Los supervisores del subte también están en conflicto salarial

4.6.2018

Los supervisores del subte se declararon en estado de alerta, realizan asambleas y ya hablan de paros por falta de acuerdo salarial. Sostienen que la política salarial de Metrovías es un “atentado a la paz social”.

Como para terminar de derrumbar los discursos que circulan en algunos sectores y que hablan de los Metrodelegados como un gremio de desestabilizadores y portadores de un conflicto político, los supervisores del subte también se encuentran en medio de una batalla salarial que podría terminar en el futuro cercano en medidas de fuerza.

La Asociación de Personal Superior del Subte convocó, sobre el fin de semana, a sus afiliados a decidir los pasos a seguir, en una asamblea que se llevará a cabo esta semana.

Señalan que las negociaciones paritarias con la empresa y el Gobierno porteño se han roto y que la desde este momento se comenzará un quite de colaboración hasta que se decidan los pasos a seguir.

La política salarial de Metrovías y de Horacio Rodríguez Larreta, que golpea duro a los empleados del Subte, también alcanza a los Supervisores. Es que no hay diferencias ni flexibilidad para el techo salarial definido para 2018.

En la última reunión la empresa se negó a avanzar en una recomposición salarial para el año y planteó volver a plantear la misma suma a cuenta de futuros aumento, que ya se pagó en abril. Ante esa propuesta, inaceptable para los Supervisores, se rompieron las conversaciones.

Para el gremio, la “oferta” se trata abiertamente de un “atentado a la paz social”, por lo que se declaró en estado de alerta.

Hospital Tornú: “Estamos sin agua en la guardia del hospital. La situación es terrible, está a punto de colapsar”

2.6.2018

Así lo reveló uno de los profesionales que trabajan en la guardia de este hospital que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La angustia de los médicos del Tornú: “No podemos atender; no hay agua para lavarse las manos”

“Estamos sin agua en la guardia del hospital. La situación es terrible, está a punto de colapsar”, es el resumen de la situación que viven los médicos del Hospital Tornú.

Gabriel Rosenstein, quien se desempeña precisamente en la guardia del hospital, reveló también que faltan 80 camas para internaciones. “Hay pacientes que pasan semanas en la guardia porque no tenemos lugar”, señaló.

“Larreta no nos recibe. Arreglaron las veredas, pero no los endoscopios”. “No podemos atender porque no podemos lavarnos las manos”, expresó con angustia el médico, quien adelantó que este martes se realizará un abrazo al hospital para exigir soluciones.

En ese sentido, contó que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no los atiende ni escucha sus reclamos. En ese sentido, afirmó que, por ejemplo, “arreglaron las veredas pero no los endoscopios”.

Por último, aclaró que los problemas del hospital no son recientes, sino que vienen de lejos. “Hay dos salas cerradas, una desde hace 6 años y la otra desde hace casi un año”, detalló.

Triaca y el Banco Central quieren ahogar económicamente al sindicato del Subte

2.6.2018

Mediante una resolución y una circular del BCRA prohibió a los bancos debitar de las cuentas sueldo de los trabajadores el aporte mensual a la AGTSyP y otros sindicatos "simplemente inscriptos".

Lo denunciaron los metrodelegados en la importante reunión de solidaridad que realizaron ayer en la sede de su sindicato: “tratan de asfixiarnos económicamente. El Ministerio de Trabajo sacó una resolución que los sindicatos simplemente inscriptos como el nuestro, no puede debitar la cuota sindical, y el Banco Central envió una circular a los dos bancos donde cobran los trabajadores del subte”.

La noticia generó un repudio inmediato, pero también una tarea para quienes fueron a solidarizarse: impulsar un fondo de lucha en los sindicatos y lugares de trabajo para enfrentar el intento de Triaca.

Pero lo cierto es que es un antecedente gravísimo. Incluso tomando la injustificable decisión de la Corte Suprema de retirarle la personería gremial a la AGTSyP intentando limitar su representación en las paritarias, los sindicatos simplemente inscriptos gozan de todos los demás derechos. En 2017 la justicia había definido, ante el caso del SiPreBA, que podían recaudar cuota sindical con el acuerdo de sus afiliados.

La maniobra del gobierno nacional no sorprende. Tomó una “consulta de Metrovías” para emitir una rápida resolución para que el sindicato del Subte – y cualquier otro en su situación – no reciba dinero de sus afiliados por débito automático. Los únicos "agentes de retención" pueden ser los empleadores.

La notificación fue enviada al Banco Central, que tuvo que distraerse por un momento de su tarea de llenar los bolsillos de los especuladores con la bicicleta financiera. Con fecha 31/05 difundió una circular a la que tuvo acceso La Izquierda Diario, donde plantea que "solo las entidades sindicales con Personería Gremial pueden representar colectivamente los intereses de los trabajadores. Bajo ningún concepto las entidades bancarias pueden actuar como agentes de retención –directa o indirectamente– de la cuota de afiliación u otros aportes con destino a las entidades sindicales".

Pero la notificación no es casual. Según pudo saber La Izquierda Diario, funcionarios del BCRA se comunicaron especialmente con las dos entidades donde cobran los empleados de Metrovías. El objetivo era claro: que desde allí los afiliados a la AGTSyP no puedan debitar la cuota sindical al sindicato que eligieron que los represente.

La medida es ilegítima, ya que no dejan aportar a los trabajadores a la organización que han elegido libremente. Pero además atenta contra todas las normativas no solo locales sino internacionales. Justo tres días antes de que el ministro viaje a la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Así, todos los trabajadores del subte no solo reciben el descuento compulsivo de sus salarios que Metrovías como "agente de retención" le deriva a la UTA, aunque esta representa a una ínfima minoría. Además les impiden que aporten voluntariamente al sindicato que eligieron que los represente.

El abogado de los metrodelegados, Guillermo Giannibelli, denunció a Página 12 que “el Estado argentino ha resuelto que uno puede hacer con su cuenta bancaria lo que quiera salvo pagar la cuota sindical” y constituye “una demostración de la decisión estatal de arrasar con una experiencia sindical inédita”.

Evidentemente, este nuevo ataque muestra no solo hasta dónde puede llegar el intento de Cambiemos de intentar derrotar a quienes desafían el techo salarial y defienden su organización de base. También la brutal injerencia del Estado y las patronales en la vida de las organizaciones gremiales. En el modelo sindical peronista que defiende la CGT, las bases deben subordinarse a las cúpulas burocráticas, y los sindicatos al Estado.

En el plenario solidario que se realizó este viernes en la AGTSyP, se discutió denunciar este ataque a la “libertad sindical”, pero además rodear de solidaridad a los metrodelegados, que incluye el aporte al fondo de lucha para seguir peleando contra los planes de Macri y Roggio. Para eso se comprometieron a apoyar todas las medidas que vote el plenario de delegados del subte este lunes.

Procesan a seis prefectos

2.6.2018

Por Carlos Rodríguez

“Después de declarar (en el juicio contra seis prefectos), lo corrieron por la calle, le gritaron ‘¡Ahí va el buchón’.” Con la voz entrecortada por el llanto a lo largo de todo su testimonio, Janette Villanueva relató ante los jueces del Tribunal Oral 9 de la Capital Federal la odisea vivida por su hijo Ezequiel, a los 15 años, cuando fue privado ilegalmente de su libertad, hostigado, torturado y amenazado de muerte por los imputados. La mujer confirmó que hoy, a casi dos años de lo ocurrido en la noche del 24 de septiembre de 2016, continúa la persecución contra el chico, que sigue siendo menor de edad, de parte de otros integrantes que llevan el uniforme de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Janette dijo que su hijo le contó cómo le pegaron en una garita y en un baño de la PNA en la Villa 21-24, donde viven, cómo lo hicieron arrodillar y cerrar los ojos mientras uno de sus captores hizo un disparo que pasó muy cerca de su cabeza y cómo lo desnudaron, dejándole puesto sólo un boxer, para luego ordenarles a él y a su amigo Iván Matías Navarro, que se tiraran a las sucias aguas del Riachuelo, “sugerencia” que ellos se negaron a cumplir.

En el marco de la reiteración de hechos de violencia institucional por parte de la fuerza que dirige la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se realizó ayer una nueva audiencia en la planta baja del Palacio de Tribunales, en la que también declararon los padres de Iván. Fue conmovedor el testimonio de la mamá de Ezequiel, que había prestado declaración en una sesión anterior, sin público ni periodistas, porque hoy tiene apenas 17 años. Janette recordó que cuando vio a su hijo la noche de los hechos, lo encontró “llorando, casi sin poder hablar porque tenía la boca destrozada, los labios partidos, golpes en la cabeza, en la espalda, y marcas rojas en las manos”, producidas por las esposas que le habían puesto los prefectos que lo retuvieron, sin motivo ni acusación alguna.

“El tenía apenas 15 años y estaba todo golpeado, con marcas en las muñecas y sólo tenía puesto un boxer”, porque durante las horas que estuvo en manos de los integrantes de la PNA, le sacaron –y le robaron, de hecho, porque las prendas nunca más aparecieron– el jean, las zapatillas, una remera y un camperón con capucha que llevaba puesto, porque era una noche muy fría a pesar de estar en el comienzo de la primavera. Lo único que pudieron recuperar fueron las medias. La madre de Ezequiel, luego de describir el impacto que le provocó ver tan lastimado a su hijo, señaló que ella se preguntó entonces “¿Por qué tanta maldad, por qué le hicieron tanto daño?”. El encuentro madre-hijo fue en la casa de la abuela del chico, donde le sacaron fotografías para certificar el estado en que había quedado luego del maltrato recibido, como paso previo a llevarlo a realizar un estudio médico en el Hospital Penna, donde le sacaron radiografías que “por suerte confirmaron que no tenía ninguna fractura”, a pesar de que le habían pegado trompadas, patadas y bastonazos en todo el cuerpo.

La parte de mayor tensión fue cuando relató que le habían hecho una especie de simulacro de fusilamiento: “Lo hicieron poner de rodillas, le ordenaron que cerrara los ojos, y le hicieron un disparo con un arma que le pasó muy cerca de una oreja”. En algún momento de esa trágica noche, tal como había relatado antes Iván, los llevaron hasta la orilla del Riachuelo, les ordenaron que se desvistieran y que se tiraran al agua. “Ellos no se tiraron y por eso después los hicieron correr y les decían que si no corrían los iban a matar.” La mamá de Ezequiel confesó que su hijo sigue atemorizado, al punto que no quiere salir a la calle y le pide a ella que se vayan de la 21-24 de Barracas, donde todavía el chico es hostigado por compañeros de los seis imputados, Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel, Ramón Falcón, Yamil Marsilli, Orlando Benítez y Eduardo Sandoval, a los que puede sumarse, en el futuro cercano, un séptimo implicado, Félix de Miranda.

El chico está recibiendo apoyo psicológico porque “tiene mucho miedo” de andar caminando por el barrio, motivo por el cual se fue a vivir un tiempo a la casa de su madrina, en Flores. Después de las preguntas de la fiscalía y los querellantes, los defensores de los seis prefectos volvieron a incurrir en los mismos planteos insólitos o en preguntas que nada tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos. Uno de los defensores llegó al colmo de preguntar por qué lo llamaban “Ezequiel” y no por su primer nombre, Roberto. “Yo lo voy a llamar Roberto”, amenazó, como si eso pudiera cambiar el rumbo de su labor profesional.

Gabriela Carpinetti, una de las abogadas querellantes, le dijo a PáginaI12 que “la estrategia de los defensores es presionar a las víctimas y a los testigos cuando declaran, con la intención de ponerlos nerviosos o de intentar demostrar que no fueron víctimas, que no les pasó nada, y por eso estigmatizan a los testigos y al barrio”. Carpinetti consideró que por el hecho de tratarse de “una defensa puramente ideológica, llegan a extremos en los que se cae en la ridiculez jurídica”.

Subte: Gobierno se radicaliza con los metrodelegados y nombra un verdugo

31.5.2018

Por Mariano Martín

La postura oficial de mantener negociaciones en última instancia con el gremio del subte cambió de forma drástica: la decisión es sacar a esos sindicalistas del subte y un funcionario de Triaca, ex de Dietrich en Transporte, quedó a cargo del plan.

La agudización del conflicto en el subte expuso un cambio en la estrategia del Gobierno, que pasó de una tensa pero sostenida negociación con los metrodelegados (Agtsyp) a tomar la determinación de desplazarlos por completo de la actividad. El viraje coincide con la inminente licitación de la operación del servicio y con el ascenso en el Ministerio de Trabajo de un ex funcionario de Transporte, Lucas Fernández Aparicio, que en apenas dos años y medio de gestión de Cambiemos se hizo conocido por todos los gremios aeronáuticos y ferroviarios como gestor de divisiones e intervenciones.
Esta semana quedó en evidencia el volantazo. La concesionaria inició un proceso judicial de exclusión de tutela sindical de tres gremialistas (dos miembros de la Comisión Directiva de Agtsyp y un delegado) a pedido del Ejecutivo con vistas a su despido con causa al relacionarlos con supuestos "incidentes y agresiones" en la protesta con levantamiento de molinetes del jueves pasado. También el Ministerio de Trabajo comenzó a explorar atajos para darle intervención a la Comisión de Garantías para la definición de "servicios esenciales" durante la vigencia de un conflicto de modo tal de ponerles límites a las eventuales medidas de fuerza.
Otro indicio fue que la Subsecretaría de Trabajo porteña, que encabeza Ezequiel Jarvis, no dictase la conciliación obligatoria cuando los metrodelegados decretaron ese mismo jueves un paro de actividades hasta que Norberto Segovia, que había sido detenido a media mañana, recuperase su libertad, lo que ocurrió recién por la noche. En ese sentido tanto la administración de Horacio Rodríguez Larreta como la cartera laboral nacional coincidieron en la necesidad de una profundización del conflicto.
Hasta ese momento los delegados habían promovido levantamientos de molinetes circunstanciales (hoy habrá otro en la línea E de 17 a 20) sin interrupciones del servicio y, según admiten funcionarios y gremialistas, con buena recepción por parte de los usuarios. El panorama más favorable a Cambiemos era una medida de acción directa que incluyera la paralización del servicio, lo que se concretó con la detención de Segovia y lo que también preveían los funcionarios con los despidos anunciados por Metrovías.
Los metrodelegados identificaron como nuevo protagonista de la pulseada a Fernández Aparicio, y en el entorno del funcionario reconocieron que asumió el manejo del conflicto. Su desembarco en Trabajo se produjo a instancias del decreto de reordenamiento de ministerios que dictó Mauricio Macri en febrero y que, paradójicamente, le permitió a Jorge Triaca duplicar las secretarías de su cartera. Fernández Aparicio asumió entonces como secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales con amplias facultades que absorbió de sus pares Horacio Pitrau y Miguel Ponte, como el manejo de los subsidios Repro y de oficinas de Empleo en todo el país, entre otros.
El ascenso de Aparicio en la administración pública fue vertiginoso: venía de desempeñarse como subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad social, en la misma cartera, y antes como director de la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte. A las órdenes del ministro Guillermo Dietrich actuó también como administrador general de Ferrobaires, a mediados del año pasado, en un proceso que incluyó despidos de trabajadores ferroviarios y, a principios de este año, el cierre de ese ramal.
Su tarea estuvo desde el inicio de la gestión de Cambiemos ligada al vínculo con los gremios. De hecho Fernández Aparicio se presenta como ex dirigente sindical de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) con una relación estrecha de años con su titular, Andrés Rodríguez. La conducción de Agtsyp (el sindicato que rivaliza con la Unión Tranviarios Automotor por la representación de los empleados del subte) afirmaron que está en preparación una demanda penal contra los funcionarios señalados como responsables de lo que, entienden, sería un hostigamiento.
Antes de su arribo a Trabajo tuvo dos actuaciones que signaron su relación con el sindicalismo: la más sonada fue su intervención el año pasado en la paritaria del sector aeronáutico, donde varios dirigentes coinciden en que se abocó a romper la unidad gremial para generar acuerdos salariales individuales. No lo consiguió y sólo acercó al Ejecutivo a Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA, los tripulantes de cabina), que por esa razón fue excluido del frente conformado por el resto de los sindicatos, los pilotos de APLA y UALA, los técnicos de APTA, el personal superior de UPSA y los empleados en tierra de APA.
La otra fue la intervención de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) que dispuso el Ministerio de Trabajo pero que tuvo en Aparicio a su gestor principal, basada en supuestas irregularidades en el proceso electoral de esa organización. Se trata de un gremio de jerárquicos pequeño pero estratégico por su inserción en el bloque de sindicatos ferroviarios que también integran los maquinistas de La Fraternidad, la mayoritaria Unión Ferroviaria y los señaleros.

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