 1956/2006 del Ministerio de Salud) de quienes lo único que obtuvo fue la declaración de que ellos “confiaban en que la policía iba a actuar bien”.

Además, Jazmín comentó que al decir que esa no era forma de tratar a niños y que estaban violando sus derechos otros pasajeros hicieron comentarios sobre el olor a pegamento que tenían y su aspecto como si esto justificara la ausencia de derechos.

Hace más de un año, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó a la nueva policía como un cuadro eficaz, técnico y “un nuevo paradigma en seguridad”. Sin embargo, en este último año lo que hemos visto son situaciones en que demuestran todo lo contrario.Por su parte, las instituciones del Estado, que deben velar por nuestros derechos, tampoco parecen funcionar correctamente.

Con este frío, los niños no sólo estaban muy desabrigados sino que también se los veía en un estado de desnutrición muy avanzado. “Se están muriendo de hambre y frío, entonces se drogan porque es más barato. Para lo único que les alcanza, y la única respuesta que tiene el Estado para esto es pegarles”, concluyó Jazmín.

2.7.2018

Un nuevo estudio que llevaron a cabo metrodelegados y la Universidad Nacional del Sur, arrojó que en las líneas C y E hay piezas del subte con asbesto, la sustancia cancerígena que se halló hace meses en la línea B y por la cual debieron quitar vagones que estaban en circulación.

La sustancia esta en algunas piezas estructurales de los vagones, recientemente también fue hallada en los techos del vestuario del Premetro.

En el mes de febrero de este año dejaron de circular los trenes modelo “CAF 5000” de la Línea B del subte de Buenos Aires. Según informaron los propios trabajadores, nucleados en la AGTSyP, venían de fábrica con un componente eléctrico que contiene el asbesto, material cancerígeno.

Los trenes CAF 5000 fueron adquiridos en 2011 por la administración del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. La compra fue aprobada por la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) al Metro de Madrid. Esos coches comenzaron a circular en la línea B a mediados de 2013.

La utilización, comercialización e importación del asbesto está prohibida en la Argentina, a pesar de lo cual han traído estos trenes sin ningún control. Se sabe que en España ya hubo casos de trabajadores que se han enfermado por esta situación. Si bien gracias a nuestra denuncia hemos logrado que se sacaran los trenes CAF 5000 de circulación, ahora se supo también que en España se encontró asbesto en al menos un coche CAF 6000, modelo que en la Línea B de Buenos Aires sigue circulando.

Hoy se cumplieron tres meses de la suspensión del aumento de la tarifa del subte producto de la demanda iniciada por los diputados Myriam Bregman y Patricio del Corro, trabajadores del Subte Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo por la minoría de la AGTSyP, junto a abogados del CeProDH.

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP (Subte) dijo que "estas nuevas denuncias son una muestra más de lo que nosotros venimos planteando hace mucho años. la presencia de materiales nocivos para la salud de trabajadores y usuarios, no sólo es asbesto es también el calor, el ruido, electromagnetismo, microondas etc. Sobre el amianto lo denunciamos hace un tiempo largo y a pesar que se comprobaron la presencia de este material no se ha avanzado en desamiantar y tampoco se comprobó si los trabajadores fuimos afectados".

Y agregó: "La empresa tiene que mandar a todos los trabajadores que estuvieron expuestos a realizarse los estudios que les correspondes. Debe hacerse un seguimiento en la salud. Para nosotros la actitud de la empresa y el Gobierno de la Ciudad es el de garantizar un buen negocio para Metrovías. Nosotros sufrimos la muerte de compañeros por la falta de mecanismos de seguridad en el trabajo".

A los empresarios y al Gobierno de cambiemos no les importa la vida de quienes día a día trabajan y viajan en el subte. Los verdaderos interesados en un servicio de calidad, con condiciones de salubridad y seguridad son los propios trabajadores. Por eso a ellos es a quien hay que apoyar.

1.7.2018

Después de un año y medio de reuniones con la empresa desarrolladora y el estudio de arquitectura, pedidos de informes a la Defensoría del Pueblo, denuncias a la Fiscalía, notas a la Legislatura y al Ejecutivo porteño, los vecinos de San Telmo, Barracas y Montserrat, agrupados en la asociación Casco Histórico Protege, salieron a la calle a mostrar por qué se oponen al  avance de  la construcción del Astor, conocido como Mamotreto, una mole de 405 unidades que se edificará sobre las calles Caseros y Bolívar, en el Casco Histórico de la Ciudad.

Unos doscientos vecinos, con frío y neblina, llenaron de rojo infracción la esquina donde el GCBA dio el visto bueno para que se construya la mole  que viola la normativa vigente de edificación para la zona (APH), con un dudoso estudio de impacto ambiental y que carece de empatía con la estética y escala barrial. “No hay manera de que nuestra zona soporte la cantidad de energía que tomará, el tránsito de vehículos, la subida inmobiliaria que provocará y además, vemos que no tienen intención de una buena relación con el barrio ya, que, por ejemplo, trabajan a las 4 de la madrugada, a pesar de las constantes denuncias a la Fiscalía y a la policía que realizan los vecinos linderos”, dicen en Casco Histórico Protege.

La normativa del Código de Planeamiento actual para la zona, especifica una  altura máxima permitida de 13 metros en calle Bolívar y de 22 para la avenida Caseros, pero el gobierno porteño dio el visto bueno  para que el Astor rompa la escala de construcción de APH,  y tenga 28,5 metros.

“Queremos que el casco histórico de la Ciudad se ponga en valor, no que se le de este valor horrendo e ilegal”, explicaron hoy domingo, reunidos en la esquina mientras juntaron firmas, repartieron volantes explicativos y mostraron en plotters y pancartas el conflicto.

La agenda de la asociación tiene varios temas en el frente: los edificios fuera de normativa, la expulsión de vecinos y comerciantes del barrio que se van por cuestiones económicas – problemática conocida en el mundo como gentifrication-, su proyecto de conseguir una plaza en la esquina (Independencia y Bolívar), donde se demolió hace diez años la casa del arquitecto Benoit, el levantamiento de adoquines y vías del tradicional tranvía, el pésimo estado de las veredas, luminarias, la sala de salud y la discusión del proyecto de nuevo Código Urbanístico que el gobierno porteño quiere aprobar en los próximos meses.

El domingo 15 de julio a las 13,30, volverán a autoconvocarse frente al “mamotretito” de Independencia y Perú, que también viola las leyes vigentes.

@CH_proteg

Facebook e Instagram: casco.historico.protege   

29.6.2018

El 27 de junio de 2018, La Dra. Elena Liberatori, Jueza del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, en los autos caratulados “FEDERACION DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO – AMBIENTAL, Expte. Nº EXP 12519-2018/0, ordenó disponer la suspensión inmediata de los efectos de la Ley N° 5.966, es decir, suspende la autorización legal para que el GCBA pueda incinerar residuos.  

Los FUNDAMENTOS de la sentencia fueron los siguientes: 

1) Las cuestiones ambientales son materia legal (aspecto subjetivo) y tiene dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de Doble Lectura. 

2) Que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996 dictar el Código Ambiental -tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad-, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan por procedimiento común, una verdadera corruptela. Hay que descartar la argucia por la cual se aparta a la Ley 5966 del procedimiento especial de doble lectura ya que el artículo 89 de la Constitución utiliza el conector y entre las palabras materias y modificaciones de lo cual surge que la materia ambiental -que es lo de este caso- puede o no estar codificada pero en ninguno de los casos, quedar por ello exenta del procedimiento especial de doble lectura. 

3) Ante la evidencia contundente de que la Ley motivo de análisis ha sido sancionada sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura, de acuerdo a lo informado por la Legislatura, corresponde hacer lugar a la petición cautelar suspendiendo así los efectos de una Ley sancionada sin los requisitos de procedimiento Constitucional.     

La Ley N° 5.966 fue aprobada el 3 de mayo de 2018 por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley modificó la Ley N° 1.854 de Basura Cero a efectos de autorizar en la Ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización) con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios. También modificó sin decirlo explícitamente la Ordenanza N° 39.025 “Código de Prevención de la Contaminación Ambiental” que prohíbe la instalación de incineradores por parte del GCBA. 

En virtud de la gravedad de esta decisión para el ambiente, la salud de la ciudadanía, y el trabajo de las cooperativas de cartoneros y recicladores, y de las graves falencias constitucionales producidas durante la discusión parlamentaria de este proyecto que no cumplió, entre otras cosas, con la participación ciudadana obligatoria que establece la Constitución a través del llamado a audiencia pública en un proceso de doble lectura, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, La Cooperativa El Ceibo, La Cooperativa de Trabajo El Álamo, La Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, La Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, La Cooperativa del Sur, La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), La Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron una acción de amparo colectivo ambiental a efectos de pedir la nulidad de la Ley N° 5.966.

28.6.2018

Federico Fernández estudiante de la UBA detenido ayer en las puertas del Rectorado, fue liberado esta noche tras pasar cerca de 40 horas retenido. Tras su liberación agradeció la movilización generada pidiendo su libertad y señaló que "con la FUBA no van a poder", que "los estudiantes defienden su federación,  que será "más necesaria que nunca para frenar el ajuste del gobierno", y que ante el amedrentamiento, van a seguir peleando.

Esta tarde el presidente de la FUBA Julián Asiner dijo, en reclamo por la libertad del estudiante, que  "Federico ya declaró, después de pasar la noche detenido. Lo imputaron por “atentado a la autoridad”, una figura excarcelable. Sin embargo Servini de Cubría lo sigue reteniendo sin justificativo. Estamos esperando que lo liberen. Reclamamos que lo liberen inmediatamente."

“Debe ser la primera vez que me encuentro con un caso así”, dice Claudia Ferrero, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) que asiste a Federico. “Nadie llega detenido a la indagatoria por una acusación de este tipo, menos si se trata de una persona sin antecedentes. El hecho que se le imputa no ocurrió. La única explicación de fondo es que exista la decisión política de escarmentar a los estudiantes que denuncian un fraude para usurpar la FUBA”.

Los estudiantes rechazan el congreso trucho convocado por Franja Morada el sábado pasado para hacerse de la conducción de la FUBA y desplazar a la izquierda mediante un golpe de mano. El rectorado y los decanos recibieron con “beneplácito” esta maniobra concertada con las autoridades de la UBA.