15.9.2018

por Colectivo de Medios Populares

La lucha por justicia ante el asesinato de sus hijos las unió para organizar también la solidaridad barrial. En un acto en La Boca, las madres de Nehuen Rodríguez, Lucas Cabello y Juan Pablo Kukok anunciaron la creación de un comedor popular, que abrirá sus puertas el próximo lunes 17 de septiembre en Palos y Pinzón.

El dolor y la lucha unen. Ante el abismo de la muerte que nos enfrenta, ante la violencia que el Estado nos impone, se encuentra en la unidad la manera de enfrentar esta injusticia que nos rodea. Así lo entendieron una vez más Roxana Cainzos, Ivonne Kukok y Carolina Vila; madres que perdieron a sus hijos a manos de las fuerzas represivas, y que hoy anuncian un comedor popular para ayudar al barrio.

“Lo más triste es la pérdida de un hijo, por eso nos organizamos y salimos a la calle”, dijo Roxana al inicio, hablando por ella y por todas las madres. “Logramos de esta manera, convertir el dolor en lucha”, explicó.

Pero no estuvieron solas (nunca lo están) para este anuncio que hoy realizaron, y que no fue el único de la tarde en el local del Frente Popular Darío Santillán. Estuvo Alberto Santillán, padre de Darío, asesinado en el Puente Pueyrredón hace 16 años; Emilia Vasallo, madre del Paly Alcorta asesinado en 2013 por un policía de la Provincia de Buenos Aires en 2013; y Camila, hermana de Diego Núñez, vecino de La Boca que fue asesinado por un policía de Interpol el 12 de abril de 2012, el mismo día de su cumpleaños.

“Si Darío estuviera vivo estaría acá con ustedes, con estas madres, para ser lo que él fue hay que tener mucho amor, porque sino no podés estar del lado de los que menos tienen”, indicó Alberto Santillán. “La justicia se consigue en la calle, si esperamos algo del Poder Judicial o de los políticos estamos jodidos”, agregó.

Por su parte Emilia Vasallo señaló que “acá estamos con mis compañeras de lucha, no nos vamos a dejar ningunear, a nosotros no nos importa si nuestro hijo estaba robando o no, porque la pena de muerte no existe en la Argentina”. Y agregó: “le decía a Ivonne que si no quería contar cómo fue el caso de Juan Pablo no lo haga, porque nos pasa que cuando volvemos a contar nos duele porque sentimos que retrocedemos un poco”.

“Todos sabemos lo que le pasó a Juan Pablo y por qué estamos acá. Chocobar no es un trabajador, es un represor”, agregó Emilia. Y finalizó alertando por presente que transitamos: “Tenemos que estar atentos, porque ya sabemos que si hay hambre va haber represión”.

El encuentro sirvió también para anunciar que tiene fecha el juicio que buscará lograr justicia para Lucas Cabello. Será el 7 de febrero del próximo año cuando de inicio, y allí se encuentra imputado el policía Ricardo Luis Gabriel Ayala.

“Madres en lucha” es el nombre que eligieron Roxana Cainzos, Ivonne y Carolina para agruparse en La Boca. Será el nombre del merendero, y resume muy bien el espíritu que las une. Estas mujeres son un ejemplo para pensar este presente que atravesamos, y que impulsa más que nunca a coordinar esfuerzos contra el ajuste y la represión que intentan imponernos.

El Colectivo de Medios Populares está integrado por Radio Gráfica, FM Riachuelo, La Retaguardia, Sur Capitalino, FM La Caterva, Agencia Paco Urondo.

15.9.2018

El diputado Gabriel Solano se reunió con la ministra Soledad Acuña

El diputado Gabriel Solano se reunió con la ministra de Educación Soledad Acuña para presentarle el relevamiento realizado sobre la crisis de infraestructura escolar en la Ciudad de Buenos Aires y los proyectos presentados por el bloque del Frente de Izquierda-PO que dan una respuesta a la grave situación que existe en el sistema educativo en el distrito. El informe elaborado fue armado sobre la base de las denuncias enviadas por docentes, padres y estudiantes en los últimos dos meses, que abarca a 134 escuelas con distinto grado de problemas edilicios, varios de ellos de máxima gravedad. En la reunión Solano también entregó los proyectos sobre construcción de escuelas en la zona sur y en el nivel inicial en toda la Ciudad, para atender la permanente falta de vacantes.

Al concluir la reunión Gabriel Solano señaló: “Le hemos entregado a la ministra nuestro informe sobre la crisis de infraestructura escolar, que da cuenta de la gravedad que vive la Ciudad de Buenos Aires como resultado de la desinversión en materia educativa. En sólo dos meses recibimos denuncias sobre problemas edilicios en 134 colegios, muchos de ellos de máxima gravedad. Hubo casos como el del Otto Krause, donde un docente y un estudiante recibieron una descarga eléctrica, o el incendio en la escuela N 4 de Caballito que a raíz de un incendio debieron ser hospitalizados varios trabajadores”.

“Dada la gravedad de la situación, hemos elaborado un proyecto para declarar la emergencia en infraestructura escolar en la Ciudad. El mismo establece la creación de Comisiones Distritales de Relevamiento y Control de obras infraestructura educativa, a razón de una por distrito escolar integrada por docentes, padres, estudiantes y autoridades. Y la creación de un Taller Central dependiente de Infraestructura Escolar para terminar con las tercerizaciones de empresas, que acaparan una parte sustancial del presupuesto pero que ha perpetuado la crisis edilicia”.

“El próximo jueves 20 realizaremos una audiencia en la puerta de la Legislatura con todos los casos que han enviado las denuncias, para visibilizar las situaciones más graves y reclamar una inmediata solución por parte del gobierno”.

“En la reunión –agregó Solano- defendimos el paro docente y denunciamos que el gobierno de la Ciudad quiere reducir el salario de los trabajadores de la educación en más de 10 puntos. Los 17.500 pesos de salario inicial dispuesto por decreto comporta un salario de pobreza para los docentes de la Ciudad”.

“También tuvimos un importante intercambio sobre la ley de educación sexual integral. Presentamos nuestro proyecto, que establece la anulación del artículo 5 de la ESI, que le entrega a la Iglesia la formación sobre educación sexual en base a sus preceptos oscurantistas. Además, nuestro proyecto establece la creación de una currícula específica, bajo la forma de taller, con una participación directa y protagónica de los centros de estudiantes, los docentes y las organizaciones de lucha de la mujer”.

13.9.2018

Por Constanza Villanueva

Adrián Otero, oficial de la Policía porteña, asesinó el 15 de julio de 2017 a Cristian “Paraguita” Toledo, trabajador y vecino de la Villa 21-24, cuando el joven regresaba de bailar con sus amigos.

El martes por la mañana, familiares, amigos y diversas organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos se hicieron presentes en los Tribunales de Talcahuano al 500 para pedir justicia por Cristian “Paragüita” Toledo. El joven de 24 años fue asesinado hace más de un año, por Adrián Gustavo Otero, integrante de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras perseguir a balazos el auto en el que viajaban tres amigos, matando a uno de ellos y amenazando a los otros dos.

Pasadas las 11 de la mañana, dio comienzo la primera jornada del juicio contra Otero, acusado de homicidio agravado y dos tentativas de homicidio. Declararon los testigos y querellantes de la causa, junto a Leónidas Medina, mamá de Paragüita, representados por Micaela Corzo y María del Carmen Verdú, titular de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

La mencionada organización, en su página web, denunció el hostigamiento a los testigos durante el interrogatorio como también la forma de proceder en los casos de gatillo fácil donde sistemáticamente se investiga a las víctimas en calidad de victimarios. Respecto a hechos transcurridos en la audiencia, Correpi realiza un informe detallado destacando que: “el primero que tuvo la oportunidad de declarar fue el imputado, quien luego de aclarar que no respondería preguntas, leyó un breve texto y entregó un folleto al tribunal”. A continuación, “declaró el primer testigo por la querella, Daniel Nadalich. Con palabras firmes y claras, pudo relatar la cacería humana que vivieron esa madrugada: el intento de llegar al Hospital Penna para salvar la vida a su amigo, el modo en que Otero le apuntaba a la cabeza desde su vehículo y cómo luego fue puesto tras las rejas”.

La mamá de Cristian, Leónidas, pidió una condena firme para el asesino de su hijo y “no solo relató desde un profundo dolor el momento en que se enteró que Cristian no iba a volver nunca más, sino que hizo que quienes estábamos allí lo conociéramos y supiéramos que era un pibe trabajador, amante del fútbol, y cuánto se lo extraña”, afirman desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.

El fusilamiento en Barracas

Los tres amigos que volvían en auto a sus casas en la Villa 21-24, después de haber ido a bailar, tuvieron un incidente con otro auto, el del policía Otero, por no haberles cedido el paso en la avenida Vélez Sarsfield que estaba en obra. El policía puso su auto a la par del que viajaban los jóvenes y uno de los disparos que efectuó, dio en el pecho a Cristian. La persecución continuó unas cuadras más, y terminó con dos de los amigos tirados en la calle bajo amenaza de muerte.

En un primer momento los medios de comunicación intentaron disfrazar el hecho, planteando que el policía había actuado en defensa propia ante un intento de robo, buscando perpetuar la impunidad de las fuerzas de seguridad y criminalizar a los jóvenes trabajadores. La respuesta inmediata de vecinos, amigos y familiares fue la realización de una masiva marcha exigiendo justicia.

A lo largo de estos 14 meses, familiares y amigos junto a organizaciones que los acompañaron, realizaron diferentes actividades para dar a conocer lo sucedido y exigir justicia por Cristian. Gracias a su lucha, Adrián Gustavo Otero, es el primer policía de la Ciudad que se sienta en el banquillo de los acusados.

La próxima audiencia quedó fijada para el próximo martes 18 de septiembre a las 9.30 de la mañana.

Desde el CeProDH al tiempo que denunciamos el gatillo fácil, que ejercen contra los jovenes trabajadores y de sectores populares, exigimos justicia por Cristian Toledo.

13.9.2018

Tras el anuncio de cierres y ventas, la Jefatura de la Policía de la Ciudad ordenó reforzar las zonas donde hay locales de Walmart y de su firma Changomas. Es por posibles conflictos que puedan generarse por los despidos masivos de empleados.

Fuentes policiales revelaron que la medida se dispuso la semana pasada y tiene fines “preventivos por si los trabajadores intentan ingresar por la fuerza o por si se generan disturbios en la puerta” de los mismos.

La decisión se tomó luego de que la firma anunciara que “100 de sus 200 trabajadores serán reubicados”, mientras que con el resto se quedará sin empleo.

En un principio trascendió que la orden a los oficiales de la fuerza porteña -sobre todo a los que se desempeñan en las comisarías- tenía que vinculación con ataques a supermercados relacionados con saqueos, pero finalmente se informó que tiene que ver con la venta de 12 locales pequeños de Walmart y Changomás, además del cierre definitivo de la sucursal que tenía la firma en el Dot Baires Shopping.

En ese sentido, a fines del mes pasado se oficializó que la empresa transfirió las 12 tiendas a la firma española Día, con la preservación de puestos laborales de 100 de los 200 empleados, ya que 50 van a ser relocalizados en otros locales Walmart de la Capital Federal o del Conurbano, mientras que otros 50 serán absorbidos por la firma compradora.

Asimismo, la empresa anunció que se abrirán los retiros voluntarios.

Sin embargo, hay otros 100 empleados que podrían verse complicados con su continuidad laboral, porque no la tienen garantizada.

Ante esa situación fue que se decidió custodiar o reforzar la vigilancia de donde están esas tiendas.

La orden a los distintos efectivos policiales se dio a conocer la semana pasada y continúa esta semana, aunque hasta el momento no hubo incidentes de ningún tipo.

Las sucursales que fueron vendidas están ubicadas en Avenida Rivadavia, Avenida Eva Perón, Cañada de Gómez, Cuenca, Avenida Juan Bautista Alberdi, Honorio Pueyrredón, Avenida Varela, Avenida Triunvirato, Nogoyá, Ramón Falcón, Avenida Cabildo y Avenida Crámer.

12.9.2018

por Red Eco Alternativo

Los abogados de la familia de las dos jóvenes que fueron asesinadas a puñaladas en una plaza de ese barrio porteño solicitaron la pena de “prisión perpetua” para el acusado, Mariano Bonetto, durante los alegatos del juicio que se lleva a cabo por el caso. La fiscalía, por su parte, pidió 30 años de prisión y la defensa que sea declarado inimputable. El próximo jueves 13 de septiembre se conocerá el veredicto.

Mariano Bonetto está siendo juzgado por los crímenes de Natalia Grebenshikova, de 15 años, y Nuria Couto, de 18, cometidos en la Plaza Irala, en La Boca, el 11 de octubre de 2016.

El juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 comenzó en junio pasado, sin la participación del imputado en ninguna de las audiencias.

En la jornada del jueves 7, ante los jueces Patricia Cusmanich, Gabriel Nardiello y Sergio Paduczak, la fiscal auxiliar Gabriela Ferreiro realizó la primera parte del alegato donde describió los hechos y las pruebas que vinculaban a Bonetto con el caso. Luego, el fiscal Martínez Burgos aseguró que el acusado podía comprender y dirigir sus acciones. Consideró también como agravantes la edad de las víctimas y lo sorpresivo del ataque perpetrado por Bonetto, y solicitó que fuera condenado a 30 años de prisión. El Tribunal comunicó que las últimas palabras y el veredicto se conocerán el próximo jueves 13 de septiembre, a partir de las 10.

Los letrados Liliana Borisiuk y Juan Santiago Maldonado, representantes de Anna Radionova, madre de la adolescente rusa asesinada, y Carlos Traboulsi y Mario Kenny, quienes patrocinan a la familia de Nuria Couto, señalaron que “Bonetto tenía plena capacidad de comprensión y control de su conducta y, además, que su acción fue premeditada, demostrando un total desprecio por la vida. Todo esto apoyado en las pruebas y testigos presenciales de los femicidios que declararon en el juicio”.

Previo a la elevación a juicio, en dos instancias, la jueza Wilma López había dado cuenta del argumento de la defensa que indicaba que el femicida era inimputable por problemas psicológicos y psiquiátricos. La querella apeló este fallo y la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional lo revocó, además de dictaminar la reapertura de la causa.

La jueza Wilma López había ordenado su detención durante 25 años en el sector correspondiente al Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PR.I.S.M.A.) del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Dicho fallo fue revertido también por la Cámara, en línea con lo planteado por la Fiscalía General N°3, a cargo de Mauricio Viera.