Una buena para los medios barriales

20.6.2018

58 editores de medios lograron un amparo para frenar la reducción del presupuesto de la pauta oficial. En primera instancia la jueza había esgrimido que se trataba de una cuestión política. Se revocó la sentencia porque entendieron que la decisión afectaba a la diversidad cultural y el derecho a la información.

La semana pasada, la Sala I de la Cámara de apelaciones hizo lugar a un amparo presentado por 58 editores de medios barriales contra una medida de Máximo Merchensky, subsecretario de Comunicación Social. Por medio de la Resolución N° 813, rebajó el valor de la pauta publicitaria. De esta manera buscaba reducir en casi un 20% el monto de lo que venían recibiendo para dirigirla hacia otros medios.

Los  editores (que integran el Registro de Medios Vecinales de la Ciudad) comenzaron una lucha para tratar de evitar el recorte de dinero destinado y por consiguiente poder seguir sosteniéndose ya que en muchos casos es el único ingreso que poseen.

El conflicto comenzó en febrero, cuando la subsecretaría de Comunicación Social emitió la Resolución 813 que modificó la Ley de Medios Vecinales 2587 que regula la pauta publicitaria del Registro de Medios Vecinales.

El martes 12 la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario revocó el fallo de primera instancia de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato.

“En la primera instancia, vimos que había una postura bastante arbitraria y subjetiva de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato al momento de resolver la causa. Apelamos esa decisión y la causa  fue remitida a la sala 1 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad”, explica en diálogo con Canal Abierto, Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad y asesor de los editores.

La decisión de reducir el monto genera una afectación a derechos fundamentales no sólo de los medios vecinales sino también de todos los ciudadanos porteños en relación a la diversidad cultural y la libertad de expresión y el derecho a la información. Además, muchos medios locales podrían incluso dejar de existir, a diferencia de los grandes multimedios que se podrían haber beneficiado al recibir el excedente de recursos, según denunciaron editores perjudicados.

“Los medios vecinales representan un vínculo entre los vecinos y son difusores de lo que sucede en los barrios, noticias que los medios nacionales no cubren. Actualmente 269 medios vecinales porteños reciben cinco de cada 100 pesos que el Gobierno de la Ciudad invierte en materia de publicidad. El ajuste en el eslabón económicamente más débil de los medios de difusión de la ciudad exige recalcular lo proyectado para el año, y obliga a replanteos que afectarán sin ninguna duda las fuentes de trabajo que los medios vecinales de manera directa e indirecta generan”, relatan a través de un comunicado de prensa los medios vecinales.

Por lo pronto, los medios barriales se encuentran a la espera del sorteo del tribunal. “No se resolvió pero se volvió a encauzar” -sentenció Baldiviezo- “Tenían el conocimiento de que los medios barriales favorecían la diversidad cultural y la libertad de acceso a la información porque se ocupan de dar información que no son transmitidas o producidas por grandes medios de comunicación,  además ayudan a asambleas y organizaciones a que pueden expresarse con mayor facilidad en los medios, tendiendo ese marco de discusión revocaron la sentencia”.

Más de 20 años sin Código Ambiental

20.6.2018

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo colectivo ambiental para que la justicia ordene al Gobierno y a la Legislatura porteños que inicien de manera inmediata el procedimiento de diagnóstico, elaboración y sanción del Código Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

Según explica la organización, la Constitución de la Ciudad del año 1996 ordenó la aprobación de un Código Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires, y en 2009 el Plan Urbano Ambiental reiteró la necesidad de su sanción. Sin embargo, a más de 20 años esta obligación constitucional continúa incumplida. Desde el Observatorio advierten que esta situación se agrava ante la omisión de este Código en la actual discusión sobre el Nuevo Código Urbanístico que se lleva adelante en la Legislatura.

La falta de un Código Ambiental permite que el Parlamento porteño apruebe leyes ambientales como cualquier otra norma defraudando la Constitución al violar el procedimiento de doble lectura y las audiencias públicas obligatorias que ésta establece para cualquier modificación del Código Ambiental. Entre las normas sancionadas recientemente se encuentran la Ley N°5.966 que autorizó la incineración de residuos con recuperación de energía en la ciudad; y la Ley N°5.786 que creó el Área Ambiental Buenos Aires Centro, que establece una prohibición de la circulación general de vehículos motorizados todos los días hábiles de acuerdo a un cronograma de implementación progresiva.

Con el inicio de la implementación de esta segunda ley, están surgiendo en el área comprendida entre las avenidas Santa Fe, Belgrano, 9 de Julio y Alem diversos problemas que podrían haberse evitado si se otorgaba la debida participación ciudadana. Por ejemplo, cualquiera que desee ingresar a esta área debe sacar un permiso o de lo contrario será multado por las fotos de las cámaras. Según los dueños de las playas de estacionamiento, su recaudación llega en el mejor de los casos al 40% de la anterior a la Ley.

Los kioscos y los restaurantes tienen inconvenientes para abastecerse porque no les entregan mercadería en la puerta como solían hacerlo. Además, se congestionan mucho más las avenidas y hay mucho espacio vacante en los estacionamientos a los que no se puede acceder. Todo esto genera mayor contaminación en lugar de reducirla, que es el objetivo manifiesto de la ley.

Próximamente se incorporará el área de tribunales a la zona de veda, por lo que todos los que actualmente se retiraban al mediodía deberán esperar a las 16, y en el futuro hasta las 18, para poder retornar de sus trabajos. A esto se sumará la restricción del tránsito en la Avenida Corrientes desde las 19, por lo que irse del centro será claramente una pesadilla de tránsito.

Senegaleses en Buenos Aires: solidaridad ante la persecución policial

19.6.2018

Karina Ocampo

Ante la violencia institucional que sufren los vendedores senegaleses, manifestantes se reunieron frente al obelisco para denunciar el accionar policial y demostrarles a los inmigrantes africanos que no están solos.

El clima helado de la tarde del sábado calaba los huesos de la gente que se congregaba frente al obelisco. No era una muchedumbre pero alcanzaba para llamar la atención de los que apuraban el paso para cruzar la Avenida 9 de julio. “Basta de racismo”, “Dejen trabajar a los senegaleses”, “Ningún ser humano es ilegal”, se podía leer en algunos carteles que indicaban el motivo de la concentración. Había sido convocada por un grupo de activistas y originada por unas imágenes que circularon en las redes sociales, donde se veía cómo la policía se ensañaba con un hombre africano y lo seguía golpeando en el suelo, mientras la sangre de un corte profundo que brotaba de su brazo se esparcía sobre la vereda.

Andrei “Coypus” Chtcherbine, uno de los organizadores del evento, es un activista por los derechos de los animales y guarda parque de profesión que fue despedido a fines de marzo de la Reserva Natural Municipal del Pilar. Se declara migrante en un país que tiene una tradición de haber recibido a varias oleadas de extranjeros que quisieron habitar el suelo argentino. Proviene de San Petersburgo y sabe de lejanías, tal vez por eso no le cueste ponerse en el lugar de quienes vienen a la Argentina con menos suerte, sin una red de contención de familia y amigos. “Hay gente que no conoce el país, no sabe el idioma y los obligan a pasar un momento feo. Ellos quieren trabajar y no es tan fácil buscar laburo en otro lado, por algo se volcaron a ese rubro”. Esa fue la razón por la que pensaron en visibilizar el problema a través de una manifestación que busca darle el apoyo que no se les brinda desde el Estado, porque entienden que no se trata de legalidad, sino de una persecución racista.

El caso de represión a Serigne Dame Kane no fue el único pero sí uno de los más violentos de los últimos tiempos. Fue el martes 5 de junio en el barrio de Flores, cuando la policía de la Ciudad detuvo al vendedor ambulante de 30 años, de origen senegalés que en ese momento no estaba vendiendo las zapatillas que suele ofrecer en la calle. El hombre tuvo que ser hospitalizado antes de pasar una noche en la comisaría. Lo acusaron de resistencia a la autoridad y le armaron una causa por violar la Ley de Marcas. El accionar policial fue repudiado por vecinos y trabajadores que se movilizaron el 7 de junio en la intersección de Avellaneda y Nazca, pero la respuesta no se hizo esperar. Al día siguiente los senegaleses identificados por las cámaras fueron algunas de las víctimas de un gran operativo de allanamiento -con el apoyo de la Guardia de Infantería-, en 27 locales comerciales, domicilios y hoteles.

Con la orden firmada por la jueza Celsa Ramírez titular de la fiscalía N°35 de la ciudad y justificada por uso indebido del espacio público, secuestraron dinero, celulares, mercadería y llevaron detenidos al menos a diez comerciantes de Flores, Once y Constitución, hecho que fue denunciado por la diputada Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda, que preside la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura. Ante la impotencia de los vendedores que cortaran las calles a la altura de Bartolomé Mitre y Pueyrredón, los camiones partieron con el resultado del allanamiento. Por esa razón los trabajadores senegaleses hoy tienen miedo de hacerse escuchar y salvo excepciones, hubo poca representación africana en el obelisco.

“Si es Ley de Marcas, casi todos los que están en las galerías venden la misma mercadería, entonces que atrapen a todo el mundo, no solo a los senegaleses. Esto ya es claramente racismo”, dice Nengumbi Sukama, de la República Democrática del Congo. Al Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) que fundó, llegan acusaciones en forma continua. En vínculo con otras organizaciones de derechos humanos como CELS y la Red contra la Violencia Institucional, se reunieron para analizar cómo se puede frenar este rebrote de racismo y xenofobia. No existe una embajada de Senegal en la Argentina. Los más de tres mil senegaleses -según la Asociación de Residentes Senegaleses en la Argentina (ARSA)- que llegan al país en busca de mejores oportunidades laborales están desprotegidos, les cuesta conseguir la ciudadanía y se encuentran con un panorama que se repite en otros países del mundo en las que no encuentran cabida para acceder a una mejor calidad de vida, son expulsados por gobiernos de derecha que cierran sus fronteras y deben sobrevivir en condiciones precarias.

“Yo quiero que cada uno en su vida cotidiana, en sus redes, denuncie el racismo, es la única forma, concientizar a la ciudadanía, es un racismo que está debajo de la alfombra pero ahora empieza a salir, avalado por la Policía Federal y la fiscalía, instituciones que deberían cuidar nuestros derechos”. Nengumbi Sukama dice que los medios hegemónicos no publican información cuando se trata de violencia contra los pueblos originarios, los bolivianos o los africanos -la inmigración no deseada-, y que el senador Miguel Pichetto, desde hace años incita al racismo: "A los senegaleses no los veo en las obras en construcción, los veo vender cosas truchas", dijo en 2014, como si fuera la única forma de trabajo posible destinada a los africanos. Tampoco se privó de comentarios xenófobos en contra de los bolivianos, colombianos y peruanos.

Una de las tantas mujeres que se acercaron a la plazoleta en donde se destaca la enorme "BA" verde que sale de fondo en las fotos de los turistas, opinó: “Somos diversidad, siempre llegaron inmigrantes acá, a mí me encanta, yo celebro que haya africanos, es la oportunidad de conocerlos y conocer su cultura. Pero pobrecitos, mal momento para venir a nuestro país”. Frente al celular de un medio independiente, una vendedora ambulante de Moreno contó que su ciudad se prohibió la venta ambulante en el centro y que le resulta difícil trabajar, que en Capital les sacan la mercadería. “Si nos organizamos vamos a poder dar una lucha a esto, si no, estamos fritos, vengo para demostrar mi apoyo a los senegaleses y haitianos que son doblemente oprimidos”.

Con un megáfono que no cumplió nunca su función, hablaron Andrei Coypus y Nengumbi Sukama frente a decenas de cámaras y celulares que registraron cada una de las palabras acerca de la situación difícil de los senegaleses y de otros africanos que se vuelven sospechosos de delitos solo por la portación de su color de piel. Ambos convocaron a generar un movimiento antirracista capaz de promover mayor conciencia dentro de un contexto social en el que se vulneran los derechos de los más humildes, pero en el que la fuerza del feminismo parece mostrar el camino para pelear por otras causas.

La figura de Johnson Moussa Sow se distinguía entre los que escuchaban en silencio. Él tiene 35 años y hace siete que llegó al país, está casado con Fama Sow, una argentina con la que comparte su vida. “Yo estoy con ella, pero los chicos están asustados, agarran a inocentes, que no saben hablar y ¿cómo se van a defender? Yo vendo en la calle, lo hago para sobrevivir”. Su esposa acusa a la policía: “Llegan y patean la puerta, se llevan la mercadería sin contarla, tampoco les dan una copia de la orden de allanamiento, eso no es legal”. El sueño de Johnson es tener un laburo digno y cumplir un horario, una utopía en medio de tanto hostigamiento institucional.

Mientras tanto la manifestación continúa a través de las redes sociales. En el grupo de Facebook, Argentina libre de discriminación, racismo y xenofobia, se aceptan a todos los que quieran difundir las injusticias y construir puentes solidarios para que los inmigrantes sean bienvenidos y los africanos no sean considerados ciudadanos de segunda, que dejen de ser perseguidos y accedan al derecho humano de trabajar y vivir con dignidad.

Subte: paro de todas las líneas en el marco de la jornada de CTA

14.6.2018

La medida de fuerza comenzó a las 20:00 y se extenderá hasta el cierre del servicio. Es parte del paro nacional de la CTA, que por la tarde incluyó un acto en Plaza de Mayo junto a otros sectores como camioneros.

La Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) adhirió este jueves al paro nacional convocado por la CTA-Yasky, bajo las consignas “por paritarias libres”, “no a los despidos” y “no a la reforma laboral”.

En ese marco, luego de participar de la movilización a Plaza de Mayo junto a otros sectores, el gremio paralizó el servicio de subtes en las seis líneas y el Premetro.

Cabe recordar que junto con el rechazo al plan de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la AGTSyP está llevando adelante sus propios reclamos por el reconocimiento de su sindicato, contra la paritaria del 15 % en tres cuotas firmado por la UTA que no representa a casi nadie en el subte, y contra las sanciones aplicadas por la empresa Metrovías, de carácter antisindical.

En el momento actual, los trabajadores del subte denuncian que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en la ilegalidad, ya que no está cumpliendo el fallo de la justicia que desmoronó varias de sus mentiras y le ordenó convocar a la AGTSyP a negociar las paritarias. Tampoco cumple la empresa Metrovías, a la que la Justicia le ordenó retrotraer las sanciones antisindicales.

Por estos motivos, no se descarta que el subte vuelva a las medidas de fuerza en los próximos días, a la vez que el sector paralizará el servicio el 25 de junio, en el marco del paro nacional convocado por la CGT.

Familiares de víctimas de Cromañón ante la vuelta de Callejeros: “No en nuestro nombre”

12.6.2018

El 21 de septiembre de 2006, en Córdoba, volvió Callejeros. Este año se repetirá.

Sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de la Masacre de Cromañon repudiaron la vuelta de la banda Callejeros. “No les diremos ‘asesinos’, pero sí irresponsables – remarcaron – Traicionaron de muchas maneras a su propio público. Uno de sus argumentos fue que habían sido “engañados” por empresarios inescrupulosos. Ahora, en la vuelta de algunos integrantes al escenario, lo hacen de la mano del empresario Palazzo, quien estuvo en el ojo del huracán por la muerte de Ismael Sosa, de 24 años, durante un recital producido por este empresario cordobés. Fueron sus vínculos con la política, como los tenía Chabán (Aníbal Ibarra y sus secuaces), los que permitieron a Palazzo no sólo realizar decenas de recitales con habilitaciones provisorias en la ciudad de Córdoba sino también alzarse con leyes que incrementaron sus ingresos. Los ex Callejeros no pueden volver a aducir que “fueron engañados”. Sabían en Cromañón, y saben ahora, con quiénes, por qué y cómo se juntan. Lo lamentamos profundamente por su público. Exigimos que, cuando toquen, no lo hagan en nuestro nombre ni de las víctimas de la masacre”.

 

Difundimos comunicado:

 

Ante la vuelta a los escenarios de ex “Callejeros”: NO en nuestro nombre

Justicia por la Masacre de Cromañón

Documento de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas

 

En breve, ex integrantes de Callejeros volverán a tocar. No es nuestra intención impedirlo, pero sí aportar reflexiones a su público potencial y hacer memoria junto a nuestro pueblo. Pedimos que NO nombren a nuestros chicos y chicas, ni individual, ni colectivamente. El homenaje a quienes no están no es un recital comercial, sino la lucha por justicia. NO son “invisibles”, los recordamos cotidianamente y por ellxs luchamos.

Ocurrido el hecho más terrible –y evitable- para nuestras vidas, donde perdimos lo más preciado – 194 personas – y quedaron heridas difíciles de saldar en miles de sobrevivientes y familiares, dedicamos gran parte de nuestras energías a luchar por memoria, verdad y justicia, logrando junto a las organizaciones que nos acompañaron, la justa destitución del ex jefe de Gobierno, Ibarra y la concreción de juicios penales donde fueron castigados algunos de los responsables (entre ellos Chabán, su mano derecha, funcionarios políticos y el dueño del boliche, Levy). En esa conjunción de responsabilidades, el grupo Callejeros tuvo un lugar.

No les diremos “asesinos”, pero sí les decimos irresponsables. Y sí afirmamos que traicionaron de muchas maneras a su propio público, como quedó evidenciado en numerosos testimonios (tanto de la causa penal como de medios de comunicación):

– Conocían el boliche y sus condiciones dado que ya habían tocado anteriormente. Esto incluye saber de la puerta cerrada con candado, trampa mortal para las víctimas, que NO estuvo sólo esa noche, sino en la recorrida previa que todo grupo realiza para ver el lugar.

NO eran ya una bandita de barrio sino que manejaban marca, merchandising, control de entradas y de la seguridad, que ponían ellos; por tanto, tenían responsabilidades empresariales.

– Volvieron a tocar en Cromañón, un local clase C, donde los inspectores estaban “untados” para mirar hacia otro lado, para evitar controles sobre la pirotecnia y otras irregularidades, ya que se enorgullecían una y otra vez de la “fiesta de bengalas”. Ya en la actuación en Excursionistas se descubrió el bolso de artefactos pirotécnicos en el backstage y se impuso una multa a la banda. Por eso, Fontanet dijo en Obras, que “cuando estemos en otro lugar, (ya) vamos a poder hacer todo lo que queramos”. Las bengalas fueron ingresadas el 30 de diciembre por sus familiares y amigos. Incluso, habían promocionado esos conciertos como “festival de bengalas”.

Estaban a cargo de la venta de entradas, cuya cantidad superó ampliamente la capacidad del local (1031 según habilitación), priorizando el negocio antes que la posibilidad de respirar de sus propios seguidores. Sólo en la venta anticipada hubo 3000 entradas vendidas. Sumadas a la venta en el lugar. ¡En el recital, Chabán repitió varias veces que había 6.000 personas!

Sabían que en ocasión anterior (25 de diciembre), mientras tocaba otra banda, se había producido un incendio de menor magnitud en el mismo local que logró terminar sin víctimas fatales. Una clave: la interrupción del recital por parte de la banda, así como la cantidad de público mucho menor.

Al menos Fontanet, fue cómplice de las coimas que se pagaron a corruptos policías federales para que miraran para otro lado. Junto a Argañaraz (ex mánager) anotaban el pago de coimas en un cuaderno, como “gastos de producción”.

Hasta aquí algunos de los numerosos hechos que quedaron desnudados durante las audiencias del Juicio Cromañón.

En el post Cromañón, la banda se dedicó a victimizarse, olvidando quiénes fueron las verdaderas víctimas y damnificados, y jamás acompañaron los reclamos contra funcionarios y contra el empresario Chabán.

En ocasiones, han participado de marchas donde exigíamos CARCEL A IBARRA Y CHABAN, pero con su cartel propio: BASTA DE CULPAR A CALLEJEROS. Es decir, hacían una marcha contra familiares y sobrevivientes en lucha, dentro de nuestra propia marcha.

En el post Cromañón, llegaron a echar la culpa a sus propias víctimas, centrando en el uso de las bengalas que ellos mismos entraron y promovieron, en un nivel de cinismo incomparable.

En el post Cromañon, no podemos dejar de preguntarnos acerca de los constantes privilegios y facilidades de que ha gozado Fontanet en la cárcel (inclusive los cursos – desvinculados de la música – que han permitido su libertad recientemente) tan alejados de las condiciones que sufren muchos presos pobres, sin recursos, sin costosos abogados (como el del caso Dalmasso, defensor también de Fontanet en Córdoba). Condiciones de las cuales gozan quienes están cerca del poder. No podemos dejar de notar la terrible disparidad de sus condiciones de detención, frente a las que provocaron la muerte evitable, el 2 de marzo de 2017, de 7 jóvenes internos hacinados y maltratados en la comisaría de Pergamino.

En el post Cromañón, jamás hicieron un acto de autocrítica, sino que se presentaron como víctimas de “… oscuras adversidades que tragan realidades” contra “corrientes perversas que intentaron e intentan sin descanso adoctrinar razones”.Estas declaraciones, ¿se refieren a los familiares, sobrevivientes y amigos en lucha? Si, se refieren a quienes desde nuestro infinito dolor, tuvimos que levantarnos y luchar incansablemente por memoria, verdad y justicia.

En el post Cromañón, Fontanet se refirió al femicida Vázquez, ex baterista del grupo, como alguien que “está pasando un mal momento”. Otra vez se oculta la ausencia irreparable de la víctima Wanda Taddei, asesinada por Vázquez, quemado su cuerpo el 10 de febrero de 2010.

En el post Cromañón, uno de los argumentos de los integrantes de la banda, fue que habían sido “engañados” por empresarios inescrupulosos. Ahora, en la vuelta de algunos integrantes al escenario, lo hacen de la mano del empresario Palazzo. ¿Quién es Palazzo, llamado tristemente en Córdoba, “el nuevo Chabán”? A muy poco de leer, nos enteramos que Palazzo estuvo en el ojo del huracán por la muerte de Ismael Sosa, de 24 años, durante un recital producido por este empresario cordobés.

Además, sabemos de los vínculos de su familia con el genocida Luciano Benjamín Menéndez. Para lograr la vuelta de los ex Callejeros, Palazzo contó con el apoyo de Luis Juez, por entonces intendente de la ciudad de Córdoba, y del gobernador y precandidato a presidente José Manuel de la Sota, dos acérrimos enemigos políticos que en esto fue en lo único que coincidieron. Fueron sus vínculos con la política, como los tenía Chabán (Aníbal Ibarra y sus secuaces), los que permitieron a Palazzo no sólo realizar decenas de recitales con habilitaciones provisorias en la ciudad de Córdoba, ante protestas de los vecinos, sino también alzarse con leyes que incrementaron sus ingresos.

Fueron las leyes provinciales Nº 10.036 y 10.037, aprobadas por la Legislatura a fines del 2011, controlada por el delasotismo, mediante la cual se eximió del pago de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos a todos aquellos espectáculos que incorporen artistas locales. Cosa que Palazzo hace pero no les paga un peso.

A ello se le añadió, a mediados del 2012, la controvertida concesión del edificio La Plaza de la Música, mediante una iniciativa privada presentada por el propio Palazzo, y donde hoy el empresario, con su nueva productora, Nueva Era Producciones, hace sus recitales y tiene sus radios.

Los ex Callejeros no pueden decir – esta vez – que NO conocen a Palazzo, no pueden volver a aducir que “fueron engañados”. Sabían, en Cromañón, y saben ahora, con quiénes, por qué y cómo se juntan. Lo lamentamos profundamente por su público. Lo lamentamos por la desmemoria. Exigimos que, cuando toquen, no lo hagan en nuestro nombre ni de las víctimas de la masacre. No con nuestras zapatillas, no nombrando a las víctimas que, por corruptos e irresponsables, contribuyeron a crear.

La música no mata. La corrupción sí.

Lxs pibes de Cromañón presentes ahora y siempre.

 

Firmamos:

Articulación de grupos: Sobrevivientes, familiares y amigos autoconvocados, grupo Que No Se Repita, y grupo Memoria y Justicia por Nuestros Pibes.

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